Sentencia AL-097-17 — Registro 9528
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recursos de apelación interpuesto por demandante y demandada, confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que inadmitió medios de prueba documentales propuestos por demandada (recurrente) en demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe justa causa de despido, pago de derechos laborales promovida contra dicha parte; el Tribunal de Alzada considera que procede denegar prueba que no tenga relación con el objeto principal, sin restringir el derecho de defensa de las partes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se conoce en esta vista la interposición y formalización del Recurso de Amparo promovido por la Abogada CONCEPCIÓN SUAZO SUAZO, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A (PROADASA), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que declara SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos a instancia de su representada y de la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., representada en ese acto por la Abogada ALMA ROSA HERNÁNDEZ LÓPEZ; contra la resolución apelada, según dictada con fecha (Sic.) “diecisiete de septiembre del presente año dos mil dieciséis”, por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA; con relación a la Demanda Laboral promovida por el señor JORGE ALBERTO GODOY, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A (PROADASA); lo cual tuvo verificativo – en lo conducente al recurso de apelación interpuesto por ésta última Sociedad Mercantil –, al confirmase los criterios de exclusión de los medios de prueba documentales numerados 7 a 12, propuestos por la parte demandada ante el órgano jurisdiccional, consistentes en las actas de descargo efectuadas a otros cinco (5) trabajadores de la Empresa; las cuales fueron inadmitidas por el Juzgado A-Quo al ser declaradas con lugar las objeciones presentadas en el turno procesal de la parte demandante..."..."encuentra esta Sala de lo Constitucional, que la resolución objeto de amparo se ha fundamentado legalmente, y en congrua motivación, dotada de contenido jurídico; por lo que se estima que la Corte de Alzada no le ha vedado en ningún momento a la parte demandada el derecho a obtener acceso a la justicia laboral, a través de la presentación y admisibilidad de prueba. Tal decisión guarda a la vez razonabilidad, a la luz del artículo 135 de Constitución de la República, que orienta al Estado a tutelar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, a proteger los intereses legítimos del empleador; inspirándose las leyes laborales en la armonía del capital y el trabajo como factores de producción, a lo cual no es ajeno el acceso a la justicia y al trámite regular del procedimiento de propuesta, obtención y práctica de la prueba. De lo anteriormente expresado, se desprende que de la resolución de marras no resulta lesiva a las garantías y derechos constitucionales que asisten a la persona jurídica que se presenta como agraviada, la cual no ha sufrido desmedro en el pleno acceso a la tutela judicial efectiva, como parte esencial de lo que se entiende por debido proceso; en conexidad con la inviolabilidad al derecho de defensa, según reconocidos en forma garante en los artículos 82 y 90 de Constitución de la República. -En consecuencia, procede dictar denegatoria a la presente acción de Amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 135 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 729 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 731 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 236, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 236, 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, seis de junio del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CONCEPCION SUAZO SUAZO a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A (PROADASA), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha (Sic) seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que Confirma la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha diecisiete (17) de octubre del dos mil dieciséis (2016), con relación a la DEMANDA LABORAL promovida por el señor JORGE ALBERTO GODOY, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A (PROADASA). Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha seis (6) de octubre del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, el señor JORGE ALBERTO GODOY TORRES, interponiendo DEMANDA LABORAL de emplazamiento, para que el patrono pruebe en juicio, la justa causa de despido o por omisión, sea condenado al pago de prestaciones laborales e indemnizaciones legales, pago de preaviso, pago de auxilio de cesantía, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo proporcional, pago de decimocuarto mes proporcional, vacaciones pendiente, salarios adeudados, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A (PROADASA).- (Folio 01 al 06 de la primera pieza del Juzgado).2) Que el referido Juzgado, en audiencia de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) RESUELVE: 1) Tener por realizada la objeción por el representante procesal de la parte demandante en relación al medio de prueba DOCUMENTAL en su literal a) y el medio de PRUEBA RECONOCIMIENTO JUDICIAL NUMERAL 2); DARLE TRASLADO A LA APODERADA LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA (STANDARD) a efecto de que se pronuncie al respecto…..- (Folio 136 al 142 de la primera pieza del Juzgado).3) Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) FALLA: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR LOS RECURSOS DE APELACION INTERPUESTOS POR LAS ABOGADAS CONCEPCION SUAZO, en su condición de apoderada legal de la empresa PRODUCTORA AGRICOLA DEL ATLANTICO S.A “PROADASA Y ALMA ROSA FERNANDEZ LOPEZ, en su condición de apoderada legal de LA SOCIEDAD MERCANTIL STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A.- SEGUNDO: CONFIRMANDO LAS RESOLUCIONES APELADAS DE FECHA diecisiete de septiembre de presente año dos mil dieciséis.- TERCERO: SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA. -(Folios 15 al 23 de la pieza de Corte de Apelaciones).4) La recurrente abogada CONCEPCION SUAZO SUAZO, compareció ante este Tribunal, en fecha seis (6) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A. (PROADASA), por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en los artículos 61, 82 y 90 de la Constitución de la Republica. Teniendo por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dieciocho (18) de agosto del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, siendo de la opinión que no se otorgue la acción de amparo interpuesta, en virtud de deducirse del contenido garantista del artículo 88 de la Constitución de la República; por el cual, solo tienen categoría de prueba las declaraciones rendidas ante el Juez competente. Asimismo, ha motivado su opinión el Fiscal del Despacho, en que se ha efectuado por el Ad-Quem una valoración de la prueba conforme a la normativa existente, para la introducción de la prueba al proceso; por lo cual descarta se hayan vulnerado las garantías constitucionales invocadas en la petición de Amparo. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en esta vista la interposición y formalización del Recurso de Amparo promovido por la Abogada CONCEPCIÓN SUAZO SUAZO, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A (PROADASA), contra la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que declara SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos a instancia de su representada y de la Sociedad Mercantil STANDARD FRUIT DE HONDURAS S.A., representada en ese acto por la Abogada ALMA ROSA HERNÁNDEZ LÓPEZ; contra la resolución apelada, según dictada con fecha (Sic.) “diecisiete de septiembre del presente año dos mil dieciséis”, por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA; con relación a la Demanda Laboral promovida por el señor JORGE ALBERTO GODOY, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA PRODUCTORA AGRICOLA DE ATLANTIDA S.A (PROADASA); lo cual tuvo verificativo – en lo conducente al recurso de apelación interpuesto por ésta última Sociedad Mercantil –, al confirmase los criterios de exclusión de los medios de prueba documentales numerados 7 a 12, propuestos por la parte demandada ante el órgano jurisdiccional, consistentes en las actas de descargo efectuadas a otros cinco (5) trabajadores de la Empresa; las cuales fueron inadmitidas por el Juzgado A-Quo al ser declaradas con lugar las objeciones presentadas en el turno procesal de la parte demandante. CONSIDERANDO (4): Que la motivación y fundamentación de la suprareferida resolución, versa esencialmente sobre la base de las siguientes consideraciones fácticas y jurídicas: Que si bien es claro los asuntos que conoce la jurisdicción del Trabajo se tramitarán conforme a la legislación laboral establecida, para lo cual el Código del Trabajo regula lo concerniente a la prueba en sus artículos 729 al 739, supliendo sus lagunas de ley con autorización en lo que prescribe el artículo 858 del referido Código; por lo cual resulta aplicable al caso lo establecido en el artículo 236 numerales 2) y 3) del Código Procesal Civil, el cual regula no son admisibles las pruebas impertinentes o improcedentes y las pruebas inútiles; argumentando a la vez la Alzada, que si bien es cierto con los medios de prueba tienen las partes la oportunidad de acreditar los hechos alegados y controvertidos de la demanda y su contestación; “… no obstante la ley no faculta al Juez como exigencia la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquéllas que sean pertinentes, procedentes y de utilidad para esclarecer los hechos controvertidos”. CONSIDERANDO (5): Que Abogada CONCEPCIÓN SUAZO SUAZO, en su condición preindicada, manifiesta que en la sentencia recurrida en amparo se ha vulnerado los derechos al debido proceso y al derecho a la defensa, de los que goza su representada, al tenor de lo prescrito en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; reconduciéndose la argumentación jurídica de la amparista a las siguientes consideraciones, expuestas de manera sintética: a) Que en lo relativo al derecho de defensa, se reconoce que corresponde a los órganos jurisdiccionales el examen sobre legalidad y pertinencia de las pruebas. Por consiguiente, éstos pueden admitir o denegar la prueba que no tenga relación con el objeto principal, pero sin restringir el derecho de defensa de las partes; como acaece en el presente caso, en el cual se motivó por la Alzada ha lugar la objeción presentada por la contraparte, basada en que las declaraciones rendidas en las audiencias de descargo por otras personas, ajenas al conflicto laboral suscitado con el demandante, no guardan relación con el objeto principal de la demanda. Manifiesta la amparista, que tal determinación del órgano jurisdiccional, pretende desconocer que la declaración de pertinencia y admisibilidad viene fijada por tres (3) parámetros esenciales, como son la pertinencia y utilidad de la prueba para esclarecer los hechos controvertidos, la licitud en la obtención y aportación de la prueba; todas las cuales se reúnen en la propuesta documental rechazada indebidamente por la instancia, debiendo ser valoradas, al reflejar la autenticidad de los documentos concernidos y su correspondencia con la realidad, los cuales arrojarían elementos de utilidad para el caso, por tener relación directa con el hecho, vinculando a una interpretación conjunta del abanico de pruebas aportado por la parte demandada, para destruir los alegatos de la demandante, provocando la inadmisión de las mismas - como se deja relacionado –, la indefensión de la parte agraviada. CONSIDERANDO (6): Que asimismo manifiesta la Amparista que, en cuanto a: b) La vulneración del derecho al debido proceso, también resulta infringido a su representada, pues la interpretación judicial brindada por la Corte de Alzada, no observa las reglas procesales establecidas en la ley adjetiva, ni en las respectivas garantías constitucionales; es decir que los jueces tienen un marco predeterminado para su accionar, no debiendo valorar de manera a priori y aislada los medios probatorios que se declaran sin lugar en su admisibilidad, sin apreciar el conjunto de pruebas hecho llegar al proceso por la parte demandada, como ha sido el caso; provocando así, la Honorable Corte, lesión a la tutela judicial efectiva de la parte demandada y la violación del debido proceso que también le asiste a tener un juicio justo, acorde con el ordenamiento jurídico vigente; por lo cual solicita se dicte en el término de ley sentencia otorgando el presente recurso de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la conformidad o no del proceder del Tribunal Ad-Quem respecto a los derechos y garantías que salvaguarda la Constitución y, en especial, de la parte motivada de su sentencia, según la cual el Código del Trabajo y, supletoriamente, el Código Procesal Civil, regulan lo pertinente a la inadmisibilidad de las pruebas impertinentes, improcedentes y/o inútiles. Por lo cual, si bien es cierto, con la proposición de los medios de prueba tienen las partes la oportunidad de acreditar los hechos alegados y controvertidos de la demanda y su contestación; “… no obstante la ley no faculta al Juez como exigencia la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquéllas que sean pertinentes, procedentes y de utilidad para esclarecer los hechos controvertidos”; como ha fundamentado correctamente la sentencia objeto del presente recurso de Amparo; criterios que, sin embargo, la garantista ha estimado lesiva a los derechos al debido proceso y la inviolabilidad de la defensa de su representada, sin explicitar argumentos que muestren trascendencia a la esfera de relevancia constitucional, mediante la comprobación de la existencia de un agravio a los intereses procesales de la defensa y/o un quebrantamiento a las reglas esenciales del debido proceso. CONSIDERANDO (8): Que vistos los antecedentes del caso y el Dictamen Fiscal, encuentra esta Sala de lo Constitucional, que la resolución objeto de amparo se ha fundamentado legalmente, y en congrua motivación, dotada de contenido jurídico; por lo que se estima que la Corte de Alzada no le ha vedado en ningún momento a la parte demandada el derecho a obtener acceso a la justicia laboral, a través de la presentación y admisibilidad de prueba. Tal decisión guarda a la vez razonabilidad, a la luz del artículo 135 de Constitución de la República, que orienta al Estado a tutelar los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, a proteger los intereses legítimos del empleador; inspirándose las leyes laborales en la armonía del capital y el trabajo como factores de producción, a lo cual no es ajeno el acceso a la justicia y al trámite regular del procedimiento de propuesta, obtención y práctica de la prueba. De lo anteriormente expresado, se desprende que de la resolución de marras no resulta lesiva a las garantías y derechos constitucionales que asisten a la persona jurídica que se presenta como agraviada, la cual no ha sufrido desmedro en el pleno acceso a la tutela judicial efectiva, como parte esencial de lo que se entiende por debido proceso; en conexidad con la inviolabilidad al derecho de defensa, según reconocidos en forma garante en los artículos 82 y 90 de Constitución de la República. -En consecuencia, procede dictar denegatoria a la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 129, 135, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 78 atribución 5 y 110 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-0097-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL