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Sentencia AC-799-17 — Registro 9800

Resumen

En Consulta la sentencia recaída en el recurso de amparo interpuesto contra la resolución con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial hipotecaria .- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82, 90, 183 de la Constitución de la República.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... ´´CONSIDERANDO (5): Que el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que la sentencia que recaiga en la consulta, fallará: confirmando, revocando ó reformando la sentencia consultada. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, estima procedente reformar la sentencia consultada, a efecto de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 63 de la supramencionada Ley Sobre Justicia Constitucional. El A-quo, debe ordenar al perito debidamente nombrado, que cumpla con lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia que otorgó el amparo interpuesto por el hoy recurrente, que, como ha quedado dicho, determinó: la necesariedad de la admisión del medio de prueba denominado Peritaje Oficial para que éste realizara operaciones contables que permitiesen determinar la cantidad exigible de ejecución. Consecuentemente es procedente inadmitir el peritaje realizado y mandar la evacuación del mismo, hasta ejecutar a cabalidad la sentencia. El hecho de haberlo aceptado en esa condición, y aún así haber ordenando la ejecución del titulo extrajudicial, constituye desobediencia a una sentencia firme, con lo cual se vulnera no solo el derecho fundamental del debido proceso alegado por el recurrente, sino que desobedece lo dispuesto en lo mandado por el legislador en el artículo 65 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional comparte la motivación de la sentencia consultada, no obstante, le resulta procedente reformar la resolución venida en consulta, señalando a la Corte de Apelaciones la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional.´´

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.-VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el recurso de amparo interpuesto por RAMON OVIDIO NAVARRO D. a favor de SI MISMO y de la señora INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ, sentencia que Otorgo el Recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha Veintinueve de junio de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial hipotecaria promovida por la sociedad mercantil FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA contra el señor RAMON OVIDIO NAVARRO D. E INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82, 90, 183 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES : Que en fecha veintiséis (26) de abril del dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE FRANCISCO MORAZAN, el Abogado ALLAN WADY CASTRO PARADA, interponiendo DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRA JUDICIAL HIPOTECARIO, a favor de FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA SOCIEDAD ANONIMA (FICOHSA), contra el señor RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE E INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ, siendo admitido el mismo en fecha quince de mayo de dos mil trece.-Que seguido el trámite correspondiente el referido Juzgado de Letras resuelve en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, lo siguiente: PRIMERO: Proceder a la subasta del bien inmueble hipotecado, señalando audiencia para el VIERNES 25 DE AGOSTO DE DOS MIL 2017 A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.- SEGUNDO: El bien inmueble en referencia fue valorado para efectos de subasta de común acuerdo por las partes en la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.3,860,697.15). TERCERO:….- CUARTO:… (Folios 348-349 de la primera pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha veintiséis(26) de julio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D., en su condición personal y de mi esposa INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO, promoviendo Demanda de Amparo contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha Veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017).- (Folios 01 al 03 de la pieza de Amparo). 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, mediante la cual falló OTORGANDO el recurso de amparo de mérito, interpuesto por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D., en su condición personal y de mi esposa INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folio 23 al 26 de la pieza de la Corte de Apelaciones).-3) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado RAMON OVIDIO NAVARRO D., en su condición personal y de mi esposa INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ DE NAVARRO, en virtud de la petición de estudio solicitada en base al artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional.-CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que otorgó el Recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial hipotecaria promovida por la sociedad mercantil FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA contra el señor RAMON OVIDIO NAVARRO DUARTE e INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ. La motivación de dicha resolución que otorga el amparo interpuesto consiste, entre otras, en las siguientes consideraciones: “SEGUNDO:… como es el caso de autos donde se conoce en amparo la resolución que fuere dictada en fecha 29 de junio de 2017, mediante la cual se señala audiencia de subasta de un bien inmueble hipotecado, establece su valor nominal para efectos de subasta, la que fuere emitida por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán.- TERCERO: Conforme se reseñó en los antecedentes de hecho, la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, emitió fallo mediante el cual otorgó la acción de amparo interpuesta por el abogado Ramón Ovidio Navarro y, en el cual establecía la necesidad, para efecto de emitir una resolución apegada a derecho y justa, de admitir el medio de prueba denominado Peritaje Oficial para que éste realizara operaciones contables que permitiesen determinar la cantidad exigible de ejecución. En virtud de lo anterior, la hoy recurrida en amparo emitió resolución en fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, mediante la cual resuelve dejar sin valor y efecto el auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, mediante el cual resolvía la oposición planteada contra la demanda de ejecución hipotecaria y que fue recurrida en amparo, así como admitir el medio de prueba Peritaje oficial, por conducto de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para que determine lo siguiente: A)Cantidad adeudada por los ejecutados por el préstamo No 1-477-102989, en banco FICOHSA; desglosada en capital, intereses y demás cargos. B) Cantidad que se adeuda a la fecha de la presentación de la demanda. C) Informar cualquier otra información que se encuentre durante la elaboración del peritaje. Según lo planteado, se observa que en las actuaciones judiciales del expediente venido en amparo, se ha producido una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República que corresponde al debido proceso, conclusión a la que arriba este tribunal dado que la juzgadora una vez recibido el dictamen del Perito Oficial devenía en la obligación de valorar si el mismo determinaba los extremos ordenados mediante auto de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, que obra a folio doscientos nueve y doscientos diez de la pieza bajo examen (F.209-210), para posteriormente emitir una resolución de fondo que resolviera sobre la oposición planteada por el abogado Ramón Ovidio Navarro, valorando el medio de prueba pericial de forma precisa y razonada, atendiendo a las normas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Al omitir dicha resolución y continuar con las actuaciones procesales de ejecución hipotecaria, se vulnera el debido proceso en la esfera del derecho a obtener una resolución de fondo que resuelva sobre las pretensiones planteadas, siendo necesario poner en relieve, que aún cuando existe ausencia de alegación en cuanto a este supuesto, la acción de amparo tiene por objeto la protección frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución….”.CONSIDERANDO (3): Que la Sala de lo Constitucional una vez revisados los antecedentes de mérito y analizada la respuesta jurisdiccional recibida en consulta; estima que la misma, aun y cuando determina la vulneración a un debido proceso, criterio jurisprudencial compartido, prescindió realizar su función revisora, al no hacer ver al A-quo la obligatoriedad a la observancia de lo dispuesto por esta Sala de lo Constitucional quien en su oportunidad otorgó el amparo interpuesto, determinando: la necesariedad de la admisión del medio de prueba denominado Peritaje Oficial para que éste realizara operaciones contables que permitiesen determinar la cantidad exigible de ejecución. La inejecución de la sentencia emitida por esta Sala, provoca la vulneración al debido proceso determinado por el A-quem, no obstante, la sentencia venida en consulta y que otorga la acción constitucional, carece del requisito contemplado en el numeral 3 del artículo 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional¸ cual es “…La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su debida ejecución; y…”.-CONSIDERANDO (4): Que es menester mencionar, que, como un acto de ejecución de la mencionada sentencia dictada por esta Sala, el A-quo emitió resolución mandando que el perito nombrado se pronunciara sobre: A) Cantidad adeudada por los ejecutados por el préstamo No 1-477-102989, en banco FICOHSA; desglosada en capital, intereses y demás cargos. B) Cantidad que se adeuda a la fecha de la presentación de la demanda. C) Informar cualquier otra información que se encuentre durante la elaboración del peritaje. Una vez agotado el peritaje, se recibió como respuesta la valoración del bien mueble supramencionado, información distinta a lo ordenado; sin embargo, aun sin la obtención de los datos ordenados por la Sala de lo Constitucional, se reitera: “admisión del medio de prueba denominado Peritaje Oficial para que éste realizara operaciones contables que permitiesen determinar la cantidad exigible de ejecución”. el A-quo, en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, ordenó: PRIMERO: Proceder a la subasta del bien inmueble hipotecado, señalando audiencia para el VIERNES 25 DE AGOSTO DE DOS MIL 2017 A LAS NUEVE DE LA MAÑANA.- SEGUNDO: El bien inmueble en referencia fue valorado para efectos de subasta de común acuerdo por las partes en la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS (L.3,860,697.15).; por lo que así las cosas, se observa que este amparo que ahora se conoce, es consecuencia de la inejecución de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil catorce, dictada por esta Sala de lo Constitucional, en otra acción de amparo interpuesta en su momento, por el hoy recurrente, cuya certificación obra a folios del 204 al 207 de la primera pieza.-CONSIDERANDO (5): Que el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que la sentencia que recaiga en la consulta, fallará: confirmando, revocando ó reformando la sentencia consultada. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional, estima procedente reformar la sentencia consultada, a efecto de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 63 de la supramencionada Ley Sobre Justicia Constitucional. El A-quo, debe ordenar al perito debidamente nombrado, que cumpla con lo dispuesto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia que otorgó el amparo interpuesto por el hoy recurrente, que, como ha quedado dicho, determinó: la necesariedad de la admisión del medio de prueba denominado Peritaje Oficial para que éste realizara operaciones contables que permitiesen determinar la cantidad exigible de ejecución. Consecuentemente es procedente inadmitir el peritaje realizado y mandar la evacuación del mismo, hasta ejecutar a cabalidad la sentencia. El hecho de haberlo aceptado en esa condición, y aún así haber ordenando la ejecución del titulo extrajudicial, constituye desobediencia a una sentencia firme, con lo cual se vulnera no solo el derecho fundamental del debido proceso alegado por el recurrente, sino que desobedece lo dispuesto en lo mandado por el legislador en el artículo 65 de la Ley sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (6): Que la Sala de lo Constitucional comparte la motivación de la sentencia consultada, no obstante, le resulta procedente reformar la resolución venida en consulta, señalando a la Corte de Apelaciones la obligatoriedad del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 1 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 305, 313 numeral 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 42, 45, 65, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: REFORMANDO la sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), recaída en el recurso de amparo interpuesto por RAMON OVIDIO NAVARRO D. a favor de SI MISMO y de la señora INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ, sentencia que Otorgo el Recurso de amparo interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha veintinueve de junio de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución de titulo extrajudicial hipotecaria promovida por la sociedad mercantil FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA contra el señor RAMON OVIDIO NAVARRO D. E INGRID ELIZABETH VASQUEZ DIAZ; PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE SE DEJE SIN VALOR NI EFECTO EL PERITAJE REALIZADO Y SE MANDE LA EVACUACIÓN DE ESTE MEDIO DE PRUEBA, ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN SENTENCIA DE AMPARO DICTADA POR ESTA SALA DE LO CONSTITUCIONAL EN FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, y será hasta entonces, producto del análisis del resultado del peritaje y en conjunto con los demás medios de prueba, que utilizando la sana critica y las máximas de la experiencia, se determinara lo que en derecho corresponda. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los once (11) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0799-2017 .

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL