Sentencia AC-734-18 — Registro 8910
Resumen
Sentencia otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto dictado por juzgado de primera instancia que desetimó impugnación de tasación de honorarios profesionales en relación a demanda de desahucio por mora de pago de renta promovida por recurrrente contra institución bancaria, fallo en consulta ordenó darle el trámite de ley para honorarios excesivos de abogados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."el Ad-Quem después del estudio de los antecedentes encuentra que no se han quebrantado los derechos invocados por el recurrente, apreciando que las cuestiones planteadas por impetrante resultan ser cuestiones de mera legalidad, propias del juzgado de instancia y no de esa alzada. Señalando como cuestiones de mera legalidad aquellas que por non ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos meramente judiciales, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las resoluciones jurisdiccionales y solo cabe el conocimiento de los mismos a los órganos encargados..."...."esta Sala observa que ciertamente el recurrente hace uso indebido de la acción recursiva al interponer la acción de amparo sobre una cuestión de mera legalidad, que le corresponde al Juez de instancia resolver, y que ya ha sido resuelta, por lo que la acción de amparo interpuesta, resulta inadmisible..."..."Apreciando esta Sala que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el Debido Proceso y el Derecho de Defensa, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), que otorgó el recurso presentado por el Abogado Gerardo Francisco Ayala Paz a favor de la Sociedad Mercantil denominada PROYECTOS E INVERSIONES S.A. DE C.V., contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho (2018), en relación a la demanda de desahucio por mora promovida por Sociedad Mercantil denominada PROYECTOS E INVERSIONES S.A. DE C.V., contra la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., representada por la Sociedad BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho constitucional consignados en los artículos 82, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante Corte de Apelaciones de lo Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, interponiendo recurso de amparo a favor de la Empresa PROYECTOS E INVERSIONES, S.A. de C.V., contra la resolución de fecha 30 de mayo del 2018 dictado por el Juzgado de Letras de Inquilinato de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en la cual se Desestima por Improcedente la impugnación de tasación de costas del juicio, relacionadas a la demanda de desahucio por mora en el pago de la renta, presentada contra BANCO CONTINENTAL S.A. representada por la Sociedad BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. (Folios 1–4 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veinticuatro (24) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018) emitió su Sentencia, en la cual Falló: (SIC) “OTORGANDO el recurso de Amparo de que se ha hecho mérito a favor de la empresa PROYECTOS E INVERSIONES, S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho dictada por el Juzgado de Letras de Inquilinato de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés en el expediente número 0501-2017-00018-LID, debiendo el Juzgado de Primera Instancia darle el trámite que manda la normativa procesal vigente a la impugnación interpuesta, sin perjuicio que estime o desestime la misma, una vez escuchado el informe del Colegio de Abogados.-” (Folio 19–21 de la pieza de Corte de Apelaciones).3) Que en fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, a favor de la Sociedad Mercantil PROYECTO E INVERSIONES, S.A. DE C.V., contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en relación a la Demanda de Desahucio por mora promovida por la Sociedad Mercantil denominada PROYECTOS E INVERSIONES, S.A., DE C.V., contra la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A.,representada por la Sociedad BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A. CONSIDERANDO (4): Que el Ad-Quem, en la motivación Fáctica Jurídica expone que la interposición de la acción de amparo obedece a que el recurrente estima que la resolución de fecha treinta de mayo del año dos mil dieciocho, dictada por el A quo, mediante la cual se desestima la impugnación de honorarios por improcedente y se le condena en costas, se le vulnera su derecho de defensa y debido proceso y legalidad, consignados en los artículos 82, 90, 94, 321 y 323 de la Constitución de la República, en virtud de dictar la resolución sin haber solicitado la opinión del Colegio de abogados de Honduras como manda la ley en el caso que los honorarios reclamados sean excesivos, infringiendo lo dispuesto en el Código Procesal Civil que regula lo relativo a las costas en sus artículo 222 al 227, señalando que el A quo sin fundamento legal alguno, mediante el procedimiento equivocado bajo las normas del procedimiento abreviado dictó el auto recurrido violentando derechos y garantías constitucionales a su representada. Se aprecia una breve relación de la demanda de Desahucio en la que se dictó sentencia definitiva confirmada por la Corte de Apelaciones, de aquella sección judicial. CONSIDERANDO (5): Que la parte demandada solicitó tasación de costas admitida la misma la secretaría del despacho procedió a practicar la tasación peticionada, dándole vista a las partes, fue impugnada por la parte actora, resolviendo el juzgador en auto definitivo desestimar la impugnación de honorarios presentada por improcedente e impuso condena en costas a la parte demandante. Deja establecido el Ad-quem “la impugnación realizada por el apoderado de la Sociedad PROYECTOS E INVERSINES, S.A., DE C.V., se basó en que los honorarios reclamados por la parte demandante son EXCESIVOS y no se deben”. Así mismo apreció el Ad quem que el A quo resolvió sobre la impugnación planteada sin solicitar la opinión del Colegio de abogados, aduciendo que la disconformidad del demandante y la razón por la cual impugna la tasación es “haberse incluido un derecho no debido que se volvió excesivo al haberse utilizado el artículo 45 en vez del artículo 38 del Arancel del Profesional del Derecho…”. Por lo que no ameritaba la remisión al Colegio de Abogados al no existir discrepancia de los honorarios presentados por el solicitante con los criterios orientadores en materia de honorarios previstos en el arancel. Concluyendo el Ad quem que cuando la impugnación se basa en honorarios excesivos de abogados, el artículo 226.1 manda que el procedimiento a seguir sea el de pedir opinión al Colegio de Abogados de Honduras a fin de que emita su informe, señalando que dicho informe sirve de base para que el Secretario mantenga o modifique la tasación realizada, remitiéndosela al Tribunal para que éste resuelva mediante auto sin ulterior recurso. Por todo ello el Ad-Quem Otorgó el Recurso de amparo del que hizo mérito. CONSIDERRANDO (6): Que esta Sala aprecia de los antecedentes y de la sentencia en consulta que efectivamente el A quo no siguió el procedimiento establecido en el artículo 226.1 del Código Procesal Civil que dispone: “Si la tasación se impugnará por considerar excesivos los honorarios de los profesionales del derecho, se oirá en el plazo de cinco (5) días a éste y, si no aceptara la reducción de los honorarios que se le reclame, se parará testimonio de los expedientes o de las parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe dentro del plazo de diez (10) días. Por todo ello, los motivos invocados por el impetrante para recurrir en amparo son constitutivos del quebrantamiento de los derechos invocados. En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, atendiendo el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva, mediante la correcta aplicación de la ley. Por todo ello tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, resulta procedente en derecho CONFIRMAR la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 303, 304 , 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do., de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil dieciocho, por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ, a favor de la Sociedad Mercantil PROYECTOS E INVERSIONES, S.A. de C.V. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta bajo el número SCO-734-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL