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Sentencia AL-1086-16 — Registro 10166

Resumen

Acto recurrido que confirmó el auto interlocutorio del a-quo, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Oscar Eduardo Vivas Sánchez y alexander palma alvarenga, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que vista la sentencia objeto de estudio se advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a ninguno de los agravios presentados por el recurrente en la audiencia de alegaciones que fue celebrada ante el Tribunal de Alzada en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en sus consideraciones, omitiendo referirse en forma concreta a los motivos de la apelación, mismos que no fueron objeto de análisis por parte de la Alzada, la cual emitió un fallo que en su mayor parte es meramente enunciativo, y en el que se hace patente una evidente falta de respuesta del órgano jurisdiccional a los alegatos que fueron opuestos por el apelante en su momento..." ..." Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación deberá dictar una nueva resolución debidamente motivada, dando respuesta a las alegaciones del peticionario en forma clara y precisa, debiendo hacer una relación entre la pretensión del recurrente y el fallo, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores OSCAR EDUARDO VIVAS SÁNCHEZ y ALEXANDER PALMA ALVARENGA, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). Estimando el recurrente que mediante la resolución impugnada se han violentado los derechos contenidos en los artículos 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha quince (15) de febrero del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada GABRIELA ALEJANDRA PADILLA MEZA, interponiendo demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que: 1) Se declare contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado en vista de ser una labor permanente; 2) Que se homologue el puesto del ingeniero OSCAR EDUARDO VIVAS SÁNCHEZ, con el puesto del ingeniero supervisor que dependen de la subgerencia técnica de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); 3) Que se aplique el contrato colectivo en todas sus partes como trabajadores en los puesto homologados y consecuente que a partir del primer contrato hasta que de conformidad con las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria se les ajuste el salario, décimo tercero y décimo cuarto mes de salarios, vacaciones, goce y pago. Habilitación de días y horas inhábiles. ((Folio 01 al 04 de la pieza del Juzgado). 2) Que el referido Juzgado, ya en etapa de ejecución de la sentencia, y mediante auto interlocutorio de fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) RESOLVIÓ DE OFICIO: “…practicar la liquidación de los reajustes salariales de los señores OSCAR EDUARDO VIVAZ SÁNCHEZ y ALEXANDER PALMA ALVARENGA con la información proporcionada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, mediante la prueba documental que corre a folios 417, 418, 419, 420 y 421, los contratos colectivos suscritos por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA con el STENEE y la inspección realizada por este Tribunal en fecha 03 de mayo de 2016….”.(Folio 517 de la pieza del Juzgado). 3) Que, por su parte, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO, en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado HENRY LANZA FONSECA, contra la resolución anteriormente relacionada, dictó sentencia que en su parte resolutiva estableció:“…FALLA: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, Representante procesal de la parte demandada; II. - CONFIRMANDO el AUTO INTERLOCUTORIO proferido en fecha doce de agosto del año dos mil dieciséis, por el Juzgado de letras del Trabajo de este departamento de Francisco Morazán, en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada GABRIELA ALEJANDRA PADILLA MEZA, quien actúa en su condición de Representante Procesal de los señores OSCAR EDUARDO VIVAS SÁNCHEZ y ALEXANDER PALMA ALVARENGA, contra LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, por intermedio de Representante Legal y Gerente General EMIL MAHFUZ HAWITT MEDRANO, para que se declara el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado en vista de ser una labor permanente, que se homologue el puesto del ingeniero Oscar Eduardo Vivas con el puesto de Ingeniero Supervisor y del Licenciado Alexander Palma Alvarenga, con el puesto de asistente de Relaciones Publicas, que se aplica en el contrato en todas sus partes como trabajadores permanentes, ajuste de salario y del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario.- III. - SIN COSTAS en esta instancia...”. Folio 12 al 15 de la pieza de Corte de Apelaciones antecedentes). 4) Que el recurrente, abogado HENRY LANZA FONSECA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete (17) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), por considerar que la decisión del Ad-Quem, de fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. Teniendo por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha veinticuatro (24) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. DEL RECURSO DE AMPARO Y LA COMPETENCIA DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que, correspondiéndole la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, esta Sala de lo Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones, en específico, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. OBJETO DEL RECURSO CONSIDERANDO (5): Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor MARIO JOSÉ SÁNCHEZ ANDARA, la referida resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha once (11) de octubre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual estimó declarar NO HA LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el abogado HENRY LANZA FONSECA, en contra de una resolución interlocutoria dictada en fecha doce (12) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO, mediante la cual se procedió de oficio a practicar la liquidación de reajustes salariales a favor de los demandantes OSCAR EDUARDO VIVAS SÁNCHEZ y ALEXANDER PALMA ALVARENGA, en el trámite de ejecución de la sentencia que declaró con lugar una demanda ordinaria laboral promovida por los referidos señores contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). ALEGACIONES DEL RECURRENTE CONSIDERANDO (6): Que las alegaciones del recurrente se centran básicamente en que el reajuste practicado por el Juzgado A-Quo es desproporcionado, cuestionando el impetrante la forma en la que se realizó el cálculo de la liquidación, así como el hecho que el juez de instancia provocó una situación más gravosa para la empresa estatal demandada, concluyendo que la Corte de Apelaciones ha violentado la garantía del debido proceso al avalar reajustes salariales fijados por el Juez A-Quo desde el año 2001, un hecho que el quejoso cataloga como “ilógico” y “absurdo”. PRONUNCIAMIENTO DE LA AUTORIDAD RECURRIDA CONSIDERANDO (7): Que el Tribunal de Apelación fue del parecer que procedía confirmar la decisión de la juez de instancia, sin embargo, del examen de la motivación de dicha sentencia, esta Sala no logra establecer cuál fue el razonamiento que llevó a la Alzada a tomar tal determinación. La sentencia que se revisa adolece del debido razonamiento y análisis jurídico, haciendo en su lugar, enunciados estrictamente declarativos de esta manera: En el primer considerando, se hace una relación de los antecedentes del caso y una trascripción literal de la formulación y contestación de agravios acontecida en la audiencia de alegaciones respectiva; en el segundo considerando la Alzada se centra en el objeto y alcances de la jurisdicción del trabajo, y seguidamente hace breve mención del reclamo del recurrente; en el tercer considerando se cita un concepto de lo que es la liquidación de una sentencia; en el cuarto considerando se refiere que la oposición de la ejecución de una sentencia debe hacerse sólo bajo las formalidades establecidas en el procedimiento, y a continuación la Alzada entra en una confusa afirmación, señalando que (sic) “en la presente causa no concurre ninguna de ellas por lo que la sentencia definitiva firme debe de dársele cumplimiento a lo ordenado en la misma”. Esta Sala observa que ante lo ambiguo que resulta este razonamiento, no logra discernirse si el Tribunal de Alzada se refirió a que en el trámite no concurrió ninguno de los motivos de oposición a una ejecución, o que en el trámite de ejecución no se han respetado las formalidades del procedimiento; el quinto considerando es meramente enunciativo, en el que la Alzada hace referencias al principio de gratuidad, al derecho de igualdad (que es citado erróneamente por cierto como contemplado en el artículo 80 constitucional que se refiere al derecho de petición), y a una acepción general del contenido social de la materia laboral; y, el sexto considerando, se destaca que la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho. RAZONAMIENTO DE LA SALA CONSIDERANDO (8): Que esta Sala ha insistido que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[1]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (9): Que hemos declarado además que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[2], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[3] CONSIDERANDO (10): Que vista la sentencia objeto de estudio se advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que no da respuesta concreta a ninguno de los agravios presentados por el recurrente en la audiencia de alegaciones que fue celebrada ante el Tribunal de Alzada en fecha veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). Esta Sala logra advertir que la motivación del Ad-Quem se halla escasa en sus consideraciones, omitiendo referirse en forma concreta a los motivos de la apelación, mismos que no fueron objeto de análisis por parte de la Alzada, la cual emitió un fallo que en su mayor parte es meramente enunciativo, y en el que se hace patente una evidente falta de respuesta del órgano jurisdiccional a los alegatos que fueron opuestos por el apelante en su momento. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala hace acopio de lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso. En este sentido, esta Sala asiente con lo que al respecto ha afirmado la Corte Interamericana en cuanto a que la argumentación de un fallo “debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de la partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado”.[4] CONSIDERANDO (12): Que este Alto Tribunal ya se ha pronunciado también en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, requiere que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (13): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por el recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación deberá dictar una nueva resolución debidamente motivada, dando respuesta a las alegaciones del peticionario en forma clara y precisa, debiendo hacer una relación entre la pretensión del recurrente y el fallo, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver. PARTE RESOLUTIVA POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por el Abogado HENRY LANZA FONSECA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), que confirmó el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores OSCAR EDUARDO VIVAS SÁNCHEZ y ALEXANDER PALMA ALVARENGA, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE); por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 1086-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55

[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[3] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag. 56

[4] CIDH. Caso Apitz Barbera y Otros vs Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008.