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Sentencia AC-853-16 — Registro 9934

Resumen

Sentencia en consulta sobreseyó acción de amparo a favor de recurrente contra actuaciones dictadas por Juzgado de primera instancia que rechazó de plano incidente de nulidad y la prejudicialidad penal promovido por ejecudada a quien se le impuso multa de dos salarios mínimos por apreciar que existe evidente malicia en interponerlo , siendo del criterio que la ejecutada no acredito la existencia de un proceso penal sobre hechos de apariencia delictiva sobre la falsedad del título o invalidez del mandamiento de ejecución en demanda de Ejecución de Título Hipotecario promovida por Banco de America Central Honduras S A (BAC Honduras S A) contra recurrente; La Corte de Apelaciones estimó que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no afectan garantías constitucionales, que la intención del quejoso es la dilación del proceso y en todo caso los ejecutados tienen expedita la vía ordinaria para hacer valer cualquier derecho que consideren les asiste a causa de la ejecución siguiendo la normativa procesal civil

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"es incuestionable la sentencia consultada, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, estimó la concurrencia de actos propios del recurrente, consistente en alegatos de mera legalidad así como la manifiesta intención del quejoso en dilatar el proceso, debido a que en el asunto si bien ya se había dado una sentencia de remate en la que se subastó y adjudicó el bien hipotecado con las previsiones de ley para no afectar a la parte ejecutada, es también evidente que se resolvió el incidente planteado por la parte ejecutada de conformidad a los procedimientos de ley en un auto que fue suficientemente motivado y sustentado jurídicamente, por lo que cimentada en el artículo 46 numerales 1 y 9 de la ley sobre Justicia Constitucional sobreseyó el Recurso de Amparo planteado..."..."la Sala en atención al caso sub judice venido en consulta y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional podrá reformar, revocar o confirmar la sentencia consultada, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional Comparte el fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés que en la parte resolutiva de la Sentencia falla SOBRESEE EL RECURSO DE AMPARO en la aplicación de causales de inadmisibilidad 3 y 9 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"es incuestionable la sentencia consultada, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, estimó la concurrencia de actos propios del recurrente, consistente en alegatos de mera legalidad así como la manifiesta intención del quejoso en dilatar el proceso, debido a que en el asunto si bien ya se había dado una sentencia de remate en la que se subastó y adjudicó el bien hipotecado con las previsiones de ley para no afectar a la parte ejecutada, es también evidente que se resolvió el incidente planteado por la parte ejecutada de conformidad a los procedimientos de ley en un auto que fue suficientemente motivado y sustentado jurídicamente, por lo que cimentada en el artículo 46 numerales 1 y 9 de la ley sobre Justicia Constitucional sobreseyó el Recurso de Amparo planteado..."..."la Sala en atención al caso sub judice venido en consulta y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional podrá reformar, revocar o confirmar la sentencia consultada, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional Comparte el fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés que en la parte resolutiva de la Sentencia falla SOBRESEE EL RECURSO DE AMPARO en la aplicación de causales de inadmisibilidad 3 y 9 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"es incuestionable la sentencia consultada, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, estimó la concurrencia de actos propios del recurrente, consistente en alegatos de mera legalidad así como la manifiesta intención del quejoso en dilatar el proceso, debido a que en el asunto si bien ya se había dado una sentencia de remate en la que se subastó y adjudicó el bien hipotecado con las previsiones de ley para no afectar a la parte ejecutada, es también evidente que se resolvió el incidente planteado por la parte ejecutada de conformidad a los procedimientos de ley en un auto que fue suficientemente motivado y sustentado jurídicamente, por lo que cimentada en el artículo 46 numerales 1 y 9 de la ley sobre Justicia Constitucional sobreseyó el Recurso de Amparo planteado..."..."es incuestionable la sentencia consultada, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, estimó la concurrencia de actos propios del recurrente, consistente en alegatos de mera legalidad así como la manifiesta intención del quejoso en dilatar el proceso, debido a que en el asunto si bien ya se había dado una sentencia de remate en la que se subastó y adjudicó el bien hipotecado con las previsiones de ley para no afectar a la parte ejecutada, es también evidente que se resolvió el incidente planteado por la parte ejecutada de conformidad a los procedimientos de ley en un auto que fue suficientemente motivado y sustentado jurídicamente, por lo que cimentada en el artículo 46 numerales 1 y 9 de la ley sobre Justicia Constitucional sobreseyó el Recurso de Amparo planteado..."..."la Sala en atención al caso sub judice venido en consulta y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional podrá reformar, revocar o confirmar la sentencia consultada, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional Comparte el fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés que en la parte resolutiva de la Sentencia falla SOBRESEE EL RECURSO DE AMPARO en la aplicación de causales de inadmisibilidad 3 y 9 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintinueve (29) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016) que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA a favor de los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ y MERCY CLERETH ALEMAN, contra actuaciones de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A, contra los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ y MERCY CLERETH ALEMAN.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículo 80, 89 Y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Licenciada CINTHYA MELISA ORDOÑEZ SANTOS, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A., promoviendo Demanda de Ejecución Hipotecaria contra los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ y MERCY CLERETH ALEMAN, para que previos los trámites legales correspondientes, sean obligados a pagar a su representada, la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L. 1,882,812.38).-2) Que en fecha quince de abril de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada ESTELLA BUDE CASTRO, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A., solicitando señalamiento para la subasta de un bien hipotecado.- En consecuencia, en fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se efectuó la Audiencia de Subasta, en la cual se le adjudicó un bien inmueble a BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A., por la cantidad de UN MILLON NOVECIENTOS MIL LEMPIRAS (L.1,900,000.00). (Folios 149 al 150 y 188 al 189 de la primera pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de cortés, solicitando la nulidad de actuaciones, a partir de la audiencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis.- En consecuencia en fecha veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el citado Juzgado resolvió: “1).- Rechácese de plano el Incidente de Nulidad Impetrado por la parte ejecutada.- 2).- Impóngase una multa de dos (2) salarios mínimos, por apreciarse evidente malicia en la promoción del mismo. …” (Folios 261 al 262 de la primera pieza de los antecedentes).-4) Que en fecha treinta (30) de junio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro, departamento de Cortés, el Abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ y MERCY CLERETH ALEMAN, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciséis (2016), en donde dicho Juzgado RESOLVIÓ: 1) Rechazase de plano el incidente de nulidad impetrado por la parte ejecutada.- 2).- Impóngase multa de dos (2) salarios mínimos, por apreciarse evidente malicia en la promoción del mismo.- 3) El presente auto, no admite ningún recurso.- 4)… .- (Folio 261 al 262 de la pieza del Juzgado).- 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) emitió su fallo, mediante el cual: (SIC) “FALLA: SOBRESEER el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN contra la resolución de fecha veintiuno de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula.…” (Folio 54 al 55 de la segunda pieza de antecedentes).-6) Que en fecha dos (02) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO(1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional, asimismo que la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha veintinueve (29) de agosto del dos mil dieciséis (2016) dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula que Sobreseyó el recurso interpuesto contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veintiuno (21) de junio del Dos mil dieciséis (2016), promovido por el abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA a favor de los señores LEONDIAS ROMERO RODRIGUEZ y MERCY CLERETH ALEMAN, en relación una demanda de Ejecución de Titulo Hipotecario en la que actúa como ejecutante el BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS S.A. (BAC HONDURAS S.A.) contra los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN.-CONSIDERANDO (3) : Que la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes, establece su decisión jurisdiccional, motivando su resolución fáctica y jurídicamente en que el Juzgado de Letras de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, celebró audiencia de subasta pública como resultado del conocimiento de una demanda de ejecución hipotecaria promovida por BANCO DE AMÉRICA CENTRAL HONDURAS S.A. (BAC) contra los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN porque no había motivo alguno para suspenderla pese que así lo había solicitado la parte ejecutada fundándose en los artículos 49, 177 y 904 del Código Procesal Civil, sin embargo el Juzgador para no afectar a los ejecutados dispuso que en tanto no se resolviera lo tratado en la audiencia de prejudicialidad penal, no se haría el libramiento de la certificación y mandamiento de ejecución al Registro de la Propiedad. Que El incidente de nulidad planteado por la parte ejecutada fue desestimado por el Juez A-Quo en resolución debidamente motivada por estimar que el mismo no cabía. Es así que la Corte de Apelaciones Civil estimó que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y no alcanzan a conformarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, como son las de legalidad y de defensa, siendo manifiesto que la intención del quejoso es la dilación del proceso, expresando en su resolución que los ejecutados tienen expedida la vía para hacer valer mediante juicio ordinario, cualquier derecho que estimen les asiste a causa de la ejecución conforme lo dispone el artículo 798.4 del Código Procesal Civil, considerando entonces, que es improcedente otorgar el amparo, sustentando su fallo jurídico en la inadmisibilidad del recurso por encontrase comprendido en el Articulo 46 numerales 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (4): Que de la revisión de los antecedentes se valora, que el auto emitido por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintiuno (21) de junio del dos mil dieciséis (2016) y que resuelve un incidente de nulidad impetrado por la parte ejecutada, es un auto que en su parte dispositiva dispone rechazar de plano el incidente de nulidad, e impone multa de dos salarios mínimos, por apreciar que existe evidente malicia en la promoción del mismo, señalando el A-Quo que la subasta se llevó a cabo en fecha 18 de mayo del 2016, la que ya estaba señalada y que en la parte resolutiva se ordenó “que previo a librar Certificación y Mandamiento al Registro de la Propiedad se estaría a lo resuelto en la audiencia de prejudicialidad penal interpuesta por el apoderado de la parte ejecutada”, subasta que se desarrolló conforme lo estipulan los artículos 849 y 850 del Código Procesal Civil, en la que únicamente la parte ejecutante tomo parte, quedando evidencia de la postura de la parte ejecutante. En cuanto a la suspensión de ejecución, esta procede únicamente por hechos delictivos relacionados con el Titulo Ejecutivo, o con el despacho de ejecución contenido en el mandamiento de ejecución, previa audiencia de las partes y la comparecencia del fiscal, en el caso de autos el titulo ejecutivo y el mandamiento son auténticos; y la denuncia presentada por el supuesto delito de falsificación de documentos no ataca de ningún modo el titulo (garantía hipotecaria) ni mucho menos el mandamiento de ejecución, según lo establecido en el artículo 770 del Código Procesal Civil, 420.2 del mis cuerpo legal, no conforme con la resuelto, la parte ejecutada interpone contra esta resolución (de fecha 21 junio 2016)) recurso de reposición en fecha 23 de junio del 2016, resolviendo el Juzgado en fecha 28 de junio del 2016 sin lugar el recurso de reposición por improcedente, por lo que, recurre en Amparo ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, alzada que al estudiar el recurso dicta sentencia en fecha 29 de agosto del 2016, y toma la decisión de sobreseerlo por considerar que las alegaciones del recurrente son de mera legalidad y con manifiesta intención de dilatar el proceso y que por lo tanto, no alcanzan a configurarse como afectaciones a las garantías del debido proceso, de legalidad y de defensa, y que los ejecutados tiene expedita la vía para hacer valer mediante juicio ordinario, cualquier derecho que estimen les asiste a causa de la ejecución conforme lo dispone el artículo 798.4 del Código Procesal Civil, por lo tanto es improcedente otorgar el recurso de amparo, sustentándose jurídicamente en la inadmisibilidad del recurso de conformidad a lo preceptuado en articulo 46 numerales 1 y 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (5) : Que el impetrante tal y como obra en autos recurre ante la Corte de Apelaciones de Civil Seccional Judicial de San Pedro Sula, Cortes interponiendo Amparo contra la Resolución de fecha 21 de junio del 2016 argumentado que con dicho auto dictado por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, se había violentado contra los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN el derecho de petición, el debido proceso y el derecho de defensa, contenido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución de la República, por cuanto el A-Quo denegó la suspensión de la convocatoria de subasta, aun y cuando había interpuesto un incidente de nulidad y la prejudicialidad penal, arguyendo además disparidad de firmas de la apoderada ejecutante, que el requerimiento se hizo de forma subsidiaria y no personal como manda la normativa procesal vigente, falsear datos de la deuda, celebrar audiencia a medias y no de una sola vez como establece el artículo 850 de Código Procesal Civil, escritos que no se resolvieron y el rechazo de plano del incidente de nulidad e imponiéndole una multa de dos salarios mínimos.-CONSIDERANDO (6): Que se aprecia de autos que se llevó a cabo la audiencia de prejudicialidad penal la cual tenía por objeto la suspensión de la ejecución en fecha 27 de mayo del 2016, solicitado por la parte ejecutada, celebrada la misma con la participación de todas las partes y del fiscal del Ministerio Público, que una vez oídas las partes se dictó auto en fecha 1 de junio del 2016, en la que el A-Quo resolvió desestimar la solitud motivando en que no concurrían los presupuestos de los artículos 767 y 770 del Código Procesal Civil al no acreditarse por la parte ejecutada la existencia de un proceso penal sobre hechos de apariencia delictiva, en cuanto a determinar la falsedad del título o la invalidez o ilicitud del mandamiento de ejecución, según lo establecido en el artículo 904 del Código Procesal Civil, acreditando únicamente una denuncia ante el Ministerio Público, lo que no determina la suspensión de la ejecución como se deduce del artículo 770.1 del Código Procesal Civil, aportada la opinión del Fiscal en su condición de Representante del Ministerio Público en el sentido, que solo cabe la suspensión de la ejecución siempre y cuando se acredite al expediente el inicio de una causa de un proceso penal, así como lo establece la ley, y que no obstante el ejecutante podrá oponerse a la dicha suspensión, ofreciendo caución.-CONSIDERANDO (7): Que se colige de autos, que el malestar de la parte ejecutada se remite a que en fecha 13 de mayo del 2016 solicitó suspensión del proceso de ejecución, sin embargo para esa fecha ya estaba señalada la audiencia de subasta para el día 18 de mayo del mismo año (2016), la que se realizó observando los procedimientos de ley, es importante reconocer que el juzgador tenía cinco días para resolver el precitado escrito presentado por la parte ejecutada, se continuó con el procedimiento de la audiencia que tenía por objeto subastar públicamente el bien inmueble hipotecado a favor de BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A. con el cual se garantizaban los créditos otorgados a los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL LEMPIRAS (L.1,900.000.00), presentándose únicamente en la subasta la parte ejecutante (EL BANCO), ésta hizo postura por la suma anteriormente señalada que cubría el crédito otorgado reservándose el derecho de perseguir más bienes en vista que el crédito actualmente es mayor al crédito adeudado tal como consta en la certificación de saldos de Lps.2,043,657,02. Es así, que teniendo el juzgador pleno conocimiento de toda la actividad en el proceso de ejecución a petición del ejecutante resuelve adjudicar el bien inmueble a favor de BANCO DE AMÉRICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS MIL (L.1,900,000.00) ordenado en el acto de la audiencia, que previo a librar la certificación y mandamiento al Instituto de la Propiedad, tenía que constar en autos la resolución que recayera sobre la prejudicialidad penal entablada por la parte ejecutada, todo para efectos de no causar daño a la parte ejecutada, previsión de correcta aplicación en el proceso de ejecución.-CONSIDERANDO (8): Que el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional regula la inadmisibilidad de la acción y entre otros, manda que es inadmisible el recurso de amparo: “1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”. En tal sentido, se deduce de autos, que al estar concluido el proceso en donde se aprecia de autos que se realizó la subasta del bien hipotecado, el que fue adjudicado con el previo correspondiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad y que surta los efectos de ley hasta que quedara firme la venta como resultado de la pública subasta. Se desprende de autos que en fecha 27 de mayo del 2016 se celebró la audiencia que tenía por objeto resolver el escrito presentado por la parte ejecutada sobre la prejudicialidad penal, una vez escuchadas las partes el juzgador dicto auto resolutivo en fecha 1 de junio del 2016 desestimando la solicitud como ya quedó expresado y ordenó que una vez firme el auto se librara certificación del Acta de Audiencia de subasta que serviría de título en el Registro de la Propiedad para que pudiera operara la transmisión de domino a favor de la sociedad ejecutante. De otro lado, el numeral 9 del citado artículo expresa: “que cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción tiene por objeto la dilación del proceso”, el órgano jurisdiccional rechazará de plazo la demanda de amparo que fuese inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad como así lo ha valorado la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en su fallo. Se concluye de autos que al volverse irrecurrible el auto que resuelve la reposición según dispone el artículo 699 del Código procesal Civil, que sin perjuicio que la petición rechazada se haga valer como motivo en el recurso contra la resolución que ponga fin al proceso de manera definitiva; sin perjuicio de haber recurrido en amparo, y aunque se haya celebrado audiencia de remate en fecha 18 de mayo del 2016 y siendo que los motivos invocados por los quejosos no alcanzan a configurarse como afectaciones al debido proceso, al de legalidad y de defensa, la parte ejecutada tiene expedita la vía

para hacer valer mediante juicio ordinario, cualquier derecho que estimen les asiste a causa de la ejecución, considerando que la eficacia de las sentencias dictadas en estos procesos no producirán efecto de cosa juzgada, quedando a las partes a salvo su derecho para promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión, siempre y cuando se promueva posterior de lo resuelto en el proceso ejecutivo lo que caducará a los seis meses de ejecutoriada la sentencia pronunciada.-CONSIDERANDO (9): Que es incuestionable la sentencia consultada, mediante la cual la Corte de Apelaciones de lo Civil Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, estimó la concurrencia de actos propios del recurrente, consistente en alegatos de mera legalidad así como la manifiesta intención del quejoso en dilatar el proceso, debido a que en el asunto si bien ya se había dado una sentencia de remate en la que se subastó y adjudicó el bien hipotecado con las previsiones de ley para no afectar a la parte ejecutada, es también evidente que se resolvió el incidente planteado por la parte ejecutada de conformidad a los procedimientos de ley en un auto que fue suficientemente motivado y sustentado jurídicamente, por lo que cimentada en el artículo 46 numerales 1 y 9 de la ley sobre Justicia Constitucional sobreseyó el Recurso de Amparo planteado.-CONSIDERANDO (10): Que la ley precisa que el Recurso de Amparo tiene como finalidad proteger a las personas contra las acciones u omisiones o amenaza de violación de las autoridades públicas y demás entidades señaladas en la ley que lesionen, restrinjan, alteren o tergiversen los derechos reconocidos en la Constitución y demás leyes ordinarias, que la Sala en atención al caso sub judice venido en consulta y en aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional podrá reformar, revocar o confirmar la sentencia consultada, en ese sentido, la Sala de lo Constitucional Comparte el fallo emitido por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés que en la parte resolutiva de la Sentencia falla SOBRESEE EL RECURSO DE AMPARO en la aplicación de causales de inadmisibilidad 3 y 9 contempladas en el artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, cuyo efecto jurídico se contrae a sobreseer la acción constitucional de amparo presentada;POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 699 y 798.1.4. del Código Procesal Civil y 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 46 numerales 1) y 9), 67 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: 1) CONFIRMANDO la Sentencia de fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVL SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES en el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JACOBO ZALDIVAR ZAMORA a favor de los señores LEONIDAS ROMERO RODRIGUEZ Y MERCY CLERETH ALEMAN, con respecto a las causales de inadmisibilidad declarada en el presente caso; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.-Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0853-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL