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Sentencia AL-086-16 — Registro 9068

Resumen

Sentencia declaró parcialmente ha lugar recurso de apelación y reformó auto que denegó impugnación de liquidación de la cuantía de la demanda hecha por el Secretario del Juzgado de primera instancia con relación a demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones laborales por despido directo e injustificado contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."se aprecia que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), se ha motivado suficientemente su sentencia de manera coherente y razonada en derecho, en cuanto establece que las dos cantidades tomadas como base del salario fueron introducidas como medios de pruebas en el audiencia primera de tramite (Folios 33 al 35), consistente en el cálculo de prestaciones laborales efectuados por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social donde consta como salario base mensual la cantidad de L.13,254.5555 (folio 8) así como el cheque numero 5593 a nombre de JORGE ALBERTO ERAZO CHACON, por el valor de L.13,162.28 en concepto de prestaciones sociales (F.69), y con base a ellas se fundamentó el A-quo para dictar la sentencia condenatoria firme, mediante la cual se condenó al demandado al pago de prestaciones laborales conforme al cálculo de prestaciones efectuados por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, donde consta como salario base mensual la cantidad de L.13,254.55, más el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios ocasionados al trabajador..."..."esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando que lo realizado por el Tribunal de Alzada en cuanto a que la liquidación de los salarios dejados de percibir debe realizarse en base a los mismos valores conforme a los cuales se condenó al demandado en la referida sentencia de pago, ya que al quedar firme la misma produce todos los efectos de cosa juzgada..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte recurrente tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley,.."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, a favor de LA PROCESADORA DE METALES S.A (PROMASA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil quince (2015), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince, (2015), con relación a la demanda Ordinaria Laboral, Promovida por el señor JORGE ALBERTO ERAZO CHACON, contra LA EMPRESA MERCANTIL PROCESADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA (PROMASA).- Estima el recurrente se le han violentado los derechos contenidos en los artículos 80 Y 82 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, el señor JORGE ALBERTO ERAZO CHACON, interponiendo demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales por despido directo e injustificado, contra el señor KAMAL SAMMY GABRIE MORENO, en su condición de Gerente General y representante legal de la Sociedad PROCESADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA (PROMASA).- (FOLIOS 1 AL 10 DE LA PRIMERA PIEZA).-2) Que el referido Juzgado, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince (2015), RESOLVIO: Declarar Sin Lugar la Impugnación de Liquidación de salario presentada por el Abogado Carlos René Antúnez Lazo, en la demanda Laboral para el pago de prestaciones, presentada por el señor Jorge Alberto Erazo Chacón, contra el señor Kamal Sammy Gabrie Moreno, representante Legal de la Sociedad denominada Procesadora de Metales S.A.- (Folio 140 de la primera pieza).-3) Que en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan, departamento de Copán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO; FALLA: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación; SEGUNDO: REFORMAR EL AUTO de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince (2015), mediante la cual el Juez a-quo denegó la impugnación de la liquidación de la cuantía de la demanda hecha por el secretario del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, debiéndose rebajar la liquidación aprobada el valor correspondiente a siete (7) días de salario por haber quedado firme la sentencia definitiva laboral en fecha 27 de agosto del año 2015, y no el 20 del mismo mes y año…” .(Folio 3 al 7 de la pieza de Corte de Apelaciones).-4) El recurrente abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, compareció ante este Tribunal, en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de LA EMPRESA MERCANTIL PROCESADORA DE METALES SOCIEDAD ANINIMA (PROMASA).- por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil quince (2015), es violatoria a lo dispuesto en el artículos 80 y 82 de la Constitución de la Republica. -5) Que en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) la Sala tuvo por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar para formalizar el recurso, pero en vista que en el escrito de interposición del recurso, el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se dispuso continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes al fiscal del despacho para que emitiera el correspondiente dictamen. -6) Que con fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SUSSY G COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que NO SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. -CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil quince (2015), que declaró Ha Lugar el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince, (2015), con relación a la demanda Ordinaria Laboral, Promovida por el señor JORGE ALBERTO ERAZO CHACON, contra LA EMPRESA MERCANTIL PROCESADORA DE METALES SOCIEDAD ANONIMA (PROMASA).-CONSIDERANDO TRES (3): Que el recurrente, Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, muestra su disconformidad con la sentencia relacionada en el acápite anterior, por estimar que se ha violentado en perjuicio de sus representados los Artículos 80 y 82 párrafo primero de la Constitución de la República de Honduras, aduce el impetrante en su escrito de interposición de la Acción de Amparo que estas vulneraciones se han producido al considerar que la liquidación de los salarios dejados de percibir se promediaron en base a un salario de L.13,254.55 sin que dicho valor conste en la sentencia definitiva, ya que incluso en el acápite de hechos probados se establece que el trabajador inicio con un salario de L.7,500.00 más el 1% de comisión de ventas y L.1,000.00 por depreciación de vehículo, por lo que desconoce de dónde la Secretaría del Despacho aduce dicho valor, causando así un perjuicio a su representada pues maximiza el valor de suma adeudada.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que en fecha veintiuno (21) de marzo de dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY COELLO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “NO SE OTORGUE el presente recurso de Amparo” (Folio 31-34 del presente Recurso).-CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción de lo laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERNADO SIETE (7): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), se ha motivado suficientemente su sentencia de manera coherente y razonada en derecho, en cuanto establece que las dos cantidades tomadas como base del salario fueron introducidas como medios de pruebas en el audiencia primera de tramite (Folios 33 al 35), consistente en el cálculo de prestaciones laborales efectuados por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social donde consta como salario base mensual la cantidad de L.13,254.55 (folio 8) así como el cheque numero 5593 a nombre de JORGE ALBERTO ERAZO CHACON, por el valor de L.13,162.28 en concepto de prestaciones sociales (F.69), y con base a ellas se fundamentó el A-quo para dictar la sentencia condenatoria firme, mediante la cual se condenó al demandado al pago de prestaciones laborales conforme al cálculo de prestaciones efectuados por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, donde consta como salario base mensual la cantidad de L.13,254.55, más el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios ocasionados al trabajador.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Sala estima, que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez, por lo que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. -CONSIDERANDO NUEVE (9): Que esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y esencialmente, obtener una resolución fundada en derecho, que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-Esta Sala a su vez ha puntualizado en varios de sus fallos[1], que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión, es decir, no es el derecho a obtener una sentencia favorable y tampoco puede ésta contener en su seno el conjunto del ordenamiento jurídico, lo cual sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[2] .-CONSIDERANDO DIEZ (10): Que esta Sala de lo Constitucional observa que la resolución que se conoce por vía del presente recurso ha recogido adecuadamente estas consideraciones y normas, haciendo aplicación de las mismas sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, destacando que lo realizado por el Tribunal de Alzada en cuanto a que la liquidación de los salarios dejados de percibir debe realizarse en base a los mismos valores conforme a los cuales se condenó al demandado en la referida sentencia de pago, ya que al quedar firme la misma produce todos los efectos de cosa juzgada.-En tal virtud, esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce, correspondiendo su decisión al ejercicio de su competencia y a la ley, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales por parte del referido órgano jurisdiccional. .-CONSIDERANDO ONCE (11): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la parte recurrente tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación al debido proceso, y el derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0086-2016.

ARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11

[2] Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA