Sentencia AL-085-17 — Registro 9066
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó fallo interlocutorio dictado por juzgado de primera instancia que tasó costas de ejecución de sentencia y ordenó requerir a recurrente, se declaró con lugar demanda ordinaria laboral y condena el reintegro al puesto de trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se concluye del estudio, que el auto interlocutorio emitido por el Juez A-quo y confirmado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, están dictados inobservado el principio de legalidad y al debido proceso, actuaciones que han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante..."..."estimando Sala que la decisión del Ad-Quem vulnera las disposiciones legales vigentes como se evidencia de las motivaciones originadas en los fallos estudiados, encontrándose vulneración a las garantías invocadas, en consecuencia resulta procedente Otorgar el recurso de amparo solicitado..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de septiembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO ANDURAY ZELAYA, a favor de LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora KAREN IVETH MORENO MORENO, contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL.-Estima el recurrente que se le han violentado los derechos contenidos en los artículo 90, de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil diez (2010), compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada KAREN IVETH MORENO MORENO, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para la Justificación de un Despido, caso contrario se ordene el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con la nivelación al salario correspondiente a mi sustituto, en caso de que devengue más con el pago; Salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios; pago de Beneficios otorgados a otros trabajadores en mi ausencia, que se deriven del Contrato Colectivo o de la privatización de la Empresa; Bono de Utilidades; Vacaciones; Costas del Juicio..- (Folio 01 al 04 de la pieza del Juzgado).- 2) Que el referido Juzgado, mediante auto interlocutorio de fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) RESUELVE: Tasar en costas de ejecución de la sentencia de mérito por la Cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 169,783.45) resultando del 10% de la cantidad ejecutada. Por lo tanto que por medio de Receptor del despacho se requiere personalmente en legal y debida forma al señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, en su condición de Gerente de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) para que al momento del requerimiento pague o consigne a la Abogada LIANA RODRIGUEZ VALLADARES, la cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L169, 783.45) en concepto de costas de ejecución...(Folio 210 de la pieza del Juzgado) .- 3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado CESAR AUGUSTO ANDURAY ZELAYA, dictó sentencia en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) en la cual FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado CESAR AUGUSTO ANDURAY ZELAYA, actuando en su condición de apoderado apelante.- 2) Confirmando el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha (sic) 18 de octubre del año 2011, que corre a folio 72 frente y vuelto de la pieza compulsada..-(Folio 84 al 86 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 4) El recurrente Abogado CESAR AUGUSTO ANDURAY ZELAYA, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES HONDUTEL, por considerar que la decisión del Ad-quem, de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.- Habiendo el recurrente perdido irrevocablemente el término para formalizar el presente recurso, y se le declaró Caducado de Derecho y perdido irrevocablemente el mismo.- En consecuencia se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, por haber desarrollado de manera puntual el concepto de la violación, dando vista de los autos al fiscal del despacho para que emitiera dictamen.- 5) Que con fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil dieciocho (2018), la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual es de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (2): Que la Sala conoce la acción de amparo pedida por el abogado CESAR AUGUSTO ANDURAY ZELAYA en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) de conformidad con los antecedentes del caso sub judice contra la sentencia dictaminada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, con fecha seis de diciembre del dos mil dieciséis que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el actual suplicante, en su condición de apoderado apelante, y confirmó el auto interlocutorio proferido por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis que resolvió tasar las costas de ejecución de sentencia por la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETENCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L.169.783,45), resultado del 10% de la cantidad ejecutada de UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L.1,697,834.58) con relación a la demanda laboral promovida por la señora KAREN IVETH MORENO MORENO en contra de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL).- CONSIDERANDO (3): Que de las piezas estudiadas se sustrae, que la señora KAREN INVETH MORENO MORENO promovió demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido, caso contrario se ordenara el reintegro al trabajo en iguales o mejores condiciones, con la nivelación al salario correspondiente, pago de salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios y pago de beneficios otorgados a otros trabajadores en su ausencia que se deriven del contrato colectivo, bono de utilidades, vacaciones y costas del juicio contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL). Se expone de autos que agotada la vía recursiva contra la sentencia emitida por el Juzgador de fecha dos de febrero del dos mil doce, en la cual declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral condenando al reintegro al puesto de trabajo a la demandante por lo menos en las mismas condiciones a las que tenia al momento de su despido, mas a título daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se adeuden, desde el momento de su despido hasta la fecha de su reintegro. Una vez firme la sentencia se continuó con el procedimiento de ley hasta satisfacer el pago del demandante a través del proceso de ejecución forzosa, actuando sobre el decreto de embargo emitido por el órgano jurisdiccional que conoció de la demanda por la cuantía de Lps. 1,697,834.58 a favor del trabajador en concepto de indemnización, cantidad que estaba obligada a pagar el deudor, en este caso la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones –HONDUTEL-.- CONSIDERANDO (4): Que recurre en amparo la parte demandada (HONDUTEL) argumentando que con la Resolución emitida por el Tribunal de Alzada se violó el derecho al debido proceso de su mandante contemplado en el artículo 90 de la Constitución de la República así como la disposición general instituida en el Artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, articulo que establece que el Estado del cual forma parte su mandante al ser una empresa pública está exenta del pago de costas, excepto si existe dolo, lo cual no aplica porque no se ha probado que su mandante actuó con dolo, dado que el mismo, tal ser una violación de la buena fe (que es siempre la presunción) debe ser probado en juicio penal, administrativo o civil y declarado mediante una sentencia firme para que produzca efecto, por lo que la sentencia recurrida quebranta de manera flagrante el debido proceso.- CONSIDERANDO (5): Que el Tribunal de Alza al resolver el Recurso de Apelación que interpone la parte demandada en su condición de apelante contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de fecha 18 de octubre del 2016, relativo a que el Juzgado tasó las costas de ejecución de la sentencia de merito por la cantidad de Lps.169, 783.45 el que resulta del 10% de la cantidad ejecutada, ordenando el respectivo requerimiento con las advertencias de ley, citando que el artículo 780 del Código de Trabajo establece: “solicitado el cumplimiento por el interesado y previa denuncia de bienes hecha bajo juramento, el Juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de ejecución, debiendo la parte ejecutada consignar al tribunal la cantidad adeudada, caso este que no sucedió por parte de la demandada y así evitar las costas de ejecución que es la controversia en el presente caso, llegando a la conclusión que el articulo 788 numeral 2 del Código Procesal Civil establece que “aunque pague el deudor en el acto del requerimiento serán….” Caso en el que la demandada no justificó por ningún medio de prueba la justificación para hacer efectiva la obligación contraída en sentencia firme, el artículo 789 del mismo cuerpo legal de igual forma establece que “si el deudor consigna la cantidad reclamada, para evitar .…” lo que no sucedió en la presente litis, por lo que el Tribunal de Alzada fue de la firme opinión que el auto interlocutorio apelado estaba dictado conforme a derecho por lo que procedió a su confirmatoria, y que si bien es cierto el artículo 8 del Decreto 263-13 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios al Ciudadano y Fortalecimiento a la Transparencia en el Gobierno el cual dice que el Estado y sus entidades en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, pero no es menos cierto que devenía en la obligación de pagar la parte demandada por ser parte en el juicio y a la vez por ser responsable personal del cumplimiento por disposición legal o contractual, y a pesar de haber presentado escrito de convenio al Tribunal este no se cumplió, transcurriendo desde el momento del reintegro y el embargo 2 años 8 meses, mostrando el deudor ser indiferente al cumplimento de su obligación, obviando el contenido del artículo 324 de la Constitución de la República que establece “si es servidor público en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de repetición a que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo, entendiendo por dolo incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntaria o no, de una persona que produce un mal o daño.- CONSIDERANDO (6): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales expresando sus razonamientos facticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho, en este caso en la jurisdicción de lo laboral, tal como lo establece el artículo 858 del Código de Trabajo al referirse a la aplicación analógica, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicaran las normas análogas de dicho Código del Trabajo y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles. Se deprende de autos que la sentencia condenatoria se dictó en fecha 2 de febrero del 2012, confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo el 1 de junio del 2012 y que adquiere su firmeza y efectos jurídicos una vez notificadas las partes procesales del RECURSO DE CASACION (24 de julio del 2013) conocido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO que declaró NO HA LUGAR EL RECURSO DE CASACION, sentencia emitida el 11 de junio del 2013.- CONSIDERANDO (7): Que en fecha 12 de septiembre del 2016, la parte ejecutante comparece al Juzgado de Letras del Trabajo que conoció de la demanda ordinaria laboral a solicitar que se aprobara y ordenara la tasación de la ejecución de la sentencia por la cantidad de L.169,783.45 calculado sobre el 10% de la cantidad embargada de Lps.1,697,834.58 fundando su petitorio en el articulo 55 numeral 8) del Arancel del Profesional del Derecho y dándose por satisfecho el pago de los salarios dejados de percibir por parte de la demandante mediante la recepción de un cheque de fecha 24 de junio del 2016 por la suma liquidada, el Juzgado dio por tasadas las costas de ejecución y ordena el traslado a la parte demandada para que se pronuncie sobre las mismas. En fecha 28 de septiembre del 2016 comparece la parte contraria oponiéndose a la totalidad de la cuantía de ejecución de costas motivando sus argumentos en el Artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013 publicado en diario Oficial La Gaceta el 23 de enero del 2014, que literalmente dispone : “que el Estado y sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”. El Juzgado resuelve tasar las costar de ejecución de la sentencia de merito por la suma solicitada y ordena requerir personalmente al Gerente General de HONDUTEL mediante auto interlocutorio de fecha 18 de octubre del 2016, argumentando entre otros aspectos, que el ejecutante realizó la acción forzosa ejecutando el decreto de embargo emitido por la Juez por la cantidad de Lps.1,697,834.58, diligencias que la ley obliga deben ser indemnizadas por el deudor y se le conocen como costas de ejecución de sentencia, siendo procedente calcular el 10% de la cantidad condenada y ejecutada en L.169,783,45; que sin embargo, la procedencia o no de las costas de ejecución no están fundamentadas en el arancel del profesional del derecho sino en el Código Procesal Civil utilizando como norma supletoria a la materia laboral, utilizando el arancel del profesional del derecho como referencia para extraer la formula con la que se calculan las costas de ejecución, siendo las costas de ejecución el caso concreto; auto que es apelado por la parte demandada y que la Corte de Apelaciones del Trabajo resuelve mediante fallo de fecha 6 de diciembre del año 2016, declarando sin lugar el recurso y confirmando el auto apelado.- CONSIDERANDO (8): Que de la apreciación jurídica de los hechos controvertidos se desprende que efectivamente el Tribunal de Alzada basa sus argumentos, entre otros, en el CONSIDERANDO (3) : “Que si bien es cierto el Artículo 8 del Decreto 263-2013 señalado equivocadamente, lo correcto es el Decreto Legislativo 266-2013, que contiene la ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios la ciudadanía y fortalecimiento a la transparencia en el gobierno, el cual dice que el Estado y sus entidades, en juico de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso…… relacionándolo con el artículo 324 de la Constitución de la República, que cuando un funcionario infringe la ley en perjuicio de particulares será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo, entendiéndose por dolo incumplimiento de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora o en el pago y culpa en sentido amplio se entiende cualquier falta, voluntario o no, de una persona que produce un mal o daño”, remachando sus motivaciones con lo dispuesto en los artículos 788 numeral 2) y 789 del Código de Procedimientos respecto al cargo de las costas causadas. Esta Sala estima, que la apreciación del dolo de forma conceptual en el fallo por parte de la Alzada, no está sustentado de autos, en donde haya quedado demostrado que la parte vencida en juicio (ejecutada) tuvo la mala intención de producir un daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución, omitiendo para efectos de una verdadera tutela judicial efectiva lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 266-2013, que literalmente establece “El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente”, obviar esta disposición para efectos de motivar el fallo así como desconocer que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República una vez promulgada, enuncia que el Tribunal de Alzada ha inobservado el debido proceso alegado por el suplicante, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que manda “que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; resulta entonces, que el invocado decreto legislativo por parte del impetrante es de cumplimiento obligatorio desde su publicación, en el precitado Decreto se reconocen derechos fundamentales, los que se materializan en garantías mínimas e ineludibles de ser aplicadas para la eficacia de un proceso, resolver las pretensiones controvertidas jurídicamente y que reúna todos los elementos esenciales al debido proceso, sin atribuirle a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos.- CONSIDERANDO (9): Que se concluye del estudio, que el auto interlocutorio emitido por el Juez A-quo y confirmado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, están dictados inobservado el principio de legalidad y al debido proceso, actuaciones que han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante, entendiendo al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el mismo se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, para obtener una resolución de forma independiente, imparcial justa y motivadas, estimando Sala que la decisión del Ad-Quem vulnera las disposiciones legales vigentes como se evidencia de las motivaciones originadas en los fallos estudiados, encontrándose vulneración a las garantías invocadas, en consecuencia resulta procedente Otorgar el recurso de amparo solicitado.- POR TANTO: La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 320 de la Constitución de la República; 1 y 78 numeral 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Decreto Legislativo 266-2013; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2 y 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 63, 64, 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: 1) OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el abogado CESAR AUGUSTO ANDURAY ZELAYA a favor de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016); 2) REVOCA la sentencia recurrida en amparo y como consecuencia que proceda a dictar nueva sentencia considerando los razonamientos y fundamentos invocados en el presente fallo. Y MANDA: Que con certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0085-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL