Sentencia ACC-470-18 — Registro 10117
Resumen
Sentencia sobreseyó recurso de amparo a favor de recurrente contra resoluciones dictadas por juzgado de primera instancia en relación a demanda de ejecución forzosa contra éste; fallo en consulta considera que argumentos de dicho recurso son alegatos de mera legalidad por parte de recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; por lo que puede apreciarse que las alegaciones en que se funda el recurso son propias de instancia procesal a la que fue sometido el asunto; y no alcanzan a configurarse como afectaciones a derechos constitucionales; siendo manifiesto que la intensión de los quejosos es la dilación del proceso, puesto que las resoluciones emitidas por el Juzgado de Primera Instancia todas se encuentran motivadas y fundamentadas jurídicamente…”…”la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho…”
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, que sobresee el recurso presentado por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, a favor del señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fechas veintinueve de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, en relación a la demanda de ejecución forzosa promovida por la Sociedad Mercantil KING OCEAN DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra el señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY. Estiman los recurrentes que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 94 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, comparecieron ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, interponiendo acción de amparo a favor del señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fechas veintinueve de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, en relación a la demanda de ejecución forzosa promovida por la Sociedad Mercantil KING OCEAN DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra el señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY. 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual falló sobreseyendo el recurso de amparo de mérito, interpuesto por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, a favor del señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY; y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 51 al 53 de la pieza de antecedentes) 3) Que en fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, a favor del señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, en base al Artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, que sobresee el recurso presentado por los Abogados MARCO TULIO BARAHONA VALLE y TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, a favor del señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY, contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fechas veintinueve de enero y doce de febrero de dos mil dieciocho, respectivamente, en relación a la demanda de ejecución forzosa promovida por la Sociedad Mercantil KING OCEAN DE HONDURAS, S.A. DE C.V., contra el señor CARLOS ROBERTO REYES SANTELY. CONSIDERANDO TRES (3): Que los reclamantes sustentaron su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, manifestando básicamente que dicha resolución es violatoria del debido proceso y derecho de defensa estipulados en la Constitución de la República, puesto que el Juzgado ante la pretensión del actor estaba obligado a controlar de oficio los presupuestos procesales y evitar la existencia de motivos de nulidad. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su sentencia, cuando señala que es obvio que la pretensión protectora del amparo no puede dar frutos; y, no puede prosperar en materia de Justicia Constitucional, pues en ningún momento se violentó el debido proceso ni el derecho a la defensa de ninguna de las partes; por lo que puede apreciarse que las alegaciones en que se funda el recurso son propias de instancia procesal a la que fue sometido el asunto; y no alcanzan a configurarse como afectaciones a derechos constitucionales; siendo manifiesto que la intensión de los quejosos es la dilación del proceso, puesto que las resoluciones emitidas por el Juzgado de Primera Instancia todas se encuentran motivadas y fundamentadas jurídicamente. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial general una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)…- El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0470-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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