Sentencia AL-011-17 — Registro 9061
Resumen
Sentencia reformó parcialmente auto interlocutorio, con relación a incidente de declinatoria por falta de competencia de tribunal alegado en demanda laboral promovida contra el Estado de Honduras para el reajuste de salario de empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos contra el Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos..."..."la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que la demanda fue interpuesta en el mes de febrero de 2016, por lo que la norma legal que regía a los empleados de la DEI, era el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera; y, no el Acuerdo PCM 082-2015, que escindió la DEI como lo establece el Principio Jurídico, la Ley no tiene carácter retroactivo, solo en materia penal cuando favorece al reo. Por otra parte esa misma ley en el Artículo 28, tercer párrafo señala que el sueldo de los empleados y funcionarios de la DEI, será inferior al salario mínimo autorizado por el Gobierno, concepto que es el objeto de reclamo en el presente caso concreto; además el Reglamento de esta misma Ley establece que en asuntos de personal, no será necesaria la intervención de la Dirección General de Servicio Civil, por lo que la A-Quo al declarar con lugar el Incidente por Declinatoria de incompetencia de Tribunal es equivocada y hace incongruente su resolución, en consecuencia procede declarar la reforma parcial del auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, pues a quien corresponde conocer del asunto es al Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial..."..."al encontrarnos ante una demanda por reajuste salarial, esto previo al agotamiento de la vía administrativa, debe dilucidarse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ya que está dentro de los juicios ordinarios de los que es competente dicha Jurisdicción, en consecuencia, es evidente que la competencia para conocer asuntos como el presente es la Contenciosa Administrativa y no la Laboral..."..."el presente caso se enmarca en el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el Ad-Quem; aún y cuando consta en el expediente que la relación que une a los demandantes con la demandada se encuentra en primer término bajo la modalidad de acuerdo, lo que excluye la competencia del Juzgado del Trabajo; y, que a su vez se encuentran amparados bajo una legislación especial denominado “Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera”; además, de que el Código del Trabajo excluye del Orden Publico laboral a los empleados públicos nacionales, departamentales o municipales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el Derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte suprema de justicia, sala de lo constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a un incidente de declinatoria por falta de competencia de tribunal, alegado en la demanda laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (SITRADEI) contra el ESTADO DE HONDURAS.- Considera la recurrente que la decisión del Ad-quem, violenta en perjuicio de su representado, el Artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.-1) Que en fecha dos (02) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, interponiendo Demanda Sumaria Laboral para que se reajuste el salario de los empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, a favor del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (SITRADEI), en contra del ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 01 al 07 de la pieza del Juzgado).-2) Que el Juzgado de Letras citado habiendo seguido el trámite correspondiente, en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictó auto resolutorio en el incidente de Declinatoria por Falta de Competencia de Tribunal, Falta de Legitimación Pasiva del Demandado Parcialmente y Falta de Representación y Postulación, en el cual “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE FALTA DE COMPETENCIA DE TRIBUNAL, FALTA DE LEGITIMACION PASIVA DEL DEMANDADO PARCIALMENTE Y FALTA DE REPRESENTACION Y POSTULACION.- 2) DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE DECLINATORIA POR FALTA DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL opuesto por la representante demandada; 3)…; Y MANDA:…”.(folios 207 al 212 de la pieza del Juzgado).-3) Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte demandante, y por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS dictó Sentencia en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) mediante la cual “FALLA: I: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación formulado por el abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA en su condición de representante procesal de la parte demandante, contra el auto interlocutorio de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán.- II: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR en su condición de representante legal parte demandada.- III:REFORMAR PARCIALMENTE el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Departamento de Francisco Morazán, de fecha 08 de noviembre de 2016.- IV: REVOCAR: el numeral II de la parte resolutiva y CONFIRMAR los numerales I y II de esta.- V: Declarar SIN LUGAR el incidente de declinatoria por falta de competencia de Tribunal.- VI: SIN COSTAS.-…” (Folios 12 al 15 pieza de antecedentes Corte).-4) Que la recurrente Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, compareció ante este Tribunal, en fecha seis (06) de enero del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), violenta en perjuicio de su representado, el Artículo 90 de la Constitución de la República. Y habiendo formalizado el mismo en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). (Folio 01-08 y 30-34 de la pieza de amparo).-5) Que con fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de amparo interpuesta. (Folios 39 al 41 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO UNO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en esta vía constitucional la acción de amparo dirigida contra la Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, con relación a un incidente de declinatoria por falta de competencia de tribunal, alegado en la demanda laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (SITRADEI) contra el ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la recurrente Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, muestra su disconformidad con la sentencia que se deja relacionada en el acápite anterior, por estimar que el mismo vulnera en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, el derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, pues el Código de Trabajo y la Ley del Salario Mínimo, señalan incompetente para conocer del caso que nos ocupa, pues la competencia la tiene el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, como lo establece el Régimen Especial Laboral de la Cerrera Administrativa Tributaria y Aduanera.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicalización. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que si bien la excepción de incompetencia por razón de la materia es un medio legal de defensa admitido supletoriamente por la legislación laboral, corresponde al Juez de esta jurisdicción para su decisión, tomar en cuenta la normativa constitucional y ordinaria que tutela el trabajo como un derecho social de orden público, tal y como ha sucedido en el caso de autos.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la Jurisdicción de lo Laboral, conforme lo establece el Artículo 858 en relación con los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, vigentes al momento de la resolución; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, basa su sentencia básicamente en que la demanda fue interpuesta en el mes de febrero de 2016, por lo que la norma legal que regía a los empleados de la DEI, era el Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera; y, no el Acuerdo PCM 082-2015, que escindió la DEI como lo establece el Principio Jurídico, la Ley no tiene carácter retroactivo, solo en materia penal cuando favorece al reo. Por otra parte esa misma ley en el Artículo 28, tercer párrafo señala que el sueldo de los empleados y funcionarios de la DEI, será inferior al salario mínimo autorizado por el Gobierno, concepto que es el objeto de reclamo en el presente caso concreto; además el Reglamento de esta misma Ley establece que en asuntos de personal, no será necesaria la intervención de la Dirección General de Servicio Civil, por lo que la A-Quo al declarar con lugar el Incidente por Declinatoria de incompetencia de Tribunal es equivocada y hace incongruente su resolución, en consecuencia procede declarar la reforma parcial del auto interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, pues a quien corresponde conocer del asunto es al Juzgado de Letras del Trabajo de esta Sección Judicial.-CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 90, constitucional manda: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Se reconoce el fuero de guerra para los delitos y faltas de orden militar. En ningún caso los tribunales militares podrán extender su jurisdicción sobre personas que no estén en servicio activo en las Fuerzas Armadas.”. -CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.-CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.-CONSIDERANDO DOCE (12): Que asimismo al encontrarnos ante una demanda por reajuste salarial, esto previo al agotamiento de la vía administrativa, debe dilucidarse ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, ya que está dentro de los juicios ordinarios de los que es competente dicha Jurisdicción, en consecuencia, es evidente que la competencia para conocer asuntos como el presente es la Contenciosa Administrativa y no la Laboral.-CONSIDERANDO TRECE (13): Que el Derecho al Debido Proceso ante un Juez o Tribunal Competente, es un principio básico del debido proceso, relacionado con el concepto de Juez Natural, que implica que “las personas tienen derecho a ser juzgadas, en general por Tribunales ordinarios, con arreglo a procedimientos legalmente establecidos”[1] de manera previa a los hechos materia del juicio.-CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso se enmarca en el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el Ad-Quem; aún y cuando consta en el expediente que la relación que une a los demandantes con la demandada se encuentra en primer término bajo la modalidad de acuerdo, lo que excluye la competencia del Juzgado del Trabajo; y, que a su vez se encuentran amparados bajo una legislación especial denominado “Régimen Especial Laboral de la Carrera Administrativa Tributaria y Aduanera”; además, de que el Código del Trabajo excluye del Orden Publico laboral a los empleados públicos nacionales, departamentales o municipales.-CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. -CONSIDERANDO DIECISIES (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; existiendo violación al derecho del Debido Proceso, y el Derecho de Defensa; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oído el parecer del señor Fiscal, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 82, 90, 127, 303, 304, 313 atribución 5ª. y 321 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 2 Nº 2), 3, 19, 20, 21 y 665 del Código del Trabajo; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 64, 65 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO EL AMPARO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; a fin de que el A-Quem dicte sentencia apegada a los principios constitucionales que se han relacionado.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Laboral, registrado en este Tribunal bajo el número 0011-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Corte IDH, Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009 Serie Con.206, parr.75