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Sentencia AC-692-17 — Registro 10147

Resumen

Sobreseimiento de amparo en consulta, en virtud de vía de impugnación utilizada por impetrante, contra auto que declaró inadmisible incidente de nulidad promovido por recurrente en relación a demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, interpuesta contra éste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico plasmado por la referida Corte de Apelaciones que por mayoría de Votos, resuelve sobreseer la acción de amparo impetrada, aduciendo que el recurrente tenía expedito el Recurso de reposición contra el Auto de fecha 28 de febrero del año 2017, olvidando la Corte de Apelaciones que el impetrante recurre en Amparo contra el Auto de fecha 15 de junio de 2017 y no contra el auto de fecha 28 de febrero de 2017, como erróneamente valora la Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (10): Que el voto disidente emitido por la Magistrada Vásquez Ordoñez, es acertado, en la línea de indicar que los autos que resuelven incidentes de nulidad de los actos procesales fundados en defectos de forma que han causado indefensión, no pueden ser impugnados a través de recursos ordinarios –reposición y/o apelación-, en aplicación estricta a lo dispuesto en el artículo 215 del Código Procesal civil, que claramente señala que no cabrá recurso alguno –obviamente refiriéndose a los recursos ordinarios-, quedando únicamente expedita la vía constitucional de amparo, al no poder recurrir a ninguno de los recursos ordinarios, a efecto de recurrir un auto que resuelve el planteamiento de una nulidad de actuaciones; aunado a ello como bien señala la Magistrada Vasquez Ordoñez, la resolución que se impugna es la de fecha 15 de junio del año 2017 y no la de fecha 28 de febrero del mismo año 2017, en consecuencia se debe seguir el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional –Sección III de la substanciación de la acción de amparo- y entrar a conocer el fondo del asunto por el cual se recurrió en amparo, dando respuesta al caso concreto peticionado por el impetrante, haciendo prevalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a los tribunales tal y como lo determina la ley. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe revocar la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, que falla sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Darío Humberto Carias Villalta"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso, por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en Amparo, comparece ante la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, impugnando mediante la vía constitucional de Amparo, el Auto Resolutivo de fecha 15 de junio del año 2017 y no el auto de fecha 28 de febrero del año 2017, ambos dictados por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico plasmado por la referida Corte de Apelaciones que por mayoría de Votos, resuelve sobreseer la acción de amparo impetrada, aduciendo que el recurrente tenía expedito el Recurso de reposición contra el Auto de fecha 28 de febrero del año 2017, olvidando la Corte de Apelaciones que el impetrante recurre en Amparo contra el Auto de fecha 15 de junio de 2017 y no contra el auto de fecha 28 de febrero de 2017, como erróneamente valora la Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (10): Que el voto disidente emitido por la Magistrada Vásquez Ordoñez, es acertado, en la línea de indicar que los autos que resuelven incidentes de nulidad de los actos procesales fundados en defectos de forma que han causado indefensión, no pueden ser impugnados a través de recursos ordinarios –reposición y/o apelación-, en aplicación estricta a lo dispuesto en el artículo 215 del Código Procesal civil, que claramente señala que no cabrá recurso alguno –obviamente refiriéndose a los recursos ordinarios-, quedando únicamente expedita la vía constitucional de amparo, al no poder recurrir a ninguno de los recursos ordinarios, a efecto de recurrir un auto que resuelve el planteamiento de una nulidad de actuaciones; aunado a ello como bien señala la Magistrada Vasquez Ordoñez, la resolución que se impugna es la de fecha 15 de junio del año 2017 y no la de fecha 28 de febrero del mismo año 2017, en consecuencia se debe seguir el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional –Sección III de la substanciación de la acción de amparo- y entrar a conocer el fondo del asunto por el cual se recurrió en amparo, dando respuesta al caso concreto peticionado por el impetrante, haciendo prevalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a los tribunales tal y como lo determina la ley."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero del año dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), que por mayoría de votos, Sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado DARIO HUMBERTO CARIAS VILLALTA, a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), en relación a la Demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales promovido por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, contra la señora REYNA MARGARITA MORALES FIGUEROA.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha uno (1) de septiembre del dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado DARIO HUMBERTO CARIAS VILLALTA, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora REYNA MARGARITA MORALES FIGUEROA, contra el auto resolutivo de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en donde dicho Juzgado resolvió: (Sic) “…se declara inadmisible el incidente de nulidad planteado por parte del compareciente…” (Ver folio 112 de la pieza de antecedentes de Primera instancia).2) Que la referida Corte de Apelaciones, en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017) emitió su fallo, mediante el cual por Mayoría de Votos resolvió: (Sic) “…. SEGUNDO: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el abogado DARÍO HUMBERTO CARIAS VILLALTA a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, quien recurre contra la resolución de fecha 15 de junio de 2017 emitida por el Juzgado en mención….” (Folios 12 al 12 de la pieza de Corte de Apelaciones) 3) Que en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que se conoce la Acción de Amparo civil venido en consulta, conocido por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, interpuesto por el Abogado DARIO HUMBERTO CARIAS VILLALTA, contra el Auto Resolutivo de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en relación a la demanda de Pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado TULIO DAVID BARAHONA FUENTES, en su condición propia, contra la señora (Sic) REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA. CONSIDERANDO (2): Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha quince de junio del año dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante Auto resolutivo, es violatorio de los derechos de defensa y debido proceso consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (3): Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual resuelve sobreseer la acción de Amparo interpuesta por el Abogado DARIO HUMBERTO CARIAS VILLALTA, a favor de la señora REINA MARGARITA MORALES FIGUEROA, contra la resolución judicial de fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO (5): Que como lo ha expresado esta sala de lo constitucional, la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (6): Que del estudio de las diligencias, esta Sala de lo Constitucional observa que se ha recurrido en amparo el Auto Resolutivo dictado en fecha quince (15) de junio del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se declara inadmisible el incidente de nulidad planteado por la parte demandada, en relación al Pago de Honorarios Profesionales. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso, por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[1], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (8): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (9): Que el recurrente en Amparo, comparece ante la Corte Primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, impugnando mediante la vía constitucional de Amparo, el Auto Resolutivo de fecha 15 de junio del año 2017 y no el auto de fecha 28 de febrero del año 2017, ambos dictados por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán; en ese orden de ideas, esta Sala de lo Constitucional no comparte el criterio jurídico plasmado por la referida Corte de Apelaciones que por mayoría de Votos, resuelve sobreseer la acción de amparo impetrada, aduciendo que el recurrente tenía expedito el Recurso de reposición contra el Auto de fecha 28 de febrero del año 2017, olvidando la Corte de Apelaciones que el impetrante recurre en Amparo contra el Auto de fecha 15 de junio de 2017 y no contra el auto de fecha 28 de febrero de 2017, como erróneamente valora la Corte de Apelaciones. CONSIDERANDO (10): Que el voto disidente emitido por la Magistrada Vásquez Ordoñez, es acertado, en la línea de indicar que los autos que resuelven incidentes de nulidad de los actos procesales fundados en defectos de forma que han causado indefensión, no pueden ser impugnados a través de recursos ordinarios –reposición y/o apelación-, en aplicación estricta a lo dispuesto en el artículo 215 del Código Procesal civil, que claramente señala que no cabrá recurso alguno –obviamente refiriéndose a los recursos ordinarios-, quedando únicamente expedita la vía constitucional de amparo, al no poder recurrir a ninguno de los recursos ordinarios, a efecto de recurrir un auto que resuelve el planteamiento de una nulidad de actuaciones; aunado a ello como bien señala la Magistrada Vasquez Ordoñez, la resolución que se impugna es la de fecha 15 de junio del año 2017 y no la de fecha 28 de febrero del mismo año 2017, en consecuencia se debe seguir el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional –Sección III de la substanciación de la acción de amparo- y entrar a conocer el fondo del asunto por el cual se recurrió en amparo, dando respuesta al caso concreto peticionado por el impetrante, haciendo prevalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a los tribunales tal y como lo determina la ley. CONSIDERANDO (11): Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe revocar la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de septiembre del año dos mil diecisiete, que falla sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Darío Humberto Carias Villalta. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 212 y 215 del Código Procesal Civil. FALLA: 1) REVOCANDO la sentencia venida en trámite de consulta obligatoria, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). 2) Que la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dicte nuevamente sentencia, en la que conozca el fondo del asunto promovido por el impetrante en Amparo, que es determinar si la resolución de fecha 15 de junio del año 2017, vulnera o no los derechos de defensa y debido proceso que arguye el recurrente, dándole el trámite correspondiente que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil en Consulta bajo el número SCO-692-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.