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Sentencia AC-594-18 — Registro 10142

Resumen

Otorgamiento de amparo en consulta relacionado a inadmisión de escrito de impugnación de tasación de costas presentado por impetrante en la demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por éste, contra el Estado a través del Ministerio Publico, misma fue fallada con lugar, condenando al Estado de Honduras como demandado en juicio de desahucio, al pago de las rentas hasta la desocupación del inmueble y condena en COSTAS, la cual fue impugnada por recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."La Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán tuvo a bien inadmitir el Recurso presentado por el Ministerio Público fundando su resolución en el Artículo 69 de la Ley de Inquilinato y procede a condenar en costas. No estando conforme con la determinación de la Corte Segunda de Apelaciones el Ministerio Público decide interponer un Amparo solicitando la suspensión del acto reclamado, dando como resultado un fallo desestimando el Amparo y estableciendo la negligencia con que ha actuado el Ministerio Público en el presente caso. Todo lo anterior como lo he manifestado obra en los expedientes relacionados y demuestran evidentemente el concepto de Dolo anteriormente señalado, por lo tanto, demuestra que es inaplicable al caso concreto el Artículo 8 de la Ley Para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y debe ordenarse tasar las costas conforme al escrito presentado denominado "Tasación de Costas" de fecha 9 de octubre de 2017, dentro de lo que establece el Código Procesal Civil en su Artículo 218 incluyendo las partidas que lo integran. De lo anteriormente expuesto, concluimos que el Juzgador en el auto emitido por ese juzgado lesiona mi derecho a la defensa, a la garantía constitucional del Debido Proceso y contraviniendo el Derecho al trabajo y justa remuneración por ende vuelve ilegitimo el acto objeto de la presente acción de Amparo, situación que constituye un perjuicio directo a mi persona como Representante Procesal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SOLIMAR, S. DE R.L. representada por las siguientes razones: a) Mi representada queda en evidente INDEFENSION al declarar el Juzgador inadmitir la oposición y que contra dicho auto no cabe recurso alguno. - b) Se violenta la garantía constitucional del DEBIDO PROCESO, pues el Juzgador, en cuanto a la denegatoria de la oposición de costas, declara inadmitida las mismas ya que el Juez no acepta que los hechos en que se basa la oposición no son congruentes y claros, pues lo que hace es una serie de confusos razonamientos sin ningún fundamento de derecho aplicable, contraviniendo los artículos 224 al 227 del Código Procesal Civil junto con el Artículo 220 del Código Procesal Civil y Artículo 68 de la Ley de Inquilinato. e) Violación al Derecho del Trabajo y su justa remuneración, violación a ejercer mi profesión, ya que el Juzgador lesiona mi interés directo al declarar inadmisible el reconocimiento de las costas que ya habían sido condenadas, contraviniendo el Arancel del Profesional del Derecho en su Artículo 9.- APLICACIÓN DE LOS HONORARIOS: Los honorarios corresponden exclusivamente. al Profesional del Derecho que preste sus servicios, por lo tanto se me debe restituir a mí favor los derechos Constitucional violentados, en virtud que son mis Honorarios los que pretende desconocer el Juzgado de Letras de inquilinato de Francisco Morazán con la resolución emitida, todo lo anterior como lo he manifestado obra en los expedientes relacionados y demuestran evidentemente el concepto de Dolo anteriormente señalado, por lo tanto demuestra que es inaplicable al caso concreto el Artículo 8 de la Ley Para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno y debe ordenarse tasar las costas conforme al escrito presentado denominado "Tasación de Costas" de fecha 9 de octubre de 2017, dentro de lo que establece el Código Procesal Civil en su Artículo 218 incluyendo las partidas que lo integran de la siguiente manera: Costas Personales: Pago por Honorarios Profesionales por sentencia Artículo 31 literal A a) Subtotal: Un millón trescientos Ochenta mil Lempiras Exactos (L. 1,380,000.00) Al respecto, ya la Doctrina preceptúa que el DEBIDO PROCESO es el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los particulares, (Gómez Lara, Cipriano, "EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO HUMANO"; Universidad Nacional de México, 1998) En el desarrollo de este concepto, el mismo autor se extiende a citar que la Garantía del Debido Proceso, comprende: a) La exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, b) Derecho o Garantía de audiencia, c) fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por la autoridad competente; ..".-. En cuanto al Derecho a la Defensa, el autor SERGIO PAUPERIS en su Obra "Derecho de Defensa", cita lo siguiente: "El derecho de defensa en juicio es una garantía que las reglas del debido proceso que exige nuestra Constitución Nacional exhorta a que exista una condena debe existir un adecuado derecho de defensa en juicio. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado; y sin lugar a dudas un presupuesto de validez del procedimiento y en fin de la sentencia, será la defensa técnica eficaz. Por lo anterior, es claro que cuando el Juzgador declara inadmitir la oposición, mi interés directo, queda en INDEFENSION desconociendo el derecho aplicable. GARANTIAS y DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLENTADAS Las Garantías Constitucionales que en el presente caso se estima fueron soslayadas y violentadas la constituyen las establecidas en los artículos que a continuación hacemos referencia: 1) Artículo 90 de la Constitución de la República: EL DEBIDO PROCESO: Nadie puede ser Juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". 2) Artículo 82 de la Constitución de la República: EL DERECHO A DEFENSA. - "El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes".- 3) Articulo 70 tercer párrafo de la Constitución de la República: Ningún servicio personal es exigible ni deberá prestarse gratuitamente, si no en virtud de Ley o de sentencia fundada en Ley. 4) Artículo 127 de la Constitución de la República: Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación, y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo…”; en conclusión “…se dicte la resolución otorgando el Recurso de Amparo aplicando el Arancel del Profesional del Derecho en su Artículo 9.- APLICACIÓN DE LOS HONORARIOS: Los honorarios corresponden exclusivamente al Profesional del Derecho que preste sus servicios se me debe restituir a mí favor los derechos Constitucionales violentados, en virtud que son mis Honorarios los que pretende desconocer el Juzgado de Letras de inquilinato de Francisco Morazán con la resolución emitida y que hemos dejado señaladas ..".. CONSIDERANDO (5): La Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán, establece en los considerandos de su fallo: “TERCERO: Es preciso señalar que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. - Artículo 90 de la Constitución de La República. CUARTO: Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente le confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. - Artículo 321 de La Constitución de la República. QUINTO: Que el debido proceso se constituye como una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, -tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a la persona sus derechos fundamentales; constituye un límite al poder estatal a favor de la persona, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de doble juzgamiento, motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El debido proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el debido proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de orden justo.- Ver sentencia recaída en la acción de amparo bajo N° ACC1016=13 dictada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia; Artículo 90 de –la Constitución de la República; y 3 del Código Procesal Civil. SEXTO: Conforme se reseñó en los antecedentes de hecho, se presentó impugnación a una tasación de costas. En virtud de lo anterior, la autoridad hoy recurrida emitió una resolución en fecha 26 de enero de 2018 (folio 171 al 173), mediante la cual resuelve, INADMITIR a trámite la impugnación de costas. Según lo planteado, se observa que, en las actuaciones judiciales del expediente venido en amparo, se ha producido una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República que corresponde al debido proceso, conclusión a la que arriba este Tribunal dado que la Juzgadora emite un auto que no cumple a cabalidad con lo regulado legalmente sobre el contenido formal para la redacción de las resoluciones y con sus requisitos internos, contemplados en los artículos 197, 199, 206, 207 del CPC. Sostenemos lo anterior, pues nótese que el contenido del apartado "FUNDAMENTACION JURIDICA", hace referencia a una serie de normas o preceptos de leyes tanto sustantivas como adjetivas, pero, olvidándose que la resolución del caso concreto ha de responder no solo con la selección y aplicación de la correspondiente norma legal (resolución fundada en derecho), sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o a la oposición a dicha pretensión; e igualmente que ha de razonarse en relación al vínculo de tales hechos con la norma jurídica aplicada (resolución razonada o motivada) Asimismo, en la PARTE DISPOSITIVA señala causas por las cuales inadmite a trámite la impugnación, sin ser clara, precisa y sin fundamento legal. Con ello, olvidando que es en la parte de los fundamentos de derecho, que debe razonar al respecto, de manera clara, precisa y con fundamento legal. SEPTIMO: Por las razones anteriormente expuestas, se considera procedente otorgar la acción de amparo interpuesta, pues al haber emitido la resolución previamente referida, se vulnera el debido proceso en la esfera del derecho a un proceso judicial, sin alteraciones o deformaciones, durante el transcurso, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo. Pues, es claro que, las partes tienen derecho a un juicio donde se les garantice el desarrollo procesal debido; y además, a una decisión judicial que presente las suficientes motivaciones / fundamentos o argumentos jurídicos, que justifiquen lo acontecido en las diversas etapas de dicho proceso. Siendo necesario poner en relieve, que aun cuando existe ausencia de alegación en cuanto a este supuesto, la acción de amparo tiene por objeto la protección frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución; por tanto, es procedente otorgar el amparo. OCTAVO: También son de aplicación los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; - 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 183 Y 304 de la Constitución de la República; 63, 68 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 4, 7, 223, 224, 225, 226 Y 227 del Código Procesal Civil. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: Esta Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, habiéndose abstenido de emitir opinión el fiscal, invocando el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones, por UNANIMIDAD de votos, siendo ponente la Magistrada LOPEZ CRUZ. - FALLA. PRIMERO. OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho merito, para que el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, anule el auto de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018), a efecto de que vuelva a emitir dicha resolución, con las formalidades y requisitos internos debidos. - SEGUNDO: Remitir en trámite de consulta obligatoria para ante la sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. -NOTIFÍQUESE. -.”CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, de Francisco Morazán, que resuelve la demanda de Amparo interpuesta por el Abogado Yuri Vladimir Castro Canales, no violenta normativa Constitucional alguna, su fallo es totalmente apegado a derecho, por lo que no constando en el expediente examinado vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones en que funda su fallo dicha Corte de Apelaciones, era procedente Otorgar el Amparo reclamado y esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al hacer suyas las motivaciones aludidas, estima procedente CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintisiete de junio del dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo presentado por el Abogado Yuri Vladimir Castro Canales a favor de la sociedad mercantil Inversiones Solimar S. de R.L., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de ejecución forzosa de título judicial promovida por la sociedad mercantil Inversiones Solimar S. de R.L., contra el Estado de Honduras a través del Ministerio Público. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado a su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dos de abril del dos mil dieciocho, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado Yuri Vladimir Castro Canales, en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Inversiones Solimar S. de R.L., interponiendo recurso de amparo a favor de la sociedad mercantil Inversiones Solimar S. de R.L., contra el auto dictado por el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, relacionado al escrito de impugnación de tasación de costas presentado por el Abogado Yuri Vladimir Castro Canales, el juzgado antes referido, en fecha veintiséis de enero del corriente año, resolvió lo siguiente: “Primero (1):…Segundo (2): Se inadmite la impugnación a trámite por las razones siguientes: 1.En el escrito de impugnación presentado no menciona de una manera correcta, detallada e ilustrativa la cuenta o minuta, así como las partidas concretas a que se refiere la discrepancia y las razones de esta, siendo este una obligación imperativa regulada por el Código Procesal Civil.-2.Que si bien es cierto en el escrito antes relacionado manifiesta el solicitante que debe tasar las costas según escrito presentado en fecha nueve (9) de octubre del año dos mil diecisiete (2017); la misma no puede ser tomada en consideración para ser relacionada en la presentada impugnación porque a dicha solicitud ya se le había practicado la respectiva tasación, y asimismo consta auto de fecha jueves (11) de enero del año dos mil dieciocho (2018); donde procedió a realizar de oficio la subsanación de cantidades por tratarse de un error aritmético del detalle de las rentas tomando como punto de partida la condena de la sentencia hasta el día del desalojo ver folio 157 al 158 vuelto del expediente de mérito.-3.Es de suma importancia en una minuta detallada relacionar de donde se desprenden los valores de una manera aritmética y no limitarse a lo que según el solicitante podría a ver sido el resultado de dicha operación mencionando únicamente en el escrito estos valores: un millón trescientos ochenta mil lempiras exactos (L. 1,380,000.00) a los que se refiere y con relación al emplazamiento de quinientos lempiras (L.500.00) dicha cantidad ya fue objeto de tasación.-4.siendo la impugnación un acto procesal escrito, se tuvo que haber ajustado en cuanto a su contenido a lo exigido por la Ley, pero el representante procesal de la parte demandante, al no relacionar correctamente las cuentas, minutas y partidas concretas dicho escrito no cumple con los presupuestos establecidos de manera imperativa por lo cual de plano establece que de no efectuarse dicha mención no se admitirá la impugnación a trámite, dejando a un lado la posibilidad de subsanación.-Tercero:…Cuarto:…”, argumentos éstos que considera el recurrente vulneran a su representado garantías constitucionales contenidas en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 166-170/171-173 del expediente del A-quo). 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, mediante la cual falló: “Primero: Otorgando el recurso de amparo de que se ha hecho mérito, para que el Juzgado de Letras de Inquilinato del departamento de Francisco Morazán, anule el auto de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018), a efecto de que vuelva a emitir dicha resolución, con las formalidades y requisitos internos debidos.-Segundo:…” (Folios 63-71 del expediente del Ad-quem). 3) Que en fecha diez de agosto del dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, mediante la cual resolvió, otorgar la acción de amparo interpuesta por el Abogado YURI VLADIMIR CASTRO CANALES a favor de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SOLIMAR S. de R.L.“FALLA: PRIMERO: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho merito, para que el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, anule el auto de fecha veintiséis (26) de enero de año dos mil dieciocho (2018), a efecto de que vuelva a emitir dicha resolución, con las formalidades y requisitos internos establecidos.- SEGUNDO: Remitir en tramite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.-“ CONSIDERANDO (3): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, el veintisiete de junio del año dos mil dieciocho, determino: “FALLA: SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V., contra las resoluciones de fecha doce (12) y veinte (20) de marzo del año 2018, dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, Departamento de Yoro.-” CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo, como cita la Corte de Primera de Apelaciones de lo Civil de Tegucigalpa, Francisco Morazán: ”NOVENO: Que en fecha dos (02) de abril de dos mil dieciocho (2018), compareció ante esta Corte el Abogado YURI VLADIMIR CASTRO CANALES, interponiendo recurso de amparo en su condición de apoderado legal de la Empresa Mercantil INVERSIONES SOLIMAR S. de R.L., contra el auto de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018), relacionado en el acápite anterior, por considerar que dicho auto "..produce evidentes violaciones' a las Garantías Constitucionales del DEBIDO PROCESO Y EL LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA ..".establecidos en los artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. - Amparo que fue formalizado por el recurrente en tiempo y forma en fecha veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), manifestando literalmente que: "..SE FORMALIZA. LA EXPRESION DEL JUICIO Y ANTECEDENTES EN QUE HA SIDO DICTADA LA RESOLUCION. La diligencia judicial en la cual el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán, dictó el Auto objeto de esta Acción de Amparo, la constituye la demanda con orden de ingreso NÚMERO 210-2016, promovida por mi persona YURI VLADIMIR CASTRO CANALES en mi condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Inversiones Solimar S. de R.L incoada en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del Ministerio Publico de Honduras y que se contrae a pedir: "Ejecución Forzosa de Titulo Judicial, cuya acción se desprende del Juicio con orden de ingreso número 105-2014 que se tramito en el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán. - "SE FORMALIZA LA INDICACION CONCRETA DE LA AUTORIDAD CONTRA QUIEN SE INTERPONE EL AMPARO. La autoridad contra la cual se interpone esta Acción de Amparo, es el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán, ANTECEDENTES QUE MOTIVA LA ACCION DE AMPARO, PRIMERO: En fecha ocho (8) de septiembre de 2014 mi representada la sociedad mercantil Inversiones Solimar S de R. L interpuso ante el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán una demanda contra el Ministerio Publico, mediante la que pretendía mediante proceso abreviado la Expiración de Contrato de Arrendamiento, Pago de Rentas en Mora; Desahucio; Desocupación del Inmueble o Lanzamiento; Condena en Costas, con orden de ingreso número 105-2014. La misma fue fallada con lugar se decretó la extinción del vínculo contractual, se condenó al Estado de Honduras al pago de las rentas hasta la desocupación del inmueble y se condena en COSTAS, en atención a lo que establece el Artículo al Artículo 220 del Código Procesal Civil, y Artículo 68 de la Ley de Inquilinato. SEGUNDO: Dicha sentencia fue sujeta de Apelación y del recurso de Queja en atención a una supuesta violación, pero al amparo de lo que el Articulo 69 de la Ley de Inquilinato establece "El inquilino que no presentare el último recibo que debió pagar o no acreditare su solvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículo de previo y especial pronunciamiento; excepciones de género alguno, ni recurso –de cualquier naturaleza" fueron denegados los mismos. De manera posterior se interpuso un Recurso de Amparo con el objeto, de expresar por este mismo medio la negativa de las dos instancias anteriores, llamando la atención el razonamiento que la Sala de lo Constitucional hace en relación a la impericia con la que actuó el demandado el Ministerio Publico de Honduras, explicado lo anterior se sabe que la sentencia que da origen a la Demanda y que se menciona en el hecho primero de estos antecedentes es Firme y no cabe recurso alguno. TERCERO: En fecha 13 de diciembre del año 2016, se interpuso la Ejecución Forzosa de Titulo judicial, ante el mismo Juzgado de Inquilinato, la cual fue admitida y es la que actualmente se encuentra en proceso en el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán. En fecha nueve (9) de octubre del año 2017, se presentó la tasación de costas personales por la cantidad de Un Millón Trescientos Ochenta Mil Quinientos Lempiras (L 1,380,500.00) Y costas procesales por emplazamiento por la cantidad de Quinientos Lempiras (L.500.00). Las mismas fueron tasadas mediante vista de tasación de costas, mediante auto de fecha nueve (9) de enero del 2018, la cual el Juzgado solo reconoce como Costa Procesales únicamente la cantidad por el valor de Lps 500.00. CUARTO: Haciendo uso del derecho que corresponde ante tal flagelo cometido por el Juzgado en fecha dieciséis (16) de enero del año en curso, se presentó en tiempo y forma el escrito que de manera literal la suma establecía “SE PRESENTA IMPUGNACIÓN DE LA TASACION DE COSTAS", y en el mismo en prieta síntesis se expusieron los siguientes puntos: 1) Con fundamento en el Artículo 225 del Código Procesal Civil numeral 2 que establece: "ARTÍCULO 225. - IMPUGNACIÓN DE LA TASACION DE COSTAS. 1) ... 2) La parte favorecida por la condena en costas, podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquéllos gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios del profesional del derecho o del perito que hubiese actuado en el proceso a su instancia." Se Presentó la impugnación de costas en virtud que en sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014, el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán mediante sentencia condeno al pago de Costas la cual es firme y consentida y en la tasación de costas hecha por la Secretaria del Juzgado no se están reconociendo los honorarios profesionales tal y como lo establece el Artículo 218 numeral 2 literal a) del Código Procesal Civil el cual reza: "ARTICULO 218. PARTIDAS QUE INTEGRAN LAS COSTAS. 1... 2. Se considerarán costas las partidas económicas siguientes: a) Honorarios de los profesionales del derecho por la defensa y representación técnica realizadas cuando u participación sea legalmente obligatoria. b) ... c) ... d) ... e) ... 3. H 2) La decisión tomada por el Juzgado de Letras de Inquilinato de Francisco Morazán en condenar en costas fue tomada con fundamento en la Ley de Inquilinato en su Artículo 68 el cual establece: "Articulo 68. - En el desahucio por causa de mora, el inquilino tendrá derecho en todo tiempo, antes de procederse al lanzamiento a que se sobresea en el juicio o se omita el cumplimiento de la sentencia, en su caso pagando el monto total de- lo adeudado más las costas del juicio. Gozará de este beneficio únicamente el inquilino que por primera vez hubiere sido demandado por mora respecto a un mismo contrato de arrendamiento…” Dicho artículo establece una penalidad para el inquilino moroso o que ha dado pie a que el arrendador se vea en la obligación de demandar, y por eso lo condena al pago de lo adeudado más las costas aun en el caso que el inquilino se salga antes de dar cumplimiento con el lanzamiento. Dicha disposición la estableció el legislador como una sanción para el inquilino irresponsable, desleal y que obra con dolo y de mala fe. 3) COSTAS. - Para el Jurista Guillermo Cabanellas en su Diccionario establece el concepto de costas que nos permitimos relacionar en el presente escrito *COSTAS, se da este nombre a los gastos legales que hacen las partes y deben satisfacer en ocasión de un procedimiento judicial. Las COSTAS no sólo comprenden los llamados gastos de justicia, o sea los derechos debidos al ESTADO, fijados por las leyes, sino además los honorarios de los letrados y los derechos que debe o puede percibir el personal auxiliar, si así estuviera establecido. Como podemos observar tanto el Código Procesal Civil como el concepto de costas del Doctor Guillermo Cabanellas establecen los mismos parámetros dentro de los cuales está lo correspondiente a honorarios. 4) Que según la tasación de costas elaborado por la Secretaria Adjunta que obra en el expediente a folio 146 y vuelto únicamente establece como Total de Costas Procesales la cantidad de Quinientos Lempiras (L.500.00); dicho cálculo en nada se asemeja al escrito presentado en fecha 9 de octubre de 2017 en el que, se presentó la minuta de costas. 5) A pesar de haber hecho' el cálculo de la manera más apegada a Ley, el Juzgado mediante auto de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho en su fundamento de derecho Quinto hace mención del Artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública. - DISPOSICIÓN GENERAL. – El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente. Dicho fundamento de derecho es claro al establecer una salvaguarda al Estado en la condena en costas y hace la salvedad cuando se haya actuado con dolo, en ese sentido según el Doctor Guillermo Cabanellas define el Dolo de la siguiente manera: DOLO. ."Engaño, fraude, simulación" (Dic. Acad.). A. En Derecho Civil Voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas o de la ignorancia ajena; pero sin intervención ni de fuerza u de amenazas, constitutivas una y otra de otros vicios jurídicos. Incumplimiento malintencionado de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, mora en el pago o innovaciones unilaterales. En Derecho Procesal. La mala fe de los litigantes puede ser bastante para condenar en costas (v.). También son manifestaciones del dolo en juicio el perjurio, el falso testimonio, el cohecho, la prevaricación, etc., ya causa de sanciones penales. (v. Culpa, Delito, Imprudencia, Mala fe, Negligencia, Responsabilidad, Vicios del consentimiento.) Así mismo vemos que se encuentran relacionados los conceptos de Mala Fe y Negligencia: *MALA FE. Intención perversa. Deslealtad. Doblez; Alevosía. Conciencia antijurídica al obrar. Dolo. Convicción íntima de que no se actúa legítimamente, ya por existir una prohibición legal o una disposición en contrario ya por saberse que se lesiona un derecho ajeno o no se cumple un deber propio. *NEGLIGENCLA. Omisión de la diligencia o cuidado que debe ponerse en los negocios, en las relaciones con las personas y en el manejo o custodia de las cosas. Dejadez. Abandono. 'Desidia. Falta de aplicación. Falta de atención. Olvido de órdenes o precauciones. *NEGLIGENTE. El que incurre en negligencia (v.). El responsable de la misma. Descuidado, omiso. Despreocupado. Quien no presta la atención debida. Desidioso, abandonado, flojo, indolente. Imprudente; que no toma las precauciones del caso. (v. Culpable, Diligente.) 6) De lo anterior se pude evidenciar que el Estado debe ser condenado a pago de costas cuando en su actuar se vea reflejado el dolo, que trae aparejada la mala fe y la negligencia tal y como as i lo establece la Ley de Inquilinato en su Artículo 68 que condena al pago de costas al Inquilino que a sabiendas que debe pagar una renta obliga al arrendador a demandar existe la voluntad maliciosa del inquilino. 7) El Código Procesal Civil establece en su Artículo 220 el mismo sentido que el Artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública el cual establece: "ARTÍCULO 220.- EN CASO DE ALLANAMIENTO Y DESISTIMIENTO. 1. Si el demandado se allanare a la demanda en la contestación o antes de la audiencia, no procederá la imposición de costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado. 2. Se entenderá que, existe mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o s: se hubiera dirigido a él solicitud de conciliación. 3. Si el proceso terminara por desistimiento del actor; que no fuere consentido por el demandado, aquél será condenado a todas las costas. Si el desistimiento que pusiere fin al proceso fuere consentido por el demandado o demandados, no se condenará en costas a ninguno de los litigantes. 8) Conforme al Artículo 220 del Código Procesal Civil, Artículo 68 de la Ley de inquilinato y Artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública son del criterio que el Demandado en este caso ~l Estado debe demostrar una conducta legal, honrada y el Estado como parte debe sujetarse además a la Ley de Procedimiento Administrativo en sus Artículos 24 y 25 que establece que los actos deben ser lícitos, ciertos y físicamente posible, además deben sustentarse en los hechos y antecedentes que . le sirvan de causa y en el derecho aplicable. 9) En el presente caso está acreditado en autos expedientes CPC105-2014 y ejecución forzosa 0801-2016-00210, la existencia de una obligación del Estado en este caso el Ministerio Público, de pago de la renta por alquiler de un inmueble, el cual ocupo, utilizó y no realizó ningún pago, por lo que orilló a mi representada a proceder por la vía legal, entendiéndose por esta el agotamiento de la vía administrativa tanto en el Ministerio Público, en la Dirección Administrativa de Inquilinato, en las cuales se le hizo el requerimiento de pago y en ninguna de esas instancias el Ministerio Público quiso adoptar las medidas necesarias para realizar el pago por el bien arrendado. Estando en mora el Ministerio Público (Estado) en el pago de la renta, se procedió a demandar a través del Juzgado de Inquilinato de Francisco Morazán dando como resultado una sentencia que condenó al pago de las rentas hasta la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014 y posteriores hasta la fecha del desalojo y condena en costas. Como ya manifestamos anteriormente el Código Procesal Civil establece que comprende costas. 10) El Ministerio Público con pleno conocimiento que está en mora en el pago de las rentas, que es una obligación vencida, judicializada y con una sentencia en su contra decide presentar Recurso de Apelación contra la sentencia, desconociendo lo que establece el Artículo 69 de la Ley de Inquilinato el cual reza: "Articulo 69 El inquilino que no presentare el último recibo que debió pagar o no acreditare su solvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículos de previo y especial pronunciamiento, excepciones de género alguno ni recursos de cualquier naturaleza." La Corte Segunda de Apelaciones de Francisco Morazán tuvo a bien inadmitir el Recurso presentado por el Ministerio Público fundando su resolución en el Artículo 69 de la Ley de Inquilinato y procede a condenar en costas. No estando conforme con la determinación de la Corte Segunda de Apelaciones el Ministerio Público decide interponer un Amparo solicitando la suspensión del acto reclamado, dando como resultado un fallo desestimando el Amparo y estableciendo la negligencia con que ha actuado el Ministerio Público en el presente caso. Todo lo anterior como lo he manifestado obra en los expedientes relacionados y demuestran evidentemente el concepto de Dolo anteriormente señalado, por lo tanto, demuestra que es inaplicable al caso concreto el Artículo 8 de la Ley Para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y debe ordenarse tasar las costas conforme al escrito presentado denominado "Tasación de Costas" de fecha 9 de octubre de 2017, dentro de lo que establece el Código Procesal Civil en su Artículo 218 incluyendo las partidas que lo integran. De lo anteriormente expuesto, concluimos que el Juzgador en el auto emitido por ese juzgado lesiona mi derecho a la defensa, a la garantía constitucional del Debido Proceso y contraviniendo el Derecho al trabajo y justa remuneración por ende vuelve ilegitimo el acto objeto de la presente acción de Amparo, situación que constituye un perjuicio directo a mi persona como Representante Procesal de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SOLIMAR, S. DE R.L. representada por las siguientes razones: a) Mi representada queda en evidente INDEFENSION al declarar el Juzgador inadmitir la oposición y que contra dicho auto no cabe recurso alguno. - b) Se violenta la garantía constitucional del DEBIDO PROCESO, pues el Juzgador, en cuanto a la denegatoria de la oposición de costas, declara inadmitida las mismas ya que el Juez no acepta que los hechos en que se basa la oposición no son congruentes y claros, pues lo que hace es una serie de confusos razonamientos sin ningún fundamento de derecho aplicable, contraviniendo los artículos 224 al 227 del Código Procesal Civil junto con el Artículo 220 del Código Procesal Civil y Artículo 68 de la Ley de Inquilinato. e) Violación al Derecho del Trabajo y su justa remuneración, violación a ejercer mi profesión, ya que el Juzgador lesiona mi interés directo al declarar inadmisible el reconocimiento de las costas que ya habían sido condenadas, contraviniendo el Arancel del Profesional del Derecho en su Artículo 9.- APLICACIÓN DE LOS HONORARIOS: Los honorarios corresponden exclusivamente. al Profesional del Derecho que preste sus servicios, por lo tanto se me debe restituir a mí favor los derechos Constitucional violentados, en virtud que son mis Honorarios los que pretende desconocer el Juzgado de Letras de inquilinato de Francisco Morazán con la resolución emitida, todo lo anterior como lo he manifestado obra en los expedientes relacionados y demuestran evidentemente el concepto de Dolo anteriormente señalado, por lo tanto demuestra que es inaplicable al caso concreto el Artículo 8 de la Ley Para Optimizar la Administración Pública Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno y debe ordenarse tasar las costas conforme al escrito presentado denominado "Tasación de Costas" de fecha 9 de octubre de 2017, dentro de lo que establece el Código Procesal Civil en su Artículo 218 incluyendo las partidas que lo integran de la siguiente manera: Costas Personales: Pago por Honorarios Profesionales por sentencia Artículo 31 literal A a) Subtotal: Un millón trescientos Ochenta mil Lempiras Exactos (L. 1,380,000.00) Al respecto, ya la Doctrina preceptúa que el DEBIDO PROCESO es el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los particulares, (Gómez Lara, Cipriano, "EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO HUMANO"; Universidad Nacional de México, 1998) En el desarrollo de este concepto, el mismo autor se extiende a citar que la Garantía del Debido Proceso, comprende: a) La exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, b) Derecho o Garantía de audiencia, c) fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por la autoridad competente; ..".-. En cuanto al Derecho a la Defensa, el autor SERGIO PAUPERIS en su Obra "Derecho de Defensa", cita lo siguiente: "El derecho de defensa en juicio es una garantía que las reglas del debido proceso que exige nuestra Constitución Nacional exhorta a que exista una condena debe existir un adecuado derecho de defensa en juicio. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el acusador y el acusado; y sin lugar a dudas un presupuesto de validez del procedimiento y en fin de la sentencia, será la defensa técnica eficaz. Por lo anterior, es claro que cuando el Juzgador declara inadmitir la oposición, mi interés directo, queda en INDEFENSION desconociendo el derecho aplicable. GARANTIAS y DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLENTADAS Las Garantías Constitucionales que en el presente caso se estima fueron soslayadas y violentadas la constituyen las establecidas en los artículos que a continuación hacemos referencia: 1) Artículo 90 de la Constitución de la República: EL DEBIDO PROCESO: Nadie puede ser Juzgado si no por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece". 2) Artículo 82 de la Constitución de la República: EL DERECHO A DEFENSA. - "El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes".- 3) Articulo 70 tercer párrafo de la Constitución de la República: Ningún servicio personal es exigible ni deberá prestarse gratuitamente, si no en virtud de Ley o de sentencia fundada en Ley. 4) Artículo 127 de la Constitución de la República: Toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación, y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo…”; en conclusión “…se dicte la resolución otorgando el Recurso de Amparo aplicando el Arancel del Profesional del Derecho en su Artículo 9.- APLICACIÓN DE LOS HONORARIOS: Los honorarios corresponden exclusivamente al Profesional del Derecho que preste sus servicios se me debe restituir a mí favor los derechos Constitucionales violentados, en virtud que son mis Honorarios los que pretende desconocer el Juzgado de Letras de inquilinato de Francisco Morazán con la resolución emitida y que hemos dejado señaladas ..".. CONSIDERANDO (5): La Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán, establece en los considerandos de su fallo: “TERCERO: Es preciso señalar que nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. - Artículo 90 de la Constitución de La República. CUARTO: Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las expresamente le confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. - Artículo 321 de La Constitución de la República. QUINTO: Que el debido proceso se constituye como una ineludible carga que se le impone a los órganos del Estado, -tanto administrativos como jurisdiccionales, para que sus actuaciones se sometan a los principios rectores que garantizan a la persona sus derechos fundamentales; constituye un límite al poder estatal a favor de la persona, quien podrá reclamar en todo momento que sean respetados sus derechos, para efectos de obtener respuesta dentro de un juicio justo. El debido proceso comprende el principio de legalidad, juez natural, acceso a los órganos jurisdiccionales, derecho de defensa, derecho a una resolución que resuelva sus pretensiones sin dilaciones injustificadas, oportunidad de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra, prohibición de doble juzgamiento, motivación de actos y resoluciones de los poderes públicos. El debido proceso garantiza la transparencia de las actuaciones de las autoridades públicas y el agotamiento de las etapas previamente determinadas por el ordenamiento jurídico, es por ello que se asegura que el debido proceso se encuentra íntimamente ligado con la procura de orden justo.- Ver sentencia recaída en la acción de amparo bajo N° ACC1016=13 dictada por la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia; Artículo 90 de –la Constitución de la República; y 3 del Código Procesal Civil. SEXTO: Conforme se reseñó en los antecedentes de hecho, se presentó impugnación a una tasación de costas. En virtud de lo anterior, la autoridad hoy recurrida emitió una resolución en fecha 26 de enero de 2018 (folio 171 al 173), mediante la cual resuelve, INADMITIR a trámite la impugnación de costas. Según lo planteado, se observa que, en las actuaciones judiciales del expediente venido en amparo, se ha producido una vulneración del derecho fundamental reconocido en el artículo 90 de la Constitución de la República que corresponde al debido proceso, conclusión a la que arriba este Tribunal dado que la Juzgadora emite un auto que no cumple a cabalidad con lo regulado legalmente sobre el contenido formal para la redacción de las resoluciones y con sus requisitos internos, contemplados en los artículos 197, 199, 206, 207 del CPC. Sostenemos lo anterior, pues nótese que el contenido del apartado "FUNDAMENTACION JURIDICA", hace referencia a una serie de normas o preceptos de leyes tanto sustantivas como adjetivas, pero, olvidándose que la resolución del caso concreto ha de responder no solo con la selección y aplicación de la correspondiente norma legal (resolución fundada en derecho), sino que, además, ha de ajustarse a los hechos que provocaron la pretensión o a la oposición a dicha pretensión; e igualmente que ha de razonarse en relación al vínculo de tales hechos con la norma jurídica aplicada (resolución razonada o motivada) Asimismo, en la PARTE DISPOSITIVA señala causas por las cuales inadmite a trámite la impugnación, sin ser clara, precisa y sin fundamento legal. Con ello, olvidando que es en la parte de los fundamentos de derecho, que debe razonar al respecto, de manera clara, precisa y con fundamento legal. SEPTIMO: Por las razones anteriormente expuestas, se considera procedente otorgar la acción de amparo interpuesta, pues al haber emitido la resolución previamente referida, se vulnera el debido proceso en la esfera del derecho a un proceso judicial, sin alteraciones o deformaciones, durante el transcurso, devenir o desenvolvimiento lógico procesal del mismo. Pues, es claro que, las partes tienen derecho a un juicio donde se les garantice el desarrollo procesal debido; y además, a una decisión judicial que presente las suficientes motivaciones / fundamentos o argumentos jurídicos, que justifiquen lo acontecido en las diversas etapas de dicho proceso. Siendo necesario poner en relieve, que aun cuando existe ausencia de alegación en cuanto a este supuesto, la acción de amparo tiene por objeto la protección frente a las vulneraciones de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución; por tanto, es procedente otorgar el amparo. OCTAVO: También son de aplicación los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; - 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 183 Y 304 de la Constitución de la República; 63, 68 de La Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 4, 7, 223, 224, 225, 226 Y 227 del Código Procesal Civil. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: Esta Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, habiéndose abstenido de emitir opinión el fiscal, invocando el principio de objetividad que debe regir sus actuaciones, por UNANIMIDAD de votos, siendo ponente la Magistrada LOPEZ CRUZ. - FALLA. PRIMERO. OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho merito, para que el Juzgado de Letras de Inquilinato del Departamento de Francisco Morazán, anule el auto de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil dieciocho (2018), a efecto de que vuelva a emitir dicha resolución, con las formalidades y requisitos internos debidos. - SEGUNDO: Remitir en trámite de consulta obligatoria para ante la sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia. -NOTIFÍQUESE. -.”CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, de Francisco Morazán, que resuelve la demanda de Amparo interpuesta por el Abogado Yuri Vladimir Castro Canales, no violenta normativa Constitucional alguna, su fallo es totalmente apegado a derecho, por lo que no constando en el expediente examinado vulneración al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones en que funda su fallo dicha Corte de Apelaciones, era procedente Otorgar el Amparo reclamado y esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al hacer suyas las motivaciones aludidas, estima procedente CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los artículos 90, 183, 303, 304 y 321 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5 y 10 numeral segundo, 41, 63 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 3, 4, 7, 197, 199, 206, 207, 223, 224, 225, 226 y 227 del Código Procesal Civil; 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución del recurso de Amparo emitido en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, de Francisco Morazán; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0594=18.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL