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Sentencia AL-1047-16 — Registro 10162

Resumen

Acto recurrido que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el a-quo, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la Señora Verónica Duarte Portillo contra las Sociedades Mercantiles denominadas Topcell Honduras S.A. de C.V. y Servicios de Comunicación de Honduras, S.A. de C.V. (Sercom Honduras), en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio..." ..." Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de enero de dos mil dieciocho. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada TULA HERNANDEZ a favor de la sociedad mercantil TOPCELL HONDURAS S.A. de C.V. contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha treinta de agosto del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por la señora VERONICA DUARTE PORTILLO contra las sociedades mercantiles denominadas TOPCELL HONDURAS S.A. DE C.V. y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DE HONDURAS, S.A. DE C.V. (SERCOM HONDURAS).CONSIDERANDO (1): Que del escrito de la interposición del recurso de amparo se desprende, que la recurrente es del criterio que con las actuaciones recurridas se vulneran en perjuicio de su representada las garantías de ser oído, igualdad ante la ley, defensa y debido proceso, contenidos en los artículos 1, 8, 82 y 90 de la Constitución de la República, en vista de considerar que el A-quo no siguió el orden establecido en materia laboral, por celebrar actos y diligencias viciadas de nulidad, en virtud que el artículo 710 del Código del Trabajo y circular 638 del cinco de junio de dos mil catorce, recoge el procedimiento a seguir en el caso que el demandado proponga excepciones en la contestación de la demanda o en primera audiencia de trámite, asimismo, las correcciones no fueron solicitadas a instancia de parte, sino que el Juez cedió la palabra a la representante de la parte actora para que realizara las correcciones y enmiendas, violentando el derecho de la demanda a defenderse puesto que ya en la contestación de la demanda se habían interpuesto los defectos y las excepciones como parte de las incidencias del juicio. CONSIDERANDO (02): Que analizada la sentencia ya referida, se aprecia que la Alzada fue del criterio que la resolución dictada por el A-quo se encuentra apegada a derecho, en virtud que el Juez es el director del proceso, por lo que puede actuar de oficio o a instancia de parte, en el subjudice, es a instancia de la parte actora que el hacer uso del derecho que le confiere el artículo 706 del Código de Trabajo, en el sentido de aclarar, corregir o enmendar la demanda, precio a la proposición de los medios probatorios, con el objeto de depurar la demanda de todos aquellos vicios procesales de forma que hagan nugatorio el derecho de las partes; Asimismo, la Alzada es del parecer que las enmiendas efectuadas por la parte actora no modifican la demanda primitiva, no disgregan su contenido material y/o formal, ni impiden la continuación del proceso, sino que permiten que la actividad procesal desarrollada no sea en vano, por lo que el A-quem considera que en ningún momento se ha violentado el debido proceso ni el derecho de defensa, puesto que se ha seguido el orden de los momentos procesales, logrando con ello corregir los vicios procesales denunciados en la contestación de la demanda. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que en respeto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios, no son susceptibles de la Garantía de Amparo a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con el acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que le asiste a cada parte en litigio.CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; sobre la cual ya ha existido pronunciamiento previo, por lo que estima esta Sala, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal, como se desprende del expediente de mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la señora la Abogada TULA HERNANDEZ a favor de la sociedad mercantil TOPCELL HONDURAS S.A. de C.V. contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis; por existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, así como que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una innecesaria substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece (13) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación de la resolución de fecha ocho (08) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 1047=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL