Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-611-16 — Registro 10138

Resumen

declaro sin lugar el recurso de apelación, interpuesto contra sentencia incidental con relación a oposición a solicitud de exacción, de daños y perjuicios por la aplicación de medidas cautelares de embargo y su ampliación en la demanda declarativa por el procedimiento ordinario promovida contra recurrentes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."): Que la Sala de lo Constitucional ha analizado la sentencia señalada de vulneradora del derecho de defensa y del debido proceso, manifestando que, hay incongruencia en una sentencia cuando existe un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado los términos del debate procesal. Por lo que, para determinar si existe incongruencia en una resolución judicial, es necesario confrontar su parte dispositiva con el objeto del proceso, deteniéndose en sus elementos: el elemento subjetivo, las partes y el objetivo la causa petendi y el petitum. Es menester señalar que el deber de motivación que la constitución y la ley exigen, impone que la decisión judicial este precedida de la argumentación que la fundamente. La Sala aclara que no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa y pormenorizada, ni de prohibir una fundamentación concisa y precisa, sino que la tutela judicial se conecte con las pretensiones de las partes. Así las cosas en el caso de autos, la sentencia de la Corte hace referencia y aplica lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal Civil, que manda: “CUANDO LA SENTENCIA ABSOLUTORIA FUERE FIRME, EL Tribunal dejará sin efecto inmediatamente y de oficio todas las medidas cautelares adoptadas, debiendo el demandante pagar las costas y gastos del proceso cautelar, a pedido de parte, y podrá ser condenado también a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, si se prueban los perjuicios producidos por la medida cautelar.” En ese sentido, la aplicación de esa norma se anuda con la pretensión, es decir el pago de daños y perjuicios, no obstante, que el legislador ha dispuesto una condicionante, que para que éstos sean pagados deberá haber una condena al pago de esta indemnización, condena que se impondrá una vez se pruebe en juicio los perjuicios producidos por la médica cautelar impuesta. Así las cosas, no existe en el presente caso esa condena que requiere el artículo 396 aplicado, por lo tanto, no debe el recurrente pretender la ejecución de una indemnización que no fue condenada en sentencia firme.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente apuntadas se concluye que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su disposición, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, a favor de las Sociedades denominadas MARINO´S PESCADERIA S. DE R.L., MARINO´S SEAFOOD S. DE R.L, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha once de abril de dos mil dieciséis, que declaro sin lugar el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil quince; con relación a la oposición a la solicitud de exacción, de daños y perjuicios por la aplicación de medidas cautelares de embargo y su ampliación en la demanda declarativa por el procedimiento ordinario promovida por el señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA contra las Sociedades denominadas MARINO´S PESCADERIA S. DE R.L., MARINO´S SEAFOOD S. DE R.L, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha ocho de febrero del año dos mil doce, compareció ante Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA, actuando en su condición personal, promoviendo demanda de pago por la vía del proceso ordinario contra las Sociedades denominadas MARINO´S PESCADERIA S. DE R.L., MARINO´S SEAFOOD S. DE R.L, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A. (Folios 01 al 04 de la primera pieza de antecedentes).-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente con fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dicto resolución mediante la cual Resuelve: 1.- Tener por estimada la Oposición planteada por la Abogada DORIS SCARLETT FAJARDO COELLO en su condición de apoderada legal del señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA.2. Sin Costas. 3. Contra esta resolución cabe el recurso de Apelación. (Folios 137 al 138 de la primera pieza de antecedentes).-3)Que conociendo de un recurso de apelación promovido por el Abogado CESAR MILIAN PRADO, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha once de abril de dos mil dieciséis, dicto sentencia mediante la cual RESUELVE:1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación. 2) CONFIRMAR la sentencia definitiva de fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras de lo Civil de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés.- (Folios 15 al 16 de la segunda pieza de antecedentes).- 4) Que el recurrente Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veinte de junio del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor de las Sociedades denominadas MARINO´S PESCADERIA S. DE R.L., MARINO´S SEAFOOD S. DE R.L, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha once de abril de dos mil dieciséis, de que se ha hecho referencia en el considerando que antecede, la cual considera violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Habiendo formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete.-5) Que en fecha treinta de enero del año dos mil dieciocho, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, emitió dictamen en el cual fue de la opinión que SE DENIEGUE, el amparo solicitado.-CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable Contravenir, Disminuir o Tergiversar cualesquiera de los Derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.-CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía constitucional de amparo ha sido promovida por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, a favor de las Sociedades denominadas MARINO´S PESCADERIA S. DE R.L., MARINO´S SEAFOOD S. DE R.L, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A., contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha once de abril de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha dieciocho de marzo de dos mil quince; y sostiene que la considera violatoria de los artículos constitucionales 82 y 90 de la Constitución de la República, en tanto en cuanto aduce, vulnera a su representado el debido proceso al haber emitido el tribunal de alzada una sentencia sin argumentación jurídica, es decir faltando al principio/derecho de motivación de las sentencia, el cual es una manifestación del derecho de defensa. Alega que la sentencia le ha dejado en indefensión, ante la imposibilidad de que sus representados hagan efectivos los daños y perjuicios ocasionados injustamente, sosteniendo que el reclamo de daños y perjuicios es un derecho adquirido por ley, mismo que no puede ni debe ser limitado por una decisión del Ad-quem, máxime cuando la Sociedad demandada fue absuelta de forma absoluta de las pretensiones intentadas por el demandado.-CONSIDERANDO CUATRO (4): Que como quedó expuesto en el considerando anterior, el recurrente, estima la existencia de una falta de motivación por incongruencia, consistente en que, el Tribunal de alzada, omitió hacer referencia al pago de daños y perjuicios causados POR LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR, a los que a su juicio tiene derecho. - Señala que dicha omisión constituye una vulneración al derecho de defensa y al debido proceso.-CONSIDERANDO CINCO (5): Que el derecho de defensa en una manifestación de la garantía fundamental al Debido Proceso, contemplada en el artículo 82 de la Constitución de la república, artículo en el cual se lee en su primer párrafo: “El derecho de defensa es inviolable”.- Así, el artículo 90 constitucional exige que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; también se consagrada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como garantías judiciales; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido ante los Jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La garantía genérica del debido proceso, aplicable en todas las materias incluyendo los procedimientos administrativos, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso, dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas; el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales; etc.-CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Sala de lo Constitucional ha analizado la sentencia señalada de vulneradora del derecho de defensa y del debido proceso, manifestando que, hay incongruencia en una sentencia cuando existe un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado los términos del debate procesal. Por lo que, para determinar si existe incongruencia en una resolución judicial, es necesario confrontar su parte dispositiva con el objeto del proceso, deteniéndose en sus elementos: el elemento subjetivo, las partes y el objetivo la causa petendi y el petitum. Es menester señalar que el deber de motivación que la constitución y la ley exigen, impone que la decisión judicial este precedida de la argumentación que la fundamente. La Sala aclara que no se trata de exigir a los órganos jurisdiccionales una argumentación extensa y pormenorizada, ni de prohibir una fundamentación concisa y precisa, sino que la tutela judicial se conecte con las pretensiones de las partes. Así las cosas en el caso de autos, la sentencia de la Corte hace referencia y aplica lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal Civil, que manda: “CUANDO LA SENTENCIA ABSOLUTORIA FUERE FIRME, EL Tribunal dejará sin efecto inmediatamente y de oficio todas las medidas cautelares adoptadas, debiendo el demandante pagar las costas y gastos del proceso cautelar, a pedido de parte, y podrá ser condenado también a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, si se prueban los perjuicios producidos por la medida cautelar.” En ese sentido, la aplicación de esa norma se anuda con la pretensión, es decir el pago de daños y perjuicios, no obstante, que el legislador ha dispuesto una condicionante, que para que éstos sean pagados deberá haber una condena al pago de esta indemnización, condena que se impondrá una vez se pruebe en juicio los perjuicios producidos por la médica cautelar impuesta. Así las cosas, no existe en el presente caso esa condena que requiere el artículo 396 aplicado, por lo tanto, no debe el recurrente pretender la ejecución de una indemnización que no fue condenada en sentencia firme.-CONSIDERANDO SIETE (7): Que por las razones anteriormente apuntadas se concluye que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por el recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su disposición, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación del artículo 90 de la Constitución de la República; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.3.b, 41, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 369 del Código Procesal Civil. FALLA: DENEGANDO el recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUMY MAURICIO FLORES MEJIA, a favor de las Sociedades denominadas MARINO´S PESCADERIA S. DE R.L., MARINO´S SEAFOOD S. DE R.L, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha once de abril de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación, interpuesto contra la sentencia incidental dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha en fecha dieciocho de marzo de dos mil quince; con relación a la oposición a la solicitud de exacción, de daños y perjuicios por la aplicación de medidas cautelares de embargo y su ampliación en la demanda declarativa por el procedimiento ordinario promovida por el señor WILFREDO RODRIGUEZ VILLAFRANCA contra las Sociedades denominadas MARINO´S PESCADERIA S. DE R.L., MARINO´S SEAFOOD S. DE R.L, Y LA SOCIEDAD DENOMINADA INVERSIONES ALIMENTICIAS S.A.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA-.-NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0611-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL