Sentencia AC-591-18 — Registro 10141
Resumen
En consulta resolución que otorga parcialmente acción de amparo contra multa impuesta a impetrante y remisión de la misma a Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, en virtud de haber solicitado éste un exhorto, en relación a Demanda de alimentos vía proceso abreviado no dispositivo, en la que impetrante es apoderado legal de demandante mediante acto de delegación al Juez de Paz para que Juez de Paz firmara recibos de pago y así evitar que su representada tuviera que movilizarse cada mes al Juzgado de Letras para que le autorizaran los recibos de pago. Señalando además que definitivamente el acto contra el cual se reclama ha sido dictado bajo la estructura formal de un auto, conforme el artículo 199 del código Procesal Civil, además en dicha resolución no se establece si la misma admitía recurso o no y en su caso de que admitiera que tipo de recurso, omisión que a criterio del recurrente, violenta el artículo 197 numeral 2 de la norma adjetiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional, que garantiza el respeto al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa, Derecho de petición, a una Tutela Judicial Efectiva entre otros, tal como lo deja plasmado en su resolución el Ad quem. Esta Sala aprecia la argumentación jurídica de la sentencia dictada, que deja establecido el quebrantamiento de derechos del impetrante, Si bien ha otorgado el amparo como en derecho corresponde, esta Sala Discrepa en cuanto al contenido del párrafo Décimo de los Fundamentos de Derecho y párrafo Segundo de la PARTE DISPOSITIVA que declara inaplicable parcialmente el auto impugnado en lo atinente a la multa y la remisión de actuaciones al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados; y esto es así porque desde el momento en que el Tribunal de alzada ha dejado claramente establecido que se han vulnerado los derechos del recurrente, que no concurren los presupuestos o causas que motiven la imposición de una multa, respetando además que al recurrente no se le puede restringir o limitar el derecho de petición y que el Juez debe resolver conforme a Derecho sin llegar a la arbitrariedad, o la subjetividad, en ese orden de ideas esta Sala se pronuncia que debe CONFIRMARSE la sentencia en cuanto a que se otorga la acción de Amparo y debe REVOCARSE el décimo párrafo de los fundamentos de derecho y el párrafo segundo de la parte dispositiva de la sentencia de mérito, en cuanto a la declaración de INAPLICABLE PARCIALMENTE el auto impugnado (de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho). Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que debe Otorgarse la acción de amparo instruida"
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha dos (02) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), que otorga el recurso de amparo promovido por el Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNANDEZ, en su condición de Apoderado Judicial de la Señora MARICELA JANETH CASTELLANOS ORELLANA, contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), en la Demanda de alimentos vía proceso abreviado no dispositivo, promovida por la Señora MARICELA JANET CASTELLANOS ORELLANA, contra el Señor CRISTHIAN NAHUN MEJIA DEL CID. Manifestando el recurrente que el acto recurrido ha violentado el derecho constitucional contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, la Señora MARICELA JANET CASTELLANOS ORELLANA, en causa propia y confiriendo poder al Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNANDEZ, promoviendo Demanda a fin de que previo los tramites legales respectivos sea obligado a proporcionar una pensión alimenticia no menor del cincuenta por ciento (50%) del sueldo que devenga como Minero de la Empresa Minera AMPAC, ubicada en el Mochito, Municipio de Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara. (Folios 1–3 de la Pieza Principal de los antecedentes del Juzgado). 2) Que siguiendo el tramite de Ley correspondiente, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), el citado Juzgado Resuelve: (SIC) “1.- Se tiene por presentado el escrito que antecede, el que se manda a agregar a sus antecedentes, y en cuanto a lo solicitado se declara sin lugar por ser totalmente improcedente e ilegal. 2.- Que el compareciente y su clienta se sujeten al acuerdo conciliatorio y presenten para su autorización, los recibos con el valor correspondiente y por los meses correspondientes. 3.- Se impone una multa de medio salario mínimo vigente a esta fecha al Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNANDEZ por su conducta desleal a la justicia y anti ética, que deberá acreditar haber pagado a favor del Estado de Honduras mediante los recibos correspondientes. 4.- Que se remitan copias cotejadas de las actuaciones en las que ha intervenido faltando a la ética profesional el Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNANDEZ al Tribunal del Honor del Colegio de Abogados a efecto de que se le apliquen las sanciones correspondientes.” (Folios 16-18 de la Pieza del antecedente del Juzgado). 3) Que en fecha tres (03) de abril del año dos mil dieciocho (2018), compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, el Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNANDEZ, interponiendo recurso de amparo a favor de la Señora MARICELA JANEH CASTELLANOS ORELLANA. (Folios 1–2 de la pieza de la Corte de Apelaciones). 5) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha dos (02) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) emitió su Sentencia, en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: OTORGANDO EL AMPARO interpuesto por el Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNANDEZ EN SU CONDICION PERSONAL, CONTRA EL AUTO PROFERIDO POR EL Juez numero 4 abogado JUAN DE DE DIOS MONDRAGON BARAHONA, del Juzgado Unificado de Letras Departamental de esta Sección Judicial, en fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho visible a folio veinticuatro (24) en la demanda de alimentos por la vía del proceso abreviado no dispositivo, promovida por la señora MARICELA JANETH CASTELLANOS ORELLANA, contra el señor CRISTHIAN NAHUN MEJIA DELCID; mediante el cual le impuso una multa, al abogado NEVIL REDLBERTO SILVA HERNANDEZ, de medio (1/2) salario mínimo y al mismo tiempo ordeno la remisión de las copias cotejadas de actuaciones en las que el abogado ha actuado, al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. SEGUNDO: En tal virtud, se declara INAPLICABLE PARCIALMENTE el auto impugnado en lo atinente a la multa y la remisión de actuaciones al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras.“ (Folio 26–31 de la pieza de Corte de Apelaciones). 6) Que en fecha diez (10) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en Consulta, los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha dos de agosto del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, departamento de SANTA BÁRBARA, en el Recurso de amparo interpuesto por el Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNANDEZ, a favor de SI MISMO, contra la resolución de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, dictado por el Juez JUAN DE DIOS MONDRAGON BARAHONA del JUZGADO DE LETRAS UNIFICADO SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA. Con relación a la Demanda de Alimentos, mediante el proceso Abreviado no Dispositivo, promovida por la señora MARICELA JANETH CASTELLANOS ORELLANA en representación legal de sus menores hijos CRISMARY NAYANETH, CRISTIAN NAHUN Y AARON JASID todos de apellidos MEJIA. CONSIDERANDO (4): Que la resolución por la que busca amparo el recurrente es la resolución de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho, mediante la cual el Juez le impuso una multa de medio salario mínimo, bajo el argumento que él (recurrente), estaba actuando faltando a la ética y buena fe, tan solo por hacer una petición solicitando se enviara un exhorto al Juzgado de Paz de las Vegas, Santa Bárbara y le dieran la facultad mediante acto de delegación al Juez de Paz para que él (Juez de Paz) firmara los recibos de pago y así evitar que su representada tuviera que movilizarse cada mes al Juzgado de Letras para que le autorizaran los recibos de pago. Señalando además que definitivamente el acto contra el cual se reclama ha sido dictado bajo la estructura formal de un auto, conforme el artículo 199 del código Procesal Civil, además en dicha resolución no se establece si la misma admitía recurso o no y en su caso de que admitiera que tipo de recurso, omisión que a criterio del recurrente, violenta el artículo 197 numeral 2 de la norma adjetiva. CONSIDERANDO (5): Que el Ad-Quem después del análisis de la resolución impugnada en el numeral tercero de los fundamentos de Derecho, se pronuncia “en relación a la facultad disciplinaria del Juez, la cual es otorgada por la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales (LOAT) en sus artículos 42, 44 y 46 para corregir las faltas de obediencia y de respeto bien sea de palabra, escrito o por actos que se cometieren en su despacho, con multa que no exceda de diez pesos con lo que se puede concluir que en atención a esta ley la única multa que puede imponer es por diez pesos”. Expone que el Juzgador como fundamento para imponer la sanción disciplinaria acude al artículo 6 del Código Procesal Civil argumentando que: “El compareciente aun cunado no desconoce el arreglo conciliatorio de las partes aprobadas por este juzgado, ha insistido repetidamente que le sean firmados recibos por valores que no corresponden a la pensión alimenticia provisional fijada de común acuerdo”. El Ad-Quem señala que “no desconoce la facultad que tienen los Jueces para corregir las faltas en su despacho, lo que se observa en el caso de estudio es la forma y la sanción impuesta, ya que el artículo 6 invocado le establece que la corrección debe ser en los términos y por las causas consignadas en la ley; sin embargo vemos que las causas que acarrean multa son expresamente establecidas, para el caso se señala el artículo 215 No. 5 (por pretender una nulidad de manera maliciosa); 231 numeral 1 (no comparecer a una cita del tribunal); 232 No. 1 (por no ejecutar una prueba que ha sido admitida)y 564 (por una demanda maliciosa). A criterio del Tribunal las referidas sanciones y en general las que faculta la ley debe imponerse tratándose de una actuación incorrecta revestida de dolo o mala fe, que sea con el único propósito de dilatar maliciosamente la buena marcha del procesos, en el caso de autos no se observa prueba alguna que haga presumir que las actuaciones del profesional del derecho sea maliciosas o actúe con dolo, tan solo realizó una petición que pudo haber resultado improcedente, más no contener intención maliciosa. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-Quem se pronuncia en relación a lo antes expuesto considerando que no se observó el derecho de Defensa, se infringió lo estipulado en el artículo 94 constitucional en cuanto a que “a nadie se le impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…” haciendo referencia al Debido Proceso y dejando establecido que la sanción impuesta es de carácter disciplinario, por consiguiente debía al menos observarse los principios constitucionales en cuanto a ser escuchado, permitirle presentar pruebas de descargo y el uso de los recursos , lo cual no se ha tenido en cuenta por consiguiente se aprecia violación a derechos fundamentales como el derecho de defensa con las implicaciones que de el derivan el uso de los recursos y sobre todo el principio de legalidad por cuanto la multa impuesta, bajo el argumento del juzgador no se encuentra regulada en la ley. En consecuencia, OTORGÓ el amparo y declaró inaplicable parcialmente el auto impugnado en lo atinente a la multa y la remisión de actuaciones al Tribunal de Honor del Colegio de abogados de Honduras. CONSIDERANDO (7): Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala observa que ciertamente los motivos que invoca el impetrante para recurrir en amparo atañen a la justicia constitucional, que garantiza el respeto al Debido Proceso, el Derecho a la Defensa, Derecho de petición, a una Tutela Judicial Efectiva entre otros, tal como lo deja plasmado en su resolución el Ad quem. Esta Sala aprecia la argumentación jurídica de la sentencia dictada, que deja establecido el quebrantamiento de derechos del impetrante, Si bien ha otorgado el amparo como en derecho corresponde, esta Sala Discrepa en cuanto al contenido del párrafo Décimo de los Fundamentos de Derecho y párrafo Segundo de la PARTE DISPOSITIVA que declara inaplicable parcialmente el auto impugnado en lo atinente a la multa y la remisión de actuaciones al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados; y esto es así porque desde el momento en que el Tribunal de alzada ha dejado claramente establecido que se han vulnerado los derechos del recurrente, que no concurren los presupuestos o causas que motiven la imposición de una multa, respetando además que al recurrente no se le puede restringir o limitar el derecho de petición y que el Juez debe resolver conforme a Derecho sin llegar a la arbitrariedad, o la subjetividad, en ese orden de ideas esta Sala se pronuncia que debe CONFIRMARSE la sentencia en cuanto a que se otorga la acción de Amparo y debe REVOCARSE el décimo párrafo de los fundamentos de derecho y el párrafo segundo de la parte dispositiva de la sentencia de mérito, en cuanto a la declaración de INAPLICABLE PARCIALMENTE el auto impugnado (de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciocho). Valorando estos aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el derecho constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de competencia establecido en la Ley Sobre Justicia Constitucional, como quehacer fundamental del Juez Constitucional; el cual consiste en hacer accesible a los habitantes de la República la tutela judicial efectiva. En segundo lugar, que debe Otorgarse la acción de amparo instruida. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 303, 304, 313 y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8,10, 41, 46 numeral 4, 48, 68 párrafo 2do.,de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: CONFIRMA el párrafo primero de la PARTE DISPOSITIVA de la sentencia dictada en fecha dos de agosto del año dos mil dieciocho, por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, que OTORGA EL AMPARO. SEGUNDO: REVOCA el párrafo Décimo en cuanto a declarar la invalidez parcial de la resolución impugnada y el Numeral SEGUNDO DE LA PARTE DISPOSITIVA que declara INAPLICABLE PARCIALMENTE, el auto impugnado en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado NEVIL REDILBERTO SILVA HERNÁNDEZ, a favor de SI MISMO. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0591=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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