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Sentencia AC-694-17 — Registro 7741

Resumen

En consulta sentencia que otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra actuaciones del juzgado de primera instancia que declaró procedente nulidad planteada y ordenó dejar sin lugar y efecto el embargo practicado sobre inmueble inscrito en Registro de la Propiedad del Departamento de Olancho en relación a demanda de ejecución de titulo extrajudicial contra Fausto Saúl Carias Cálix para obligarlo a pagar al recurrente una suma determinada condenado en costas a ejecutante e incidentada a favor de incidentista

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional reitera que la Administración de Justicia garantiza el principio de legalidad; protege y tutela los derechos de las partes mediante la aplicación de la ley en los asuntos y procesos de su competencia, en el caso del fallo venido en consulta en aplicación del artículo 220.1 del Código Procesal Civil se establece que en los casos de allanamiento, si el demandado se allanare en la contestación o antes de la audiencia, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado, evidentemente habiéndose allanado la parte demandada-incidentada en el acto como así sucedió del estudio de la foliada, al reconocer que el bien inmueble objeto de embargo y posterior remate, le pertenece a otra persona ajena al juicio, lo que se produjo como consecuencia de un error contenido en la Certificación de Propiedad del Bien Inmueble otorgada por autoridad administrativa competente, el Instituto de la Propiedad de Juticalpa, Olancho, estimándose como un acto ajeno a la voluntad de las partes en el proceso, prima entonces la buena fe del ejecutante al momento de contestar el incidente planteado, error que es imputable al Instituto de la Propiedad quien certifico erróneamente que el inmueble objeto de embargo y posterior remate era propiedad del ejecutado señor FAUSTO SAUL ARIAS CALIX y que comprobado el error en la certificación precitada, se probó que el mismo es propiedad del señor ARNULFO JESUS MIRALDA BUESO, de lo que se deduce que la probabilidad de actuar de mala fe queda descartada, por parte del ejecutante y mucho menos razada, circunstancias por las que la Alzada es del criterio que se otorgue el amparo, decisión que comparte la Sala por estar afianzada a derecho y como consecuencia confirma la sentencia venida en consulta..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que las consideraciones externadas por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán una vez examinado el caso, ha verificado que en el caso de autos indudablemente se perjudicó al recurrente y se produjo vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso, al haberle condenado en costas de forma injusta sin valorar la posición ética y congruente del representante procesal ejecutante en el desarrollo de la audiencia durante el desarrollo del incidente, quien se allanó en el acto a la pretensión del incidentista, por lo que no cabe de conformidad a la artículo 220 del Código Procesal civil la imposición de costas, solo proceden cuando se está frente a un acto de mala fe, donde los representantes procesales con sus actuaciones causen graves consecuencias y si con ellas se perjudica a cualquier persona que haga parte del proceso o que se procede de manera desleal por no asistirle la razón, situación que no se aprecia de autos en el presente caso..."..."esta Sala de lo Constitucional comparte el fallo pronunciado por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, y considera procedente que se otorgue el amparo de la sentencia venida en consulta..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017),que Otorgo el Recurso de amparo interpuesto por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS, a favor la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial, promovido por el señor ARNULFO DE JESUS MIRALDA BUESO, representado por el señor ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE, contra el señor FAUSTO SAUL IRIAS CALIX.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 63, 64, 82, 90, 321, 322, 323 Y 324 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017)., en donde dicho Juzgado resolvió: “PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, interpuesto por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, en su condición indicada.- SEGUNDO: SE DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir del folio 37 al folio 46, del folio 56 al folio 80, del folio 88 al folio 198 en el caso de autos en la presente causa.- TERCERO: SE ORDENA dejar sin valor y efecto el embargo practicado en fecha veintidós (22) de Abril del año dos mil quince por la Receptora del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al inmueble inscrito bajo el número 30 del tomo251 del Registro de la Propiedad del Departamento de Olancho al inmueble inscrito bajo el numero 30 del tomo 251 el registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad del departamento de Olancho, el cual quedo inscrito bajo la matricula número 1428266, asiento número 3 de fecha uno (1) de junio del año dos mil quince (2015); para lo cual se ordena emitir el exhorto respectivo, con las inserciones del caso, dirigido al juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Olancho, solicitando auxilio judicial porque atreves del funcionario respectivo proceda a realizar el desembargo ordenado en las oficinas del Instituto de la Propiedad del departamento de Olancho al asiento número 30 del tomo 251 de dicha institución registral.- CUARTO: Se condena en COSTAS a la parte Ejecutante e Incidentada el presente proceso a favor de la parte Incidentista.” (Ver folio 255 al 258 la pieza de Primera instancia- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual RESOLVIO: (SIC)”1.- OTORGAR EL AMPARO interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MONCADA FIALLOS, en su condición de Representante Procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S. A.- (Folios 94 al 99 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, irán en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia venida en consulta es la que en su oportunidad dictó en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil diecisiete (2017) la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se otorga la acción de amparo interpuesta por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. en la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial contra el Señor FAUSTO SAUL CARIAS CALIX para que previo a los trámites legales sea obligado judicialmente a pagar a BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S. A. la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.348,910.92) más los intereses pactados del 62% anual, los intereses moratorios y las costas del presente juicio. El fallo de la alzada entre otros aspectos, básicamente refiere lo siguiente: (Sic) “………SEXTO: Que el 4 de mayo del 2017 la Corte Tercera de Apelaciones tuvo por recibido el escrito presentado por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS y ordena admitir los medios de prueba documentales, Número Tres (3) Documental Público consistente en fotocopia de documento que corre a folio 39, del expediente No.466-2014; medio de prueba Número 4, documental, Documento Público, consistente en fotocopia que corre a folio número cuarenta (40) del expediente 466; Medio de prueba número cinco (5) Documental.- Documento Público, consistente en fotocopia del documento que corre a folio doscientos treinta y nueve (239) y doscientos cuarenta del expediente No.466-2014, medio de prueba Número Seis (6) Documental.- Documento Público, consistente en fotocopia del documento que corre a folio numero doscientos cuarenta y siete (247) al doscientos cuarenta y nueve (249) del expediente 466-2014, medio de prueba Número Siete (7) Documental.- Documento Público, consistente en fotocopia del documento que corre a folios numero doscientos cinta y seis frente vuelto y doscientos cincuenta y siete vuelto, como parte de la sentencia incidental dictada el 20 de enero del 2017, siendo autenticadas las fotocopias que forman el expediente 466-2014, por la Secretaría del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Olancho, según folio No.271, medio de prueba Número Ocho (8) Documental.- Documentos Públicos, consistentes en cuatro folios de fotocopias del Código Procesal Civil y una copia del Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas, con el certificado de autenticidad que se adjunta, téngase por admitidos los medios de prueba antes mencionados”.- CONSIDERANDO (3): Que el suplicante al formalizar el Recurso de Amparo, reitera los hechos y circunstancias que precedieron, consistente en la interposición de una Nulidad Absoluta de Actuaciones de la providencia que contiene el señalamiento de audiencia de remate de un bien inmueble así como el embargo recaído en el mismo y las costas del juicio, presentada por la abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, sustentada en que el inmueble a rematar no es propiedad del ejecutado sino del señor ARNULFO MIRALDA BUESO, afirmando el recurrente, que tanto en la contestación del incidente como en la celebración de la audiencia señalada para tal efecto para dirimir la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, como parte ejecutante alegó que las diligencias de embargo se originaron en el ERROR cometido por la Registradora de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Olancho del Instituto de la Propiedad al certificar y autenticar que la propiedad a embargar correspondía a señor FAUSTO SAUL ARIAS CALIX (ejecutado), actuaciones que realizó de buena fe y por tanto se allanó a la pretensión de la incidentista.- CONSIDERANDO (4): Que la motivación del amparo está instada en la indebida e injusta condena en costas efectuada contra el BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. como se observa en el auto interlocutorio dictado el Veinte de enero del dos mil diecisiete (20/1/2017) por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, como resultado del conocimiento del Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones contra la providencia que contiene el señalamiento de audiencia para remate de un bien inmueble así como del embargo recaído en el mismo, más las costas del juicio, en la que el juez luego de probado los hechos alegados por la incidentista resolvió DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, interpuesto por la abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES en su condición de Representante Procesal del señor ARNULFO DE JESUS MIRALDA BUESO y DECRETO LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir del folio 37 al folio 46, del folio 56 al folio 80, del folio 88 al folio 198 de autos en la causa conocida., ordenando dejar sin valor y efecto el embargo practicado en fecha 22 de abril del año dos mil quince al inmueble inscrito bajo el No.30 del Tomo 251 del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil ante el Instituto de la Propiedad del Departamento de Olancho, el que había quedado inscrito bajo matricula número 1428266, Asiento No.3 de fecha 1 de junio del 2015, ordenado asimismo el libramiento de exhorto con las inserciones respectivas al Juzgado de Letras de la Sección judicial de Juticalpa, Olancho, a fin de darle cumplimiento a lo ordenado y condenó en Costas a la parte ejecutante e Incidentada en el proceso a favor de la parte incidentista.- CONSIDERANDO (5): Que la Corte Tercera de Apelaciones de los hechos y circunstancias alegadas por el suplicante justificó con la prueba aportada lo siguiente: 1) Que el embargo se practicó al inmueble de forma errónea debido al certificado expedido de forma errada por autoridad competente; 2) Que la parte ejecutante (amparista) se allanó de inmediato al reclamo vía Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesto por la parte afectada por el embargo recaído en propiedad ajena al juicio; fundada en lo que dispone el artículo 220 del Código Procesal Civil y hechos esgrimidos, que se incluyen en el precitado articulo como excluyentes de la imposición de costas, por no evidenciarse concurrencia de mala fe, siendo de la firme opinión que debe otorgarse el amparo solicitado.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional reitera que la Administración de Justicia garantiza el principio de legalidad; protege y tutela los derechos de las partes mediante la aplicación de la ley en los asuntos y procesos de su competencia, en el caso del fallo venido en consulta en aplicación del artículo 220.1 del Código Procesal Civil se establece que en los casos de allanamiento, si el demandado se allanare en la contestación o antes de la audiencia, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado, evidentemente habiéndose allanado la parte demandada-incidentada en el acto como así sucedió del estudio de la foliada, al reconocer que el bien inmueble objeto de embargo y posterior remate, le pertenece a otra persona ajena al juicio, lo que se produjo como consecuencia de un error contenido en la Certificación de Propiedad del Bien Inmueble otorgada por autoridad administrativa competente, el Instituto de la Propiedad de Juticalpa, Olancho, estimándose como un acto ajeno a la voluntad de las partes en el proceso, prima entonces la buena fe del ejecutante al momento de contestar el incidente planteado, error que es imputable al Instituto de la Propiedad quien certifico erróneamente que el inmueble objeto de embargo y posterior remate era propiedad del ejecutado señor FAUSTO SAUL ARIAS CALIX y que comprobado el error en la certificación precitada, se probó que el mismo es propiedad del señor ARNULFO JESUS MIRALDA BUESO, de lo que se deduce que la probabilidad de actuar de mala fe queda descartada, por parte del ejecutante y mucho menos razada, circunstancias por las que la Alzada es del criterio que se otorgue el amparo, decisión que comparte la Sala por estar afianzada a derecho y como consecuencia confirma la sentencia venida en consulta.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 90 de la Constitución de la República, consagra el Derecho al Debido Proceso, el que comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin demoras absurdas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se congreguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento y la motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos, asegurando que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos tanto judiciales como administrativos no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principales y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional.- CONSIDERANDO (8): Que apuntado lo anterior, esta Sala de lo Constitucional aprecia que las consideraciones externadas por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán una vez examinado el caso, ha verificado que en el caso de autos indudablemente se perjudicó al recurrente y se produjo vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso, al haberle condenado en costas de forma injusta sin valorar la posición ética y congruente del representante procesal ejecutante en el desarrollo de la audiencia durante el desarrollo del incidente, quien se allanó en el acto a la pretensión del incidentista, por lo que no cabe de conformidad a la artículo 220 del Código Procesal civil la imposición de costas, solo proceden cuando se está frente a un acto de mala fe, donde los representantes procesales con sus actuaciones causen graves consecuencias y si con ellas se perjudica a cualquier persona que haga parte del proceso o que se procede de manera desleal por no asistirle la razón, situación que no se aprecia de autos en el presente caso.- CONSIDERANDO (9): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el fallo pronunciado por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, y considera procedente que se otorgue el amparo de la sentencia venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2), 5, 10 No. 2) literal a), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha Catorce (14) de Junio del dos mil diecisiete (2017) emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco que OTORGA el Recurso de Amparo contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho, en fecha veinte (20) de enero del dos mil diecisiete (2017), interpuesto por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS a favor de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0694-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho.- VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, de fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017),que Otorgo el Recurso de amparo interpuesto por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS, a favor la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial, promovido por el señor ARNULFO DE JESUS MIRALDA BUESO, representado por el señor ARNULFO JOSUE MIRALDA MATUTE, contra el señor FAUSTO SAUL IRIAS CALIX.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 63, 64, 82, 90, 321, 322, 323 Y 324 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, el Abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS, interponiendo recurso de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, departamento de Olancho, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil diecisiete (2017)., en donde dicho Juzgado resolvió: “PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, interpuesto por la Abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, en su condición indicada.- SEGUNDO: SE DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir del folio 37 al folio 46, del folio 56 al folio 80, del folio 88 al folio 198 en el caso de autos en la presente causa.- TERCERO: SE ORDENA dejar sin valor y efecto el embargo practicado en fecha veintidós (22) de Abril del año dos mil quince por la Receptora del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, al inmueble inscrito bajo el número 30 del tomo251 del Registro de la Propiedad del Departamento de Olancho al inmueble inscrito bajo el numero 30 del tomo 251 el registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil que al efecto lleva el Instituto de la Propiedad del departamento de Olancho, el cual quedo inscrito bajo la matricula número 1428266, asiento número 3 de fecha uno (1) de junio del año dos mil quince (2015); para lo cual se ordena emitir el exhorto respectivo, con las inserciones del caso, dirigido al juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Olancho, solicitando auxilio judicial porque atreves del funcionario respectivo proceda a realizar el desembargo ordenado en las oficinas del Instituto de la Propiedad del departamento de Olancho al asiento número 30 del tomo 251 de dicha institución registral.- CUARTO: Se condena en COSTAS a la parte Ejecutante e Incidentada el presente proceso a favor de la parte Incidentista.” (Ver folio 255 al 258 la pieza de Primera instancia- 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha catorce (14) de junio del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual RESOLVIO: (SIC)”1.- OTORGAR EL AMPARO interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO MONCADA FIALLOS, en su condición de Representante Procesal de LA SOCIEDAD MERCANTIL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S. A.- (Folios 94 al 99 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 3) Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (1): Que la Ley Sobre Justicia Constitucional, manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, irán en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional; señalando que al órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, le corresponderá reformar, confirmar o revocar la sentencia consultada.- CONSIDERANDO (2): Que la sentencia venida en consulta es la que en su oportunidad dictó en fecha catorce (14) de Junio del año dos mil diecisiete (2017) la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se otorga la acción de amparo interpuesta por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS a favor de la Sociedad Mercantil BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A. en la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial contra el Señor FAUSTO SAUL CARIAS CALIX para que previo a los trámites legales sea obligado judicialmente a pagar a BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S. A. la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.348,910.92) más los intereses pactados del 62% anual, los intereses moratorios y las costas del presente juicio. El fallo de la alzada entre otros aspectos, básicamente refiere lo siguiente: (Sic) “………SEXTO: Que el 4 de mayo del 2017 la Corte Tercera de Apelaciones tuvo por recibido el escrito presentado por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS y ordena admitir los medios de prueba documentales, Número Tres (3) Documental Público consistente en fotocopia de documento que corre a folio 39, del expediente No.466-2014; medio de prueba Número 4, documental, Documento Público, consistente en fotocopia que corre a folio número cuarenta (40) del expediente 466; Medio de prueba número cinco (5) Documental.- Documento Público, consistente en fotocopia del documento que corre a folio doscientos treinta y nueve (239) y doscientos cuarenta del expediente No.466-2014, medio de prueba Número Seis (6) Documental.- Documento Público, consistente en fotocopia del documento que corre a folio numero doscientos cuarenta y siete (247) al doscientos cuarenta y nueve (249) del expediente 466-2014, medio de prueba Número Siete (7) Documental.- Documento Público, consistente en fotocopia del documento que corre a folios numero doscientos cinta y seis frente vuelto y doscientos cincuenta y siete vuelto, como parte de la sentencia incidental dictada el 20 de enero del 2017, siendo autenticadas las fotocopias que forman el expediente 466-2014, por la Secretaría del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Catacamas, Olancho, según folio No.271, medio de prueba Número Ocho (8) Documental.- Documentos Públicos, consistentes en cuatro folios de fotocopias del Código Procesal Civil y una copia del Diccionario Jurídico Elemental Guillermo Cabanellas, con el certificado de autenticidad que se adjunta, téngase por admitidos los medios de prueba antes mencionados”.- CONSIDERANDO (3): Que el suplicante al formalizar el Recurso de Amparo, reitera los hechos y circunstancias que precedieron, consistente en la interposición de una Nulidad Absoluta de Actuaciones de la providencia que contiene el señalamiento de audiencia de remate de un bien inmueble así como el embargo recaído en el mismo y las costas del juicio, presentada por la abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES, sustentada en que el inmueble a rematar no es propiedad del ejecutado sino del señor ARNULFO MIRALDA BUESO, afirmando el recurrente, que tanto en la contestación del incidente como en la celebración de la audiencia señalada para tal efecto para dirimir la NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, como parte ejecutante alegó que las diligencias de embargo se originaron en el ERROR cometido por la Registradora de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Olancho del Instituto de la Propiedad al certificar y autenticar que la propiedad a embargar correspondía a señor FAUSTO SAUL ARIAS CALIX (ejecutado), actuaciones que realizó de buena fe y por tanto se allanó a la pretensión de la incidentista.- CONSIDERANDO (4): Que la motivación del amparo está instada en la indebida e injusta condena en costas efectuada contra el BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A. como se observa en el auto interlocutorio dictado el Veinte de enero del dos mil diecisiete (20/1/2017) por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, como resultado del conocimiento del Incidente de Nulidad Absoluta de Actuaciones contra la providencia que contiene el señalamiento de audiencia para remate de un bien inmueble así como del embargo recaído en el mismo, más las costas del juicio, en la que el juez luego de probado los hechos alegados por la incidentista resolvió DECLARAR CON LUGAR EL INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES, interpuesto por la abogada ANA MERCEDES CORRALES FLORES en su condición de Representante Procesal del señor ARNULFO DE JESUS MIRALDA BUESO y DECRETO LA NULIDAD ABSOLUTA DE ACTUACIONES a partir del folio 37 al folio 46, del folio 56 al folio 80, del folio 88 al folio 198 de autos en la causa conocida., ordenando dejar sin valor y efecto el embargo practicado en fecha 22 de abril del año dos mil quince al inmueble inscrito bajo el No.30 del Tomo 251 del Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil ante el Instituto de la Propiedad del Departamento de Olancho, el que había quedado inscrito bajo matricula número 1428266, Asiento No.3 de fecha 1 de junio del 2015, ordenado asimismo el libramiento de exhorto con las inserciones respectivas al Juzgado de Letras de la Sección judicial de Juticalpa, Olancho, a fin de darle cumplimiento a lo ordenado y condenó en Costas a la parte ejecutante e Incidentada en el proceso a favor de la parte incidentista.- CONSIDERANDO (5): Que la Corte Tercera de Apelaciones de los hechos y circunstancias alegadas por el suplicante justificó con la prueba aportada lo siguiente: 1) Que el embargo se practicó al inmueble de forma errónea debido al certificado expedido de forma errada por autoridad competente; 2) Que la parte ejecutante (amparista) se allanó de inmediato al reclamo vía Nulidad Absoluta de Actuaciones interpuesto por la parte afectada por el embargo recaído en propiedad ajena al juicio; fundada en lo que dispone el artículo 220 del Código Procesal Civil y hechos esgrimidos, que se incluyen en el precitado articulo como excluyentes de la imposición de costas, por no evidenciarse concurrencia de mala fe, siendo de la firme opinión que debe otorgarse el amparo solicitado.- CONSIDERANDO (6): Que esta Sala de lo Constitucional reitera que la Administración de Justicia garantiza el principio de legalidad; protege y tutela los derechos de las partes mediante la aplicación de la ley en los asuntos y procesos de su competencia, en el caso del fallo venido en consulta en aplicación del artículo 220.1 del Código Procesal Civil se establece que en los casos de allanamiento, si el demandado se allanare en la contestación o antes de la audiencia, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado, evidentemente habiéndose allanado la parte demandada-incidentada en el acto como así sucedió del estudio de la foliada, al reconocer que el bien inmueble objeto de embargo y posterior remate, le pertenece a otra persona ajena al juicio, lo que se produjo como consecuencia de un error contenido en la Certificación de Propiedad del Bien Inmueble otorgada por autoridad administrativa competente, el Instituto de la Propiedad de Juticalpa, Olancho, estimándose como un acto ajeno a la voluntad de las partes en el proceso, prima entonces la buena fe del ejecutante al momento de contestar el incidente planteado, error que es imputable al Instituto de la Propiedad quien certifico erróneamente que el inmueble objeto de embargo y posterior remate era propiedad del ejecutado señor FAUSTO SAUL ARIAS CALIX y que comprobado el error en la certificación precitada, se probó que el mismo es propiedad del señor ARNULFO JESUS MIRALDA BUESO, de lo que se deduce que la probabilidad de actuar de mala fe queda descartada, por parte del ejecutante y mucho menos razada, circunstancias por las que la Alzada es del criterio que se otorgue el amparo, decisión que comparte la Sala por estar afianzada a derecho y como consecuencia confirma la sentencia venida en consulta.- CONSIDERANDO (7): Que el artículo 90 de la Constitución de la República, consagra el Derecho al Debido Proceso, el que comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin demoras absurdas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se congreguen en contra, prohibición de un doble juzgamiento y la motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos, asegurando que los poderes públicos constituidos sujeten sus actos tanto judiciales como administrativos no solamente a las normas orgánicas constitucionales sino a los valores, principales y derechos como objeto de la jurisdicción constitucional.- CONSIDERANDO (8): Que apuntado lo anterior, esta Sala de lo Constitucional aprecia que las consideraciones externadas por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán una vez examinado el caso, ha verificado que en el caso de autos indudablemente se perjudicó al recurrente y se produjo vulneración de los derechos de defensa y debido Proceso, al haberle condenado en costas de forma injusta sin valorar la posición ética y congruente del representante procesal ejecutante en el desarrollo de la audiencia durante el desarrollo del incidente, quien se allanó en el acto a la pretensión del incidentista, por lo que no cabe de conformidad a la artículo 220 del Código Procesal civil la imposición de costas, solo proceden cuando se está frente a un acto de mala fe, donde los representantes procesales con sus actuaciones causen graves consecuencias y si con ellas se perjudica a cualquier persona que haga parte del proceso o que se procede de manera desleal por no asistirle la razón, situación que no se aprecia de autos en el presente caso.- CONSIDERANDO (9): Que, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional comparte el fallo pronunciado por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, y considera procedente que se otorgue el amparo de la sentencia venida en consulta.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 183, 303, 304, 313 No. 5 y 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 No. 2), 5, 10 No. 2) literal a), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en consulta de fecha Catorce (14) de Junio del dos mil diecisiete (2017) emitida por la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco que OTORGA el Recurso de Amparo contra el Auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho, en fecha veinte (20) de enero del dos mil diecisiete (2017), interpuesto por el abogado JORGE EDUARDO MONCADA FIALLOS a favor de BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A..- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0694-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional