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Sentencia AC-858-17 — Registro 9936

Resumen

Corte otorgó el recurso de amparo en consulta promovido contra el auto dictado en forma oral por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la solicitud de venta pública de un inmueble común e indivisible, estimando las recurrentes que el acto reclamado, violenta en su perjuicio los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resuelve señalar día y hora para la correspondiente Subasta Pública del Inmueble objeto de la controversia, bajo el argumento expuesto por el A-quo, que resulta establecer con certeza los dos extremos de la pericia, el valor del inmueble objeto de partición y la indivisibilidad del mismo, habiéndose acreditado dichos extremos la judicatura procede a señalar día y hora para la correspondiente Subasta Pública del Inmueble. CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, las recurrentes consideran vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los exponen argumentando que se vulnera el debido proceso, al no respetar las formalidades, derechos y garantías que establece la Constitución de la República y que desarrolla puntualmente el Código Procesal Civil; sostienen que resulta extraordinario que en un juicio abreviado se omiten etapas básicas, como los alegatos finales y la sentencia y se preguntan ¿Cómo puede terminar un juicio sin sentencia y de una vez saltarse hasta la ejecución?, arguyen que se vulneró su derecho de alegar y de concluir antes de dictarse la sentencia, que de hecho fue omitida su dictado, la cual es el alma de todo proceso judicial, es la decisión final, es lo que pone fin a las posiciones fácticas y legales contrapuestas y es precisamente lo que se ejecuta a posteriori y que da la pauta para la ejecución. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el acápite TERCERO: (Sic) “El código procesal civil en el artículo 400.1 dispone que “Se decidirán por los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que puedan ocurrir entre comuneros conforme el código civil…” y en su artículos 591, 592, 593, 594 y 595, señala como principia la audiencia y las diferentes etapas de la misma, debiendo terminar con una sentencia. Este Tribunal considera que la particion de un bien es una demanda que puede incoarla cualquiera de los comuneros siempre y cuando los cosignatarios no hayan estipulado lo contrario, y que el procedimiento a seguir para ello es el proceso abreviado que contempla el código procesal civil vigente. Por tanto, las alegaciones del recurrente son válidas, ya que el A quo violentó el debido proceso y con ello el derecho de defensa de las demandadas…” CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declara con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, relacionado a la forma de decidir por los tramites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que puedan ocurrir entre comuneros conforme al Código Civil; procedimiento que se encuentra regulado de los artículos 583 al 595 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 9: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO y LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que otorgó el recurso de Amparo promovido por las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO Y LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO a favor de SI MISMAS; contra el Auto dictado en forma oral en fecha seis (6) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la Solicitud de Venta Pública de un Inmueble Común e Indivisible, promovida por el Abogado José Ramón Osorio Murillo, en su condición de Apoderado Legal de los señores JUAN CARLOS MALOFF RAMOS y RICARDO MALOFF RAMOS, contra las señoras GLORIA COLOMBINA y LILIAN MARLENE, ambas de apellidos PERDOMO CASTILLO. Estimando las recurrentes que el acto reclamado, violenta en su perjuicio los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, comparecieron ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO y LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO, interponiendo acción de amparo a favor de SI MISMAS, contra la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por considerar las recurrentes que el acto reclamado, violenta gravemente el debido proceso, al no respetar las formalidades, derechos y garantías que establece la Constitución de la República y que desarrolla puntualmente el Código Procesal Civil, así como también vulnera el derecho de audiencia que señala el Artículo 94 constitucional, al no darle a su Abogado la oportunidad de expresar conclusiones y el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, mediante la cual falló: (Sic) “OTORGAR el recurso de Amparo interpuesto por las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO y LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO, ambas mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, contra el auto oral dictado en audiencia el seis de septiembre de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el expediente identificado bajo el numero 0501-2016-00966, debiendo el Juez de Primera Instancia tramitar dicho juicio conforme el procedimiento abreviado, respetando las etapas del mismo, el debido proceso y el derecho de defensa de las partes….” (Folios 29 y 30 de la pieza de antecedentes de Amparo). 3) Que en fecha catorce de noviembre del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO Y LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO, a favor de SI MISMAS, dando estricto cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, decidida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesta por las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO y LILIAN MARLENE PERSOMO CASTILLO, contra la resolución de fecha seis de septiembre, del año dos mil diecisiete, dictada en Audiencia Oral por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la Solicitud de Venta Pública de un Inmueble Común e Indivisible, promovida por el Abogado José Ramón Osorio Murillo, en su condición de Apoderado Legal de los señores JUAN CARLOS MALOFF RAMOS y RICARDO MALOFF RAMOS, contra las señoras GLORIA COLOMBINA y LILIAN MARLENE, ambas de apellidos PERDOMO CASTILLO. CONSIDERANDO 2: Que las recurrentes ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, violenta gravemente el debido proceso, al no respetar las formalidades, derechos y garantías que establece la Constitución de la República y que desarrolla puntualmente el Código Procesal Civil, así como también vulnera el derecho de audiencia que señala el Artículo 94 constitucional, al no darle a su Abogado la oportunidad de expresar conclusiones y el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO 4: Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha seis de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que resuelve señalar día y hora para la correspondiente Subasta Pública del Inmueble objeto de la controversia, bajo el argumento expuesto por el A-quo, que resulta establecer con certeza los dos extremos de la pericia, el valor del inmueble objeto de partición y la indivisibilidad del mismo, habiéndose acreditado dichos extremos la judicatura procede a señalar día y hora para la correspondiente Subasta Pública del Inmueble. CONSIDERANDO 6: Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que el acto con el cual, las recurrentes consideran vulnerados los derechos constitucionales antes relacionados, los exponen argumentando que se vulnera el debido proceso, al no respetar las formalidades, derechos y garantías que establece la Constitución de la República y que desarrolla puntualmente el Código Procesal Civil; sostienen que resulta extraordinario que en un juicio abreviado se omiten etapas básicas, como los alegatos finales y la sentencia y se preguntan ¿Cómo puede terminar un juicio sin sentencia y de una vez saltarse hasta la ejecución?, arguyen que se vulneró su derecho de alegar y de concluir antes de dictarse la sentencia, que de hecho fue omitida su dictado, la cual es el alma de todo proceso judicial, es la decisión final, es lo que pone fin a las posiciones fácticas y legales contrapuestas y es precisamente lo que se ejecuta a posteriori y que da la pauta para la ejecución. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; en la motivación de la sentencia, La Corte señala en el acápite TERCERO: (Sic) “El código procesal civil en el artículo 400.1 dispone que “Se decidirán por los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que puedan ocurrir entre comuneros conforme el código civil…” y en su artículos 591, 592, 593, 594 y 595, señala como principia la audiencia y las diferentes etapas de la misma, debiendo terminar con una sentencia. Este Tribunal considera que la participación de un bien es una demanda que puede incoarla cualquiera de los comuneros siempre y cuando los cosignatarios no hayan estipulado lo contrario, y que el procedimiento a seguir para ello es el proceso abreviado que contempla el código procesal civil vigente. Por tanto, las alegaciones del recurrente son válidas, ya que el A quo violentó el debido proceso y con ello el derecho de defensa de las demandadas…” CONSIDERANDO 8: Que en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional observa que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se encuentra dictada conforme a derecho, pues se ha procedido a declara con lugar el recurso de amparo promovido, ante la inobservancia por el A-quo del procedimiento establecido en el Código Procesal Civil, relacionado a la forma de decidir por los tramites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, las demandas que puedan ocurrir entre comuneros conforme al Código Civil; procedimiento que se encuentra regulado de los artículos 583 al 595 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO 9: Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir una resolución dictada con irrestricto respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso concreto y previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos de noviembre del año dos mil diecisiete, que falla Otorgando el Recurso de Amparo interpuesto por las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO y LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), que OTORGA el Recurso de Amparo promovido por las señoras GLORIA COLOMBINA PERDOMO CASTILLO y LILIAN MARLENE PERDOMO CASTILLO, a favor de SI MISMAS; contra la resolución de fecha seis (06) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diecinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0858=17.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL