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Sentencia AC-947-16 — Registro 13412

Resumen

Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada que declaró sin lugar un recurso de apelación con relación a la denuncia de actos constitutivos de violencia doméstica. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenidas en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (14): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala, que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; y en concordancia con ello, tampoco le competería la determinación de si una acción o conducta se enmarca dentro de hechos calificados por la ley como violencia doméstica, puesto que éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente a la alegada comisión de conductas denunciadas como violencia doméstica patrimonial o económica, en el cual, dichas estimaciones han sido determinadas por parte de los órganos jurisdiccionales a quienes por mandato expreso de la ley compete el conocimiento y decisión de las mismas. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (15): Que compete a la jurisdicción especial de violencia doméstica el conocimiento y aplicación de lo dispuesto en la Ley Contra la Violencia Doméstica, la cual funcionará por medio de los Juzgados y Tribunales especializados en diferentes regiones del país de acuerdo a los requerimientos concretos. CONSIDERANDO (16):Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la cuestionada valoración probatoria también propia de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (17): Que, por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto por la Abogada MIRNA ANGÉLICA ALACHAN MARTÍNEZ, contra la resolución de fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación a la denuncia de actos constitutivos de violencia doméstica, promovida por el señor JUAN ANTONIO PAREDES ORELLANA, contra la señora ONEYDA PÉREZ ALVARADO. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenidas en los artículos 90 Y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cinco (5) de marzo del año dos mil trece (2013), compareció ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, el señor JUAN ANTONIO PAREDES ORELLANA, interponiendo denuncia por violencia doméstica en contra de la señora ONEYDA PÉREZ, siendo recibida en la misma fecha por el JUZGADO ESPECIAL DE VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS. (Folio 1 al 4 de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), el referido JUZGADO ESPECIAL DE VIOLENCIA DOMÉSTICA, determinó fallar declarando (sic): “…CON LUGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS POR VIOLENCIA DOMÉSTICA, EN SU MANIFESTACIÓN DE VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, interpuesta por el señor JUAN ANTONIO PAREDES ORELLANA, de generales conocidas en el preámbulo de la sentencia, en contra de la señora ONEYDA PÉREZ ALVARADO, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia: Y SE LE SANCIONA:A la señora ONEYDA PÉREZ ALVARADO, a prestar servicios comunitarios por el término de UN MES Y MEDIO, la presentación de servicios a la comunidad que deberá consistir en una profesión , oficio, actividad laboral diferente a la que ordinariamente realiza el denunciado y que equivaldrá a una jornada de dos horas diarias, las que pueden ser hábiles e inhábiles; podrá en todo caso acumularse jornadas para cumplirse en días inhábiles de la respectiva semana, siempre que la naturaleza del servicio lo permita; La sanción deberá cumplirse dentro de los Seis meses , que comenzaran a contarse a partir de la firmeza de esta Sentencia; MANDA: A) Que se libre atento oficio al Departamento Municipal de Justicia de Villanueva , Cortes a fin que le asignen el servicio comunitario ordenado por este Juzgado a la señora ONEYDA PÉREZ ALVARADO, el cual es de carácter obligatorio y Gratuito; B) Que se dejen sin valor y efecto las Medidas de Seguridad en vista que las mismas ya vencieron; C) Se decretan en este acto las MEDIDAS PRECAUTORIAS: 1) Enviar a la señora ONEYDA PÉREZ ALVARADO, a recibir terapia psicológica con fines de carácter reeducativo y para que se realice a través de la psicóloga de Caritas Sampedrana de esta Ciudad. Para tal efecto se deberá librarse los oficios respectivos cuando esta sentencia se encuentre firme y deberá remitirse a la Secretaria de estén Juzgado o en su defecto a la Central de Citaciones y notificaciones de esta sección judicial a efecto de notificar la presente sentencia la entrega de los referidos oficios; D) Contra esta sentencia Definitiva, cabe el Recurso de Apelación ante la Corte de Apelaciones de los Civil, de San Pedro Sula, el que deberá presentarse ante este Juzgado Especial contra la Violencia Domestica de tres días y será tramitado a través del Procedimiento que establece el Código Procesal Civil y si dentro del término legal no se interponen los recursos legales por las partes , quede firme la presente Sentencia; E) Sin Costas” (Folio 50 al 52 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada MIRNA ANGÉLICA ALACHAN MARTÍNEZ, en su condición de Apoderada Legal de la señora ONEYDA PÉREZ ALVARADO, contra la sentencia anteriormente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTÉS(SIC) “FALLA: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MIRNA ANGÉLICA ONEYDA PÉREZ ALVARADO, en contra de la Sentencia definitiva de fecha cinco de mayo del año dos mil dieciséis; 2) CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha cinco de mayo del año dos mil dieciséis; 3) SIN COSTAS en segunda instancia...” (FOLIO 15 AL FOLIO 17 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES). 4) La recurrente abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, compareció ante este alto Tribunal en fecha once (11) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), violenta los artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017); Omitiéndose la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho de conformidad a lo establecido al artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. CONSIDERANDO (1):Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4):Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del ESTADO DE HONDURAS, la referida sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO CORTÉS, que en fecha quince de agosto de dos mil dieciséis dispuso confirmar la sentencia definitiva pronunciada por el JUZGADO ESPECIAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA y desestimando a su vez el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la referida sentencia del juez A-Quo. CONSIDERANDO (5):Que de acuerdo con los razonamientos establecidos en la sentencia de la Corte de Alzada, se advierte que ésta llevó a cabo un análisis del importe probatorio que fue evacuado en el trámite de la denuncia que fue promovida por el señor JUAN ANTONIO PAREDES ORELLANA, incorporando dicho Ad-Quem en su motivación, las consideraciones de hecho y de derecho que le llevaron a estimar la confirmatoria de la sentencia definitiva dictada por el juzgado de primera instancia y la consecuente desestimación del recurso de apelación interpuesto por la recurrente. CONSIDERANDO (6):Que en la formalización de su recurso, el Ministerio Público, como recurrente, cuestionó la valoración de la prueba llevada a cabo por el Tribunal de Alzada, la cual, según deja entrever el ente fiscal, se hizo de manera arbitraria. De acuerdo con el parecer de la representante del Ministerio Público, una sola declaración testifical no podría estimarse como (sic) “suficiente” para desvanecer el estado de inocencia. La amparista argumentó que la Alzada transgredió el principio de legalidad puesto que emitió su resolución valiéndose de una interpretación (sic) “personal, sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba y el derecho a aplicar”. CONSIDERANDO (7): Que resulta inquietante la postura del Ministerio Público en torno a la alegada insuficiencia probatoria de la declaración de un sólo testigo o del testigo “único” o “singular” como se le suele aludir por algunos tratadistas. Como sabemos y como también conoce el Ministerio Público, a lo largo de la historia, en materia probatoria emanaron diversos sistemas de valoración de la prueba, de los que han destacado primordialmente dos. En el primero, llamado de tarifa legal, de prueba legal o de prueba “tasada”, es la norma jurídica la que previamente asigna el valor de la prueba. En este sistema, que surgió como un sistema de control (en ocasiones excesivo) a la arbitrariedad, se somete al juez a una serie de reglas que le indican la conclusión que forzosamente debe aceptar en presencia o en ausencia de determinados medios de prueba[1]. Este sistema privó tanto en nuestra legislación penal, como en la civil (con algunas excepciones), hasta la entrada en vigencia de los actuales Códigos Procesales que regulan estas materias. La crítica que suele hacerse al sistema de tarifa legal de la prueba es que éste impide al juez formar su criterio personal y le conmina a aceptar situaciones en contra de su propio convencimiento. Conforme con este sistema, para el caso, dos testigos hacían la llamada “plena prueba” (nomenclatura común en nuestra legislación procesal) y con ello, la valoración propia del juez quedaba de lado, dado que bastaba que dos personas afirmaran un hecho para tenerlo como probado, pues así era estipulado expresamente por la normativa. El segundo sistema, de mayor aceptación doctrinaria, denominado por algunos tratadistas como de “libre valoración de la prueba”, es un sistema que procura que el juez utilice las llamadas máximas de la experiencia o reglas del criterio humano para formar su convencimiento, surgiendo aquí la conocida apreciación judicial conforme a las denominadas “reglas de la sana crítica”. CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha señalado previamente este Supremo Tribunal[2], en la doctrina se han dado diversas acepciones de lo que se debe entender por sana critica, siendo un criterio generalmente aceptado que la sana crítica es el método de apreciación de la prueba, donde el juez la valorará de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados[3]. Para algunos tratadistas, aquello que se deduce de la sana crítica, no difiere en absoluto de lo que pretende la intimate conviction[4] o libre valoración de la prueba, que se oponía al sistema de tarifa legal de prueba al que hemos hecho referencia anteriormente, en el que la ley era la que fijaba o señalaba al juez el grado de credibilidad que debía otorgar a la prueba. Así, ha existido algún consenso en afirmar que las reglas de la sana crítica no son otra cosa que el análisis racional y lógico de la prueba, una conclusión con la que este Alto Tribunal asiente. Es racional por cuanto debe ajustarse a la razón o el discernimiento; y es lógico, por tener que enmarcarse dentro de las leyes del conocimiento. Lo uno y lo otro se efectúa por regla general, mediante un silogismo o deducción, cuya premisa mayor la constituyen las normas de la experiencia y la menor, la situación en particular, para obtener una conclusión determinada.[5] CONSIDERANDO (9)Que de las consideraciones anteriormente relacionadas podremos afirmar entonces que desmeritar el valor probatorio de la declaración testimonial única o singular no parece justificable, puesto que ello implicaría una limitación a la libre valoración de la prueba por parte del juez, valoración que es propia y que le permite por ende establecer la credibilidad que le merezca el testimonio, resultando por ende indiferente que sea un solo testigo que logre formar su convicción. Por supuesto que esta valoración debe hacerse siempre dentro de los límites legales y en acatamiento a los principios que rectoran el proceso, siguiendo con las formalidades que por ley le son requeridas a todo juzgador. CONSIDERANDO (10):Que la garantía al debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarando en reiteradas decisiones[6], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (12):Que en este sentido, esta Sala ha dejado establecido también que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero sí conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En este sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional.[7] CONSIDERANDO (13): Que como también lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios es una función que legalmente corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se hayan quebrantado las formas o principios esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (14): Que en línea con lo anterior, es necesario dejar establecido, como ya lo ha dicho también esta Sala[8], que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación en el mismo; y en concordancia con ello, tampoco le competería la determinación de si una acción o conducta se enmarca dentro de hechos calificados por la ley como violencia doméstica, puesto que éstas son valoraciones propias de instancia que corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente a la alegada comisión de conductas denunciadas como violencia doméstica patrimonial o económica, en el cual, dichas estimaciones han sido determinadas por parte de los órganos jurisdiccionales a quienes por mandato expreso de la ley compete el conocimiento y decisión de las mismas. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas. CONSIDERANDO (15): Que compete a la jurisdicción especial de violencia doméstica el conocimiento y aplicación de lo dispuesto en la Ley Contra la Violencia Doméstica, la cual funcionará por medio de los Juzgados y Tribunales especializados en diferentes regiones del país de acuerdo a los requerimientos concretos. CONSIDERANDO (16):Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el Tribunal de Alzada se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la cuestionada valoración probatoria también propia de esa función que no compete al recurso de amparo invadir, toda vez que del fallo que se conoce no se aprecia arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al caso que fue llamado a fallar y resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO (17): Que por las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por la recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13de la Ley Contra la Violencia Doméstica; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO, por las razones que se han dejado establecidas, el recurso de amparo interpuesto por la Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha quince (15) de agosto del año dos mil dieciséis (2016),de la cual se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes febrero del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0947-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1]DEVIS ECHEANDÍA, HERNANDO….Op. Cit. 64

[2]En el Recurso de Amparo ACA-163-2014, interpuestoa favor del Instituto Nacional De Conservación Y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas Y Vida Silvestre (ICF), contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO de fecha 16 de enero de 2014.

[3]MONTERO AROCA, JUAN (2002). “La prueba en el proceso civil”. Civitas. pp. 278-279.

[4]JORDI NIEVA FENOLL (2010). “La Valoración de la Prueba”. Cit., p.89

[5]JAIME AZULA CAMACHO (1998). “Manual de Derecho Probatorio”. Temis. p.48

[6]APC 631-12:AP 21-11: APC 91-11; AC 94-11

[7]Alfredo Diego de Díez. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

[8]Vid recursos de amparo 259-12; 108-14; 804-14