Sentencia AC-902-17 — Registro 9938
Resumen
Recurso de amparo en consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada que sobreseyó la acción de amparo interpuesta contra la resolución en la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Instrumento Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES mediante la cual sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra la resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO, promovida por el Señor DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de Gerente del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra las señoras ESTELA MUÑOZ LOBO y DUNIA YOLANDA VIERA MUÑOZ, en virtud de las consideraciones motivadoras resumidas en el Antecedente 7) de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (3): Que de la vistos los fundamentos de la sentencia dictada por la mencionada Corte de Apelaciones, éstos se reconducen a subsumir el caso concreto en las causales de inadmisibilidad que constan en el artículo 46 numerales 1) y 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por considerar que el acto reclamado en amparo no fue objeto de recurso ordinario alguno por parte del amparista, en un asunto de carácter netamente civil y versando sobre alegaciones de mera legalidad, lo cual se desprende efectivamente de una somera revisión a la garantía constitucional planteada y a los antecedentes del proceso; constatándose el no haberse impetrarse contra la resolución judicial objeto de amparo, el recurso ordinario que establece la Ley adjetiva del caso, incurriendo además, el Amparista, en alegaciones de mera legalidad, las cuales carecen de trascendencia alguna a los derechos reconocidos en el Bloque de Constitucionalidad; por lo cual procede, confirmar la sentencia conocida en Consulta.-"...
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 y 3 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciséis de abril del dos mil dieciocho.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que sobreseyó la acción de amparo interpuesta por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra la resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la Demanda Ordinaria de Nulidad de un Instrumento Público, promovida por el Señor DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de Gerente del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra las señoras ESTELA MUÑOZ LOBO y DUNIA YOLANDA VIERA MUÑOZ.- Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales de su representado, según contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha tres (3) de agosto de dos mil cuatrotol diecisieteA MUÑOZ LOBO y DUNIA YOLANDA VIERA MUÑOZ.-en contra deumento Pmitido por el curso de Amparo a favor de la Inst (2004), compareció ante el Juzgado Segundo de Letras de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado JORGE EDMUNDO AMAYA CABALLERO, actuando en su condición de apoderado legal del señor DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de Gerente del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), interponiendo DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO, en contra de las señoras ESTELA MUÑOZ LOBO y DUNIA YOLANDA VIERA MUÑOZ, solicitando que se declare CON LUGAR la demanda, y se declare la nulidad del Instrumento Publico. (Folios 1–12 de la Pieza del Juzgado).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha tres (3) de septiembre de dos mil cuatro (2004), mediante la cual Falló: (SIC) “Declarando Con Lugar la demanda ordinaria de Nulidad de un Instrumento Publico o Escritura matriz y del contrato de venta que lo contiene, promovida por el Licenciado JORGE EDMUNDO AMAYA CABALLERO, contra las señoras DUNIA YOLANDA VIERA MUÑOZ Y ESTELA MUÑOZ LOBO, ambos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia.-” (Folios 17 y 18 de la Pieza del Juzgado).-3) Que en fecha siete (7) de junio de dos mil dieciséis (2016), se presentó al Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), presentando SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, en el expediente contentivo de la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PUBLICO. (Folios 26 y 27 de la Pieza del Juzgado).-4) Que seguido el trámite de ley correspondiente, en fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado, dictó Auto Resolutivo mediante la cual Resolvió: (SIC) “1. Admítase el escrito que antecede el cual se manda a agregar a los autos. 2. En cuanto a lo solicitado, inadmítase a tramite la ejecución presentada.” (Folio 29 de la Pieza del Juzgado).-5) Que tras otra Solicitud de Ejecución de Sentencia presentada por la parte antes mencionada, en fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el citado Juzgado, dictó Auto Resolutivo mediante el cual Resolvió: “Admítase el escrito que antecede el cual se manda agregar a los autos; en cuanto a lo solicitado, esté en el auto de fecha veintitrés de junio del dos mil dieciséis que obra a folio numero veintinueve (29).” (Folios 34–44 de la Pieza del Juzgado).-6) Que en fecha treinta (30) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, interponiendo recurso de amparo a favor del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM). (Folios 1–7 de la pieza de la Corte de Apelaciones).- 7) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) emitió su sentencia, en la cual Falló: “SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, interpuso Recurso de Amparo a favor de la Institución de Derecho Publico denominada INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra la resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, emitido por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el expediente identificado bajo el numero 0501-2016-1468, contentivo de una Demanda Ordinaria de Nulidad del Instrumento Público número 775 y del contrato que contiene el mismo, interpuesta en contra de las señoras ESTELA MUÑOZ LOBO y DUNIA YOLANDA VIERA MUÑOZ”; lo cual fundamentó en que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y además, que el acto fue consentido, por lo cual no llegan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, de legalidad ni al derecho de defensa. Tomó en especial consideración la Corte de Apelaciones, que ya el apoderado demandante había solicitado con anterioridad la ejecución de la sentencia, lo cual fue resuelto oportunamente por la Juez A-Quo, mediante respuesta fundamentada y motivada en derecho, de la cual tuvo conocimiento el Apoderado Demandante, no ejercitando los recursos que la Ley le otorga (artículo 759.4 CPC), efectuando otras actuaciones y consintiendo, en consecuencia, dicho acto; por todo lo cual resulta improcedente otorgar el presente recurso de amparo, con fundamento para inadmisibilidad según prescribe la Ley Sobre Justicia Constitucional en el artículo 46 numerales 1) y 3) de la norma jurídica en referencia.(Folios 31 y 32 de la pieza de la Corte de apelaciones).-8) Que en fecha veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017) por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES mediante la cual sobreseyó el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra la resolución del JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD DE UN INSTRUMENTO PÚBLICO, promovida por el Señor DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES, en su condición de Gerente del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra las señoras ESTELA MUÑOZ LOBO y DUNIA YOLANDA VIERA MUÑOZ, en virtud de las consideraciones motivadoras resumidas en el Antecedente 7) de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (3): Que de la vistos los fundamentos de la sentencia dictada por la mencionada Corte de Apelaciones, éstos se reconducen a subsumir el caso concreto en las causales de inadmisibilidad que constan en el artículo 46 numerales 1) y 3) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por considerar que el acto reclamado en amparo no fue objeto de recurso ordinario alguno por parte del amparista, en un asunto de carácter netamente civil y versando sobre alegaciones de mera legalidad, lo cual se desprende efectivamente de una somera revisión a la garantía constitucional planteada y a los antecedentes del proceso; constatándose el no haberse impetrarse contra la resolución judicial objeto de amparo, el recurso ordinario que establece la Ley adjetiva del caso, incurriendo además, el Amparista, en alegaciones de mera legalidad, las cuales carecen de trascendencia alguna a los derechos reconocidos en el Bloque de Constitucionalidad; por lo cual procede, confirmar la sentencia conocida en Consulta.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 43, 45, 46 No. 1) y 3); 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017)por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante la cual sobreseyó el Recurso de Amparo promovido por el Abogado EUSTAQUIO SABILLON CRUZ, en su condición de apoderado legal del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), contra resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha dieciocho (18) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0902-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL