Sentencia AL-1057-16 — Registro 10164
Resumen
Acto recurrido que declara con lugar apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el a-quo, se estime la oposición planteada, con relación a una excepción por falta de competencia de tribunal por razón de la materia alegada en la demanda ordinaria laboral promovida contra la Sociedad Mercantil Expreco S. de R.L., en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), a la cual se ha hecho anterior referencia, ha obviado en el tenor de la sentencia, conforme pacífica jurisprudencia laboral prevalente en nuestro Ordenamiento, la prevalencia del principio de primacía de la realidad, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica del contrato de trabajo, una vez constatado el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo, acorde a lo regulado en los artículos 19, 20, 24 y 47 del Código del Trabajo en su relación conjunta; por resultar constitutivos a una relación de trabajo, aun cuando se alegaré su adscripción a distinta Jurisdicción; como ocurre en el caso conocido en apelaciones..." Que para la Sala de lo Constitucional, tal falencia en la argumentación, deja en manifiesta indefensión a la parte demandada, pues pareciera hacer prevalecer el aspecto formal de la contratación, por sobre la protección de las garantías sociales que persigue el Código del Trabajo, para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y legal del contrato individual de trabajo. Lo anterior motiva a esta Sala de lo Constitucional a otorgar la presente acción de amparo, al haberse así provocado, mediante la resolución de apelaciones que se conoce en amparo, una limitación real al derecho a la defensa, privando al trabajador de someterse voluntariamente al Juzgado que estime conveniente, reconocido en lo conducente por el contrato suscrito entre ambas partes procesales y sin aportar argumentación acordada a derecho, con aptitud suficiente para fundar la exclusión de la parte trabajadora del acceso a la jurisdicción que provee los medios de defensa efectivos, propios y específicos para solucionar conflictos dimanantes de la relación de trabajo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA a favor del señor CARLOS ABRAHAM MIDENCE RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, con relación a una EXCEPCIÓN POR FALTA DE COMPETENCIA DE TRIBUNAL POR RAZÓN DE LA MATERIA alegada en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por el señor CARLOS ABRAHAM MIDENCE RODRIGUEZ contra la SOCIEDAD MERCANTIL EXPRECO S. DE R.L. Estima el recurrente, que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado en los artículos 90 y 128 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha diez (10) de junio de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Primero Departamental de Choluteca, el Señor CARLOS ABRAHAM MIDENCE RODRIGUEZ, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, en contra la SOCIEDAD MERCANTIL EXPRECO S. DE R.L. solicitando que se declare CON LUGAR la presente demanda y se le brinde el pago de prestaciones laborales mas titulo de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir, preaviso, auxilio de cesantía causado y proporcional, vacaciones causadas, y proporcionales, aguinaldo, decimo cuarto mes de salario. (Folios 1–25 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó el Auto Interlocutorio en fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual se Falló: “PRIMERO: DECLARAR: SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL, interpuesto por la parte demandada…”. (Folios 171–174 de la Primera Pieza de los antecedentes). 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada CLAUDIA PATRICIA FARIAS MOLINA, interpuesto en fecha dieciséis de agosto del dos mil dieciséis, contra el auto interlocutorio de fecha quince de agosto del dos mil dieciséis, relacionado el mismo en el numeral anterior; la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó Sentencia en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual se Falló: “PRIMERO Declarar CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Abogada CLAUDIA PATRICIA FARIAS MOLINA en su condición de apoderada legal de la parte demandada….- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia interlocutoria dictada por el Juez A quo, se estime la excepción por falta de competencia de tribunal por razón de la materia opuesta por la impetrante.-…” (Folios 7–14 de la Segunda Pieza de los antecedentes).
- Que el Abogado FRANCISCO OMAR OSORTO AGUILERA, compareció ante este Tribunal en fecha cuatro (04) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del señor CARLOS ABRAHAM MIDENCE RODRIGUEZ, contra la Sentencia de fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículos 90 y 128 de la Constitución de la República; declarando caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018). (Folios 1–09 y 34 del presente Recurso). 5) Que en fecha quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “… el Ministerio Publico, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir vulneración a los artículos constitucionales denunciados por el amparista”; lo cual tuvo como justificativo, entre otras consideraciones, que el contrato de alquiler de vehículo a ser pagado por el arrendador, estipuló: “un horario de servicio de alquiler”, lo cual concurre a la existencia de una relación laboral que deriva del contrato, con base a las características esenciales para la existencia del mismo, según se desprenden del artículo 20, con relación al 2.2, 3 y 665 del Código del Trabajo. (Folio 37–44 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la sentencia proferida en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), por la cual la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, por unanimidad de votos de sus miembros, declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y por consiguiente, revoca la resolución que emitiera el JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE CHOLUTECA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, en fecha quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016); con fundamento en que el señor CARLOS ABRAHAM MIDENCE RODRIGUEZ presentó la demanda en la jurisdicción que carecía de competencia para ello, siendo lo procedente en derecho declarar ha lugar el defecto procesal de falta de incompetencia de tribunal que presentara la apoderada legal de la parte demandada. Lo anterior, debido a que lo que existía entre ambas partes era un contrato de alquiler de vehículo, cuya finalidad era la de recolectar y entregar la mercadería, para lo cual la empresa demandada facilitaba el personal necesario para ejecutar la función de conserje y agente recolector, lo que monta para un contrato de tipo mercantil, mas no de orden laboral, como se ha planteado en el líbelo de la demanda. Ha tomado en cuenta, asimismo, la Alzada, como fundamento probatorio la existencia de los respectivos contratos de alquiler de vehículo, que así lo constatan, y el no encontrarse probado que el señor CARLOS ABRAHAM MIDENCE RODRIGUEZ recibiera vía planillas, de la parte demandada, un salario como retribución del servicio. CONSIDERANDO (4): Que en la interposición del recurso de amparo, refiere el amparista, Abogado FRANCISCO OMAR SORTO AGUILERA, que tal resolución vulnera los derechos constitucionales de su representado, contenidos en los artículos 90 y 128 de la Constitución. Argumenta el recurrente, a favor de su petición, que tal resolución vulnera tales derechos constitucionales de su representado, pretendiendo desconocerse por parte de la Alzada, la existencia de una relación de trabajo entre su representado y la empresa demandada, aduciendo la existencia de un contrato mercantil, proveniente del contrato de arrendamiento de un vehículo y descartando, por ende, la existencia de un contrato de trabajo acorde los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; los cuales fundamentan la competencia de la jurisdicción del trabajo, de la demanda ordinaria laboral instaurada a su instancia para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, más el pago a título de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir, preaviso, auxilio de cesantía causado y proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo, décimo cuarto mes y condena en costas; todo en virtud del despido directo que sufriera el trabajador agraviado, señor CARLOS ABRAHAM MIDENCE RODRIGUEZ. CONSIDERANDO (5): Que agrega que la parte demandada interpuso en su momento la Excepción de Falta de Incompetencia de Tribunal, la cual es inexistente, pero logró sin embargo sorprender al Juzgado de Instancia, en su pretensión de que conociera del presente asunto un Juzgado civil; cuando quedó demostrado, en la cláusula decimotercera del mismo contrato - que consta como prueba - que en el caso para definir controversia de no poderse solucionar conciliatoriamente, la parte afectada se someterá al Juzgado que estime conveniente, siendo esto precisamente lo que hizo la parte demandante al instaurar la presente demanda laboral. Conceptúa así el recurrente, como violentados al trabajador agraviado, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 90 y 128 de la Constitución de la República; los cuales se establece que son nulos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías a que tiene derecho todo trabajador; por todo lo cual solicita la tutela jurisdiccional requerida, otorgando la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), a la cual se ha hecho anterior referencia, ha obviado en el tenor de la sentencia, conforme pacífica jurisprudencia laboral prevalente en nuestro Ordenamiento, la prevalencia del principio de primacía de la realidad, el cual se considera intrínseco a la consideración jurídica del contrato de trabajo, una vez constatado el cumplimiento de los tres (3) elementos esenciales del contrato de trabajo, acorde a lo regulado en los artículos 19, 20, 24 y 47 del Código del Trabajo en su relación conjunta; por resultar constitutivos a una relación de trabajo, aun cuando se alegaré su adscripción a distinta Jurisdicción; como ocurre en el caso conocido en apelaciones. CONSIDERANDO (7): Que para la Sala de lo Constitucional, tal falencia en la argumentación, deja en manifiesta indefensión a la parte demandada, pues pareciera hacer prevalecer el aspecto formal de la contratación, por sobre la protección de las garantías sociales que persigue el Código del Trabajo, para caracterizar la relación laboral y, por ende, la existencia real y legal del contrato individual de trabajo. Lo anterior motiva a esta Sala de lo Constitucional a otorgar la presente acción de amparo, al haberse así provocado, mediante la resolución de apelaciones que se conoce en amparo, una limitación real al derecho a la defensa, privando al trabajador de someterse voluntariamente al Juzgado que estime conveniente, reconocido en lo conducente por el contrato suscrito entre ambas partes procesales y sin aportar argumentación acordada a derecho, con aptitud suficiente para fundar la exclusión de la parte trabajadora del acceso a la jurisdicción que provee los medios de defensa efectivos, propios y específicos para solucionar conflictos dimanantes de la relación de trabajo. CONSIDERANDO (8): Que es por todo ello, que la concesión del presente amparo, resulta jurídicamente tutelar a los artículos 128 primer párrafo - y 134 inclusive - ambos de la Constitución de la República; los cuales establecen la nulidad como sanción para los actos y estipulaciones o comisiones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen garantías; y que, en definitiva, quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, de conformidad a ley y al fin social de las leyes laborales; artículos que enmarcan derechos vigentes y principios plenamente operativos y autoaplicables en la dogmática del ordenamiento jurídico hondureño, los cuales se caracterizan por orientar la aplicación e interpretación del derecho positivo a la luz de los derechos económicos, sociales y culturales; recordando aquí que el derecho laboral no solo es un derecho regulador sino también un derecho tutelar, como acertadamente remarca el tratadista Néstor del Buen L. en su obra “Derecho del Trabajo”.[1] CONSIDERANDO (9): Que bajo los argumentos ilustrados por esta Sala de lo Constitucional, se infiere que la sentencia pronunciada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE CHOLUTECA Y VALLE, en fecha cinco (05) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), resulta violatoria de las garantías constitucionales antes mencionadas, por lo cual resulta procedente otorgar el amparo del cual se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 59, 64, 80, 82, 90, 128, 134, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo laboral registrado en este Tribunal con el número SCO-1057-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Editorial Porrúa, 12ª edición revisada y actualizada, México, 1999. p. 30.