Sentencia AC-918-17 — Registro 13411
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución dictada por el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes, con relación a la demanda arbitral para que se declare la resolución de un contrato privado de compra venta de títulos valores.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que, si bien las Cámaras de Comercio se han definido como Entidades de Derecho Público, éstas no forman parte de la administración pública y no llegan a configurarse como autoridades estatales. De igual manera, sus miembros no alcanzan a tener la categoría de funcionarios públicos. Las cámaras de comercio se relacionan, más no forman parte, de los Poderes del Estado; no están definidas como instituciones descentralizadas o desconcentradas; y tampoco son sostenidas con fondos públicos. Las cámaras de comercio y para el caso los Tribunales Arbitrales, no actúan por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. En tal virtud, no se advierte que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, las actuaciones de estas entidades sean recurribles en forma directa por la acción de amparo, correspondiendo, de conformidad con la ley, a la Jurisdicción Civil el conocimiento de todo lo relacionado con los actos particulares o generales que emitan las Cámaras de Comercio e Industrias.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que, si bien las Cámaras de Comercio se han definido como Entidades de Derecho Público, éstas no forman parte de la administración pública y no llegan a configurarse como autoridades estatales. De igual manera, sus miembros no alcanzan a tener la categoría de funcionarios públicos. Las cámaras de comercio se relacionan, más no forman parte, de los Poderes del Estado; no están definidas como instituciones descentralizadas o desconcentradas; y tampoco son sostenidas con fondos públicos. Las cámaras de comercio y para el caso los Tribunales Arbitrales, no actúan por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. En tal virtud, no se advierte que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, las actuaciones de estas entidades sean recurribles en forma directa por la acción de amparo, correspondiendo, de conformidad con la ley, a la Jurisdicción Civil el conocimiento de todo lo relacionado con los actos particulares o generales que emitan las Cámaras de Comercio e Industrias.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que la acción de amparo que se ha presentado por parte del antes mencionado recurrente es a todas luces inadmisible, al dirigirse el mismo contra un acto omisivo que corresponde a una entidad de derecho público, que, al no formar parte de ninguno de los Poderes del Estado, al no tratarse de una institución descentralizada o desconcentrada, al no estar sostenida con fondos públicos y no actuar por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida, sus actos no son recurribles en forma directa por la acción de amparo. Adicionalmente, todo lo relativo a los actos de carácter particular o general que dicten estas entidades de derecho público corresponden ser conocidas por la jurisdicción civil. CONSIDERANDO: Que conforme lo ha dispuesto esta Sala en su jurisprudencia, al facultar la ley a los órganos de la justicia constitucional a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso o acción constitucional de que se trate, ello implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley, como es el caso que nos ocupa, como ya ha quedado establecido en las consideraciones que sirven de fundamento a la presente resolución y a razón de ello resulta procedente declarar inadmisible el mismo y así debe ser dispuesto por este Alto Tribunal de Justicia.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 119 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: la resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de enero de dos mil dieciocho. VISTO: El Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, a favor de la sociedad mercantil denominada TENEDORA DE INVERSIONES EL PARAISO S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por el TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, en fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, con relación a la demanda arbitral para que se declare la resolución de un contrato privado de compra venta de títulos valores promovida por TENEDORA DE INVERSIONES EL PARAISO S.A. DE C.V. contra la sociedad mercantil TENEDORA DE INVERSIONES INNOVA S.A. DE C.V.CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley Sobre Justicia Constitucional, la acción de amparo procede contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO: Que el recurrente ha identificado como autoridad recurrida en la acción que entabla, al TRIBUANL ARBITRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES.CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley de Conciliación y Arbitraje, las Cámaras de Comercio, así como otras entidades, podrán fundar y organizar centros de conciliación conforme a los términos establecidos en dicha ley, la cual indica claramente que estos centros formarán parte integrante de la Institución respectiva y no se configuran como una persona jurídica independiente de la misma. CONSIDERANDO: Que si bien las Cámaras de Comercio se han definido como Entidades de Derecho Público[1], éstas no forman parte de la administración pública y no llegan a configurarse como autoridades estatales. De igual manera, sus miembros no alcanzan a tener la categoría de funcionarios públicos. Las cámaras de comercio se relacionan, más no forman parte, de los Poderes del Estado; no están definidas como instituciones descentralizadas o desconcentradas; y tampoco son sostenidas con fondos públicos. Las cámaras de comercio y para el caso los Tribunales Arbitrales, no actúan por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. En tal virtud, no se advierte que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Sobre Justicia Constitucional, las actuaciones de estas entidades sean recurribles en forma directa por la acción de amparo, correspondiendo, de conformidad con la ley, a la Jurisdicción Civil el conocimiento de todo lo relacionado con los actos particulares o generales que emitan las Cámaras de Comercio e Industrias.[2] CONSIDERANDO: Que según lo dispuesto en la Ley de Conciliación y Arbitraje, el convenio arbitral es el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, de naturaleza contractual o extracontractual. En el caso de autos, se trata de una contienda de dos empresas mercantiles, litigando derechos sociales, donde no existe convenio arbitral para resolver los conflictos entre ellas; ya que la sociedad mercantil denominada TENEDORA DE INVERSIONES EL PARAISO S.A. DE C.V.; no suscribió dicho contrato; sino que fue el señor Cantalicio Paz Sabillón, en su condición personal y como Presidente y representante; quien acordó someter el proceso de arbitraje con la sociedad HIDROELECTRICA OLANCHANA S.A. DE C.V. CONSIDERANDO: Que dicho lo anterior, esta Sala advierte además que el recurso que ha sido presentado por parte del recurrente no se dirige en sí contra un acto concreto, sino contra un auto definitivo en la demanda arbitral promovida para que se declare la resolución de un contrato privado de compra venta de títulos valores, situación que el recurrente considera como una violación de garantías y derechos constitucionales en perjuicio de la sociedad mercantil TENEDORA DE INVERSIONES EL PARAISO S.A. DE C.V. por parte del TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES. CONSIDERANDO: Que la ley define al convenio arbitral como aquel acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica de naturaleza contractual o extra contractual. La ley a su vez dispone en su Artículo 40, que el convenio arbitral implica la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias o controversias sometidas al arbitraje, de tal manera que la autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral debe inhibirse de conocer del caso cuando se lo solicite la parte judicialmente demandada. CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo anterior y siendo el arbitraje un mecanismo de solución de controversias en el cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral, como en el presente caso, resulta evidente a criterio de esta Sala, que ante la inexistencia de un convenio arbitral entre las partes, dicho Tribunal Arbitral haya resuelto declararse incompetente para conocer tal demanda, por las razones ya expuestas. CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anteriormente expuesto, esta Sala estima que la acción de amparo que se ha presentado por parte del antes mencionado recurrente es a todas luces inadmisible, al dirigirse el mismo contra un acto omisivo que corresponde a una entidad de derecho público, que, al no formar parte de ninguno de los Poderes del Estado, al no tratarse de una institución descentralizada o desconcentrada, al no estar sostenida con fondos públicos y no actuar por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida, sus actos no son recurribles en forma directa por la acción de amparo. Adicionalmente, todo lo relativo a los actos de carácter particular o general que dicten estas entidades de derecho público corresponden ser conocidas por la jurisdicción civil. CONSIDERANDO: Que conforme lo ha dispuesto esta Sala en su jurisprudencia, al facultar la ley a los órganos de la justicia constitucional a emitir pronunciamiento en cuanto a la admisión del recurso o acción constitucional de que se trate, ello implica a su vez la potestad de declarar la no admisión o desestimación de todo aquel recurso que no cumpla con los requisitos exigidos en forma taxativa por la ley, como es el caso que nos ocupa, como ya ha quedado establecido en las consideraciones que sirven de fundamento a la presente resolución y a razón de ello resulta procedente declarar inadmisible el mismo y así debe ser dispuesto por este Alto Tribunal de Justicia. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. Y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 41, 44, 46 párrafo último, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ALLAN ROBERTO NUÑEZ RAMOS, a favor de la sociedad mercantil denominada TENEDORA DE INVERSIONES EL PARAISO S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por el TRIBUNAL ARBITRAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES, en fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, al no formar parte de ninguno de los Poderes del Estado, al no tratarse de una institución descentralizada o desconcentrada; al no estar sostenida con fondos públicos y no actuar por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida, sus actos no son recurribles en forma directa por la acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución, se proceda al archivo de las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL .- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte (20) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación de la resolución de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el Numero 0918=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 Ley de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras
[2] Artículo 3 letra ch) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.