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Sentencia AC-612-17 — Registro 10144

Resumen

la cual el A-quo ordeno a la Procuraduría General de la República que realice ante la Secretaría de Finanzas la acción presupuestaria pertinente para el pago en la Solicitud de Titulo Judicial promovida contra recurrente en relación a la Demanda de Ejecución de Titulo judicial promovida contra éste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el fallo de mérito deja establecida una relación circunstanciada de las actuaciones realizadas por el A-Quo y los representantes procesales de las partes. Señalando en el considerando tres (3), que el recurrente estima como vulnerados las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82 del Derecho de Defensa y 90 párrafo primero del Debido Proceso, estimando que los motivos de violación apreciados por el recurrente “más tiende por un lado, a lograr acreditar el recurso de reposición que en su momento interpuso contra el auto de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), y por otro lado, lo que hace es exponer una narración de hechos, situaciones y actuaciones procesales y judiciales ya debatidas y resueltas con anterioridad al AUTO QUE AHORA RECURRE; como intentando que se vuelva a decidir sobre lo ya decidido. Expone además en el considerando cuatro (4), que el recurrente no demuestra ni someramente ni mucho menos puntual y concretamente, tal como legalmente debe ser como la resolución de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete (2017) contra la que recurre en amparo le violenta las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa. Señala además que los apoderados legales de la Institución ejecutada, ha tenido y sigue teniendo en procura de los intereses de su representada, activa participación desde un inicio en el juicio a tal grado que en esa resistencia desde que aquel día continúan hasta ahora interponiendo en todas las instancias las acciones y recursos legales a su favor que han creído conveniente, obteniendo en cada una de esas instancias respuesta que si acaso no han sido a su favor, no implica que por eso se le haya violentado a su representado, las antedichas Garantías Constitucionales. En consecuencia, Deniega la Acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional, que garantiza el respeto al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa, a una Tutela Judicial Efectiva entre otros, tal como lo deja plasmado en su resolución el Ad-Quem. En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, debe Otorgarse la acción de amparo instruida. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta2

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo del dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintidós (22) de Junio del año dos mil diecisiete (2017) que Deniega la acción de amparo interpuesto por el abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, contra actuaciones de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en relación a la Demanda de Ejecución de Titulo judicial, promovida por la Sociedad Mercantil TEXTILES DE HONDURAS S.A (TEXHONSA) contra el ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 82 Y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual el A-quo ordeno a la Procuraduría General de la República que realice ante la Secretaría de Finanzas la acción presupuestaria pertinente para el pago de la cantidad de Cuatro Millones Seiscientos Trece Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras con veintiséis Centavos (L. 4,613,450.26) a que fue condenado el Estado de Honduras, en contra del referido auto el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELAQUEZ, promovió recurso de reposición auto que ahora recurre en amparo de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete (2017) el cual Resolvió: “ 1.- Admitir a trámite el escrito denominado “ SE CONSTESTA RECURSO DE REPOSICION”.- 2.- Vista la Representación Procesal asumida por la Procuraduría General de la República, que ocasiono bajo su responsabilidad la condena en costas al Estado de Honduras, y en aplicación al fundamento ya citado, se declara No ha lugar el recurso de reposición interpuesto.”.- (Folio 184 de la pieza del Juzgado). 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciséis (2017) emitió su fallo, mediante el cual (SIC) FALLA: PRIMERO: DENEGAR EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por el abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, en su condición de Procurador Judicial delegado a favor de su representado el Estado de Honduras contra el “AUTO RESOLUTIVO” de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la SOLICITUD DE TITULO JUDICIAL promovida por el Abogado GEOVANY ROOSEVELT NUÑEZ MURILLO, en su condición de Apoderado de las Sociedades Mercantiles TEXTILES DE HONDURAS S.A DE C.V (TEXHONSA) contra el ESTADO DE HONDURAS representado por el Procurador General de la República ABRAHAN ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: …”(Folio 36 al 38 de la pieza de Corte de apelaciones). 3) Que en fecha quince (15) de Agosto del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL, del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS que DENIEGA el recurso de amparo interpuesto, contra el auto del diecinueve de enero del año dos mil diecisiete, dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL de esta sección judicial, con relación a la Demanda promovida por la sociedad mercantil TEXTILES DE HONDURAS, S.A., (TEXHONSA), contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que del examen de las diligencias se aprecia que la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en el fallo de mérito deja establecida una relación circunstanciada de las actuaciones realizadas por el A-Quo y los representantes procesales de las partes. Señalando en el considerando tres (3), que el recurrente estima como vulnerados las garantías constitucionales establecidas en los artículos 82 del Derecho de Defensa y 90 párrafo primero del Debido Proceso, estimando que los motivos de violación apreciados por el recurrente “más tiende por un lado, a lograr acreditar el recurso de reposición que en su momento interpuso contra el auto de fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), y por otro lado, lo que hace es exponer una narración de hechos, situaciones y actuaciones procesales y judiciales ya debatidas y resueltas con anterioridad al AUTO QUE AHORA RECURRE; como intentando que se vuelva a decidir sobre lo ya decidido. Expone además en el considerando cuatro (4), que el recurrente no demuestra ni someramente ni mucho menos puntual y concretamente, tal como legalmente debe ser como la resolución de fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete (2017) contra la que recurre en amparo le violenta las garantías constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa. Señala además que los apoderados legales de la Institución ejecutada, ha tenido y sigue teniendo en procura de los intereses de su representada, activa participación desde un inicio en el juicio a tal grado que en esa resistencia desde que aquel día continúan hasta ahora interponiendo en todas las instancias las acciones y recursos legales a su favor que han creído conveniente, obteniendo en cada una de esas instancias respuesta que si acaso no han sido a su favor, no implica que por eso se le haya violentado a su representado, las antedichas Garantías Constitucionales. En consecuencia, Deniega la Acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (5): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional, que garantiza el respeto al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa, a una Tutela Judicial Efectiva entre otros, tal como lo deja plasmado en su resolución el Ad-Quem. En consecuencia esta Sala encuentra que el fallo dictado por el Ad-Quem contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantizan el debido proceso y el Derecho de Defensa, para garantizar la efectividad del derecho material, valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que tal como ha fundamentado su fallo el Ad-Quem, debe Otorgarse la acción de amparo instruida. Por las razones antes expuestas, resulta procedente en derecho confirmar la resolución venida en consulta. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintidós de junio del año dos mil diecisiete, por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL del departamento de Francisco Morazán, en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELÁSQUEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., seis de junio de dos mil dieciocho. Visto el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación que antecede por la Abogada EMMA RUTH BU CONTRERAS, contra la sentencia de fecha veintiuno de marzo del presente año, recaída en el recurso de amparo interpuesto inicialmente por el Abogado ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS ante la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, venido en consulta de la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, que denegó el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN en fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución de titulo judicial, promovida por la Sociedad Mercantil TEXTILES DE HONDURAS S.A., (TEXHONSA) contra el ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual la peticionaria solicita reposición se aprecia que ésta no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 7, 46, 48, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por la Abogada EMMA RUTH BU CONTRERAS contra la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo de mérito; Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la resolución impugnada. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firmas y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta y un días del mes de julio de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho y la resolución de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, recaídas en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0612-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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