Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-780-17 — Registro 7629

Resumen

Resolución dictada por Gobernación Política Departamental de Choluteca que resolvió recurso de apelación contra resolución por la Corporación Municipal de Concepción de María, contenida en Acta N. 86-2016 que acordó por unanimidad pasar el asunto al juzgado departamental de Choluteca en relación a una petición administrativa en la solicitud de dominio pleno sobre un solar ejidal presentada por recurrente quien actúa como gestor oficioso de Eduardo Antonio Corrales Rodríguez

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico, plasmado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, al argumentar entre otros aspectos que se están alegando cuestiones de mera legalidad, sostiene la Alzada que: “El amparista abunda en consideraciones que son de mera legalidad, sobre la validez o invalidez de un documento privado de donación que es potestad de los Tribunales de Justicia determinar su valor, ya que la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado por mandato constitucional corresponde a los Juzgados y Tribunales de Justicia, en ese sentido al revelar los antecedentes que existen dos documentos privados en el cual las partes fundan su derecho para que se les otorgue dominio pleno, el órgano administrativo determino que tal controversia deben resolverla los Tribunales de Justicia, insumos probatorios que se encuentran debidamente agregados a los autos y que obligo al Ente Municipal a resolver de la manera que lo hizo, resolución que fue confirmada por la gobernación Política Departamental de Choluteca como órgano de segunda instancia…”..."esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la resolución recurrida en amparo se encuentra debidamente sustentada, reiterando que la validez o invalidez de un documento privado de donación, es potestad de los órganos jurisdiccionales determinarlo, es por ello que los alegatos del impetrante se consideran cuestiones de mera legalidad, debiendo los tribunales correspondientes determinar si el documento de donación es nulo por carecer de las formalidades que determina el Código Civil, al no constar en Escritura Pública..."..."esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce el amparista le han sido violados a su representada, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues el impetrante alega cuestiones que son meramente jurisdiccionales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de los derechos y las garantías constitucionales invocadas..."..."al haberse detectado una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 1 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad...”..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUENADO QUIROZ a favor de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), que Sobreseyó el Recurso de Amparo presentado por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUENADO QUIROZ, en su condición de representante procesal de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN, contra la resolución dictada por la GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, en fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución proferida por la Corporación Municipal de Concepción de María, Departamento de Choluteca, contenida en el acta No. 86-2016 de la sesión ordinaria celebrada el catorce de octubre del año dos mil dieciséis, que acordó por unanimidad, pasar el asunto al Juzgado Departamental de Choluteca, en relación a una petición administrativa, en la solicitud de dominio pleno sobre un solar ejidal presentada por la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN quien actúa como Gestor Oficioso del señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGUEZ.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se violentan los derechos y garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el abogado ERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN, contra la resolución proferida por la Gobernación Política Departamental de Choluteca, en fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete.- 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó Sentencia en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, mediante la cual falló: (Sic) “SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho merito interpuesto por el Abogado ERICH ANDONNIE BAQUEDANO QUIROZ, quien actúa en su condición de representante procesal de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGON, quien a su vez actúa como Mandataria del Señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGEZ, contra la resolución dictada en fecha siete (07) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) dictada por la Gobernación Política de Choluteca, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución proferida por la Municipalidad de Concepción de Maria, Departamento de Choluteca contenida en el Acta No 86-2016 punto número siete (7) de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) que resolvió pasar el caso planteado al Juzgado Departamental de Choluteca por el motivo que tanto el señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGUEZ como la señora REINA MARINA PAZ presentaron documentos originales en relación a una solicitud de dominio pleno sobre un solar ejidal, ubicado en el Barrio El Plan del Municipio de Concepción de Maria, Departamento de Choluteca….” (Folios del 70 al 74 de la pieza de amparo)- 3) Que en fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ a favor de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN, dando en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, interpuesta por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ, contra la resolución de fecha siete de marzo, del año dos mil diecisiete, dictada por Gobernación Política Departamental de Choluteca, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución proferida por la Corporación Municipal de Concepción de María, Departamento de Choluteca, contenida en el acta No. 86-2016 de la sesión ordinaria celebrada el catorce de octubre del año dos mil dieciséis, que acordó por unanimidad, pasar el asunto al Juzgado Departamental de Choluteca, en relación a una petición administrativa, en la solicitud de dominio pleno sobre un solar ejidal presentada por la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN quien actúa como Gestor Oficioso del señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGUEZ.- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente en amparo ha expuesto en el libelo de la demanda promovida, que el acto contra el cual se reclama, de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por Gobernación Política Departamental de Choluteca, es violatoria de los derechos y garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal b) de la misma ley.- CONSIDERANDO(4): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación contraria a la ley, en tanto contraría a un postulado que reconozca o garantice un derecho fundamental. Por otra parte, la garantía de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”- CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, emitida por Gobernación Política Departamental de Choluteca, que resuelve (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ERICH ANNDONNE BAQUEDANO QUIROZ, en su condición de Apoderado Legal de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGON, en contra de la Resolución de fecha catorce de Octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Municipalidad de Concepción de María.- SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Recurrida….” (Folios 3 y 4 de la pieza de antecedentes de Gobernación Política del Departamento de Choluteca)- CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional, observa que el acto con el cual, el recurrente considera violado o amenazado el derecho al debido proceso, lo desarrolla señalando entre otras situaciones que se ha inobservado por parte de la Corporación Municipal lo dispuesto en el Artículo 1308 del Código Civil[3], Artículos 69[4] y 72[5] de la Ley de Procedimiento Administrativo; considera que al no haberse abierto a pruebas el juicio y al no haberse practicado reconocimiento in situ del solar y no haberse solicitado ningún informe de los órganos consultivos, ni haberse emitido dictamen alguno del Departamento de Asesoría Legal, la Resolución emitida por la Corporación Municipal en su momento, es arbitraria e injusta, por menoscabar el debido proceso constitucional y administrativo, el derecho que posee cualquier ciudadano de ser escuchado en audiencia, de valorar sus pruebas aportadas y que las resoluciones emanadas por las Instituciones u Órganos del Estado, se fundamenten en derecho, no como en el caso de dicha Corporación Municipal, que dictó Resolución sin mencionar siquiera una disposición, artículo o precepto legal contentivo en nuestro ordenamiento jurídico; solicitando la apertura a pruebas a efecto que se valoren los medios de pruebas que acreditan su pretensión.- CONSIDERANDO 7: Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 8: Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico, plasmado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, al argumentar entre otros aspectos que se están alegando cuestiones de mera legalidad, sostiene la Alzada que: “El amparista abunda en consideraciones que son de mera legalidad, sobre la validez o invalidez de un documento privado de donación que es potestad de los Tribunales de Justicia determinar su valor, ya que la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado por mandato constitucional corresponde a los Juzgados y Tribunales de Justicia, en ese sentido al revelar los antecedentes que existen dos documentos privados en el cual las partes fundan su derecho para que se les otorgue dominio pleno, el órgano administrativo determino que tal controversia deben resolverla los Tribunales de Justicia, insumos probatorios que se encuentran debidamente agregados a los autos y que obligo al Ente Municipal a resolver de la manera que lo hizo, resolución que fue confirmada por la gobernación Política Departamental de Choluteca como órgano de segunda instancia…”- CONSIDERANDO 9: Que esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la resolución recurrida en amparo se encuentra debidamente sustentada, reiterando que la validez o invalidez de un documento privado de donación, es potestad de los órganos jurisdiccionales determinarlo, es por ello que los alegatos del impetrante se consideran cuestiones de mera legalidad, debiendo los tribunales correspondientes determinar si el documento de donación es nulo por carecer de las formalidades que determina el Código Civil, al no constar en Escritura Pública.- CONSIDERANDO 10: Que esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce el amparista le han sido violados a su representada, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues el impetrante alega cuestiones que son meramente jurisdiccionales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de los derechos y las garantías constitucionales invocadas.- CONSIDERANDO 11: Que al haberse detectado una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 1 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”.- CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUENADO QUIROZ a favor de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0780-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), que Sobreseyó el Recurso de Amparo presentado por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUENADO QUIROZ, en su condición de representante procesal de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN, contra la resolución dictada por la GOBERNACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA, en fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución proferida por la Corporación Municipal de Concepción de María, Departamento de Choluteca, contenida en el acta No. 86-2016 de la sesión ordinaria celebrada el catorce de octubre del año dos mil dieciséis, que acordó por unanimidad, pasar el asunto al Juzgado Departamental de Choluteca, en relación a una petición administrativa, en la solicitud de dominio pleno sobre un solar ejidal presentada por la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN quien actúa como Gestor Oficioso del señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGUEZ.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se violentan los derechos y garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil dieciséis, compareció ante la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, el abogado ERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ, interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN, contra la resolución proferida por la Gobernación Política Departamental de Choluteca, en fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete.- 2) Que seguido el trámite de ley que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, dictó Sentencia en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, mediante la cual falló: (Sic) “SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho merito interpuesto por el Abogado ERICH ANDONNIE BAQUEDANO QUIROZ, quien actúa en su condición de representante procesal de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGON, quien a su vez actúa como Mandataria del Señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGEZ, contra la resolución dictada en fecha siete (07) de marzo del año dos mil diecisiete (2017) dictada por la Gobernación Política de Choluteca, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución proferida por la Municipalidad de Concepción de Maria, Departamento de Choluteca contenida en el Acta No 86-2016 punto número siete (7) de fecha catorce (14) de octubre del año dos mil dieciséis (2016) que resolvió pasar el caso planteado al Juzgado Departamental de Choluteca por el motivo que tanto el señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGUEZ como la señora REINA MARINA PAZ presentaron documentos originales en relación a una solicitud de dominio pleno sobre un solar ejidal, ubicado en el Barrio El Plan del Municipio de Concepción de Maria, Departamento de Choluteca….” (Folios del 70 al 74 de la pieza de amparo)- 3) Que en fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo presentado por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ a favor de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN, dando en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo Civil venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, interpuesta por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUEDANO QUIROZ, contra la resolución de fecha siete de marzo, del año dos mil diecisiete, dictada por Gobernación Política Departamental de Choluteca, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución proferida por la Corporación Municipal de Concepción de María, Departamento de Choluteca, contenida en el acta No. 86-2016 de la sesión ordinaria celebrada el catorce de octubre del año dos mil dieciséis, que acordó por unanimidad, pasar el asunto al Juzgado Departamental de Choluteca, en relación a una petición administrativa, en la solicitud de dominio pleno sobre un solar ejidal presentada por la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN quien actúa como Gestor Oficioso del señor EDUARDO ANTONIO CORRALES RODRIGUEZ.- CONSIDERANDO 2: Que el recurrente en amparo ha expuesto en el libelo de la demanda promovida, que el acto contra el cual se reclama, de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por Gobernación Política Departamental de Choluteca, es violatoria de los derechos y garantías contenidas en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO 3: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal b) de la misma ley.- CONSIDERANDO(4): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[6]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación contraria a la ley, en tanto contraría a un postulado que reconozca o garantice un derecho fundamental. Por otra parte, la garantía de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[7].”- CONSIDERANDO 5: Que del examen de los autos, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución de fecha siete de marzo del año dos mil diecisiete, emitida por Gobernación Política Departamental de Choluteca, que resuelve (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado ERICH ANNDONNE BAQUEDANO QUIROZ, en su condición de Apoderado Legal de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGON, en contra de la Resolución de fecha catorce de Octubre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Municipalidad de Concepción de María.- SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolución Recurrida….” (Folios 3 y 4 de la pieza de antecedentes de Gobernación Política del Departamento de Choluteca)- CONSIDERANDO 6: Que esta Sala de lo Constitucional, observa que el acto con el cual, el recurrente considera violado o amenazado el derecho al debido proceso, lo desarrolla señalando entre otras situaciones que se ha inobservado por parte de la Corporación Municipal lo dispuesto en el Artículo 1308 del Código Civil[8], Artículos 69[9] y 72[10] de la Ley de Procedimiento Administrativo; considera que al no haberse abierto a pruebas el juicio y al no haberse practicado reconocimiento in situ del solar y no haberse solicitado ningún informe de los órganos consultivos, ni haberse emitido dictamen alguno del Departamento de Asesoría Legal, la Resolución emitida por la Corporación Municipal en su momento, es arbitraria e injusta, por menoscabar el debido proceso constitucional y administrativo, el derecho que posee cualquier ciudadano de ser escuchado en audiencia, de valorar sus pruebas aportadas y que las resoluciones emanadas por las Instituciones u Órganos del Estado, se fundamenten en derecho, no como en el caso de dicha Corporación Municipal, que dictó Resolución sin mencionar siquiera una disposición, artículo o precepto legal contentivo en nuestro ordenamiento jurídico; solicitando la apertura a pruebas a efecto que se valoren los medios de pruebas que acreditan su pretensión.- CONSIDERANDO 7: Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO 8: Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio jurídico, plasmado por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, al argumentar entre otros aspectos que se están alegando cuestiones de mera legalidad, sostiene la Alzada que: “El amparista abunda en consideraciones que son de mera legalidad, sobre la validez o invalidez de un documento privado de donación que es potestad de los Tribunales de Justicia determinar su valor, ya que la facultad de juzgar y ejecutar lo juzgado por mandato constitucional corresponde a los Juzgados y Tribunales de Justicia, en ese sentido al revelar los antecedentes que existen dos documentos privados en el cual las partes fundan su derecho para que se les otorgue dominio pleno, el órgano administrativo determino que tal controversia deben resolverla los Tribunales de Justicia, insumos probatorios que se encuentran debidamente agregados a los autos y que obligo al Ente Municipal a resolver de la manera que lo hizo, resolución que fue confirmada por la gobernación Política Departamental de Choluteca como órgano de segunda instancia…”- CONSIDERANDO 9: Que esta Sala estima que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la resolución recurrida en amparo se encuentra debidamente sustentada, reiterando que la validez o invalidez de un documento privado de donación, es potestad de los órganos jurisdiccionales determinarlo, es por ello que los alegatos del impetrante se consideran cuestiones de mera legalidad, debiendo los tribunales correspondientes determinar si el documento de donación es nulo por carecer de las formalidades que determina el Código Civil, al no constar en Escritura Pública.- CONSIDERANDO 10: Que esta Sala observa que se han respetado los derechos que aduce el amparista le han sido violados a su representada, toda vez que no se ha constatado la infracción al derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues el impetrante alega cuestiones que son meramente jurisdiccionales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, pues como ya lo ha expresado esta Sala en diferentes sentencias el que una resolución no sea acorde a las pretensiones de las partes, no supone en consecuencia el quebrantamiento de los derechos y las garantías constitucionales invocadas.- CONSIDERANDO 11: Que al haberse detectado una causal de inadmisibilidad de la acción constitucional de amparo impetrada, corresponde en consecuencia dictar el sobreseimiento de la demanda, al tenor y en estricto cumplimiento a lo preceptuado en el numeral 1 y en el último párrafo del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;… El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”.- CONSIDERANDO (12): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe CONFIRMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ERICH ANNDONNIE BAQUENADO QUIROZ a favor de la señora NORA ORFILIA PAZ MONDRAGÓN. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 46.1 y último párrafo, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0780-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

CEDV

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces. Si no es otorgada por escritura publica. Tampoco valdrá sin este requisito la remisión a una deuda de la misma especie de bienes.

[4] Cuando el órgano competente para resolver no tenga por cierto los hechos alegados por la parte interesada o ésta lo solicitare, podrá acordar la apertura a pruebas por un término no inferior a diez (10) días ni superior a veinte (20), e incumbirá al interesado la de los hechos de que derive su derecho y no resulten del expediente.

[5] El órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde la fecha en que reciba la petición….

[6] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[7] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[8] No valdrá la donación entre vivos de cualquier especie de bienes raíces. Si no es otorgada por escritura publica. Tampoco valdrá sin este requisito la remisión a una deuda de la misma especie de bienes.

[9] Cuando el órgano competente para resolver no tenga por cierto los hechos alegados por la parte interesada o ésta lo solicitare, podrá acordar la apertura a pruebas por un término no inferior a diez (10) días ni superior a veinte (20), e incumbirá al interesado la de los hechos de que derive su derecho y no resulten del expediente.

[10] El órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde la fecha en que reciba la petición….