Sentencia AC-594-17 — Registro 8531
Resumen
Sentencia otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que rechazó de plano y sin más trámite la nulidad interpuesta en relación a demanda de ejecución promovida por demandante contra demandada, se otorgó acción de amparo por considerar que debió tramitarse de conformidad al procedimiento de incidentes en general
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, cuando señala que en el presente caso la nulidad no debió haber sido rechazada de plano y sin más trámite tal como aconteció, si no que debió tramitarse de conformidad a los procedimientos previstos para los incidentes en general..."..."la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, interponiendo acción de amparo a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en la demanda promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO.2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo, la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 44 al 47 de la segunda pieza de antecedentes)3) Que en fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, en base al Artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO, le causa indefensión al rechazar de plano la nulidad solicitada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, cuando señala que en el presente caso la nulidad no debió haber sido rechazada de plano y sin más trámite tal como aconteció, si no que debió tramitarse de conformidad a los procedimientos previstos para los incidentes en general.CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.
CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil en Consulta bajo el número SCO-594-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los Artículos 82, 90, 103 y 106 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES. 1) Que en fecha nueve de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, interponiendo acción de amparo a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en la demanda promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO.2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de amparo, la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, mediante la cual falló otorgando el recurso de amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y ordenó remitir en consulta las diligencias ante la Corte Suprema de Justicia. (Folios 44 al 47 de la segunda pieza de antecedentes)3) Que en fecha catorce de agosto de dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, en base al Artículo 68 primer párrafo de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley.CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete, que otorgó el recurso presentado por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor ANI DORIN ZABLAH BENDECK, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO. CONSIDERANDO TRES (3): Que el reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LIMITADA, contra el señor NAPOLEON ABRAHAM ANDRADE CASTRO, le causa indefensión al rechazar de plano la nulidad solicitada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, de fecha dos de junio de dos mil diecisiete, cuando señala que en el presente caso la nulidad no debió haber sido rechazada de plano y sin más trámite tal como aconteció, si no que debió tramitarse de conformidad a los procedimientos previstos para los incidentes en general.CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional.
CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMAR la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Tegucigalpa, Departamento Francisco Morazán, en fecha dos de junio de dos mil diecisiete.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil en Consulta bajo el número SCO-594-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.