Sentencia AL-065-17 — Registro 9065
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra sentencia interlocutoria que declaró sin lugar incidente de nulidad por considerar que la sentencia tiene carácter de cosa juzgada y procede la ejecución que conlleva a liquidación de salarios dejados de percibir que es facultad de la secretaría del despacho en relación a demanda ordinaria laboral para que patrono pruebe justa causa de despido caso contrario se dé el reintegro laboral demanda promovida contra Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."estima la Sala que al declarar la Alzada Sin Lugar el Recurso de Apelación tácitamente confirma el auto interlocutorio apelado, actuación con la que se vulnera al debido proceso, en lo concerniente a lo que dispone la ley con respecto a la condena de salarios dejados de percibir, en cuanto al cálculo y la línea de tiempo que debe prevalecer para la práctica de la liquidación y que surta los efectos tal como fue ordenado en la sentencia condenatoria, referida a la sanción impuesta a aquel que despidió injustamente, que obliga a pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de reinstalación al puesto en igual o mejores condiciones que aquel que tenía, en caso de reintegro, como efectivamente es el caso que nos ocupa..."..."muestran los antecedentes que el fallo de la Alzada vulneró al debido proceso encuadrado en el procedimiento laboral, quebranta garantías, principio de legalidad en función de una verdadera tutela judicial efectiva a favor de las partes en el juicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 361 del código de Trabajo; 3 y 22 del Código Procesal Civil, en plena alusión a lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 321, que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad..."..."la Sala en base a los antecedentes del caso, estima que se ha vulnerado la garantía de estabilidad laboral suplicada por el impetrante, explícitamente con respecto a la práctica en la liquidación de los salarios dejados de percibir, con respecto lo que manda la norma sustantiva contenida en el artículo 361 del Código de Trabajo de lo que constituye el salario de un trabajador y a lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República, liquidación que debe puntualmente ceñirse a lo ordenado en la sentencia condenatoria en la que se le reconocieron al trabajador las pretensiones demandadas, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo, en lo demás que se ejecute la sentencia en los términos de la condena; se evalúa del estudio de las piezas, que en efecto, con la resolución adoptada, la Alzada lesiona los derechos del recurrente como ha quedado expresado, garantías que emanan tanto de las leyes ordinarias como de la Constitución de la República, consecuentemente el Tribunal de Alzada tomará en cuenta lo que dispone el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dictando nueva sentencia, cuya finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior de la violación; esta Sala es del parecer que procede otorgar parcialmente el amparo, confirmando el resto de la decisión adoptada, de acuerdo a los enunciados dispuestos en el presente fallo..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor del Señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Interlocutoria dictada en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, con relación a la Demanda Ordinaria Laboral, promovida por el Señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 90, 129 y 303 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, el Señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL, interponiendo Demanda Ordinaria Laboral, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), solicitando que se declare CON LUGAR la presente demanda se ordene el reintegro laboral de su puesto a la demandante, el pago de los salarios dejados de percibir desde su despido, más las costas del presente juicio. (Folios 1–26 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil catorce (2014), mediante la cual Falló: (SIC) “1.- DECLARANDO: CON LUGAR LA DEMANDA laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la supuesta justa causa del despido, Caso contrario se le dé el reintegro laboral, pago de salarios caídos o dejados de percibir desde la fecha del despido hasta las resultas del Juicio presentado por el señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL, en contra de la Señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ en su condición de Rectora y Representante legal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.