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Sentencia AC-589-16 — Registro 10137

Resumen

Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación y confirma resolución que declaró Sin Lugar solicitud de medida cautelar de embargo, solicitada al momento de presentada la demanda de Ejecución de Título Judicial de una sentencia firme de reivindicación de dominio de bien inmueble interpuesta por impetrantes en su condición de herederos contra compañía,solicitando que se ordene a la demandada a la inmediata restitución y puesta en posesión material del inmueble, y se decreten las medidas cautelares de: embargo sobre la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A. DE C.V., para que el órgano jurisdiccional ordene la retención y depósito de utilidades brutas de la empresa en la cuenta bancaria abierta a nombre del Juzgado, y la prohibición general de disponer o celebrar actos y contratos sobre bienes suficientes de la propiedad ejecutada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."8): Que observa esta Sala de lo Constitucional que el asunto fundamental por el cual se ha recurrido en Amparo, es contra la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, que confirma en su parte dispositiva, el auto dictado por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara en fecha trece de agosto del año dos mil quince, que resuelve la solicitud de medida cautelar, presentada coetáneamente con la demanda de Ejecución de Título Judicial de una sentencia firme de reivindicación de dominio, en contra de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA S.A. de C.V; CONSIDERANDO (9): Que la acción ejecutiva, en Derecho procesal, es una facultad mediante la cual una persona física o jurídica puede instar a los órganos jurisdiccionales para que actúen a efecto de obligar al cumplimiento de una resolución judicial; “se llama ejecución forzosa procesal la actuación práctica, por parte de los órganos jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantice a alguno un bien de la vida y que resulte de una declaración; y proceso de ejecución forzosa, el conjunto de actos coordinados para este fin. Dicha ejecución entra, sobre todo, en el concepto general de hacer efectiva una voluntad, y especialmente la de la ley.” Que el conjunto de actos coordinados para el desarrollo de la referida acción de ejecución, la desarrolla el Código Procesal Civil en el Libro Sexto; en el artículo 742 se establece que la ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada; el numeral 2 del precepto 742 supra relacionado, claramente señala que el litigante que hubiera obtenido a su favor ejecutoria, podrá solicitar su cumplimiento forzoso de conformidad con las reglas que se establecen en la referida norma legal adjetiva. En ese orden de ideas el debido proceso que atañe específicamente al proceso civil, regulado en el artículo 3 amplia y generosamente establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (10): Que precisamente con el fin de lograr el cumplimiento del contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada, es decir la declaración de la voluntad de la ley, la actuación de ésta, mediante la ejecución forzosa, en el ámbito del fin general que se propone, es decir el alcance práctico del bien garantizado, se consigue de las maneras distintas, según dos factores: la distinta naturaleza del bien a conseguir y la distinta naturaleza de los medios para conseguirlo; la ejecución forzosa se identifica en cada caso con un determinado medio ejecutivo ; así por ejemplo nuestro ordenamiento jurídico civil adjetivo señala que se puede decretar el embargo a efectos de cubrir la totalidad de la deuda, cuando se trate de ejecución por cantidad de dinero –Libro Sexto, Título Quinto, Capítulo I, artículos del 799 al 824, específicamente el 809-. En el caso del asunto sometido a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se esta pidiendo la Ejecución de un Título Judicial, consistente en una sentencia de reivindicación de dominio, regulado en el Libro Sexto, Título Sexto, Capítulo VI, de la ley procesal civil, por lo tanto se trata de la ejecución de una obligación de dar una cosa determinada, específicamente un bien inmueble; desarrollando los preceptos 882 y 883 los medios ejecutivos que hará valer el órgano jurisdiccional a efecto de hacer valer la tutela judicial efectiva reclamada por el demandante. En ese orden de ideas los medios ejecutivos de que se hará valer el Juez, consiste en proceder de forma inmediata a poner al ejecutante en posesión del inmueble, empleando los medios que considere más idóneas y efectuando las inscripciones o anotaciones que correspondan en los Registros Públicos. CONSIDERANDO (11): Que la ley adjetiva civil que desarrolla lo relativo a la ejecución forzosa en la obligación de dar una cosa inmueble, no establece como medio ejecutivo para hacer efectivo la tutela judicial otorgada, es decir la declaración de la voluntad de la ley, el embargo de bienes, como lo pretende la recurrente en amparo, pues los medios ejecutivos de los cuales se valdrá el Juez para hacer efectiva tal tutela, se encuentra establecida en los artículos 882 y 883 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones , que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (13): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional . CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (15): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, las motivaciones expuestas por la recurrente en la acción de Amparo presentado ante este Tribunal, no se encuadran en ninguna violación a los derechos y declaraciones establecidas en la Constitución de la República, ello porque la resolución que se impugna se encuentra debidamente motivada y congruente, en respuesta a los agravios expuestos por el recurrente en el recurso de apelación promovido contra el auto de fecha trece de agosto del año dos mil quince, respetando el debido proceso a que hace referencia el artículo 90 constitucional en relación al artículo 3 del Código Procesal Civil, aunado a ello la medida ejecutiva que pretende la recurrente, no es aplicable en una ejecución forzosa de dar una cosa determinada, en el caso especifico un bien inmueble, pues el embargo de bienes como medida ejecutiva es aplicable a la ejecución por cantidad de dinero. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y escuchado la opinión del Fiscal del Despacho, esta Sala observa que en el caso de autos no se ha vulnerado el debido proceso y en consecuencia ninguno de los derechos fundamentales expuestos por la recurrente, por consiguiente, la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforme a derecho, constituyendo esto motivo para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ a favor de los Señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ viuda de ZALDIVAR, ANGELA MARINA, ALEJANDRO, REINIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LINA, DAYANE MICHELLE, todos de apellidos ZALDIVAR NAIRA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Judicial, promovida por la Abogada ANGELA MARINA ZALDIVAR NAIRA, en su condición de heredera y Apoderada Legal de los Señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ viuda de ZALDIVAR, ALEJANDRO, RENIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LINA y DAYANE MICHELLE, todos de apellido ZALDIVAR NAIRA, en contra de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA S.A. de C.V; Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, la Abogada ANGELA MARINA ZALDIVAR NAIRA, actuando en su condición personal y de apoderado legal de los Señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ viuda de ZALDIVAR, ALEJANDRO, RENIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LINA y DAYANE MICHELLE todos de apellidos ZALDIVAR NAIRA, interponiendo Demanda de Ejecución de Título Judicial, en contra la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA S.A., solicitando que se ordene a la demandada a la inmediata restitución y puesta en posesión material del inmueble, y se decreten las medidas cautelares de: embargo sobre la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A. DE C.V., para que el órgano jurisdiccional ordene la retención y depósito de utilidades brutas de la empresa en la cuenta bancaria abierta a nombre del Juzgado, y la prohibición general de disponer o celebrar actos y contratos sobre bienes suficientes de la propiedad ejecutada. (Folios del 1–8 de la Pieza principal de antecedentes de primera instancia) 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, en la pieza separada de autos, celebró Audiencia de Medidas Cautelares en fecha doce de agosto del año dos mil quince, dictando resolución que resuelve lo peticionado por la parte solicitante, en fecha trece (13) de agosto del mismo año dos mil quince (2015), mediante la cual Resolvió: (Sic) “1.- Se Declara NO HABER LUGAR la solicitud planteada por el Abogado la Abogada la Abogada ÁNGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA actuando en su causa propia como Heredera y en su condición de Apoderada Legal de los señores Ada Liliana Naira Ramírez viuda de Zaldívar, Alejandro Zaldívar Naira, Reiniery Zaldívar Naira, Liliana Alejandra Zaldívar Naira y Dayane Michelle Zaldívar Naira en el presente proceso judicial, continuada por el Abogado Héctor Ramón Troches Velásquez como su Apoderado Legal. 2.