Sentencia AC-901-16 — Registro 8534
Resumen
Con relación a Tasación de Costas a que fue condenado recurrente al ser vencido en una excepción Dilatoria de ineptitud de libelo interpuesta por parte demandada en Demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumentos Públicos,solicitando posteriormente la parte demandada e incidentista la Tasación de costas conforme a lo establece el art.36 b de la Ley de Honorarios de profesionales del Derecho.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(12): Que se colige de los antecedentes que al ser declarada con lugar la excepción de ineptitud de Libelo alegada por el Apoderado Legal de la parte demandada, y condenado en costas la parte demandante, mediante sentencia interlocutoria de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diez (2010), motivó a que posteriormente la parte demandada solicitará la ejecución de dicha sentencia, presentando la minuta correspondiente objeto del caso sub judice; es así, que en cuanto a lo manifestado por el recurrente, que el Tribunal de Alzada actuó de manera oficiosa al fundamentar su fallo en el contenido del artículo 36.B del Arancel del Profesional de derecho, cuando éste no fue invocado por las partes, se aprecia de la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante (ver folio 258 tomo II), que el precitado artículo fue solicitado por el Abogado demandante, a quien el Ad-quem le concede la razón legal, al declarar con lugar el recurso interpuesto y al ordenar que la Tasación de Costas en el juicio de mérito, sea conforme a lo establecido en el artículo 36.B del Arancel del Profesional del Derecho, en tal sentido no existe una extralimitación tal como lo asevera el impetrante. CONSIDERANDO TRECE (13): Que resulta de importancia señalar que una sentencia interlocutoria es un auto y se diferencia de una sentencia propiamente dicha porque la sentencia interlocutoria no resuelve el fondo de la controversia (la razón por la que las partes están discutiendo judicialmente) ni pone fin a la instancia, por lo que esta Sala comparte el criterio esgrimido por el Ad-quem, al señalar que en la presente causa el recurrente fue vencido en una excepción Dilatoria que se conformó y lo convalido al no realizar ningún tipo de reclamo contra dicha sentencia interlocutoria, seguida bajo el procedimiento establecido para los incidentes que no le ponen fin al proceso, solicitando posteriormente la tasación de las costas por el apoderado demandado, conforme a lo establecido en el supra citado artículo y que fue el objeto de recurso de apelación impugnado por esta vía. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación a las normas que el recurrente señala como infringida, por lo que cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MIGUEL VERDIAL, a favor de las señoras LINDY ROSE CASTILLO LICONA Y ROSALYN MELISSA CASTILLO LICONA contra la Resolución Dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete 2017), que declaró HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA , y revocó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba , departamento de Atlántida, en fecha tres (03) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de a una tasación de costas alegadas en la demanda ordinaria de nulidad absoluta de tres instrumentos Públicos , los contratos de compraventa que contienen sus inscripciones registradas y notas marginales, indemnización de daños y perjuicios. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince (15) de febrero del año dos mil diez (2010), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba , departamento de Atlántida, el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, actuando en su condición de apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, Solicitando nulidad absoluta de tres Instrumentos Públicos y los contratos de compra venta que contienen. (Folios uno (01) al diecisiete (17) de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha tres (03) de septiembre de dos mil quince (2015) el referido Juzgado, dictó Sentencia interlocutoria en la cual “Falló: DECLARANDO: A) Sin lugar la impugnación de tasación de costas promovida por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA como apoderado legal de la señora Rosa Elvira Licona Mandujano, en virtud que la minuta de costas presentadas fue tasada conforme al Arancel del Profesional del Derecho y su impugnación no se basa en ser esta excesiva o porque se haya incluido en ellas partidas de honorarios o gastos cuyo pago no corresponda al condenado en costas .(folio (253 al 254 de la pieza del tomo II) 3) Que, conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el Recurso de Apelación en las diligencias de mérito. SEGUNDO: Revocando la sentencia interlocutoria de fecha tres de septiembre del año Dos Mil Quince. - TERCERO: Que proceda el A-quem al procedimiento a tasar las costas conforme lo indicado el articulo 36 B del Arancel del Profesional del Derecho.- SIN COSTAS.-…”. (Folios 16 al 21 de la pieza de Corte de Apelaciones) 4) Que el recurrente Abogado JOSE MIGUEL VERDIAL, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señora LINDY ROSE CASTILLO LICONA Y ROSALYN MELISSA CASTILLO LICONA, contra la resolución dictada por la Corte de Primera Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos y 90 y 321 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016). 5) Que en fecha diecisiete (17) de octubre de abril del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 90 Y 321 de la Constitución de la República. (Página 26 a la 29 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el Recurso de Apelación en las diligencias de mérito. SEGUNDO: Revocando la sentencia interlocutoria de fecha tres de septiembre del año Dos Mil Quince.- TERCERO: Que Proceda el a-quem al procedimiento a tasar las costas conforme lo indicado el articulo 36 B del Arancel del Profesional del Derecho.- SIN COSTAS.-…”. (Folios 16 al 21de la pieza de Corte de Apelaciones) . CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, cuando en el caso de autos aduce el impetrante en su escrito de interposición de la Acción de amparo que el Ad-quem al emitir su resolución establece que la excepción dilatoria no le pone fin al proceso, argumentando el Amparista que dicha excepción es de aquellos tramites que le ponen fin al proceso, pues impiden que se entre a conocer el fondo del asunto. Asimismo, señala que las costas deben ser tasadas de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 36.B del Arancel del Profesional del Derecho, señalando que el Tribunal de Alzada no estaba facultado para aplicar dicho artículo, siendo que no fue solicitado por ninguna de las partes, razón por la cual, según su criterio, considera que el Ad-quem ha vulnerado los derechos Constitucionales alegados. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, pronunciándose en el sentido que del análisis de la resolución traída a estudio no se advierte vulneración de las Garantías constitucionales alegadas por el Impetrante, en tanto que la sentencia emitida por el Ad-quem, ha sido dictada conforme a derecho emitiendo una sentencia de fondo, razonable, congruente y justa, siendo una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial no afectando derechos o garantías, ya que dicho fallo obedece a decisiones correspondientes a la instancia en total apego a las facultades conferidas por la ley. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales de acuerdo con lo preceptuado en los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, basa su sentencia concretamente en que “la causa de mérito se ventilo bajo el imperio del derogado Código de Procedimientos Civiles y el artículo 242 de la mencionada ley procesal establece “Cuando hubiere condena en costas, luego que sea ejecutoria se procederá a la exacción de las mismas, por la vía de apremio, previa su tasación; desprendiéndose de lo anterior que cuando hubiera condena de costas, luego que sea ejecutoriada se procederá a la exacción de las mismas, por la vida de apremio previa su tasación es decir, que fallado un pleito en una instancia, y quedando firme su sentencia, o bien denegada una apelación y quedando firme un auto apelado se procederá a la tasación de costas.- En la causa que nos ocupa efectivamente quedo firme la resolución, pues aun cuando se presentó reposición y subsidiaria apelación le fue declarado sin lugar por considerar equivocadamente la Juez que el recurso debía ser interpuesto con las reglas del Código Procesal Civil aun cuando la sentencia interlocutoria decidiendo una excepción dilatoria no le ponía fin al proceso por lo cual el recurso debía ser sustanciado bajo la normativa del Código de Procedimientos Civiles, sin embargo el recurrente y demandante se conformó y lo convalido al no realizar ningún reclamo por dicha infracción procesal solicitándose posteriormente la tasación de las costas por el apoderado demandado quien tasa las mismas conforme lo considero pertinente, imputándose las mismas por el apoderado de la parte demandante, la cual declarada sin lugar por la a-quo al considerar que fue tasada conforme al arancel del profesional del derecho y su impugnación no se base en ser excesivas o porque se hayan incluido en ellas partidas de honorarios o gastos cuyo pago no corresponde al condenado en costas; ante lo cual este ad-quem considera que al establecer el recurrente que la juez se abstuvo de aplicar el artículo 36.b, del Arancel del Profesional del Derecho para dar tal paso a la alta tasación requerida por el tasacionista, se infiere que el recurrente considera que la tasación es excesiva y que efectivamente es el artículo que corresponde aplicar para tasar las costas en la causa de mérito; por lo que es procedente decretar con lugar el recurso en cuanto que para tasar las costas en la presente causa corresponde tasarlas conforme al artículo 36 del Arancel del Profesional del Derecho; que la parte que fuere vencida totalmente en un juicio o en un incidente será condenado al pago de las costas; y la imposición de costas es un correctivo con que se castiga al litigante que ha sido vencido totalmente en un juicio o en un incidente; en la presente causa ha sido vencido en una excepción dilatoria seguida bajo el procedimiento establecido para los incidentes que no le ponen fin al proceso por lo que corresponde tasar conforme lo establecido en el artículo antes mencionado.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que según la doctrina se le da el nombre de costas a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial; Cabanellas de Torres[1] las define como: “COSTAS. Se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al Estado, fijados por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido”; cabe preguntarse entonces -se debe siempre condenar en costas-, según la doctrina es habitual que en muchos pleitos se solicite al juez que se condene a la contraparte a pagar las costas del juicio, ello se le denomina “condena en costas”, y se concede normalmente en caso que se aprecie que se litigo sin tener fundamento alguno o que se haya iniciado el juicio de mala fe, con lo que se pretende resarcir a la parte que actuó de buena fe, haciendo a la otra parte pagar todos los gastos de un proceso innecesario. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DOCE (12): Que se colige de los antecedentes que al ser declarada con lugar la excepción de ineptitud de Libelo alegada por el Apoderado Legal de la parte demandada, y condenado en costas la parte demandante, mediante sentencia interlocutoria de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diez (2010), motivó a que posteriormente la parte demandada solicitará la ejecución de dicha sentencia, presentando la minuta correspondiente objeto del caso sub judice; es así, que en cuanto a lo manifestado por el recurrente, que el Tribunal de Alzada actuó de manera oficiosa al fundamentar su fallo en el contenido del artículo 36.B del Arancel del Profesional de derecho, cuando éste no fue invocado por las partes, se aprecia de la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante (ver folio 258 tomo II), que el precitado artículo fue solicitado por el Abogado demandante, a quien el Ad-quem le concede la razón legal, al declarar con lugar el recurso interpuesto y al ordenar que la Tasación de Costas en el juicio de mérito, sea conforme a lo establecido en el artículo 36.B del Arancel del Profesional del Derecho, en tal sentido no existe una extralimitación tal como lo asevera el impetrante. CONSIDERANDO TRECE (13): Que resulta de importancia señalar que una sentencia interlocutoria es un auto y se diferencia de una sentencia propiamente dicha porque la sentencia interlocutoria no resuelve el fondo de la controversia (la razón por la que las partes están discutiendo judicialmente) ni pone fin a la instancia, por lo que esta Sala comparte el criterio esgrimido por el Ad-quem, al señalar que en la presente causa el recurrente fue vencido en una excepción Dilatoria que se conformó y lo convalido al no realizar ningún tipo de reclamo contra dicha sentencia interlocutoria, seguida bajo el procedimiento establecido para los incidentes que no le ponen fin al proceso, solicitando posteriormente la tasación de las costas por el apoderado demandado, conforme a lo establecido en el supra citado artículo y que fue el objeto de recurso de apelación impugnado por esta vía. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación a las normas que el recurrente señala como infringida, por lo que cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-. CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Certificación de la Sentencia de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el Numero 0901=2016
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE MIGUEL VERDIAL, a favor de las señoras LINDY ROSE CASTILLO LICONA Y ROSALYN MELISSA CASTILLO LICONA contra la Resolución Dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete 2017), que declaró HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA , y revocó la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba , departamento de Atlántida, en fecha tres (03) de septiembre del año dos mil quince (2015), con relación a la demanda de a una tasación de costas alegadas en la demanda ordinaria de nulidad absoluta de tres instrumentos Públicos , los contratos de compraventa que contienen sus inscripciones registradas y notas marginales, indemnización de daños y perjuicios. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado lo establecido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince (15) de febrero del año dos mil diez (2010), compareció ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba , departamento de Atlántida, el abogado OMAR PEÑA ORELLANA, actuando en su condición de apoderado de la señora ROSA ELVIRA LICONA MANDUJANO, Solicitando nulidad absoluta de tres Instrumentos Públicos y los contratos de compra venta que contienen. (Folios uno (01) al diecisiete (17) de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha tres (03) de septiembre de dos mil quince (2015) el referido Juzgado, dictó Sentencia interlocutoria en la cual “Falló: DECLARANDO: A) Sin lugar la impugnación de tasación de costas promovida por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA como apoderado legal de la señora Rosa Elvira Licona Mandujano, en virtud que la minuta de costas presentadas fue tasada conforme al Arancel del Profesional del Derecho y su impugnación no se basa en ser esta excesiva o porque se haya incluido en ellas partidas de honorarios o gastos cuyo pago no corresponda al condenado en costas .(folio (253 al 254 de la pieza del tomo II) 3) Que, conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el Recurso de Apelación en las diligencias de mérito. SEGUNDO: Revocando la sentencia interlocutoria de fecha tres de septiembre del año Dos Mil Quince. - TERCERO: Que proceda el A-quem al procedimiento a tasar las costas conforme lo indicado el articulo 36 B del Arancel del Profesional del Derecho.- SIN COSTAS.-…”. (Folios 16 al 21 de la pieza de Corte de Apelaciones) 4) Que el recurrente Abogado JOSE MIGUEL VERDIAL, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señora LINDY ROSE CASTILLO LICONA Y ROSALYN MELISSA CASTILLO LICONA, contra la resolución dictada por la Corte de Primera Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), de que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos y 90 y 321 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha dos (2) de marzo del año dos mil dieciséis (2016). 5) Que en fecha diecisiete (17) de octubre de abril del año dos mil diecisiete (2017), la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho emitió su dictamen en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 90 Y 321 de la Constitución de la República. (Página 26 a la 29 de la pieza de amparo) CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba departamento de Atlántida, en fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016), dictó sentencia mediante la cual: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el Recurso de Apelación en las diligencias de mérito. SEGUNDO: Revocando la sentencia interlocutoria de fecha tres de septiembre del año Dos Mil Quince.- TERCERO: Que Proceda el a-quem al procedimiento a tasar las costas conforme lo indicado el articulo 36 B del Arancel del Profesional del Derecho.- SIN COSTAS.-…”. (Folios 16 al 21de la pieza de Corte de Apelaciones) . CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, lo dispuesto en los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, cuando en el caso de autos aduce el impetrante en su escrito de interposición de la Acción de amparo que el Ad-quem al emitir su resolución establece que la excepción dilatoria no le pone fin al proceso, argumentando el Amparista que dicha excepción es de aquellos tramites que le ponen fin al proceso, pues impiden que se entre a conocer el fondo del asunto. Asimismo, señala que las costas deben ser tasadas de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 36.B del Arancel del Profesional del Derecho, señalando que el Tribunal de Alzada no estaba facultado para aplicar dicho artículo, siendo que no fue solicitado por ninguna de las partes, razón por la cual, según su criterio, considera que el Ad-quem ha vulnerado los derechos Constitucionales alegados. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley Sobre Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, pronunciándose en el sentido que del análisis de la resolución traída a estudio no se advierte vulneración de las Garantías constitucionales alegadas por el Impetrante, en tanto que la sentencia emitida por el Ad-quem, ha sido dictada conforme a derecho emitiendo una sentencia de fondo, razonable, congruente y justa, siendo una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial no afectando derechos o garantías, ya que dicho fallo obedece a decisiones correspondientes a la instancia en total apego a las facultades conferidas por la ley. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales de acuerdo con lo preceptuado en los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERNADO OCHO (8): Que la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, basa su sentencia concretamente en que “la causa de mérito se ventilo bajo el imperio del derogado Código de Procedimientos Civiles y el artículo 242 de la mencionada ley procesal establece “Cuando hubiere condena en costas, luego que sea ejecutoria se procederá a la exacción de las mismas, por la vía de apremio, previa su tasación; desprendiéndose de lo anterior que cuando hubiera condena de costas, luego que sea ejecutoriada se procederá a la exacción de las mismas, por la vida de apremio previa su tasación es decir, que fallado un pleito en una instancia, y quedando firme su sentencia, o bien denegada una apelación y quedando firme un auto apelado se procederá a la tasación de costas.- En la causa que nos ocupa efectivamente quedo firme la resolución, pues aun cuando se presentó reposición y subsidiaria apelación le fue declarado sin lugar por considerar equivocadamente la Juez que el recurso debía ser interpuesto con las reglas del Código Procesal Civil aun cuando la sentencia interlocutoria decidiendo una excepción dilatoria no le ponía fin al proceso por lo cual el recurso debía ser sustanciado bajo la normativa del Código de Procedimientos Civiles, sin embargo el recurrente y demandante se conformó y lo convalido al no realizar ningún reclamo por dicha infracción procesal solicitándose posteriormente la tasación de las costas por el apoderado demandado quien tasa las mismas conforme lo considero pertinente, imputándose las mismas por el apoderado de la parte demandante, la cual declarada sin lugar por la a-quo al considerar que fue tasada conforme al arancel del profesional del derecho y su impugnación no se base en ser excesivas o porque se hayan incluido en ellas partidas de honorarios o gastos cuyo pago no corresponde al condenado en costas; ante lo cual este ad-quem considera que al establecer el recurrente que la juez se abstuvo de aplicar el artículo 36.b, del Arancel del Profesional del Derecho para dar tal paso a la alta tasación requerida por el tasacionista, se infiere que el recurrente considera que la tasación es excesiva y que efectivamente es el artículo que corresponde aplicar para tasar las costas en la causa de mérito; por lo que es procedente decretar con lugar el recurso en cuanto que para tasar las costas en la presente causa corresponde tasarlas conforme al artículo 36 del Arancel del Profesional del Derecho; que la parte que fuere vencida totalmente en un juicio o en un incidente será condenado al pago de las costas; y la imposición de costas es un correctivo con que se castiga al litigante que ha sido vencido totalmente en un juicio o en un incidente; en la presente causa ha sido vencido en una excepción dilatoria seguida bajo el procedimiento establecido para los incidentes que no le ponen fin al proceso por lo que corresponde tasar conforme lo establecido en el artículo antes mencionado.” CONSIDERANDO NUEVE (9): Que según la doctrina se le da el nombre de costas a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial; Cabanellas de Torres[2] las define como: “COSTAS. Se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las costas no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al Estado, fijados por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido”; cabe preguntarse entonces -se debe siempre condenar en costas-, según la doctrina es habitual que en muchos pleitos se solicite al juez que se condene a la contraparte a pagar las costas del juicio, ello se le denomina “condena en costas”, y se concede normalmente en caso que se aprecie que se litigo sin tener fundamento alguno o que se haya iniciado el juicio de mala fe, con lo que se pretende resarcir a la parte que actuó de buena fe, haciendo a la otra parte pagar todos los gastos de un proceso innecesario. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO DOCE (12): Que se colige de los antecedentes que al ser declarada con lugar la excepción de ineptitud de Libelo alegada por el Apoderado Legal de la parte demandada, y condenado en costas la parte demandante, mediante sentencia interlocutoria de fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil diez (2010), motivó a que posteriormente la parte demandada solicitará la ejecución de dicha sentencia, presentando la minuta correspondiente objeto del caso sub judice; es así, que en cuanto a lo manifestado por el recurrente, que el Tribunal de Alzada actuó de manera oficiosa al fundamentar su fallo en el contenido del artículo 36.B del Arancel del Profesional de derecho, cuando éste no fue invocado por las partes, se aprecia de la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación interpuesto por el Abogado OMAR PEÑA ORELLANA, en su condición de Apoderado Legal de la parte demandante (ver folio 258 tomo II), que el precitado artículo fue solicitado por el Abogado demandante, a quien el Ad-quem le concede la razón legal, al declarar con lugar el recurso interpuesto y al ordenar que la Tasación de Costas en el juicio de mérito, sea conforme a lo establecido en el artículo 36.B del Arancel del Profesional del Derecho, en tal sentido no existe una extralimitación tal como lo asevera el impetrante. CONSIDERANDO TRECE (13): Que resulta de importancia señalar que una sentencia interlocutoria es un auto y se diferencia de una sentencia propiamente dicha porque la sentencia interlocutoria no resuelve el fondo de la controversia (la razón por la que las partes están discutiendo judicialmente) ni pone fin a la instancia, por lo que esta Sala comparte el criterio esgrimido por el Ad-quem, al señalar que en la presente causa el recurrente fue vencido en una excepción Dilatoria que se conformó y lo convalido al no realizar ningún tipo de reclamo contra dicha sentencia interlocutoria, seguida bajo el procedimiento establecido para los incidentes que no le ponen fin al proceso, solicitando posteriormente la tasación de las costas por el apoderado demandado, conforme a lo establecido en el supra citado artículo y que fue el objeto de recurso de apelación impugnado por esta vía. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque el actor tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en el incidente planteado alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-Quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las disposiciones legales aplicables a las sentencias; no existiendo violación a las normas que el recurrente señala como infringida, por lo que cabe denegar el amparo interpuesto, por las razones que se han expuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-. CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Certificación de la Sentencia de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el Numero 0901=2016 .- Firma y sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta s.r.l. Primera edición. 1979. Undécima edición, 1993.
[2] Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta s.r.l. Primera edición. 1979. Undécima edición, 1993.