- 2. CONDENA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS a la Reinstalación del Trabajador LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL, y a pagar el importe de los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación”. (Folios 198–202 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia Interlocutoria en fecha veintidós (22) de agosto de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “1) Declarar SIN lugar el incidente de nulidad presentado por el apoderado Legal del señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL”. (Folio 238 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de apoderado legal del Señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL, la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, dictó Sentencia en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “UNICO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, en su condición de Apoderado Legal de la parte Demandante, contra el AUTO INTERLOCUTORIO dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en fecha Veintidós de Agosto del año Dos Mil Dieciséis, EN LA DEMANDA LABORAL; contra la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en su condición de Rectora y Representante legal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS…”. (Folios 3–6 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 5) Que el Abogado FERNANDO PUERTO CASTRO, compareció ante este Tribunal en fecha veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del Señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL, contra la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 129 y 303 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017). (Folio 1–9 y 31 de la presente Recurso).
- Que en fecha catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer por que SE OTORGUE PARCIALMENTE el presente Recurso de Amparo, por haberse incurrido en la vulneración antes expuesta en los términos expuestos en el presente libelo”. (Folio 34–39 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es facultad de la Corte Suprema de Justicia por intermedio de su Sala de lo Constitucional, conocer de las Garantía de Amparo de conformidad a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; igualmente que las establecidas en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la finalidad del Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute los derechos o garantías que la Constitución establece. De igual manera el artículo 183 constitucional concertado con el artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrán ser invocados para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que la Sala conoce en Amparo la sentencia interlocutoria emitida en fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua y del Trabajo por Ministerio de la Ley, que resolvió el Recurso de Apelación contra el Auto Interlocutorio de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, en correspondencia a la Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el Patrono Pruebe la Justa Causa del Despido, caso contrario se le dé el reintegro laboral, pago de salarios caídos o dejados de percibir desde la fecha del despido hasta las resultas del juicio, presentada por el señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL contra la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ en su condición de Rectora y Representante Legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH).- CONSIDERANDO (4): Que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante auto interlocutorio declara Sin Lugar un Incidente de nulidad presentado por el Apoderado Legal del señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL, considerando que para efectos del fallo la pretensión de ambos impugnantes es que se pronuncie sobre la solicitud de nulidad planteada a partir del 17 de marzo del 2016,donde obra la liquidación de salarios dejados de percibir practicada por el juzgado, motivando su resolución en que una vez revisado el proceso, se colige que no se ha solicitado la ejecución de la sentencia por parte del señor LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL (demandante) estando firme la misma, sino que más bien solicitó que el órgano jurisdiccional practique medios de prueba ante la institución demandada (UNAH) para que mediante inspección constate los ingresos de salarios por motivo de aumento que ha dejado de percibir, bonificaciones, décimo quinto mes de salario dejado de percibir, vacaciones y vacaciones proporcionales, estimando el juzgador que no se pueden practicar pruebas en el intermedio que existe entre la sentencia firme y la solicitud de ejecución de la sentencia, que no se puede pedir práctica de prueba de situaciones que no fueron alegadas y peticionadas en la demanda ya que al revisarse el proceso no se sometió al contradictorio dichas pretensiones; que la obligación de los jueces y tribunales de la República se circunscribe hacer cumplir la sentencia en sus propios términos no pudiendo extralimitarse en ese deber porque estarían violentando derechos tutelados a cada parte, induciendo en deslealtad procesal al Órgano Jurisdiccional al resolver situaciones que están fuera del proceso, no conforme La parte Actora interpone el recurso de reposición y subsidiariamente apelación, concediéndole la apelación para ante la Corte de Apelaciones Sección Judicial de Comayagua.- CONSIDERANDO (5): Que la parte Apelante basó sus alegatos ante el tribunal de alzada manifestando que rechazó la liquidación de fecha 17 de marzo del 2016 e interpuso subsidiariamente nulidad absoluta de actuaciones a partir de la misma, en razón que la Secretaría del Despacho A-Quo procedió de forma unilateral a la liquidación de salarios dejados de percibir de su representado, sin que hubiere un auto que ordenara la liquidación, impidiendo que se reflejen todos los aumentos que ha recibido la plaza y vedado al tribunal de conocer cuántos son los días causados por vacaciones de su representando por cada año que estuvo despedido hasta su reintegro al puesto de trabajo, no se ha liquidado el décimo tercer mes, décimo cuarto mes y bonificaciones por vacaciones de cada uno de los años que estuvo cancelado con los aumentos otorgados y otros derechos sin calcular, que la liquidación tiene graves yerros causándole un grave perjuicio por aproximadamente un millón de lempiras a su representando, por lo que al tratarse de un reintegro es necesario que previo a la liquidación se realice una inspección en la que la Juez se asegure que ha existido una tutela de derechos efectiva, es decir que a su representado se le ha reintegrado al puesto que ocupaba, los conceptos adeudados debiendo verificar el fiel cumplimiento de la sentencia condenatoria, porque al emitir la liquidación el tribunal está asumiendo que la UNAH ha cumplido fielmente con la sentencia tomando en cuenta que los beneficios otorgados son mayores a los de Código de Trabajo, omitiendo en dicha liquidación otros beneficiados otorgados como décimo quinto mes de salario, bonos por contrato colectivo y otros beneficios, por todas las omisiones impugnó la liquidación la que fue desestimada bajo el argumento que entre el alcance de la firmeza de la sentencia y la ejecución de la misma no se pueden admitir más medios de prueba sobre todo si los aumentos no fueron solicitados en juicio, olvidando que al condenar a salarios dejados de percibir, está condenando a la demandada a pagar al actor todo los conceptos que dejó de recibir desde la fecha del despido hasta la fecha del reintegro, concluyendo que a su representado en la liquidación le dejaron de calcular una serie de beneficios a los que tiene derecho colocándolo en una difícil situación de renuncia a sus derechos laborales que hoy se viene a impugnar, solicitando que se declare con lugar el recurso y se ordene al A-Quo practicar la inspección y que se ejecute la sentencia tutelando efectivamente los derechos que emanan de la propia condena con fundamento en el artículo 113 del Código de Trabajo.- CONSIDERANDO (6): Que la parte apelada (demandada) contestó los agravios y argumentando, que el apelante compareció rechazando e impugnando la liquidación emitida por el Juzgado e interpone allí mismo en forma subsidiaria una nulidad absoluta de actuaciones, si lo que procedía era pedir reposición y subsidiariamente apelación, expresa que la secretaria del Juzgado procedió unilateralmente a liquidar los salarios, si es un ministro de fe y en todo caso lo que hace es refrendar todo lo actuado por el juez, que su representada la UNAH ya reintegró al demandante desde el 10 de marzo del 2016 y se le han pagado los salarios, o quizá se refiera a los salarios dejados de percibir, esto es debido a estar pendiente la liquidación por parte del juzgado; sin embargo en fecha 17 de noviembre del 2016 se canceló al señor Luque la cantidad de L.1,224,182.24 en concepto de salarios dejados de percibir, asimismo de manera arbitraria solicitó la parte apelante ejecución provisional violentando lo dispuesto en el artículo 779 del Código de Trabajo relativo a la ejecución de juicios laborales, por tanto no aplica artículo 22 del Código Procesal Civil, este solo aplica cuando no hay disposiciones en las leyes que regulan los procesos laborales y de otra índole, y en cuanto al artículo 775 del Código Procesal Civil si la juez quería aplicar, el mismo no fue aplicado conforme a derecho, pues este establece la oposición a la ejecución provisional y manda que “el mandamiento de ejecución provisional se notificará a las partes y a partir de este momento el ejecutado podrá oponerse alegando el incumplimiento de los requisitos para la admisión, lo que no ocurrió en el caso de autos, suficientes razones para que el Ad-Quem confirme la sentencia interlocutoria apelada confirmando la liquidación realizada por el juzgado de primera instancia.- CONSIDERANDO (7): Que el amparista al formalizar el Recurso, expresa que se han violentado a su representado LUCIANO ADALID LUQUE ARGEÑAL (el trabajador) la garantía constitucional contenida en el artículo 129 relativa a la estabilidad laboral, “la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios”. Que esta norma constitucional en primera instancia garantiza la estabilidad laboral y en segunda instancia garantiza en el caso de vulneración a la estabilidad, que el trabajador podrá ejercitar de forma alternativa ya sea la acción de reintegro o de indemnizaciones, pero en ambos se obliga al patrono a pagar salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios como el medio de reparar los mismos, resulta que la sentencia por el órgano censurado vulnera y contraria la sentencia definitiva de carácter firme cuando se condena a la UNAH a la reinstalación del trabajador y a pagar el importe de los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación. Que del efecto de la condena nace el principio de reparación cuando por causa de despido ilegal e injustificado se ha causado un daño o perjuicio al trabajador, principio constitucional violentado cuando al establecer el derecho alternativo referido replica en ambos casos el derecho al goce del pago de una indemnización a título de daños y perjuicios que adopta la forma de los salarios dejados de percibir, establece la norma que firme que sea el despido injustificado el trabajador tiene como derecho : “…que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios” y sigue expresando que los salarios dejados de percibir garantizados en la norma constitucional vulnerada lo constituyen todos aquellos conceptos que el trabajador deja de percibir o que ingresan a su patrimonio y como producto de la violación a su estabilidad laboral y es importante recordar que el salario que se percibe no solo lo constituye la remuneración fija u ordinaria que se tiene en determinado momento, sino que todos aquellos conceptos que constituyen salario conforme al artículo 361 del Código de Trabajo y todos los ingresos que como producto de la relación de trabajo hubieran ingresado al erario del trabajador durante el tiempo que se determine; solicitando que se otorgue el recurso de amparo por violentar la garantía contenida en el artículo 129 de la constitución, restituyendo a su poderdante el goce y ejercicio de las garantías vulneradas volviendo las cosas al estado anterior a la violación.- CONSIDERANDO(8):Que del estudio y análisis de los antecedentes del fallo recurrido, el Ad-Quem declara sin lugar el recurso de apelación, enunciando en uno de sus considerandos, que al tener el carácter de cosa juzgada la sentencia al ser firme, procede la ejecución del contenido ordenado en la sentencia y su consecución lleva a la liquidación misma que es facultad de la secretaría del despacho, y en relación al incidente de nulidad planteado por el apoderado recurrente considera que va más allá de lo que ordena el artículo 786 del Código de Trabajo, el que manda improcedentes los incidentes tal y como lo es la nulidad, salvo el pago verificado con posterioridad del título ejecutivo la sentencia misma que da merito a la ejecución según lo dispuesto en el artículo 751.1 del Código Procesal Civil, en supletoriedad al Código de Trabajo, concluyendo que solo cabe impugnar el exceso de metálico o su disminución por ambas partes.- CONSIDERANDO (9): Que el Recurso de Apelación tiene por objeto lograr la enmienda de la aplicación e interpretación tanto de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, como de las normas legales empleadas para resolver las cuestiones objeto de debate por el órgano jurisdiccional competente así como de los hechos dados como probados en la resolución recurrida, como de la valoración de la prueba; entendido el propósito de la apelación, deviene obligado el tribunal de alzada que conoce de la apelación de forma objetiva dictar una resolución cuya decisión sea el resultado de haber apreciado imparcialmente las infracciones procesales en la aplicación o interpretación del derecho. En ese sentido, la Alzada motiva sobre la nulidad planteada pero omite desarrollar puntualmente sobre los razonamientos facticos y jurídicos en cuanto a la impugnación en la liquidación de los salarios caídos o dejados de percibir y que extrañamente también omitió desarrollar el Juez A-Quo y por lo que se recurre en apelación, actuación que vulnera al debido proceso, no obstante estar en proceso de ejecución la sentencia que alcanzó su firmeza de cosa juzgada; se estima que el punto a decidir, es si en la liquidación de los salarios dejados de percibir se deben encerrar todos los conceptos que alega el impetrante no fueron incluidos y que le ocasionan un grave perjuicio económico a su representado, relativo a los aumentos y otros beneficios que el trabajador tuvo que haber percibido durante el tiempo que duró el juicio.- CONSIDERANDO (10): Que para dar respuesta al suplicante, quien recurre en amparo invocando como vulnerada la garantía de estabilidad laboral, es ineludible establecer el término de salario y que lo constituye, el Código de Trabajo en su artículo 361, conceptualiza como salario lo siguiente: “no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, sea cualquier la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas, comisiones o participación de utilidades”. Aclarado el concepto, el caso sub judice trata de una sentencia condenatoria que declara con lugar la demanda laboral de emplazamiento y condena a la parte demandada (UNAH) al reintegro del trabajador y al pago de los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación. El artículo 129 de la Constitución de la República garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, se deduce del texto normativo sin lugar a dudas, que es una potestad electiva del trabajador que puede ser ejercida hasta una vez que el despido sea declarado injustificado y que sea firme la sentencia condenatoria como ha sucedido en el presente caso, situación que le permite al trabajador a su elección, bien por una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios; no obstante lo anterior, la ley en ambos casos atribuye una sanción a aquel que despidió injustamente, obligándolo a pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria en caso de pago de prestaciones, o hasta la fecha de reinstalación al puesto en igual o mejor condición que aquel que tenía, en caso de reintegro; procede entonces que se ejecute la sentencia en los términos ordenados en el fallo; estima la Sala que al declarar la Alzada Sin Lugar el Recurso de Apelación tácitamente confirma el auto interlocutorio apelado, actuación con la que se vulnera al debido proceso, en lo concerniente a lo que dispone la ley con respecto a la condena de salarios dejados de percibir, en cuanto al cálculo y la línea de tiempo que debe prevalecer para la práctica de la liquidación y que surta los efectos tal como fue ordenado en la sentencia condenatoria, referida a la sanción impuesta a aquel que despidió injustamente, que obliga a pagar los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de reinstalación al puesto en igual o mejores condiciones que aquel que tenía, en caso de reintegro, como efectivamente es el caso que nos ocupa. Los llamados salarios caídos, son aquellos valores económicos que el empleado habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia o se haya concretado la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo, según el caso; correspondiéndole al Juez y no a la Secretaría del Tribunal, realizar la práctica de la liquidación, tal como lo dispone la Constitución de la República, que al Juez le corresponde juzgar y ejecutar lo juzgado; en tal sentido, en la práctica de la liquidación debió tomarse en cuenta desde la fecha del despido según autos (13/7/2011) hasta que con sujeción a las normas procesales se haya concretado la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo tal como fue ordenado, (18/3/2016 como obra en autos, muestran los antecedentes que el fallo de la Alzada vulneró al debido proceso encuadrado en el procedimiento laboral, quebranta garantías, principio de legalidad en función de una verdadera tutela judicial efectiva a favor de las partes en el juicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 361 del código de Trabajo; 3 y 22 del Código Procesal Civil, en plena alusión a lo que dispone la Constitución de la República en su artículo 321, que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la ley, todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- CONSIDERANDO (11): Que la Sala en base a los antecedentes del caso, estima que se ha vulnerado la garantía de estabilidad laboral suplicada por el impetrante, explícitamente con respecto a la práctica en la liquidación de los salarios dejados de percibir, con respecto lo que manda la norma sustantiva contenida en el artículo 361 del Código de Trabajo de lo que constituye el salario de un trabajador y a lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución de la República, liquidación que debe puntualmente ceñirse a lo ordenado en la sentencia condenatoria en la que se le reconocieron al trabajador las pretensiones demandadas, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de la reinstalación del trabajador a su puesto de trabajo, en lo demás que se ejecute la sentencia en los términos de la condena; se evalúa del estudio de las piezas, que en efecto, con la resolución adoptada, la Alzada lesiona los derechos del recurrente como ha quedado expresado, garantías que emanan tanto de las leyes ordinarias como de la Constitución de la República, consecuentemente el Tribunal de Alzada tomará en cuenta lo que dispone el artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dictando nueva sentencia, cuya finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior de la violación; esta Sala es del parecer que procede otorgar parcialmente el amparo, confirmando el resto de la decisión adoptada, de acuerdo a los enunciados dispuestos en el presente fallo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos 59, 60, 61, 64, 82, 90, 127, 128, 135, 183, 303, 313 No.5., 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 132, 143 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2; 5, 7, 9 No.2, 41, 54, 56 y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 669 del Código de Trabajo. Tratados Internacionales: Articulo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 14 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: 1) OTORGANDO PARCIALMENTE conforme a los considerandos desarrollados en esta sentencia, el presente Recurso de Amparo recurrido por el abogado FERNANDO PUERTO CASTRO a favor de LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL contra la sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del dos mil dieciséis (2016),dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, Departamento de Comayagua en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DEL DESPIDO, CASO CONTRARIO SE LE DÉ EL REINTEGRO LABORAL, PAGO DE SALARIOS CAÍDOS O DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LAS RESULTAS DEL JUICIO, PRESENTADA POR EL SEÑOR LUCIANO ALID LUQUE ARGEÑAL CONTRA LA SEÑORA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ EN SU CONDICIÓN DE RECTORA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH). Y MANDA: Que con la certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0065-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL