Sentencia AL-1046-16 — Registro 10161
Resumen
Acto recurrido que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio del a-quo, con relación a los incidentes de cosa juzgada y declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, alegados en la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor Santos Florencio Salinas, en contra del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación deberá dictar una nueva resolución debidamente motivada, haciendo referencia a los aspectos que se plasman en el presente fallo y dando respuesta a las alegaciones de las partes en forma patente y precisa, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de amparo interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, con relación a los incidentes de cosa juzgada y declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, alegados en la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor SANTOS FLORENCIO SALINAS, en contra del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. Estima la recurrente, que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82, 90, 106 y 142 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1) Que en fecha nueve (9) de abril de dos mil quince (2015), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el señor SANTOS FLORENCIO SALINAS RIVERA, interponiendo demanda ordinaria laboral, en contra el ESTADO DE HONDURAS, solicitando que se declare CON LUGAR la demanda y se ordene al demandado pagar la indemnización por daños y perjuicios señalada, el pago de dos clavos, pago de cuota patronal dejada de pagar al Seguro Social por parte del patrón, prestaciones laborales y salarios dejados de percibir y las costas del juicio. (Folios 1–23 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que en audiencia primera de trámite celebrada en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, la abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ, actuando en su condición de apoderada procesal del ESTADO DE HONDURAS, interpuso los incidentes de declinatoria, cosa juzgada, defecto de prescripción y nulidad de actuaciones. (Folios 163-165 de la Primera Pieza de los antecedentes).3) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó auto interlocutorio en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual falló: (sic) “I. DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE COSA JUZGADA, opuesto por la representante de la parte demandada; II. DECLARAR SIN LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA Y NULIDAD DE ACTUACIONES opuesto por la representante procesal de la parte demandada, en la demanda de mérito. III.- SIN COSTAS: En esta instancia.” (Folios 184–189 de la Primera Pieza de los antecedentes) 4) Que conociendo de un doble recurso de apelación interpuesto por los abogados IRINALDO MACÍAS RIVERA, en su condición de apoderado legal del señor SANTOS FLORENCIO SALINAS RIVERA, y por la abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ, en su condición antes indicada contra el auto interlocutorio relacionado en el numeral anterior, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, dictó sentencia en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual falló: (sic) “…I) Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado IRINALDO MACÍAS RIVERA, en su condición de representante procesal de la parte demandante y apelante. II) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ, en su condición de representante procesal de la parte demandada apelante. III) REFORMAR el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de agosto del año dos mil dieciséis, que corre a folios 184, 185, 186, 187, 188 y 189 frente y vuelto de la primera pieza de autos así: 1) REVOCAR el numeral I y CONFIRMAR los numerales II y III del auto interlocutorio apelado. IV. SIN COSTAS en esta instancia...”. (Folios 12–14 de la Segunda Pieza de los antecedentes). 5) Que la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ, compareció ante este Tribunal en fecha siete (7) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90, 106 y 142 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–8 y 34 del presente Recurso) 6) Que en fecha veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión: “… el Ministerio Publico, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir ultraje a los artículos constitucionales denunciados por el amparista.”