Sentencia ACC-433-17 — Registro 10112
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente, quien representa a sus hijas menores de edad, contra resolución dictada por juzgado de primera instancia, en relación a nulidad absoluta de actuaciones promovida por demandado en demanda de alimentos promovida por recurrente contra el padre demandado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, que decreta la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), promovida por el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, en su condición de Apoderado Procesal del señor Eric Fernando Aguilar Izaguirre, aduciendo el A-quo en la indicada resolución entre otras situaciones que es sumamente desproporcional la cantidad de bienes embargados, a lo cual el suscrito Juez accedió en buena fe, velando por los derechos de los supuestos menores, sin embargo la hija de la demandante de nombre Erika Fernanda Aguilar Banegas, ya cumplió su mayoría de edad, por lo que es improcedente que su madre demande alimentos a su nombre, considerando que en efecto se ha violentado el derecho de defensa del demandado, lo cual es requisito indispensable y fundamental para la procedencia de la nulidad de actuaciones, asimismo es aparente que este juzgado no tiene jurisdicción territorial para conocer del presente proceso; fundamentando el A-quo su resolución en los artículos 212 numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Civil, con relación a los Artículos 214.3 y 215.2 del mismo cuerpo legal…”…”esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se ha constatado que la nulidad absoluta de actuaciones, produce efectos de vulnerabilidad que lesiona el derecho de los menores ERIKA FERNANDA, ESTHEPHANY NOHEMY y ERIC FERNANDO, todos ellos de apellidos AGUILAR BANEGAS y el debido proceso, al pronunciarse en un procedimiento que no es el indicado por nuestra ley adjetiva, es decir que se violentaron normas de procedimiento al esgrimir que “se tiene por interpuesto el incidente de nulidad absoluta de y sus peticiones accesorias” argumentando incompetencia territorial, dejando de lado el procedimiento que se requiere para este tipo de incidentes. Sostiene asimismo el recurrente que estima violación de los derechos y garantías, en virtud que el Estado esta en la obligación de proteger a la infancia; los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda; garantías que se encuentran contenidas en los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República…”…”esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala que (Sic) “Visto el caso que nos ocupa, el Juzgado de Primera Instancia en ningún momento cumplió con el procedimiento que manda la Ley en los Juicios de Alimentos, en la adopción de medidas cautelares y en los incidentes de nulidad de actos procesales, ya que no formó pieza separada de la medida cautelar solicitada y sin tomar en cuenta que no se había contestado la demanda, no se había presentado oposición a la medida cautelar, no se había escuchado al Ministerio Público, no se había escuchado a la parte demandante en el incidente opuesto por el demandado, no se interpuso la declinatoria que manda la Ley cuando se alega una incompetencia, sin mas de oficio decretó una nulidad de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda y deja sin valor ni efecto la medida cautelar adoptada, violentando garantías y principios constitucionales y convencionales como ser el interés superior del niño, derecho de defensa, debido proceso, igualdad de partes. Por lo expuesto cabe otorgar el amparo interpuesto, a efecto que el A quo le de el trámite que manda la normativa procesal vigente al incidente de nulidad de actuaciones opuesto por la parte demandada, sin perjuicio que estime o desestime el mismo, una vez escuchada ambas partes….” –lo subrayado es nuestro-…”…” esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la alzada a procedido a Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto, al inobservar el A-quo lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 214 del Código Procesal Civil, precepto que dispone: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL. 1…. 2. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular….”;que esta Sala de lo Constitucional advierte que el A-quo fundamentó su resolución en lo dispuesto en el Artículo 215.2 de la ley adjetiva civil, dejando de lado lo dispuesto en la norma procesal previamente citada, de la cual se desprende de una lectura armónica, que si la nulidad o anulación de un acto procesal se produce en la primera instancia, esta se resolverá previa audiencia de las partes, pues se trata de cuestiones que implican vulneración a derechos fundamentales; estableciendo el Artículo 214 del Código Procesal Civil los medios para lograr la nulidad o anulación de un acto procesal…”…”estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios que la Constitución de la República reconoce, procediendo en consecuencia a Otorgar el amparo interpuesto contra la resolución de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, al inobservar lo dispuesto en el Artículo 214.2 del Código Procesal civil, vulnerando con ello el debido proceso, derecho de defensa y contradicción, al impedir que las partes expongan sus pretensiones, en la audiencia que indica la norma adjetiva y conforme a ello decidir el a-quo si procede o no decretar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada por la parte demandada….”…”esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 214, 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, que otorgó el Recurso de Amparo presentado por el Abogado MERLIN BONILLA CRUZ, a favor de la señora NOHEMY BANEGAS AVILA, quien representa a sus menores hijos E. F., E. N. y E. F., todos ellos de apellidos A. B., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, con relación a la Nulidad Absoluta de Actuaciones, promovida por la Parte Demandada, en la Demanda de Alimentos por la Vía del Proceso Abreviado Declarativo Abreviado No Dispositivo, promovida por el Abogado José Eduviges Castro Martínez en su condición de Apoderado judicial de la señora NOHEMY BANEGAS AVILA, en contra del señor ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado las garantías constitucionales contenidas en los artículos 60, 90, 119, y 121 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado MERLIN BONILLA CRUZ, interponiendo acción de amparo a favor de la señora NOHEMY BANEGAS AVILA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, departamento de Yoro, en fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, que decreta: (Sic) “SE DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES A PARTIR DEL AUTO DE ADMISIÓN DE FECHA QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS (2016)….”, nulidad a actuaciones que fue promovida por la parte demandada. (Folios del 249 al 252 y 436,437fv de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo de la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, mediante la cual falló: (Sic) “OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito a favor de la señora NOHEMY BANEGAS AVILA, quien representa a sus menores hijas E. F., E. N. y E. F., todos ellos de apellidos A. B. contra las actuaciones del Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Yoro.-Y MANDA: Que una vez notificada el presente Fallo, se remitan los autos en consulta a la Honorable Corte Suprema de Justicia….” (Folios del 19 al 21fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 3) Que en fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MERLIN BONILLA CRUZ, a favor de la señora NOHEMY BANEGAS AVILA, quien representa a sus menores hijos E. F., E. N. y E. F., todos ellos de apellidos A. B., dando cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesta por el Abogado MERLIN BONILLA CRUZ, contra la resolución de fecha dieciséis de febrero, del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, con relación a la Nulidad Absoluta de Actuaciones, promovida por la Parte Demandada, en la Demanda de Alimentos por la Vía del Proceso Abreviado Declarativo Abreviado No Dispositivo, promovida por el Abogado José Eduviges Castro Martínez en su condición de Apoderado judicial de la señora NOHEMY BANEGAS AVILA, en contra del señor ERIC FERNANDO AGUILAR IZAGUIRRE. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, es violatoria de derechos y garantías, en virtud que el Estado esta en la obligación de proteger a la infancia; los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda; garantías que se encuentran contenidas en los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, que decreta la nulidad absoluta de actuaciones a partir del auto de admisión de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), promovida por el Abogado Marlon Iván Rodríguez Escalón, en su condición de Apoderado Procesal del señor Eric Fernando Aguilar Izaguirre, aduciendo el A-quo en la indicada resolución entre otras situaciones que es sumamente desproporcional la cantidad de bienes embargados, a lo cual el suscrito Juez accedió en buena fe, velando por los derechos de los supuestos menores, sin embargo la hija de la demandante de nombre E. F. A. B., ya cumplió su mayoría de edad, por lo que es improcedente que su madre demande alimentos a su nombre, considerando que en efecto se ha violentado el derecho de defensa del demandado, lo cual es requisito indispensable y fundamental para la procedencia de la nulidad de actuaciones, asimismo es aparente que este juzgado no tiene jurisdicción territorial para conocer del presente proceso; fundamentando el A-quo su resolución en los artículos 212 numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Civil, con relación a los Artículos 214.3 y 215.2 del mismo cuerpo legal. CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, el recurrente considera vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los expone argumentando que se ha constatado que la nulidad absoluta de actuaciones, produce efectos de vulnerabilidad que lesiona el derecho de los menores E. F., E. N. y E. F., todos ellos de apellidos A. B. y el debido proceso, al pronunciarse en un procedimiento que no es el indicado por nuestra ley adjetiva, es decir que se violentaron normas de procedimiento al esgrimir que “se tiene por interpuesto el incidente de nulidad absoluta de y sus peticiones accesorias” argumentando incompetencia territorial, dejando de lado el procedimiento que se requiere para este tipo de incidentes. Sostiene asimismo el recurrente que estima violación de los derechos y garantías, en virtud que el Estado esta en la obligación de proteger a la infancia; los padres están obligados a alimentar, asistir y educar a sus hijos durante su minoría de edad y en los demás casos que legalmente proceda; garantías que se encuentran contenidas en los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala que (Sic) “Visto el caso que nos ocupa, el Juzgado de Primera Instancia en ningún momento cumplió con el procedimiento que manda la Ley en los Juicios de Alimentos, en la adopción de medidas cautelares y en los incidentes de nulidad de actos procesales, ya que no formó pieza separada de la medida cautelar solicitada y sin tomar en cuenta que no se había contestado la demanda, no se había presentado oposición a la medida cautelar, no se había escuchado al Ministerio Público, no se había escuchado a la parte demandante en el incidente opuesto por el demandado, no se interpuso la declinatoria que manda la Ley cuando se alega una incompetencia, sin mas de oficio decretó una nulidad de actuaciones desde el auto de admisión de la demanda y deja sin valor ni efecto la medida cautelar adoptada, violentando garantías y principios constitucionales y convencionales como ser el interés superior del niño, derecho de defensa, debido proceso, igualdad de partes. Por lo expuesto cabe otorgar el amparo interpuesto, a efecto que el A quo le de el trámite que manda la normativa procesal vigente al incidente de nulidad de actuaciones opuesto por la parte demandada, sin perjuicio que estime o desestime el mismo, una vez escuchada ambas partes….” –lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la alzada a procedido a Otorgar el Recurso de Amparo interpuesto, al inobservar el A-quo lo dispuesto en el numeral 2 del Artículo 214 del Código Procesal Civil, precepto que dispone: “MEDIOS PARA LOGRAR LA NULIDAD O ANULACIÓN DE UN ACTO PROCESAL. 1…. 2. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular….”; que esta Sala de lo Constitucional advierte que el A-quo fundamentó su resolución en lo dispuesto en el Artículo 215.2 de la ley adjetiva civil, dejando de lado lo dispuesto en la norma procesal previamente citada, de la cual se desprende de una lectura armónica, que si la nulidad o anulación de un acto procesal se produce en la primera instancia, esta se resolverá previa audiencia de las partes, pues se trata de cuestiones que implican vulneración a derechos fundamentales; estableciendo el Artículo 214 del Código Procesal Civil los medios para lograr la nulidad o anulación de un acto procesal. CONSIDERANDO 9: Que siendo conforme a derecho, lo referido en los acápites anteriores, estima esta Sala que la sentencia revisada, fue dictada en estricto apego al principio de legalidad, principio de observancia obligatoria por los órganos jurisdiccionales decisores en los casos concretos sometidos a su competencia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios que la Constitución de la República reconoce, procediendo en consecuencia a Otorgar el amparo interpuesto contra la resolución de fecha dieciséis de febrero del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, al inobservar lo dispuesto en el Artículo 214.2 del Código Procesal civil, vulnerando con ello el debido proceso, derecho de defensa y contradicción, al impedir que las partes expongan sus pretensiones, en la audiencia que indica la norma adjetiva y conforme a ello decidir el a-quo si procede o no decretar la nulidad absoluta de actuaciones solicitada por la parte demandada. CONSIDERANDO (10): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MERLIN BONILLA CRUZ. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 61, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por el Abogado MERLIN BONILLA CRUZ, a favor de la señora NOHEMY BANEGAS AVILA, quien representa a sus menores hijos E. F., E. N. y E. F., todos ellos de apellidos A. B., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha dieciséis (16) de Febrero del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÌQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0433-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
1