Sentencia AL-1055-16 — Registro 10163
Resumen
Acto recurrido que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el a-quo, con relación a la “demanda colectiva laboral de emplazamiento para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido y por omisión sea condenado al reintegro a sus puestos de trabajo a los demandantes o en su defecto al pago de las prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios caídos más costas del presente juicio” promovida por los señores Selvin Guadalupe Benavides Erazo, Mario René Martínez Navarro, Simona Margarita Cárcamo Juárez, Gregoria Cruz, Maria Elena Díaz Martínez, Alirio Oquelí Zúñiga Reyes, Mariano Ramón Gutiérrez Luque contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... " Esta Sala observa que si bien es cierto que los demandantes han sido contratado bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales, también lo es que de la simple revisión de los referidos contratos se corrobora una variada asignación de tareas, a realizar por los demandantes de acuerdo al contrato y asignación en el mismo, tareas tales como: 1) auxiliar de farmacia, Auxiliar de laboratorio, Aseadora, vigilante, camillero, técnico de bloque materno, Ejecutar las tareas asignadas por el jefe de equipo..." ..." Que es importante determinar que en el caso de autos los contratos celebrados entre los demandantes y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, si bien es cierto que se les ha denominado como “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, también lo es que independientemente de la denominación que se les dio, en el fondo se trata de contratos individuales de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por el demandante con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio..." ..." Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente..." ...ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se ha establecido son por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional y el 665 del Código del Trabajo..."
Jerarquía: Reiterativa
.."Que es importante determinar que en el caso de autos los contratos celebrados entre los demandantes y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, si bien es cierto que se les ha denominado como “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, también lo es que independientemente de la denominación que se les dio, en el fondo se trata de contratos individuales de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por el demandante con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se ha establecido son por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional[2] y el 665 del Código del Trabajo.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 21 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil dieciocho. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo Interpuesto por la Abogada Suyapa Geraldina del Cid a favor del Estado de Honduras contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, con relación a la “demanda colectiva laboral de emplazamiento para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido y por omisión sea condenado al reintegro a sus puestos de trabajo a los demandantes o en su defecto al pago de las prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios caídos más costas del presente juicio”[1] promovida por los señores Selvin Guadalupe Benavides Erazo, Mario René Martínez Navarro, Simona Margarita Cárcamo Juárez, Gregoria Cruz, Maria Elena Díaz Martínez, Alirio Oquelí Zúñiga Reyes, Mariano Ramón Gutiérrez Luque contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintitrés de octubre de dos mil quince, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el Abogado Joel Benítez Paz, en su condición de Apoderado Judicial de los señores Selvin Guadalupe Benavides Erazo, Mario René Martínez Navarro, Simona Margarita Cárcamo Juárez, Gregoria Cruz, Maria Elena Díaz Martínez, Alirio Oquelí Zúñiga Reyes, Mariano Ramón Gutiérrez Luque contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, promoviendo “demanda colectiva laboral de emplazamiento para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido y por omisión sea condenado al reintegro a sus puestos de trabajo a los demandantes o en su defecto al pago de las prestaciones laborales y a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios caídos más costas del presente juicio” contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública. (Folios 1-3 de la pieza del A-quo). 2) En fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Abogado José Alfredo Molina Varela, en su condición de Procurador Judicial en representación del Estado de Honduras, como parte demandada interpuso en el escrito de contestación de la demanda, la excepción dilatoria de incompetencia del tribunal, misma que en fecha quince de agosto de dos mil dieciséis, fue resuelta mediante auto interlocutorio, dictado por el Juzgado antes referido, donde se declaró “sin lugar el defecto procesal de incompetencia del tribunal ante quien se interpone la demanda interpuesta por la representante procesal de la parte demandada…” (Folios 23-32/45 al 46 de la pieza del A-quo). 3) Que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Suyapa Geraldina del Cid, en su condición de apoderada legal de la parte demandada, en fecha ocho de septiembre de dos mil dieciséis, falló (Sic): “PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SUYAPA GERALDINA DEL CID, en su condición de apoderada demandada-apelante contra el auto interlocutorio de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis dictado por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.