. (Folio 37–41 y 43 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que se reclama por vía de la presente acción constitucional de amparo que la sentencia emitida por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO de este Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintitrés (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), es violatoria de garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse inter alia, por parte de la recurrente, que el mencionado Tribunal de Apelación, prácticamente desconoció y contravino su propia sentencia, la cual fue dictada en una fecha previa y versó sobre el mismo asunto, situación que, según ha alegado la recurrente, resulta en una trasgresión de la institución de la cosa juzgada, con lo que resulta lesionada la garantía del debido proceso en perjuicio de su representado, el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes consta que en una fecha anterior, específicamente el 31 de mayo de 2011, el señor SANTOS FLORENCIO SALINAS RIVERA, presentó demanda ordinaria laboral contra el ESTADO DE HONDURAS, misma que estaba orientada al pago de indemnización por concepto de daños y perjuicios en concepto de accidente de trabajo, que resulta ser el mismo reclamo por el cual también presentó la demanda objeto del procedimiento en el cual se interpuso la presente acción constitucional de recurso de amparo. La demanda fue registrada en aquella oportunidad con el número de registro 0532-11 y fue presentada ante el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN. CONSIDERANDO (6): Que, en la tramitación de la mencionada demanda, el ESTADO DE HONDURAS, como parte demandada, opuso en audiencia de trámite que tuvo lugar en fecha 26 de abril de 2012, incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal, argumentándose en esa oportunidad, que el reclamo del demandante debía ser tramitado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no ante la jurisdicción del trabajo. El incidente alegado se resolvió CON LUGAR por el juez de instancia, el cual se declaró incompetente para conocer de dicho asunto y estableció como competente para ese efecto, al JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de este Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (7): Que consta a su vez de los autos, que la decisión anteriormente relacionada fue apelada por la parte demandante ante la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO, la cual, en sentencia de fecha 8 de agosto de 2012, emitió fallo confirmatorio de la decisión emanada del A-Quo, con lo que, claramente se ratificó que la jurisdicción del trabajo era incompetente para conocer de la demanda de mérito, sentencia que a la fecha, conforme con las actuaciones que se han hecho constar en el expediente judicial de mérito, adquirió firmeza. CONSIDERANDO (8): Que resulta ser, que ya habiéndose determinado la incompetencia de la jurisdicción del trabajo para el conocimiento del reclamo anteriormente relacionado, el señor SANTOS FLORENCIO SALINAS RIVERA, en fecha nueve (9) de abril de dos mil quince (2015), compareció al JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESTE DEPARTAMENTO, presentando nuevamente demanda para el pago de indemnización por concepto de daños y perjuicios por accidente de trabajo, en contra del ESTADO DE HONDURAS, la cual fue admitida a trámite por el juzgado en referencia. Con posterioridad, en la audiencia primera de trámite, el ESTADO DE HONDURAS, promovió nuevamente, incidente de declinatoria, así como los defectos de cosa juzgada, prescripción y un incidente de nulidad de actuaciones, reiterando en que ya había sido estimada de manera previa la incompetencia del tribunal para el conocimiento del caso, con lo cual, la admisión de la demanda implicaba desconocimiento de una sentencia firme y con ello, de la institución de la cosa juzgada. CONSIDERANDO (9): Que resolviendo lo pertinente, la juez A-Quo determinó estimar el defecto procesal de cosa juzgada alegado por la parte demandada, toda vez que consideró que ya había declinado su competencia en una resolución previa, y además, que los hechos que sirvieron de base para la demanda de mérito resultaban ser los mismos que la que se había presentado anteriormente. A su vez, la juzgadora desestimó la cuestión de declinatoria, señalando que no podía pronunciarse sobre su incompetencia porque ésta ya había sido determinada en una resolución previa, asimismo dispuso declarar sin lugar los demás incidentes. CONSIDERANDO (10): Que la autoridad recurrida, en este caso, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, conoció de la apelación interpuesta por la parte demandante en contra del referido auto interlocutorio, dictando sentencia en fecha 29 de septiembre de 2016, en la cual el referido Ad-Quem concluyó que no procedía la estimación del defecto procesal de cosa juzgada porque (sic): “….no se encuentra acreditado por la parte demandada, que las pretensiones del señor SANTOS FLORENCIO SALINAS RIVERA promovida contra el ESTADO DE HONDURAS, contenida en el expediente 000532-2011, no existió sentencia definitiva firme de un Tribunal de justicia competente…”. En esta sentencia la Alzada estableció además que: “…el Defecto de Cosa Juzgada es el conjunto de efectos que procede la sentencia definitiva firme y las resoluciones equivalentes sobre el objeto procesal…”. Asimismo el Tribunal de Apelaciones incluyó en su fallo conceptos de “sentencia definitiva” y las “resoluciones equivalentes”, estableciendo que las primeras son las que contra ellas no cabe recurso alguno y las segundas, aquellas que sin ser sentencias o carecer del calificativo de definitivas producen los efectos de cosa juzgada, citando como ejemplos los laudos arbitrales, el allanamiento y otras que ponen fin al proceso en cuanto a la disposición de la pretensión o asunto de fondo del juicio. Así, bajo estas estimaciones, la Corte en mención decidió revocar la resolución apelada en cuanto a la aquiescencia del defecto procesal de la cosa juzgada opuesto por la parte demandada. CONSIDERANDO (11): Que haciendo a un lado los evidentes defectos de redacción evidenciados en el fallo objeto de examen, esta Sala debe referirse al hecho que, inexplicablemente, la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, prescindió, sin causa o explicación aparente, de referirse en su fallo al hecho latente e innegable, que previamente había dictado la sentencia de fecha 8 de agosto de 2012, en la cual confirmó una decisión de declinatoria de competencia emitida por el mismo juez A-Quo, y mediante la que asintió con éste en que la jurisdicción del trabajo era incompetente para conocer de la idéntica pretensión del señor SANTOS FLORENCIO SALINAS RIVERA, plasmada en la demanda con número de registro 532-2011; esta crasa omisión del Ad-Quem en el conocimiento del recurso de apelación que nos ocupa, pone de manifiesto, no sólo una aparente desvalorización de la Corte de Apelaciones en cuanto a sus propios fallos, sino que, más importante aún, los efectos que éstos deben tener dentro y fuera del proceso. Esta diferenciación, fundamental para entender la institución de la cosa juzgada, no parece ser apreciada por la Alzada en su fallo, al limitar sus consideraciones al concepto de la cosa juzgada en sentido material, dejando de lado el aspecto formal de la cosa juzgada, que tiene que ver con el efecto inherente que tiene toda resolución judicial cuando adquiere firmeza. En este sentido, esta Sala encuentra que la sentencia de fecha 8 de agosto de 2012, dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN, al ser una resolución firme, es una sentencia que gozó de los efectos de cosa juzgada formal en el proceso en la que se dictó, debiendo estarse el Tribunal que la emitió a lo dispuesto en ella, tal y como lo manda el artículo 196 del Código Procesal Civil[1]. CONSIDERANDO (12): Que la cosa juzgada interesa a la necesidad de la invariabilidad, vinculación y obligatoriedad de las resoluciones judiciales y a la eficacia de la función jurisdiccional del Estado[2], y si bien esta Sala no difiere con el concepto de cosa juzgada material que ha asentado correctamente el Tribunal de Alzada en su sentencia, y no obstante que además, como es sabido, la cosa juzgada formal despliega sus efectos dentro del proceso respecto del juez o tribunal que la haya dictado; sin duda que el efecto que tiene el fallo de fecha 8 de agosto de 2012 fuera del proceso en el que se dictó, es que el mismo ha de ser tomado en cuenta como un hecho, y no puede ser simplemente ignorado, mucho menos por el Tribunal que lo emitió. Así, si el Tribunal de Alzada recurrido entró a conocer de un recurso de apelación en el que se discutían los efectos de una sentencia firme que declaraba la incompetencia de la jurisdicción del trabajo para conocer del asunto que nos ocupa, devenía en la obligación de emitir pronunciamiento sobre ello, y al no hacerlo, su sentencia resultó inconclusa, toda vez que uno de los puntos relevantes de la decisión del A-Quo fue precisamente la existencia y acatamiento de esta sentencia previa emitida por la Corte en mención en fecha 8 de agosto de 2012, siendo éste el punto central de la resolución impugnada y por ende de la propia apelación, así como fue expuesto por la parte apelada como base para hacer valer su pretensión ante la juez A-Quo, y también ante la referida Alzada al enfatizarlo en sus alegaciones. CONSIDERANDO (13): Que esta Sala ha sostenido