- Se condena en costas a la parte solicitante por no haber tenido razones para promover este trámite”. (Folios del 36 al 41 de la Pieza Separada de antecedentes de primera instancia) 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, en su condición de apoderado legal de los Señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ viuda de ZALDIVAR, ANGELA MARINA, ALEJANDRO, REINIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LINA, DAYANE MICHELLE, todos de apellidos ZALDIVAR NAIRA, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, dictó resolución en fecha doce (12) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, en su condición de mandatario procesal delegado de los señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ VIUDA DE ZALDIVAR, ALEJANDRO ZALDIVAR NAIRA, REYNIERY ZALDIVAR NAIRA, LILIANA ALEJANDRA ZALDIVAR NAIRA y DAYANE MICHELLE ZALDIVAR NAIRA, contra el auto de fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), proferido por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de esta Sección Judicial, en la Solicitud de Ejecución de Titulo Judicial, promovida por la Abogada ANGELA MARINA ZALDIVAR NAIRA, actuando en causa propia y como mandataria procesal de los señores antes mencionados, contra la Sociedad Mercantil COMPAÑIA AZUCARERA CHAMBAGUA, S.A. ahora denominada COMPAÑIA AZUCARERA CHUMBAGUA, S.A. DE C.V., a través de su representante legal el señor JOSE RICARDO FASQUELLE STEVENSON. SEGUNDO: CONFIRMANDO en su parte dispositiva el auto venido en apelación de que se ha hecho mérito. TERCERO: Lo resuelto no es impugnable por el recurso de casación por no estar comprendido dentro de las disposiciones del Artículo 717 del Código Procesal Civil. CUARTO: CON COSTAS en esta Segunda Instancia por desestimarse todas las pretensiones del recurso de apelación. OBSERVACIÓN: Se le observa al Juez A-QUO que cuando las medidas cautelares se pidan coetáneamente con la demanda, debe en el mismo auto de admisión a trámite (de la demanda), ordenar la formación de la pieza separada desglosando precisamente el auto de admisión, y la Secretaria dejar constancia en la pieza principal de autos de la formación de la pieza separada, asimismo, debe el juzgador observar los requisitos legales de admisión de las acciones civiles que se promueven, pues para el caso se advierte que la sentencia cuya ejecución se pretende, fue presentada extemporáneamente con fecha veinte (20) de agosto del pasado año (2015), y no con la demanda.-A la Secretaria del Tribunal se le observa: Que siempre que se ordene la formación de pieza separada con motivo del trámite de medidas cautelares, debe desglosar, si fuere el caso, de la pieza principal de autos, en fotocopias que autenticará, aquéllos documentos que sirvan de fundamento a la petición de la medida cautelar, a efecto de que en caso de recursos este Tribunal AD-QUEM pueda tener acceso a dichos documentos para fundamentar su resolución, y no como se ha hecho en el presente caso en donde la pieza separada carece de soporte documental….” (Folios del 15 al 23 de la pieza de antecedentes de alzada) 4) Que el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, compareció ante este Alto Tribunal en fecha diez (10) de junio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ viuda de ZALDIVAR, ANGELA MARINA, ALEJANDRO, REINIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LINA, DAYANE MICHELLE, todos de apellidos ZALDIVAR NAIRA, contra la resolución de fecha doce (12) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, en fecha cinco (5) de junio del año dos mil diecisiete (2017). (Folios del 1 al 3fv y 41 de la pieza de autos del presente Recurso) 5) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir vulneración a los derechos constitucionales invocados por el Amparista.” (Folios del 44 al 49 de la pieza de autos del presente Recurso) CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, el goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución valida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, compareció ante la Corte Suprema de Justicia, interponiendo acción de amparo a favor de los señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ viuda de ZALDIVAR, ANGELA MARINA, ALEJANDRO, REINIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LINA, DAYANE MICHELLE, todos de apellidos ZALDIVAR NAIRA, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara en fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, es violatoria de los derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 80, 82 y 90, de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que el caso en estudio inicia en fecha cuatro (4) de mayo del año dos mil quince (2015), fecha en la que compareció ante el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, la