Sentencia AC-828-15 — Registro 7197
Resumen
Sentencia denegó recurso de amparo contra resolución dictada por juzgado de primera instancia en relación a demanda de ejecución hipotecaria promovida por recurrente contra demandada, siendo el recurrente el demandado por demanda de tercería
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que el ejecutante y ahora demandado por la tercería, ha sido escuchado durante el proceso, ha interpuesto las acciones y recursos que ha estimado, por lo que en su opinión, no ha estado; así también el A-Quo llego a la audiencia de subasta, y adjudicó el bien al ejecutante, pero no ha extendido la certificación para el Registro, debido a la tercería de preferencia que fue interpuesta, la cual como consta no ha sido definida si procede o no. En el caso de autos, se ha seguido el debido proceso y deberá continuar, una vez que se emita la resolución sobre la tercería de preferencia interpuesta; y, por lo tanto no se evidencia transgresión alguna del debido proceso..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el Recurso de Amparo Presentado por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO a favor de la sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el Recurso de Amparo Presentado por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO a favor de la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los Artículos 62, 82, 89, 90, 94, 183, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha nueve de abril de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), promoviendo Demanda de Ejecución Hipotecaria contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ, en su condición personal y en su condición de Hipotecante No Deudor de las obligaciones contraídas por la Sociedad Mercantil Distribuidora El Cóndor S. de R. L., demanda que se promueve con el fin de que la demandada haga efectivo el pago de las obligaciones de saldo vencido y actualmente exigible que tiene con su representada y que asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.3,800,445.56). (Folio 01 al 08 de la Primera pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha seis de mayo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARLON IVAN ESCOBAR CHIRINOS, presentando demanda de Tercería de Preferencia por el Procedimiento Abreviado en contra de la Sociedad Mercantil denominada “FICOHSA”, a través de su representante legal señor JAVIER EDUARDO ATALA FARAJ, como parte ejecutante de la demanda promovida contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ. (Folios 01 al 03 de la pieza de Tercería)- 3) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado antes citado en audiencia de Subasta celebrada en fecha quince de octubre de dos mil catorce, adjudicó a la parte ejecutante BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (BANCO FICOHSA), el inmueble objeto de Subasta, y por el cual se solicitó su adjudicación por el valor de 75%, que asciende a la cantidad de L.750,000.00, la cual no cubre el total del crédito del ejecutante, y ordena que antes de inscribir el inmueble en el registro correspondiente a favor de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (BANCO FICOHSA), dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 833 del Código Procesal Civil, que señala que, la tercería promovida no suspenderá la ejecución tramitada, la cual continuará hasta la enajenación de los bienes o derechos embargados, y su importe hasta el límite de la cuantía discutida, se depositase en una bancaria o de un agente financiero de ella, sin embargo para inscribir este derecho objeto de subasta se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 833 en referencia al importe de la cuantía de Tercería de preferencia relacionada en autos y una vez que se dé cumplimiento a tal disposición se extienda al nuevo titular del indicado inmueble BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (BANCO FICOHSA S.A.), la certificación que contenga el acta de subasta para su inscripción en el Registro de la Propiedad…”. (Folio 130 al 131 de la primera pieza de antecedentes).- 4) Que en fecha catorce de enero de dos mil quince, compareció ante la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los Artículos 69, 70, 80, 82, 90, 92, 303 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 130 al 131 de la pieza de segunda instancia).- 5) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual falló (Sic) “…1) DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado MARCIO SAID BARHONA SALGADO, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra resolución de fecha quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil, de este Departamento de Francisco Morazán, en la demanda de mérito…”.- (Folios 37 al 38 de la pieza de segunda instancia).- 6) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el Recurso de Amparo Presentado por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO a favor de la sociedad MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, es competente para conocer, pero no observa las formalidades legales y no reconoce los derechos y garantías que establece la ley, como lo es la garantía del debido proceso; al negar la inscripción del inmueble dado en garantía objeto de la demanda y adjudicado por el mismo Juzgado a su representada; y, al pretender que su mandante se haga cargo o garantice obligaciones de la parte ejecutada.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que el ejecutante y ahora demandado por la tercería, ha sido escuchado durante el proceso, ha interpuesto las acciones y recursos que ha estimado, por lo que en su opinión, no ha estado; así también el A-Quo llego a la audiencia de subasta, y adjudicó el bien al ejecutante, pero no ha extendido la certificación para el Registro, debido a la tercería de preferencia que fue interpuesta, la cual como consta no ha sido definida si procede o no. En el caso de autos, se ha seguido el debido proceso y deberá continuar, una vez que se emita la resolución sobre la tercería de preferencia interpuesta; y, por lo tanto no se evidencia transgresión alguna del debido proceso.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso administrativo y judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el Recurso de Amparo Presentado por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO a favor de la sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0828-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
“CERTIFICACIÓN.- El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el Recurso de Amparo Presentado por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO a favor de la sociedad mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ. Estimando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los Artículos 62, 82, 89, 90, 94, 183, 321, 323 y 324 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha nueve de abril de dos mil trece, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, en su condición de Representante Procesal de la Sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), promoviendo Demanda de Ejecución Hipotecaria contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ, en su condición personal y en su condición de Hipotecante No Deudor de las obligaciones contraídas por la Sociedad Mercantil Distribuidora El Cóndor S. de R. L., demanda que se promueve con el fin de que la demandada haga efectivo el pago de las obligaciones de saldo vencido y actualmente exigible que tiene con su representada y que asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.3,800,445.56). (Folio 01 al 08 de la Primera pieza de antecedentes).- 2) Que en fecha seis de mayo de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado MARLON IVAN ESCOBAR CHIRINOS, presentando demanda de Tercería de Preferencia por el Procedimiento Abreviado en contra de la Sociedad Mercantil denominada “FICOHSA”, a través de su representante legal señor JAVIER EDUARDO ATALA FARAJ, como parte ejecutante de la demanda promovida contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ. (Folios 01 al 03 de la pieza de Tercería)- 3) Que adelantado que fue el proceso, el Juzgado antes citado en audiencia de Subasta celebrada en fecha quince de octubre de dos mil catorce, adjudicó a la parte ejecutante BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (BANCO FICOHSA), el inmueble objeto de Subasta, y por el cual se solicitó su adjudicación por el valor de 75%, que asciende a la cantidad de L.750,000.00, la cual no cubre el total del crédito del ejecutante, y ordena que antes de inscribir el inmueble en el registro correspondiente a favor de BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (BANCO FICOHSA), dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 833 del Código Procesal Civil, que señala que, la tercería promovida no suspenderá la ejecución tramitada, la cual continuará hasta la enajenación de los bienes o derechos embargados, y su importe hasta el límite de la cuantía discutida, se depositase en una bancaria o de un agente financiero de ella, sin embargo para inscribir este derecho objeto de subasta se deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 833 en referencia al importe de la cuantía de Tercería de preferencia relacionada en autos y una vez que se dé cumplimiento a tal disposición se extienda al nuevo titular del indicado inmueble BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (BANCO FICOHSA S.A.), la certificación que contenga el acta de subasta para su inscripción en el Registro de la Propiedad…”. (Folio 130 al 131 de la primera pieza de antecedentes).- 4) Que en fecha catorce de enero de dos mil quince, compareció ante la Honorable Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. Manifestando el recurrente que con la resolución recurrida se consideran violentadas las garantías contenidas en los Artículos 69, 70, 80, 82, 90, 92, 303 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 130 al 131 de la pieza de segunda instancia).- 5) Que luego de efectuado el trámite para el recurso de Amparo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictó sentencia mediante la cual falló (Sic) “…1) DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el Abogado MARCIO SAID BARHONA SALGADO, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra resolución de fecha quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil, de este Departamento de Francisco Morazán, en la demanda de mérito…”.- (Folios 37 al 38 de la pieza de segunda instancia).- 6) Que en fecha veintisiete de agosto de dos mil quince, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito en estricto cumplimiento a lo ordenado en el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.- CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el Recurso de Amparo Presentado por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO a favor de la sociedad MERCANTIL BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ.- CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, es competente para conocer, pero no observa las formalidades legales y no reconoce los derechos y garantías que establece la ley, como lo es la garantía del debido proceso; al negar la inscripción del inmueble dado en garantía objeto de la demanda y adjudicado por el mismo Juzgado a su representada; y, al pretender que su mandante se haga cargo o garantice obligaciones de la parte ejecutada.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, cuando señala que el ejecutante y ahora demandado por la tercería, ha sido escuchado durante el proceso, ha interpuesto las acciones y recursos que ha estimado, por lo que en su opinión, no ha estado; así también el A-Quo llego a la audiencia de subasta, y adjudicó el bien al ejecutante, pero no ha extendido la certificación para el Registro, debido a la tercería de preferencia que fue interpuesta, la cual como consta no ha sido definida si procede o no. En el caso de autos, se ha seguido el debido proceso y deberá continuar, una vez que se emita la resolución sobre la tercería de preferencia interpuesta; y, por lo tanto no se evidencia transgresión alguna del debido proceso.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso administrativo y judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, que Denegó el Recurso de Amparo Presentado por el Abogado MARCIO SAID BARAHONA SALGADO a favor de la sociedad Mercantil BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S. A. (BANCO FICOHSA), contra la resolución de fecha quince de octubre de dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la Sociedad Mercantil denominada BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA), contra la señora ELVIA MERCEDES MARTINEZ BENITEZ.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0828-2015.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional.”