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Sentencia AC-712-16 — Registro 10148

Resumen

Sobreseimiento de amparo en consulta en relación a demanda ejecutiva de pago promovida contra impetrante interpuesto dicha acción contra resolución que ordena audiencia de remate de bien inmueble hipotecado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(6): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido haber revisado el expediente de mérito encontrando que no se han quebrantado los derechos de la recurrente, porque la demandada fue requerida legalmente, dándose por enterada de la acción o juicio dirigido contra ella, ya que el recurrente actuó en el proceso realizando diligencias a favor de la señora Ramos Aguilar. Por todo ello colige el Ad-Quem que la intención del recurrente con la acción de amparo tiene por objeto la dilación del proceso, por lo que en aplicación del artículo 46 numeral 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional relacionado con el último párrafo del mismo artículo sobresee la acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la acción de amparo se configura como un proceso autónomo que tiene como finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a violaciones actuales o a amenazas, convirtiendo los derechos fundamentales en algo efectivo para su protección formal y material. En ese orden de ideas en relación al caso en estudio esta Sala aprecia que los hechos que se han venido realizando hasta la interposición de la acción de amparo seguirán subsistiendo hasta el momento de resolver en última instancia, por otra parte si bien es cierto estos hechos aun no se han consumado refriéndonos específicamente al hecho de subastar la propiedad de la representada del recurrente, constando en autos que ciertamente se pretendió utilizar una escritura que resultó ser falsa por lo que no puede tener efectos para realizar ni ahora ni en el futuro la dicha subasta, son hechos que desde ya se han convertido en una amenaza cierta e inminente que deberá ser dilucidada por los órganos jurisdiccionales correspondientes. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por la impetrante. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de junio del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciséis, que sobresee un recurso de apelación presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por la Sociedad Mercantil “CREDIT EXPRESS S.A”, contra la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 103 Y 106 de la Constitución de la Republica. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiocho de octubre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, la Abogada MIGDALIA YAHELI RAMOS MARTINEZ, actuado en su condición de apoderada legal de la Sociedad Mercantil “CREDIT EXPRESS S.A”, interponiendo Demanda Ejecutiva de Pago, contra la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR, para que previo los trámites legales y mediante sentencia definitiva, sea condenada a pagar a la demandante la cantidad de CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS (L.114,063.00), más los intereses pactados a partir del veintisiete de octubre de dos mil diez, hasta la fecha de pago, así como las costas del juicio. En consecuencia, en fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el citado Juzgado admitió la demanda relacionada y ordenó al Receptor del Despacho requiriese en legal y debida forma a la demandada, para que en el término legal de veinticuatro horas procediera a pagar o consignara a favor del ejecutante la cantidad anteriormente señalada. (Folios 01, 02 y 08 de la pieza de primera instancia). 2) Que en fecha veintitrés de agosto de dos mil once, la Abogada MIGDALIA YAHELI RAMOS MARTINEZ, actuando en su condición antes indicada, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, solicitando se decretara caducidad de término, se ordenara el embargo sobre un bien inmueble hipotecado a favor de su representada y se nombrara un Juez Ejecutor. 3) Que en fecha catorce de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, el Abogado RAMON ROBERTO MENDOZA ARTICA, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil CREDIT EXPRESS, S.A., solicitando se fijara fecha para audiencia de remate. En consecuencia, mediante auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, dispuso: “Admítase el escrito que antecede, junto con la publicación que acompaña los cuales se mandan agregar a sus antecedentes. Como se solicita, señálese audiencia para el día MARTES DIECINUEVE (19) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016), A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (10:00 A.M), con el objeto de rematar en pública subasta el bien inmueble embargado en el presente juicio; debiendo hacerse las publicaciones de Ley correspondiente en un periódico de mayor circulación por veinte días consecutivos, haciéndose la advertencia que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del avalúo total del inmueble por tratarse de primera audiencia dicho inmueble fue valorado de común acuerdo por las partes en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.150,000.00). Se hace la advertencia que las publicaciones deberán hacerse en letra clara y tamaño normal, advirtiéndose al representante de la parte ejecutora que no se admitirán anuncios que no hayan sido impresos con letra de fácil lectura. Asimismo con las inserciones de estilo y delegándose amplias facultades líbrese atenta comunicación al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Francisco Morazán, a efecto de que se sirva certificar los gravámenes que pesan sobre el Inmueble a rematarse inscrito bajo matricula Numero 633473 Asiento número 1, del libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Francisco Morazán.- Artículos 4, 8, 80, 85, 158, 185, 488, 489 del Código de Procedimientos Civiles.- NOTIFIQUESE.” (Folio 77 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha dieciocho de julio de dos mil dieciséis, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, interponiendo acción de amparo a favor de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, por considerar el recurrente que se ha violentado los derechos contenidos en el artículo 103 Y 106 de la Constitución de la Republica. 5) Que en fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó resolución en la cual: “…resuelve: PRIMERO: … SEGUNDO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY actuando en representación de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR, quien recurre contra la resolución de fecha 18 de marzo de 2016, emitida por el Juzgado antes referido. (Folios 19 al 20 de la segunda pieza de antecedentes). 6) Que en fecha veintidós de julio de dos mil dieciséis, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciséis, dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL, del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, a favor de SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR que SOBRESEE el recurso de amparo interpuesto, contra el auto de fecha dieciocho de marzo del año dos mil dieciséis, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL de la misma sección judicial, con relación a la Demanda Ejecutiva promovida por la Sociedad Mercantil CREDIT EXPRESS, S.A., contra la señora SIMONA LAGOS AGUILAR. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que el recurrente interpuso acción de amparo señalando la violación de derechos establecidos tanto en la Constitución de la República como en los tratados internacionales suscritos por el Estado de Honduras en perjuicio de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR, entre ellos el derecho a la propiedad, el derecho de acceder a los tribunales de justicia, el derecho de acción, derecho de defensa y debido proceso, todo ello por medio de una DEMANDA EJECUTIVA PROMOVIDA CON DOCUMENTOS FALSOS PARA REMATAR EN SUBASTA PÚBLICA, un inmueble de su propiedad, señala además que se generó otro documento falso con el acta de requerimiento(F.9 primera Pieza), ya que la demandada nunca fue requerida por el receptor del despacho quien faltó a la fe procesal, señalando que su representada de haber conocido la demanda en su contra se hubiese opuesto desde el inicio y en el momento procesal oportuno, pues en su condición particular jamás ha firmado un préstamo con garantía hipotecaria del bien inmueble de su propiedad con la SOCIEDAD MERCANTIL CREDIT EXPRESS, S.A.(F:2 vuelto, Pieza DE Amparo). Señala que su representada tuvo conocimiento de los hechos a través de un medio de comunicación, por lo que presentó denuncia criminal ante el Ministerio Público para que se realizara la investigación pertinente y se constatara que el instrumento público número 71 que contiene el préstamo con garantía hipotecaria, era falso, por lo que se realizo la pericia calígrafa y grafoscópica correspondientes y se demostró que el mencionado documento es falso según el dictamen forense número 2014-0801-0504-6659, realizado por el Perito del Ministerio Público y que obra en el requerimiento fiscal presentado en el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial del Departamento de Francisco Morazán contra los señores JOSE MANUEL CANTOR BONILLA como representante legal de la sociedad mercantil CRTEDIT EXPRESS, S.A. y contra el Notario Público OSMAN TOSTA GUEVARA, por los delitos de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, USO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y ESTAFA, proceso penal que se encuentra registrado bajo expediente 433-16-J-15 y que en audiencia inicial a los imputados se les decretó AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO. CONSIDERANDO (5): Que el recurrente ha manifestado que los hechos señalados había paralizado la prosecución de la demanda ejecutiva, por haberse dado a conocer al órgano jurisdiccional, sin embargo la A-Quo cometiendo abuso de autoridad y con pleno conocimiento de su arbitrariedad decidió señalar audiencia de remate con el objetivo de despojar con medios fraudulentos el bien inmueble perteneciente a la demandante, señalando audiencia de remate para el día martes 19 de julio del año 2016, por lo que pidió la suspensión del Acto reclamado. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem en su resolución deja establecido haber revisado el expediente de mérito encontrando que no se han quebrantado los derechos de la recurrente, porque la demandada fue requerida legalmente, dándose por enterada de la acción o juicio dirigido contra ella, ya que el recurrente actuó en el proceso realizando diligencias a favor de la señora Ramos Aguilar. Por todo ello colige el Ad-Quem que la intención del recurrente con la acción de amparo tiene por objeto la dilación del proceso, por lo que en aplicación del artículo 46 numeral 9 de la Ley Sobre Justicia Constitucional relacionado con el último párrafo del mismo artículo sobresee la acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la acción de amparo se configura como un proceso autónomo que tiene como finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a violaciones actuales o a amenazas, convirtiendo los derechos fundamentales en algo efectivo para su protección formal y material. En ese orden de ideas en relación al caso en estudio esta Sala aprecia que los hechos que se han venido realizando hasta la interposición de la acción de amparo seguirán subsistiendo hasta el momento de resolver en última instancia, por otra parte si bien es cierto estos hechos aun no se han consumado refriéndonos específicamente al hecho de subastar la propiedad de la representada del recurrente, constando en autos que ciertamente se pretendió utilizar una escritura que resultó ser falsa por lo que no puede tener efectos para realizar ni ahora ni en el futuro la dicha subasta, son hechos que desde ya se han convertido en una amenaza cierta e inminente que deberá ser dilucidada por los órganos jurisdiccionales correspondientes. CONSIDERANDO (8): Que del estudio de los antecedentes, del acto reclamado y el quebranto de derechos invocados por el recurrente, esta Sala aprecia que la autoridad recurrida no violentó los Derechos y Garantías Constitucionales alegados por la impetrante. CONSIDERANDO (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos Números 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 63 68 párrafo 2do, 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciséis, por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY a favor de la señora SIMONA FREDESVINDA LAGOS AGUILAR. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número 0712=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.