Sentencia AL-092-16 — Registro 9069
Resumen
Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra auto interlocutorio que declaró sin lugar la devolución de cantidades reclamadas que fueron cancelados a Entidades del Estado (AMDC, IHSS, DEI) con relación a demanda ordinaria laboral de reintegro promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional estima que la sentencia venida en amparo esta dictada en observancia al principio de legalidad y en obediencia a un debido proceso. El Thema decidendi en el presente caso es determinar si las prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir son susceptibles de ser gravadas por deducciones como impuesto vecinal, impuesto sobre la renta e Instituto Hondureño de Seguridad Social. En ese sentido, el artículo 113 del Código del Trabajo con claridad y precisión determina, que la sanción para el patrono que despidió al trabajador sin una justa causa, es el pago de las indemnizaciones que ya el mismo Código indica, y además de ello, el legislador manda que se le debe pagar al trabajador, para compensarle los daños y perjuicio que le ocasionó esta decisión ilegal, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato, hasta que quede firme la sentencia condenatoria..."..."el artículo 113 del Código del Trabajo, ha sido interpretado mediante Decreto 89 del 24 de Noviembre de 1969, interpretación aún vigente por tanto aplicada entre otras muchas, en las sentencias dictadas por la Sala de lo Laboral al conocer de los recursos extraordinarios de casación, por ejemplo en la sentencia recaída en el recurso de casación número SJCSJ.CL2115 de la Corte Suprema de Justicia, de fecha uno de febrero de 2007, en la cual se instruye que los tribunales de justicia, no deben hacer deducción alguna del pago de los salarios dejados de percibir por el tiempo que dure el juicio, ello en aplicación de la interpretación legislativa hecha al supramencionado artículo 113..."..."la Sala de lo Constitucional determina que el caso de mérito, se ha garantizado el derecho al recurso, el derecho a la defensa, las respuestas han sido suficientemente motivadas, por lo que no ha habido una vulneración al derecho fundamental a un debido proceso, siendo procedente DENEGAR la acción de amparo interpuesta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ROSA MARIA CASTRO MEJIA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de Diciembre de dos mil quince (2015), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015), con relación a la Demanda ordinaria Laboral promovida por el señor JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha treinta (30) de octubre de dos mil doce (2012), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, el señor JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ, interponiendo Demanda Laboral de Reintegro, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, a efecto de que se le reintegre a su puesto de trabajo, al pago de todos los derechos que dicho reintegro origina, demás indemnizaciones laborales, reajuste salarial y las costas del juicio; siendo esta admitida en fecha dos (02) de noviembre de dos mil doce (2012). (Folios 1 al 05 de la pieza del Juzgado). 2) Que seguido el procedimiento, en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015), el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, dictó Auto resolutorio mediante el cual: “I.- se DECLARA: CON LUGAR LA OPOSICION presentada por la parte demandada, en relación al pago alegado por el demandado.- II.- Que en relación a las deducciones es criterio de esta Juzgadora que los mismos están conforme a derecho puesto que la empresa demandada, actúa como ente retenedor la cual tiene la responsabilidad de sus omisiones de igual manera el representante procesal demandante lo reclama, pero no presenta la documentación correspondiente para acreditar que dichos valores fueron cancelados personalmente por la parte demandante en las entidades correspondientes (AMDC, DEI Y IHSS) por lo cual se declara SIN LUGAR LA DEVOLUCION de dichas cantidades.…” (Folios 274 de la pieza del Juzgado Tomo II). 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ROSA MARIA CASTRO MEJIA favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, dictó sentencia en fecha cuatro (04) de Diciembre de dos mil quince (2015), en la cual: “FALLA: REVOCANDO el auto interlocutorio apelado de fecha nueve de septiembre del año 2015, visibles a folios doscientos setenta y cuatro (274) y vuelto de la primera pieza de autos, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA OPOSICION presentada por el Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ, en su condición de representante procesal del señor José Esteban Martínez Martínez en cuanto las deducciones que le fueron hechas y consecuentemente deberá requerirse a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.) a través de su representante legal a fin de que pague o consigne a favor del señor JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ la cantidad de trescientos setenta y nueve mil ciento veintisiete lempiras con cincuenta y cuatro centavos (Lps. 379,127.54) en concepto de complemento al pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios y que fueron calculados por la Juez A Quo al practicar la liquidación que se encuentra firme.- …” (Folio 10 al 12 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 4) Que la Abogada ROSA MARIA CASTRO MEJIA, compareció ante este Tribunal el veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016), interponiendo amparo a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, afirmando que la sentencia de fecha cuatro (04) de Diciembre de dos mil quince (2015), dictada por el Ad-quem y de que se ha hecho referencia en el numeral que precede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, y 321 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizada su acción de amparo en fecha cuatro (04) de abril de dos mil diecisiete (2017). 5) Que en fecha dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por evacuado el dictamen emitido por la Fiscal del Despacho Abogada SUSSY G. COELLO, quien fue de la opinión que: “NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO, promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el Amparista…” CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional que puede ser interpuesta por cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (2): Que se conoce la acción de Amparo interpuesta por la Abogada ROSA MARIA CASTRO MEJIA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de Diciembre de dos mil quince (2015), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015), con relación a la Demanda ordinaria Laboral promovida por el señor JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. CONSIDERANDO (3): Que es menester señalar que esta acción de amparo ha sido interpuesta en el momento procesal de ejecución, en la cual se requirió a la parte demandada a pagar la cantidad dineraria que resultó de la liquidación respectiva, misma que adquirió firmeza, en donde el A-quo ordena el pago de la cantidad de DOS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS DE LEMPIRA (L2,103,870.20). No obstante, lo ordenado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, la demandada EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, solamente depositó en la cuenta de la demandante la cantidad de UN MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRAS, (L1,724,742,66). Así las cosas, la parte demandante compareció ante el Juzgado manifestando su desacuerdo con la cantidad depositada, oponiéndose a ella, en virtud de no ser la misma cantidad que el Juzgado había calculado y que adquirió el carácter de firme, manifestando un faltante por la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS DE LEMPIRAS; (L379,127.54), el cual reclama le sea devuelto. El apoderado judicial de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, expone que se ha cumplido con lo ordenado por el Juez, y que la cantidad supuestamente faltante, corresponde a las deducciones legales de impuesto vecinal, impuesto sobre la renta e Instituto Hondureño de Seguridad Social. El A-quo declaro SIN LUGAR LA DEVOLUCION de dichas cantidades y confirma la cantidad depositada por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. CONSIDERANDO (4): Que no conforme, la parte demandada recurre dicha respuesta vía recurso de apelación. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, al conocer del recurso de apelación interpuesto, contra el auto relacionado en el numeral que antecede, dictó sentencia en fecha cuatro (04) de Diciembre de dos mil quince (2015), en la cual: “FALLA: REVOCANDO el auto interlocutorio apelado de fecha nueve de septiembre del año 2015, visibles a folios doscientos setenta y cuatro (274) y vuelto de la primera pieza de autos, en consecuencia DECLARA CON LUGAR LA OPOSICION presentada por el Abogado MIGUEL ANGEL VASQUEZ GOMEZ, en su condición de representante procesal del señor José Esteban Martínez Martínez en cuanto las deducciones que le fueron hechas y consecuentemente deberá requerirse a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.) a través de su representante legal a fin de que pague o consigne a favor del señor JOSÉ ESTEBAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ la cantidad de trescientos setenta y nueve mil ciento veintisiete lempiras con cincuenta y cuatro centavos (Lps. 379,127.54) en concepto de complemento al pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios y que fueron calculados por la Juez A Quo al practicar la liquidación que se encuentra firme.- CONSIDERANDO (5): Que expone el recurrente que la resolución emitida por la alzada, vulnera a su representada la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (E.N.E.E.), los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; en virtud de que no se estimó, en la sentencia recurrida, la obligatoriedad del Estado como ente retenedor, vulnerándose así el debido proceso. CONSIDERANDO (6): Que una vez leídos y analizados los antecedentes, la Sala de lo Constitucional estima que la sentencia venida en amparo esta dictada en observancia al principio de legalidad y en obediencia a un debido proceso. El Thema decidendi en el presente caso es determinar si las prestaciones laborales y los salarios dejados de percibir son susceptibles de ser gravadas por deducciones como impuesto vecinal, impuesto sobre la renta e Instituto Hondureño de Seguridad Social. En ese sentido, el artículo 113 del Código del Trabajo con claridad y precisión determina, que la sanción para el patrono que despidió al trabajador sin una justa causa, es el pago de las indemnizaciones que ya el mismo Código indica, y además de ello, el legislador manda que se le debe pagar al trabajador, para compensarle los daños y perjuicio que le ocasionó esta decisión ilegal, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato, hasta que quede firme la sentencia condenatoria. Obsérvese que no se trata de un pago de salarios normal, en el cual el trabajador cumple con su labor diariamente y es remunerado mensualmente; en este caso se trata, como quedó dicho de una sanción que el legislador impone al patrono que ha despedido al trabajador ilegalmente. Además de lo anterior, el artículo 113 del Código del Trabajo, ha sido interpretado mediante Decreto 89 del 24 de Noviembre de 1969, interpretación aún vigente por tanto aplicada entre otras muchas, en las sentencias dictadas por la Sala de lo Laboral al conocer de los recursos extraordinarios de casación, por ejemplo en la sentencia recaída en el recurso de casación número SJCSJ.CL2115 de la Corte Suprema de Justicia, de fecha uno de febrero de 2007, en la cual se instruye que los tribunales de justicia, no deben hacer deducción alguna del pago de los salarios dejados de percibir por el tiempo que dure el juicio, ello en aplicación de la interpretación legislativa hecha al supramencionado artículo 113. CONSIDERANDO (7): Que, en otro orden de ideas, es imperativo el respeto absoluto a la cosa juzgada. Cuando un Juzgado ha emitido una sentencia que ha adquirido el carácter de firme, en la cual ordena el pago de una cantidad de dinero, no es susceptible de ser interpretada, solo cabe la ejecución de la misma, de lo contrario estamos ante una acción de desobediencia, tipificada como delito en nuestra legislación penal. CONSIDERANDO (8): Que debe entenderse que todo proceso, esta previamente regulado por ley formal y debe, en su mismo contenido ser garantía de toda una serie de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana, en este caso al trabajador, frente al silencio, al error o a la arbitrariedad, y no sólo de los aplicadores del derecho, sino también del propio legislador; se refiere, en general, a todo el sistema de las garantías aún sólo procesales o instrumentales- implicadas en la legalidad constitucional. Nuestra Constitución, en su artículo 1 declara que además de reconocer un catálogo de derechos individuales, dispone: que los servidores públicos, no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley; que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, que ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales. CONSIDERANDO (9): Que la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho al recurso, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- Así las cosas, la Sala de lo Constitucional determina que el caso de mérito, se ha garantizado el derecho al recurso, el derecho a la defensa, las respuestas han sido suficientemente motivadas, por lo que no ha habido una vulneración al derecho fundamental a un debido proceso, siendo procedente DENEGAR la acción de amparo interpuesta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3.2, 47, 63 Y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 113 del Código del Trabajo; FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada ROSA MARIA CASTRO MEJIA, a favor de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, contra la sentencia interlocutoria dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro (04) de Diciembre de dos mil quince (2015), que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra el auto resolutivo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve (09) de septiembre de dos mil quince (2015), con relación a la Demanda ordinaria Laboral promovida por el señor JOSE ESTEBAN MARTINEZ MARTINEZ, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este Tribunal bajo el Numero 0092=2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
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