Sentencia AL-085-18 — Registro 9067
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó auto interlocutorio que desestimó incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal por razón de la mateira en relación a demanda ordinaria laboral promovida contra recurrente por considerar que los contratos suscritos entre ambas partes son de naturaleza laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que del examen de los antecedentes y en especifico de la resolución censurada por el recurrente, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el auto interlocutorio dictado por A-quo, en virtud de que apreció del análisis de los contratos suscritos entre ambas partes son de naturaleza laboral, al contener éstos los tres elementos esenciales del contrato de trabajo establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, es decir aparece de manifiesto un salario como retribución del servicio, la actividad personal del trabajador y la continúa subordinación o dependencia del trabajado, respecto al patrono, además de que ya se ha establecido que aunque en el contrato se señale el sometimiento a la jurisdicción contencioso administrativo, si se trata de un contrato de trabajo que llena los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo precitado, será regulado por el mismo y en este sentido ya los Juzgados y Tribunales incluyendo la Corte Suprema de Justicia, han concluido y han unificado criterios los cuales ya han sido plasmados en varias sentencias formando línea jurisprudencial sobre estos temas.."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación de la Resolución de fecha 12 de septiembre de 2018, recaído en el AL 85-2018
C E R T I F I C A C I Ó N
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Municipio del Distrito Central, doce de septiembre del año dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el treinta y uno de junio de dos mil diecisiete, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores JORGE ALBERTO CABRERA RODRÍGUEZ, JUANA GARCÍA, MARIA CLEOTILDE MATAMOROS ORTIZ, SILVIA SUYAPA NÚÑEZ YANEZ y JUAN ÁNGEL MONTOYA NÚÑEZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el Quejoso es del parecer que con el acto reclamado se ha violentado a su representado el derecho de defensa y debido proceso, al aplicar el criterio unificado por parte del Juzgado de Letras citado y su ratificación por el Tribunal Ad-quem, atentando contra las finanzas del Estado de Honduras, al no valorar de forma adecuada los medios probatorios al declarar sin lugar el incidente de declinatoria por falta de jurisdicción del tribunal por razón de materia, no obstante de habérseles demostrado abundantemente la procedencia de la acción promovida ante el Juzgado de Letras de lo Laboral, inclinándose a favor de los demandantes con la aplicabilidad del criterio unificado, como un principio protector instruido en forma no legal.- CONSIDERANDO: Que del examen de los antecedentes y en especifico de la resolución censurada por el recurrente, se desprende que la Alzada declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el auto interlocutorio dictado por A-quo, en virtud de que apreció del análisis de los contratos suscritos entre ambas partes son de naturaleza laboral, al contener éstos los tres elementos esenciales del contrato de trabajo establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, es decir aparece de manifiesto un salario como retribución del servicio, la actividad personal del trabajador y la continúa subordinación o dependencia del trabajado, respecto al patrono, además de que ya se ha establecido que aunque en el contrato se señale el sometimiento a la jurisdicción contencioso administrativo, si se trata de un contrato de trabajo que llena los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo precitado, será regulado por el mismo y en este sentido ya los Juzgados y Tribunales incluyendo la Corte Suprema de Justicia, han concluido y han unificado criterios los cuales ya han sido plasmados en varias sentencias formando línea jurisprudencial sobre estos temas.- CONSIDERANDO: Que éste alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el ente denunciado se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que ampara al quejoso.- CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad estimándose además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o., 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1 y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada ZOILA ROSA FLORES AMADOR a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, al advertir esta Sala la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo y estimar que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la sustanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha doce (12) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0085-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CEDV