-SEGUNDO: CONFIRMAR el auto interlocutorio de fecha quince de agosto de dos mil dieciséis dictado por el Juzgado de Letras de esta Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida.-TERCERO:…”(Folios 11 al 14 de la pieza del A-quem.) 4) Que la Abogada Suyapa Geraldina del Cid, actuando en su condición antes referida, compareció ante este Tribunal en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de su representado, afirmando que la resolución dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Asimismo, habiéndose caducado el derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar el recurso de mérito, en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciocho siendo las tres en punto de la tarde, esta Sala apreció que, conforme al escrito de interposición del recurso, la peticionaria desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo que se procedió a dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folios 1-6/21 de la pieza de amparo). 5) Que esta Sala, en fecha quince de febrero de dos mil dieciocho, tuvo por evacuado el dictamen del Fiscal del Despacho, Abogado Juan Carlos Sánchez Villalobos, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos lo siguiente: “De la interposición el amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República… el censor, muestra su disconformidad con la sentencia interlocutoria…basando sus alegatos en su apreciación de que la jurisdicción laboral, en la que se ha interpuesto la demanda en cuestión, no es la competente para la resolución del conflicto, siendo la competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Al tenor del articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo exceptúa del régimen general aplicable, que es el Código del Trabajo a los empleados públicos a los cuales define como aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal; y en la presente causa el demandante no ha sido contratado bajo ninguna de estas modalidades que excluye la aplicabilidad de dicha norma laboral ordinaria. Asimismo, dicha norma señala que son de orden público las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo, lo cual significa que no puede ser renunciado, modificado por la simple manifestación de la voluntad de los particulares, sumado a ello la jurisdicción es improrrogable. El artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública señala que: Los órganos y entidades de la administración pública no podrán: 1, 2, 3,4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan, tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República. Del análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que el demandante no reúne la calidad de funcionario o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato, que reúne las características esenciales para la existencia de un contrato de trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que definitivamente se está ante una relación laboral, aunque ello no es suficiente para determinar la competencia de la jurisdicción laboral, máxime cuando nuestra legislación contenciosa administrativa destina parte de su conocimiento las relaciones generadas en la materia personal, por lo que se requiere el análisis de dicha materia. Finalmente es oportuno decir que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo (artículo 665), esta disposición es de orden público y no puede ser modificada por convenios de los contratantes, y en el caso de autos tal y como se ha dejado establecido, estamos ante una relación laboral entre demandante y demandado, esto de acuerdo al artículo 3 del Código del Trabajo…por lo que del análisis anterior, el Ministerio Público es de la opinión de que “NO SE OTORGUE”, la presente acción de amparo, por no concurrir la vulneración del derecho de defensa, ni la garantía del debido proceso, como lo ha invocado el amparista.” CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 No. 2 Constitucional, relacionado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba Atlántida en fecha ocho de septiembre del año dos mil dieciséis, que declaró No ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de la misma Sección Judicial, con relación a la demanda para el pago de salarios adeudados promovida por los señores: SELVIN GUADALUPE BENAVIDES ERAZO, MARIO RENE MARTINEZ NAVARRO, SIMONA MARGARITA CARCAMO JUAREZ, GREGORIA CRUZ, MARIAS ELENA DIAZ MARTINEZ, ALIRIO OQUELI ZUNIGA REYES, MARIANO RAMON GUTIERREZ LUQUE, contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. CONSIDERANDO: (4) Que la impetrante en el escrito de interposición de la acción, en el párrafo de la Relación de Hechos señala: Haber presentado una excepción Declinatoria de incompetencia de tribunal contra el escrito de la Demanda Ordinaria de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince (2015), presentada por los señores mencionados en el último párrafo del considerando que antecede. Manifiesta que los referidos señores mantuvieron una relación de trabajo derivada de un contrato de trabajo por tiempo determinado, con la modalidad que se regirán por jurisdicción y la ley de lo contencioso administrativo, correspondiendo conocer de estos asuntos a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés. Explica que en el planteamiento de la excepción se explicaron las razones por las cuales el juzgado del Trabajo de la ciudad de la Ceiba Departamento de Atlántida no es competente para poder conocer de la demanda planteada por los señores: SELVIN GUADALUPE BENAVIDES ERAZO, MARIO RENE MARTINEZ NAVARRO, SIMONA MARGARITA CARCAMO JUAREZ, GREGORIA CRUZ, MARIAS ELENA DIAZ MARTINEZ, ALIRIO OQUELI ZUNIGA REYES, MARIANO RAMON GUTIERREZ LUQUE, los que fueron contratados en forma temporal; estableciendo en ellos concretamente en la CLAUSULA TERCERA, el tiempo de vigencia del contrato el cual literalmente dice: Éste contrato tendrá validez unas vez suscrito por las partes contratantes y será aprobado mediante el acuerdo ministerial correspondiente y estará sujeto a la normativa del derecho administrativo vigente prestando el CONTRATISTA sus servicios profesionales por tiempo determinado. Además, expresa que al plantear la excepción dilatoria de incompetencia de Tribunal pretende ponerle fin a dicho trámite en la instancia en la cual fue planteada y que la misma sea interpuesta en la jurisdicción y competencia pertinente, a fin de que el juicio se realice en base a los principios y garantías constitucionales tal como se establece en el artículo 90, norma que rige para todos los procesos no importando la materia. CONSIDERANDO (5) Que el impetrante considera que se han vulnerado los siguientes derechos constitucionales: artículo 82 párrafo primero del Derecho de Defensa; artículo 90 párrafo primero del debido proceso; Violación a los artículo 1, 2 literal a) y b) y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vigente; artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo que dice: Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente código y obligan a toda las empresas explotaciones y establecimientos, así como las personas naturales.-Se exceptúa el numeral 2) que dice: “Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.- Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley,, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el Estado, Departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por la Ley de Servicio Civil que se expidan”. CONSIDERANDO: (6) Que el Ad quem en el párrafo de los Fundamentos de Derecho numeral TERCERO expone: “La parte demandada en uso del derecho a oponer defectos procesales o incidentes, interpuso la excepción dilatoria de incompetencia del Tribunal ante quien se interpone la demanda alegando que los contratos suscritos por su poderdante con los demandados son contratos de servicios profesionales en los cuales en caso de conflicto se someten a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que aduce que no es competente el Juzgado de Letras de esta sección judicial; manifiesta que comparte la resolución del A quo al declarar sin lugar la excepción interpuesta siendo que en la relación laboral sostenida entre las partes se deja manifiesto se reunieron los elementos del Contrato contenido en el artículo 19 del Código del Trabajo, aunado así que tal como lo prevé el artículo tres (3) del código de rito “son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los Derechos que la Constitución, el presente Código sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro cualquiera”. Invocando la ley interna y la Convención Americana en su artículo 25 relativo al derecho de toda persona a tener un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los jueces o Tribunales competentes, estima que no son de recibo los agravios esgrimidos por la parte demandada-apelante, siendo procedente de acuerdo con las apreciaciones de hecho y de derecho supra relacionadas, declarar No ha Lugar la apelación de mérito, y Confirmar el auto interlocutorio de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis dictado por el Juzgado de Letras de aquella sección judicial CONSIDERANDO: (7): Que, bajo la tesis planteada, corresponde a esta Sala de lo Constitucional determinar si la decisión adoptada por el Ad-quem, vulnera o no los derechos contenidos en los artículos 82, 90 párrafo primero y Violación al artículo 1, 2 literal a) y b) y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo vigente; artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo. En ese orden de ideas hay que señalar que el argumento toral del recurso tiene que ver básicamente con que el Tribunal de Alzada no debió haber declarado sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada y consecuentemente revocar la resolución dictada por el A-quo, mediante el cual el referido Juzgado, había declarado sin lugar el incidente de denuncia de declinatoria por falta de jurisdicción interpuesta por la parte demandada, referida a la incompetencia del tribunal ante quien se interpuso la demanda. CONSIDERANDO(8): Que después del estudio del presente caso y de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala deviene en señalar que los demandantes en la vía laboral, no quedan comprendidas en la categoría de Servidores del Estado, entendiendo por tal aquellos cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto Legislativo o Acuerdo Municipal; o bien lo que dispone el artículo 393 del Código Penal que considera funcionario a quien por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe del ejercicio de funciones públicas. En virtud de lo cual no se encuentran comprendidas en las excepciones contenidas en el artículo 2 del Código del Trabajo, por lo que le son aplicables todas las disposiciones de dicho código, debiéndose poner especial atención a lo prevenido en el artículo 3 del citado código que expresa: ”Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. CONSIDERANDO (9): Que resulta pertinente señalar por parte nuestra, que dentro de la administración pública se admite la posibilidad que ciertas relaciones de servicio se regulen por el Código del Trabajo, para el caso las personas que laboran en virtud de contrato y mediante el sistema de planillas. Estas personas son servidores del servicio Excluido, cuya relación de trabajo con la Administración Pública no está regulada por la Ley de Servicio Civil. CONSIDERANDO (10): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de conformidad con el literal a), párrafo último del artículo 3, se reserva para su conocimiento, todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado; esta aseveración constituye una regla general, que admite como excepciones, (sic) “Las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral y penal y aquellas otras que, aunque relacionadas con actos de la Administración Pública, se atribuyan por una Ley a otra jurisdicción o correspondan al Derecho Agrario…,” expuestas en el literal a) del artículo 4 de la precitada ley. CONSIDERANDO (11): Que de conformidad con lo anterior la Sala de lo Constitucional entiende que “servicio profesional o personal” es aquel ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. CONSIDERANDO (12): Que por su parte el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado dispone que debe entenderse por servicios profesionales o técnicos los prestados por personas naturales a requerimiento de los organismos de la administración pública, centralizada o descentralizada, para desarrollar actividades relacionadas con su funcionamiento o administración, que demandan conocimientos especializados y que no pueden realizarse con personal regular y permanente; estos contratos no generan relaciones de empleo ni indemnizaciones por su terminación al vencimiento del plazo, debiendo suscribirse únicamente por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objeto. Ahora bien, en el caso que nos ocupa esta Sala observa que si bien es cierto que los demandantes han sido contratado bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales, también lo es que de la simple revisión de los referidos contratos se corrobora una variada asignación de tareas, a realizar por los demandantes de acuerdo al contrato y asignación en el mismo, tareas tales como: 1) auxiliar de farmacia, Auxiliar de laboratorio, Aseadora, vigilante, camillero, técnico de bloque materno, Ejecutar las tareas asignadas por el jefe de equipo; CONSIDERANDO (13): Que es importante determinar que en el caso de autos los contratos celebrados entre los demandantes y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, si bien es cierto que se les ha denominado como “Contrato de Prestación de Servicios Profesionales”, también lo es que independientemente de la denominación que se les dio, en el fondo se trata de contratos individuales de trabajo, entendiéndose por éste como aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar servicios personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta, mediante una remuneración; en ese orden de ideas podemos señalar que en la relación sostenida por el demandante con la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, concurren los requisitos exigidos por el artículo 20 del Código del Trabajo, a saber: a) Actividad personal del trabajador; b) Subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono quien podrá darle órdenes en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y c) Un salario como retribución del servicio. CONSIDERANDO (14): Que por todo lo expuesto anteriormente la Sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que el presente caso debe ser resuelto en la jurisdicción laboral que resulta ser la competente, ello aun y cuando, como ya se ha dejado establecido en el iter de este fallo los referidos contratos, pese a que se ha establecido son por prestación de servicios profesionales, materialmente entendemos que son contratos individuales de trabajo y por tanto no le es aplicable el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sino el 134 constitucional[2] y el 665 del Código del Trabajo. CONSIDERANDO (15): Que el Ministerio Público a través de su representante, el Fiscal JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, deja establecido en el análisis de los antecedentes, que los demandantes no reúnen la calidad de funcionario o empleado público, ya que su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato, que reúne las características esenciales para la existencia de un Contrato de Trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código de Trabajo, por lo que se está ante una relación laboral, por otra parte invoca el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone que solamente podrán impugnarse en vía contenciosos administrativa los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una ley especial. Así mismo podrá impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para períodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del período respectivo. Concluyendo el Ministerio Público que el aspecto que determina la jurisdicción Contenciosa administrativa no concurre en el caso de autos. Por todo ello fue del parecer porque no se otorgue el amparo de mérito. CONSIDERANDO (16): Que la Sala de lo Constitucional, finalmente estima que la decisión del Ad-quem no quebranta los derechos invocados por la recurrente, por lo que procede denegar el amparo del que se hace mérito. POR TANTO: La Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, y haciendo aplicación de los artículos: 1, 59, 64, 80, 82, 90, 134, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 4, 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 1, 2, 4, 20 y 665 del Código del Trabajo; y 1, 2, 3 No.2, 4, 5, 7, 9 No.2, 41, 63, 72 y 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por la abogada SUYAPA GERALDINA DEL CID, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada en fecha ocho de septiembre del año dos mil dieciséis, por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Atlántida. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Laboral, con orden de ingreso en este Tribunal No. 1055=16.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Ver folio 1 de la pieza del A-quo
[2] “Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos, que hayan de ponerlas en práctica”.