en previas decisiones,[3] que toda resolución o sentencia debe reunir los requisitos de fondo, de congruencia, y exhaustividad, a fin de asegurar la vigencia de los presupuestos que consolidan la garantía del debido proceso. Como sabemos, la congruencia se refiere a la obligación de dar respuesta a las alegaciones de las partes en forma clara y precisa, es decir la relación entre las pretensiones y el fallo propiamente dicho. Así, la congruencia supone atenerse a lo pedido por las partes, dando respuesta el juzgador mediante una exposición coherente y lógica, de tal suerte que su criterio quede explicado y comprendido con facilidad[4]. La exhaustividad se refiere a la obligación del juzgador de abordar todos y cada uno de los extremos sometidos a su conocimiento por las partes, en ese sentido, el fallo deberá ser proferido de tal manera que no deje de dar respuesta a los extremos planteados. CONSIDERANDO (14): Que esta Sala ha insistido que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho. Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[5], que la falta de motivación por sí sola enerva la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, atendiendo a que ésta garantiza la obtención de una resolución debidamente motivada, ya sea ésta favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[6] CONSIDERANDO (15): Que vista la sentencia objeto de estudio se advierte que la misma no llega a cumplir los requisitos de congruencia y exhaustividad a que aludimos, toda vez que ha omitido referirse a los efectos que su propia sentencia debe tener en el proceso que hoy nos ocupa. Al omitir toda referencia a la misma, no da respuesta concreta a todas las alegaciones de la recurrente y con ello, su motivación resulta insuficiente para justificar la revocatoria de la decisión del A-Quo. CONSIDERANDO (16): Que esta Sala hace acopio de lo que ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos para salvaguardar el derecho a un debido proceso. En este sentido, esta Sala asiente con lo que al respecto ha afirmado la Corte Interamericana en cuanto a que la argumentación de un fallo “debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de la partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado”.[7] CONSIDERANDO (17): Que en virtud de lo anteriormente relacionado, analizados que han sido los antecedentes y la sentencia objeto del recurso de amparo que nos ocupa, esta Sala de lo Constitucional observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación entre el deber de motivación y el ámbito de protección de los derechos fundamentales, resultando en una sentencia incongruente y carente de la debida motivación, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República y el 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, como derecho supralegal aplicable al caso. En consecuencia, esta Sala estima el OTORGAMIENTO de la garantía de amparo invocada por la recurrente, por lo que el referido Tribunal de Apelación deberá dictar una nueva resolución debidamente motivada, haciendo referencia a los aspectos que se plasman en el presente fallo y dando respuesta a las alegaciones de las partes en forma patente y precisa, exponiendo con claridad los razonamientos en los que funde la decisión que derive del asunto que ha sido llamado a resolver. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 196 del Código Procesal Civil; y, 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 67, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, interpuesto por la Abogada NADYA LILIANA HERNÁNDEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016); por lo que el mencionado Tribunal de Alzada deberá proceder a emitir una nueva resolución, subsanando la falta de motivación que ha sido advertida por esta Sala en la sentencia objeto del presente recurso; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal con el número 1046=2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 196. COSA JUZGADA FORMAL E INVARIABILIDAD. Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozará del efecto de cosa juzgada formal, debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella, sin poder variarla después de firmada.
[2] Como lo enfatiza L.PIETRO-CASTRO en su Tratado de derecho Procesal Civil, Arazandi, 1985, Pág.788
[3] AP 259-12; AAC-802-14;
[4] C. RODRÍGUEZ-AGUILERA. LA SENTENCIA. Pags. 54-55
[5] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11
[6] L. ALFREDO DE DIEGO DÍEZ. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. Pag. 56
[7] CIDH. Caso Apitz Barbera y Otros vs Venezuela. Sentencia de 5 de agosto de 2008.