Sentencia AC-728-16 — Registro 7600
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación y confirmó resolución dictada por juzgado de primera instancia que tuvo a la parte ejecutada como desistida de su oposición debido a su falta de comparecencia con relación a demanda de ejecución de laudo arbitral promovida por Centro Médico Biológico S de R L contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo…"…"el derecho de defensa no se conculca si se pierden las oportunidades procesales por culpa o negligencia de quien devenía en la obligación de ejercitar una carga procesal, en este caso comparecer de manera personal o si fuere persona jurídica a través de la persona que fuere su representante legal. En el presente caso consta que las condiciones procesales para que la parte ejecutada ejerciera su derecho de defensa fueron cumplidas por los órganos jurisdiccionales a cabalidad; y que las sanciones impuestas por su causa o sea por su incomparecencia a la audiencia de oposición, se encuentran dispuestas por la ley. De tal suerte que procede la denegatoria para la presente garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito..."
Legislación citada
- Constitución de la República de Honduras, art. 90 (Decreto)
- Código Procesal Civil, art. 795 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho VISTO: Para dictar sentencia en la garantía constitucional de amparo interpuesta por la abogada KAREN YADIRA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en contra de la sentencia dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, por el honorable Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda de ejecución de laudo arbitral, promovida por la sociedad mercantil CENTRO MÉDICO BIOLÓGICO S. DE R.L., en contra del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha doce de febrero de dos mil quince, compareció ante el honorable Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el abogado CARLOS HUMBERTO MEDRANO IRIAS, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil CENTRO MÉDICO BIOLÓGICO S. DE R.L., interponiendo Demanda de ejecución de laudo arbitral, en contra del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), solicitando que: Se ordene el pago de la suma adeudada al ejecutado; que una vez hecha la declaración jurada de los bienes del ejecutado, establecer la prohibición de disponer, limitar o gravar sus bienes o derechos sin autorización judicial; y en caso de cumplir con lo solicitado, decretar el embargo de bienes suficientes para pagar la cantidad adeudada, más las costas procesales y los intereses generados hasta su pago. (Folios 1–84 de la primera pieza de los antecedentes). 2. Seguido el trámite legal correspondiente, el citado juzgado celebró audiencia de oposición en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, en la cual resolvió: “… vista la no comparecencia de la parte ejecutada a la audiencia, habiéndosele hecho saber anteriormente que debe comparecer al llamado que le hace el juzgado y vista que no se acreditó documentales la incomparecencia, este juzgado fundado en tales disposiciones, tiene por desistido al ejecutado de la oposición interpuesta, se le imponen las costas a la parte opositora y se le condena a que indemnice por los daños y perjuicios causadas a la parte ejecutante.” (Folio 136 de la primera pieza de los antecedentes) 3. La honorable Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, conociendo del recurso de apelación interpuesto por la abogada KAREN YADIRA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, en su condición de apoderada legal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución en audiencia celebrada en fecha veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015). SEGUNDO: Se confirma la misma. TERCERO: Con costas a la parte apelante.” (Folios 16–21 de la segunda pieza de los antecedentes). 4. La abogada KAREN YADIRA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, compareció ante este tribunal en fecha veintinueve de julio de dos mil dieciséis, interponiendo acción de amparo a favor del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado la garantía de mérito, en fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete. (Folio 1–9 y 36 de la presente garantía). 5. En fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su fiscal, el abogado JUAN CARLOS SÁNCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque NO SE OTORGUE la presente acción de amparo, por no existir vulneración del derecho de defensa y del debido proceso invocadas por la amparista.” (Folio 39 de la presente garantía). ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los derechos de defensa y debido proceso, contenidos por su orden en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. La impetrante refiere que la decisión pronunciada por la honorable corte de apelaciones violenta los derechos de su poderdante porque se le está limitando el derecho a ser oída. En su escueta exposición la amparista refiere que su poderdante el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) quedó en indefensión al tenerla por desistida debido a que no compareció a la audiencia de oposición realizada por el a quo, sin tomar éste en cuenta que su poderdante sí estuvo presente por medio de su propia persona en su condición de representante. En virtud de ello no se le permitió expresar sus pretensiones aun cuando ella como representante tenía todas las facultades para hacerlo. Para lo anterior cita el literal c del artículo 62 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: “La no comparecencia en juicio y representación: Por personas jurídicas, públicas y por las privadas, nacionales o extranjeras comparecerán quienes legalmente los represente.” CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen de la resolución que se impugna por vía de amparo constitucional. Consta en autos que la honorable Corte de Apelaciones Civil de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán dictó la resolución de fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual confirmó la decisión del a quo, quien a su vez tuvo a la parte ejecutada como desistida de su oposición debido a su falta de comparecencia, imponiéndole además el pago de costas y la condena a indemnizar por los daños y perjuicios causados a la parte ejecutante. En su fundamentación el tribunal de alzada explica que el numeral 1 del artículo 445 y el numeral 1 del artículo 590, ambos del Código Procesal Civil, exigen la comparecencia de las partes materiales a la audiencia preliminar y la audiencia del juicio abreviado respectivamente, salvo motivo fundado; con el fin de posibilitar una eventual conciliación entre los intervinientes en el proceso. En el proceso ordinario el efecto de la incomparecencia de las partes es que se les tenga por no comparecidas, no estableciendo el Código las consecuencias jurídicas negativas; sin embargo, en el proceso abreviado, la incomparecencia injustificada del demandante ocasiona el efecto jurídico de tenerlo por desistido de su demanda con la imposición de costas. De manera flexible la legislación procesal le confiere un tratamiento diferente a la parte material demandada, quien, por su incomparecencia, justificada o no impide la celebración de la audiencia. Agrega que iguales circunstancias se estipulan en los casos de incomparecencia del opositor a la ejecución de títulos extrajudiciales, en los que de conformidad a lo establecido en el artículo 795 del Código Procesal Civil, la incomparecencia del deudor provoca la imposición del pago de costas causadas y la condena a indemnizar al demandante comparecido (parte ejecutante). En cuanto a la ejecución de títulos judiciales, si bien el Código Procesal Civil no establece un trámite de forma expresa, en su artículo 764 remite al procedimiento que corresponde a los incidentes presentados por escrito (artículo 416 del Código Procesal Civil). A su vez, la tramitación de estos se sustanciará mediante el señalamiento de una audiencia, la cual es la que corresponde al proceso abreviado (artículo 590.1 del Código Procesal Civil). En este sentido, la remisión al artículo 764 del Código Procesal Civil, o sea la sustanciación de la oposición a la audiencia por el juicio abreviado, es de observancia obligatoria para el juzgado, el cual dará cumplimiento a los requerimientos que de forma expresa establece el artículo 445.1 del Código Procesal Civil, encaminada a posibilitar una eventual conciliación, y en acatamiento de los principios de inmediación, concentración y publicidad, exigen la inexcusable presencia, no sólo del juez, sino también de las partes materiales, ya que ningún comisionamiento a otras personas en representación de aquellas es permitido, ni en el secretario, ni en otros auxiliares; como tampoco se exculpa, salvo supuestos excepcionales debidamente acreditados, la ausencia de las partes materiales, en especial de la opositora, quien con su resistencia(oposición), ha evitado el normal desarrollo del proceso de ejecución hasta el cumplimiento de la obligación documentada. En ese sentido, de forma analógica a lo dispuesto en el artículo 795.1 del Código Procesal Civil sobre la oposición a la ejecución de títulos extrajudiciales, la sola ausencia injustificada de la parte material ejecutada a la audiencia de oposición, se castiga con el desistimiento de la oposición. De allí que el ad quem considera que la misma consecuencia jurídica debe aplicarse a las incomparecencias injustificada de la parte material demandada y opositora a la audiencia de oposición de títulos judiciales, pues son procesos completamente similares, con escasas diferencias, más que todo de forma, sin variar el contenido, alcance y finalidad de los mismos, como es llevar a efecto el cumplimiento tanto los títulos de ejecución judiciales y los extrajudiciales en sus diversas formas. Finamente refiere que el derecho de defensa en el caso del proceso de ejecución se encuentra condicionada a los fines propios del proceso y que en el caso de mérito se le dio a la deudora la oportunidad de oponerse al mandamiento de ejecución y se le señaló la audiencia de oposición, por lo que se le garantizó lo relativo a los principios de no indefensión, contradicción e igualdad que establecen entre otros los de que todas las partes tienen derecho a ser oídas por el órgano jurisdiccional antes de adoptar cualquier decisión, que son iguales en el proceso, que tienen los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades en función de la posición procesal que ocupan. Así como el hecho de que la parte opositora no compareció a la audiencia de oposición señalada sin acreditar debidamente la causa, a sabiendas de las consecuencias jurídicas que conllevaba su incomparecencia. Señala que es necesario recordar que una vez personadas en juicio las partes materiales y habiendo designado apoderado judicial, es a través de éste, que se les hace las comunicaciones correspondientes, de conformidad al artículo 138 del Código Procesal Civil. Por lo antes expuesto, es que a criterio del ad quem, no son de recibo los argumentos esgrimidos por la parte recurrente. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la opinión del Ministerio Público en relación con la petición de la garantista. La agente de tribunales, abogad Juan Carlos Sánchez Villalobos al emitir su dictamen fue de la opinión porque no se otorgue la garantía de amparo de mérito. El fiscal señala que no se aprecia vulneración de los derechos de defensa y debido proceso debido a que la censora no señala de qué manera los órganos jurisdiccionales generaron la indefensión que alega. El agente de tribunales del Ministerio Público observa que a folio 135 de la primera pieza de autos se encuentra la notificación en estrados a cada parte, así como al IHSS por medio de su representante procesal para comparecer a la respectiva audiencia de oposición. Manifiesta además que el artículo 795 del Código Procesal Civil al regular la audiencia de oposición, establece en el numeral primero que la incomparecencia del deudor, en este caso el IHSS, provoca la declaratoria de desistimiento. En ese sentido que entiende que la referencia del artículo 795 aludido, comprende única y exclusivamente al titular de la obligación, ya que no puede llamar deudor a otro que no sea el obligado, por lo que se entiende que el precepto legal exige que el obligado, en el caso de una persona jurídica, su representante legal, debe presentarse a la audiencia en cuestión; y siendo que en la audiencia de mérito solamente se hizo presente la representante procesal, que no es lo mismo que el representante legal, se dan las condiciones jurídicas para decretar el desistimiento cuestionado. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de la violación señalada por el amparista. La Sala de lo Constitucional, luego de analizar las presentes diligencias, estima procedente denegar la presente garantía constitucional de amparo. Lo anterior obedece a que el derecho de defensa no se conculca si se pierden las oportunidades procesales por culpa o negligencia de quien devenía en la obligación de ejercitar una carga procesal, en este caso comparecer de manera personal o si fuere persona jurídica a través de la persona que fuere su representante legal. En el presente caso consta que las condiciones procesales para que la parte ejecutada ejerciera su derecho de defensa fueron cumplidas por los órganos jurisdiccionales a cabalidad; y que las sanciones impuestas por su causa o sea por su incomparecencia a la audiencia de oposición, se encuentran dispuestas por la ley. De tal suerte que procede la denegatoria para la presente garantía constitucional de amparo de que se ha hecho mérito. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 80, 183, 303, 313 Nº 5, 316 Nº 1 y 355 de la Constitución de la República; 1, 78 Nº 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3 Nº 2, 4, 5, 7, 9 Nº 2, 41, 63 y 72 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la garantía constitucional de amparo impetrada por la abogada Karen Yadira Martínez Hernández, en contra de la resolución dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis por la honorable CORTE DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Esto en relación con la Demanda de ejecución de laudo arbitral, promovida por la sociedad mercantil CENTRO MÉDICO BIOLÓGICO S. DE R.L., en contra del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal con el número 0728-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”