Sentencia AL-1141-16 — Registro 7204
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación y confirmó el auto interlocutorio dictado por el a-quo, con relación a demanda ordinaria laboral en contra del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara a la quejosa..." ..." Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.Tegucigalpa, M. D. C., dieciséis de enero del año dos mil dieciocho. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha seis de septiembre del año dos mil dieciséis; con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ y MIRIAM GUADALUPE SOLIS PADILLA contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (01): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que la recurrente es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado el debido proceso y el derecho de defensa a sus representadas, al no apreciar la Alzada el hecho de que las demandantes fueron contratadas mediante la suscripción de contratos de servicios profesionales y técnicos, y que la obligación contraída a raíz de los mismos, a juicio de la recurrente, deberían dirimirse en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO (02): Que la recurrente invoca como violentadas con el acto contra el cual reclama, las garantías reconocidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (03): Que del examen de los antecedentes y en especifico de la resolución censurada por el accionante, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el Recurso de Apelación, en virtud de que apreció en el presente caso se cumplen los tres elementos esenciales del contrato de trabajo establecido en el artículo 20 del Código de Trabajo, de forma ininterrumpida entre las señoras NORA PATRICIA MEDRANO VALLADARES, KARINA LIZETH CUBAS RODRIGUEZ con el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, encontrándose dicha demanda comprendida en la esfera jurisdiccional y de competencia laboral. CONSIDERANDO (04): Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO (05): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio CONSIDERANDO (06): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara a la quejosa. CONSIDERANDO (07): Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO (08): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el seis de septiembre del año dos mil dieciséis, al advertir esta Sala que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha dieciséis de enero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1141-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL