Sentencia AC-857-17 — Registro 7630
Resumen
En consulta sentencia que otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto dictado por juzgado de primera instancia que desestimó incidente de nulidad y condenó en costas a parte ejecutada con relación a incidente de nulidad promovido en solicitud de ejecución de titulo judicial promovida por Jorge B Canahuati Salame, Jackeline Kattan de Khoury y Verónica Issa de Khoury, Inmobiliaria Juha Canahuati S de R L contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), cuando señala que en el presente no se tramito el incidente de nulidad de acuerdo a lo estableció en los Artículos 421 y 423 del Código Procesal Civil, lo que implica la vulneración a la materialización del derecho de contradicción del demandado..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017 que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con relación a un incidente de nulidad promovido en la Solicitud de Ejecución de un Titulo Judicial promovida por los señores JORGE B. CANAHUATI SALAME, JACKELINE KATTAN DE KHOURY Y VERONICA ISSA DE KHOURY y la sociedad Mercantil INMOBILIARIA JUHA CANAHUATI S. DE R .L., contra la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración, el señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Civil, art. 421 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 423 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con relación a un incidente de nulidad promovido en la Solicitud de Ejecución de un Titulo Judicial promovida por los señores JORGE B. CANAHUATI SALAME, JACKELINE KATTAN DE KHOURY Y VERONICA ISSA DE KHOURY y la sociedad Mercantil INMOBILIARIA JUHA CANAHUATI S. DE R. L., contra la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración, el señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los Artículos 82 y 90, de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, promoviendo Recurso de Amparo a favor de la Sociedad mercantil LOTIFICADORA CALPULES, S.A., representada por su Presidente del Consejo de Administración señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, en contra del auto dictado en Audiencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que desestimó un Incidente de Nulidad y condenó en costas a la parte ejecutada, por considerar el recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017) la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: OTORGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ a favor de la sociedad mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el presidente del Consejo de Administración, señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, contra las resoluciones judiciales de fecha veintiséis de febrero, requerimiento de nueve de abril ambas del año dos mil catorce y veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. SEGUNDO: Que el Juzgado de instancia profiera nuevas resoluciones conforme a los razonamientos planteados en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.” (Folios 58 al 63 de la pieza de la corte)- 3) Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la sociedad mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el presidente del Consejo de Administración, señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, en base al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con relación a un incidente de nulidad promovido en la Solicitud de Ejecución de un Titulo Judicial promovida por los señores JORGE B. CANAHUATI SALAME, JACKELINE KATTAN DE KHOURY Y VERONICA ISSA DE KHOURY y la sociedad Mercantil INMOBILIARIA JUHA CANAHUATI S. DE R .L., contra la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración, el señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, puesto el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, prescinde del trámite legal correspondiente.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), cuando señala que en el presente no se tramito el incidente de nulidad de acuerdo a lo estableció en los Artículos 421 y 423 del Código Procesal Civil, lo que implica la vulneración a la materialización del derecho de contradicción del demandado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017 que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con relación a un incidente de nulidad promovido en la Solicitud de Ejecución de un Titulo Judicial promovida por los señores JORGE B. CANAHUATI SALAME, JACKELINE KATTAN DE KHOURY Y VERONICA ISSA DE KHOURY y la sociedad Mercantil INMOBILIARIA JUHA CANAHUATI S. DE R .L., contra la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración, el señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0857-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con relación a un incidente de nulidad promovido en la Solicitud de Ejecución de un Titulo Judicial promovida por los señores JORGE B. CANAHUATI SALAME, JACKELINE KATTAN DE KHOURY Y VERONICA ISSA DE KHOURY y la sociedad Mercantil INMOBILIARIA JUHA CANAHUATI S. DE R. L., contra la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración, el señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los Artículos 82 y 90, de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, promoviendo Recurso de Amparo a favor de la Sociedad mercantil LOTIFICADORA CALPULES, S.A., representada por su Presidente del Consejo de Administración señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, en contra del auto dictado en Audiencia de fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que desestimó un Incidente de Nulidad y condenó en costas a la parte ejecutada, por considerar el recurrente que la misma es violatoria de los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.- 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, en fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017) la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: OTORGAR el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ a favor de la sociedad mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el presidente del Consejo de Administración, señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, contra las resoluciones judiciales de fecha veintiséis de febrero, requerimiento de nueve de abril ambas del año dos mil catorce y veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. SEGUNDO: Que el Juzgado de instancia profiera nuevas resoluciones conforme a los razonamientos planteados en las consideraciones contenidas en la motivación de la presente sentencia.” (Folios 58 al 63 de la pieza de la corte)- 3) Que en fecha catorce (14) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la sociedad mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el presidente del Consejo de Administración, señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE, en base al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con relación a un incidente de nulidad promovido en la Solicitud de Ejecución de un Titulo Judicial promovida por los señores JORGE B. CANAHUATI SALAME, JACKELINE KATTAN DE KHOURY Y VERONICA ISSA DE KHOURY y la sociedad Mercantil INMOBILIARIA JUHA CANAHUATI S. DE R .L., contra la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración, el señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando básicamente que dichas resoluciones son violatorias de los derechos estipulados en los Artículos 82 y 90 de la República y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, puesto el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, prescinde del trámite legal correspondiente.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), cuando señala que en el presente no se tramito el incidente de nulidad de acuerdo a lo estableció en los Artículos 421 y 423 del Código Procesal Civil, lo que implica la vulneración a la materialización del derecho de contradicción del demandado.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017 que otorga el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO GARCIA MARTINEZ, a favor de la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, con relación a un incidente de nulidad promovido en la Solicitud de Ejecución de un Titulo Judicial promovida por los señores JORGE B. CANAHUATI SALAME, JACKELINE KATTAN DE KHOURY Y VERONICA ISSA DE KHOURY y la sociedad Mercantil INMOBILIARIA JUHA CANAHUATI S. DE R .L., contra la Sociedad Mercantil LOTIFICADORA CALPULES S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración, el señor JOHNNY ROBERTO KAFATI SEGEBRE.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0857-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
CEDV