Abogada ANGELA MARINA ZALDIVAR NAIRA, actuando en su condición personal y de apoderado legal de los Señores ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ viuda de ZALDIVAR, ALEJANDRO, RENIERY, LILIANA ALEJANDRA, CLAUDIA ADA LINA y DAYANE MICHELLE todos de apellidos ZALDIVAR NAIRA, interponiendo Demanda de Ejecución de Título Judicial, consistente en una sentencia firme de reivindicación de dominio contra la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA S.A., solicitando medidas ejecutivas de embargo con intervención de administración y prohibición de libre disposición de bienes del ejecutado y sucesores. CONSIDERANDO (6): Que se recurre en amparo, la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, en fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, al no estar conforme con la resolución emitida por el Juzgado Segundo de Letras de Santa Bárbara, en fecha trece de agosto del año dos mil quince, que resuelve declarar Sin Lugar, la solicitud de la medida cautelar de embargo, solicitada coetáneamente al momento de presentada la demanda de Ejecución de Título Judicial de una sentencia firme de reivindicación de dominio. CONSIDERANDO (7): Que la acción constitucional de amparo fue promovida por el Abogado HECTOR RAMON TROCHEZ VELASQUEZ, quien compareció ante este Alto Tribunal en fecha diez de junio del año dos mil dieciséis, por delegación de poder conferido por la Abogada ÁNGELA MARINA ZALDÍVAR NAIRA, quien posteriormente revoca la delegación del poder conferido y formaliza el amparo de mérito en fecha uno de junio del año dos mil diecisiete, fundamentando la acción constitucional impetrada, en la vulneración de los artículos 1, 60, 80 y 321 de la Constitución de la República y artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La recurrente en amparo expone como situaciones torales las siguientes: 1) que el A-quo no ordenó la formación de pieza separada para la medida cautelar solicitada y de esa forma los operadores de justicia tuvieran mayor criterio; 2) Que el apoderado legal de la parte demandada, comparece con un poder en Escritura Pública y sustituye parcialmente el poder en el Abogado Noel Antonio Mendoza, siendo esta situación incorrecta, pues la normativa procesal civil no habla que se pueda actuar en forma conjunta o sustituir parcialmente un poder en materia civil, solicitando su nulidad, pero que dicha solicitud no fue observado por el señor juez ni por la Corte de Apelaciones; y 3) Que conforme al derecho de petición que regula el artículo 80 constitucional, solicitó sea otorgada la medida cautelar. CONSIDERANDO (8): Que observa esta Sala de lo Constitucional que el asunto fundamental por el cual se ha recurrido en Amparo, es contra la resolución de fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, que confirma en su parte dispositiva, el auto dictado por el Juzgado Segundo de Letras Departamental de Santa Bárbara en fecha trece de agosto del año dos mil quince, que resuelve la solicitud de medida cautelar, presentada coetáneamente con la demanda de Ejecución de Título Judicial de una sentencia firme de reivindicación de dominio, en contra de la Sociedad Mercantil COMPAÑÍA AZUCARERA CHUMBAGUA S.A. de C.V; CONSIDERANDO (9): Que la acción ejecutiva, en Derecho procesal, es una facultad mediante la cual una persona física o jurídica puede instar a los órganos jurisdiccionales para que actúen a efecto de obligar al cumplimiento de una resolución judicial; “se llama ejecución forzosa procesal la actuación práctica, por parte de los órganos jurisdiccionales, de una voluntad concreta de ley que garantice a alguno un bien de la vida y que resulte de una declaración; y proceso de ejecución forzosa, el conjunto de actos coordinados para este fin. Dicha ejecución entra, sobre todo, en el concepto general de hacer efectiva una voluntad, y especialmente la de la ley.”[1] Que el conjunto de actos coordinados para el desarrollo de la referida acción de ejecución, la desarrolla el Código Procesal Civil en el Libro Sexto; en el artículo 742 se establece que la ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada; el numeral 2 del precepto 742 supra relacionado, claramente señala que el litigante que hubiera obtenido a su favor ejecutoria, podrá solicitar su cumplimiento forzoso de conformidad con las reglas que se establecen en la referida norma legal adjetiva. En ese orden de ideas el debido proceso que atañe específicamente al proceso civil, regulado en el artículo 3 amplia y generosamente establece que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada. CONSIDERANDO (10): Que precisamente con el fin de lograr el cumplimiento del contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada, es decir la declaración de la voluntad de la ley, la actuación de ésta, mediante la ejecución forzosa, en el ámbito del fin general que se propone, es decir el alcance práctico del bien garantizado, se consigue de las maneras distintas, según dos factores: la distinta naturaleza del bien a conseguir y la distinta naturaleza de los medios para conseguirlo; la ejecución forzosa se identifica en cada caso con un determinado medio ejecutivo[2]; así por ejemplo nuestro ordenamiento jurídico civil adjetivo señala que se puede decretar el embargo a efectos de cubrir la totalidad de la deuda, cuando se trate de ejecución por cantidad de dinero –Libro Sexto, Título Quinto, Capítulo I, artículos del 799 al 824, específicamente el 809-. En el caso del asunto sometido a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se esta pidiendo la Ejecución de un Título Judicial, consistente en una sentencia de reivindicación de dominio, regulado en el Libro Sexto, Título Sexto, Capítulo VI, de la ley procesal civil, por lo tanto se trata de la ejecución de una obligación de dar una cosa determinada, específicamente un bien inmueble; desarrollando los preceptos 882 y 883 los medios ejecutivos que hará valer el órgano jurisdiccional a efecto de hacer valer la tutela judicial efectiva reclamada por el demandante. En ese orden de ideas los medios ejecutivos de que se hará valer el Juez, consiste en proceder de forma inmediata a poner al ejecutante en posesión del inmueble, empleando los medios que considere más idóneas y efectuando las inscripciones o anotaciones que correspondan en los Registros Públicos. CONSIDERANDO (11): Que la ley adjetiva civil que desarrolla lo relativo a la ejecución forzosa en la obligación de dar una cosa inmueble, no establece como medio ejecutivo para hacer efectivo la tutela judicial otorgada, es decir la declaración de la voluntad de la ley, el embargo de bienes, como lo pretende la recurrente en amparo, pues los medios ejecutivos de los cuales se valdrá el Juez para hacer efectiva tal tutela, se encuentra establecida en los artículos 882 y 883 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[3], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso. CONSIDERANDO (13): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[4]. CONSIDERANDO (14): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (15): Que tal y como se ha dejado establecido en ocasiones anteriores por parte de esta Sala de lo Constitucional, el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley; trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, las motivaciones expuestas por la recurrente en la acción de Amparo presentado ante este Tribunal, no se encuadran en ninguna violación a los derechos y declaraciones establecidas en la Constitución de la República, ello porque la resolución que se impugna se encuentra debidamente motivada y congruente, en respuesta a los agravios expuestos por el recurrente en el recurso de apelación promovido contra el auto de fecha trece de agosto del año dos mil quince, respetando el debido proceso a que hace referencia el artículo 90 constitucional en relación al artículo 3 del Código Procesal Civil, aunado a ello la medida ejecutiva que pretende la recurrente, no es aplicable en una ejecución forzosa de dar una cosa determinada, en el caso especifico un bien inmueble, pues el embargo de bienes como medida ejecutiva es aplicable a la ejecución por cantidad de dinero. CONSIDERANDO (16): Que señalado lo anterior y escuchado la opinión del Fiscal del Despacho, esta Sala observa que en el caso de autos no se ha vulnerado el debido proceso y en consecuencia ninguno de los derechos fundamentales expuestos por la recurrente, por consiguiente, la resolución impugnada en esta vía constitucional se encuentra dictada conforme a derecho, constituyendo esto motivo para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos, 80, 90, 303, 304, 313 numeral 5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 78 numeral 5 y 137 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 742, 809, 880, 882 y 883 del Código Procesal Civil; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, DICTADA POR LA CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el Numero 0589=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

[1] Chiovenda, Giuseppe. Curso de derecho procesal civil. OXFORD UNIVERSITY PRESS. Primera Serie, volumen 6. México, D.F. 2001. Pág. 120.

[2] Chiovenda, Giuseppe. Curso de derecho procesal civil. OXFORD UNIVERSITY PRESS. Primera Serie, volumen 6. México, D.F. 2001. Pág. 122.

[3] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.

[4] Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.