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Sentencia AC-583-16 — Registro 9527

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó resolución impugnada dictada por juzgado de primera instancia que estimó oposición de ejecución, suspendió el trámite de ejecución e indicó que ejecutante puede utilizar la vía ordinaria para ejercitar acciones civiles; en relación a demanda de ejecución de título extrajudicial contra recurrente; en apelación se ordenó que juez siga adelante con actuaciones de apremio sobre bienes del deudor hasta obtener la cantidad de ejecución de sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"se aprecia que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), emitió fallo DECLARANDO CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición antes indicada, y en contra de la resolución impugnada, proferida con fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el señor juez titular del Juzgado Segundo de Letras departamental de esta Sección Judicial, EN LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición de mandatario procesal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, contra el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, REVOCANDO la resolución impugnada, ordenando al señor Juez del Juzgado Segundo de Letras Departamental, que en vista que éste Tribunal ha revocado la resolución impugnada, que siga adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad la ejecución de Sentencias, al concluir que la demanda de ejecución de título extrajudicial, entablada por el ejecutante de la misma se puede inferir que, si bien es cierto está acreditado en el instrumento público No.957 autorizado ante los oficios del Notario MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, que el préstamo otorgado por el Señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, al Señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, devengará un interés del cuatro por ciento mensual, empero el ejecutante en su demanda renuncia a ese interés del cuatro por ciento mensual, y solicita que únicamente le sea cancelado el capital que asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más el interés legal, y no por esa renuncia es que el titulo no puede ser ejecutado, al contrario la renuncia de esos intereses van en beneficio del ejecutado, entonces no vemos la razón por qué el apoderado legal del ejecutado no acepta dicha renuncia, como tampoco observamos que el motivo de oposición interpuesto al título de ejecución se encuentra enmarcado dentro de los motivos de oposición que establece el artículo 792 del Código Procesal Civil, siendo esta la razón de no compartir el criterio de A-QUO plasmado en su resolución. Aunado a lo anterior, esta Sala de lo Constitucional, quiere apuntalar que el Código Procesal Civil en su artículo 10 regula lo que es el Principio Dispositivo, en la cual la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso, y la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. El proceso civil empieza con una pretensión entendida en el sentido concreto de que se dicte sentencia con determinado contenido, la pretensión envuelve una afirmación de una acción, pues con ella el demandante afirma que tiene derecho a algo, con independencia de que se tenga o no, de manera que el objeto del proceso civil es la acción afirmada de formular la pretensión, la cual en base al principio dispositivo que rige en el proceso civil, lo delimita el demandante..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Santa Bárbara, en fecha uno de febrero del año dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición de Apoderado Legal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, contra el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero dos mil dieciocho VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ADELMO HERNANDEZ HERNANDEZ, a favor de JORGE PUERTO RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, contra la resolución de fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Santa Bárbara, con relación a la Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial promovido por el señor RAFAEL MARENO CHINCHILLA, contra JORGE PUERTO RODRIGUEZ. Estima el recurrente que los derechos y garantías constitucionales que se considera violentados están contenido en los artículos 62, 70, 90, de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (7) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Santa Bárbara, el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición de Apoderado Legal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, interponiendo Demanda de Ejecución de Titulo Extrajudicial, contra el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ.- (Folio 1 al 8 de la pieza del Juzgado) 2) Que en fecha un (1)de febrero del año dos mil dieciséis (2016), el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA (SIC) Falla: PRIMERO: Se Declara HABER LUGAR la oposición de ejecución planteada por el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, contra la DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, presentada por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, quien actúa en su condición de Apoderado Legal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA.- SEGUNDO: Se suspende definitivamente el presente trámite de ejecución de título extrajudicial.- TERCERO: El ejecutante puede utilizar la vía ordinaria para ejercitar las acciones civiles que pudiera ostentar…” (Folio 84 al 89 de la pieza del Juzgado) 3) Que en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO TURCIO ALARCON, en su condición de Apoderado Legal del señor RAFAEL MORENO CHINCILLA, LA CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SATAN BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (SIC)“FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición antes indicada, y en contra d la resolución impugnada, proferida con fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el señor juez titular del Juzgado Segundo de Letras departamental de esta Sección Judicial, EN LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado MARIO TURCIOS ALRCON, en su condición de mandatario procesal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, contra el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, ambos de generales descritas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: REVOCAR la resolución impugnada.- TERCERO: Ordenarle al señor Juez del Juzgado Segundo de Letras Departamental, que en vista que éste Tribunal ha revocado la resolución impugnada, que siga adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad la ejecución de Sentencias…” (FOLIO 7 AL FOLIO 16 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES) 4) El recurrente Abogado ADELMO HERNADEZ HERNANDEZ, compareció ante este alto Tribunal en fecha diez (10) de junio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo recurso de amparo a favor del señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), violenta los artículo 62, 70 y 90, dela Constitución de la República. Teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil diecisiete (2017); ordenándose dar vista al Fiscal del Despacho de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas a fin de que emita su dictamen. 5) Que con fecha treinta (30) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por emitido el dictamen presentado por el abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCION DE AMPARO promovida en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista como ser el artículo 62, 70 y 90, dela Constitución de la República. CONSIDERANDO UNO (1):Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016) dictada por LA CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA (SIC)“FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición antes indicada, y en contra de la resolución impugnada, proferida con fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el señor juez titular del Juzgado Segundo de Letras departamental de esta Sección Judicial, EN LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición de mandatario procesal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, contra el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, ambos de generales descritas en el preámbulo de esta Sentencia.- SEGUNDO: REVOCAR la resolución impugnada.- TERCERO: Ordenarle al señor Juez del Juzgado Segundo de Letras Departamental, que en vista que éste Tribunal ha revocado la resolución impugnada, que siga adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad la ejecución de Sentencias…” (FOLIO 7 AL FOLIO 16 DE LA PIEZA DE CORTE DE APELACIONES) CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se le han violentado a su representado los derechos contenidos en el Artículos 62, 70, 90, de la Constitución de la República; señalando que la violación al debido proceso se produce cuando en la sentencia recurrida la Corte de Apelaciones interpreta erróneamente los artículo 1548 y 1550 del Código Civil, al decretar en la sentencia referida que el título ejecutivo extrajudicial acompañado constituye legalidad del mismo, no obstante que el titulo ha sido modificado de manera unilateral por el señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA en contra de los intereses del señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, por lo que para el recurrente, la Corte recurrida dejo claramente al arbitrio del demandante RAFAEL MORENO CHINCHILLA, el título de ejecución como legal al haber cambiado los intereses establecidos por la voluntad de las partes contratantes en el contrato de préstamo e hipoteca, variando con ello el objeto o las condiciones principales de la obligación del instrumento público ya registrado, lo cual solo era susceptible mediante otro contrato o por acuerdo de voluntades en otro instrumento público o privado de conformidad a la voluntad del ejecutado, señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ. CONSIDERANDO CINCO (5): Que con fecha veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por emitido el dictamen presentado por el Abogado RENE MAURICIO ACEITUNO ULLOA, actuando en su condición de Fiscal del Despacho, en el cual fue de la opinión que NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO interpuesta; en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el amparista. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Bárbara, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016), emitió fallo DECLARANDO CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición antes indicada, y en contra de la resolución impugnada, proferida con fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) dictada por el señor juez titular del Juzgado Segundo de Letras departamental de esta Sección Judicial, EN LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición de mandatario procesal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, contra el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, REVOCANDO la resolución impugnada, ordenando al señor Juez del Juzgado Segundo de Letras Departamental, que en vista que éste Tribunal ha revocado la resolución impugnada, que siga adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad la ejecución de Sentencias, al concluir quela demanda de ejecución de título extrajudicial, entablada por el ejecutante de la misma se puede inferir que, si bien es cierto está acreditado en el instrumento público No.957 autorizado ante los oficios del Notario MARIO ROLANDO CASTELLANOS ALTAMIRANO, que el préstamo otorgado por el Señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, al Señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ, devengará un interés del cuatro por ciento mensual, empero el ejecutante en su demanda renuncia a ese interés del cuatro por ciento mensual, y solicita que únicamente le sea cancelado el capital que asciende a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS, más el interés legal, y no por esa renuncia es que el titulo no puede ser ejecutado, al contrario la renuncia de esos intereses van en beneficio del ejecutado, entonces no vemos la razón por qué el apoderado legal del ejecutado no acepta dicha renuncia, como tampoco observamos que el motivo de oposición interpuesto al título de ejecución se encuentra enmarcado dentro de los motivos de oposición que establece el artículo 792 del Código Procesal Civil, siendo esta la razón de no compartir el criterio de A-QUO plasmado en su resolución. Aunado a lo anterior, esta Sala de lo Constitucional, quiere apuntalar que el Código Procesal Civil en su artículo 10 regula lo que es el Principio Dispositivo, en la cual la parte que haya ejercido su derecho de acción determina con su pretensión el objeto del proceso, y la parte que se oponga a la misma fija con su resistencia el objeto del debate. El proceso civil empieza con una pretensión entendida en el sentido concreto de que se dicte sentencia con determinado contenido, la pretensión envuelve una afirmación de una acción, pues con ella el demandante afirma que tiene derecho a algo, con independencia de que se tenga o no, de manera que el objeto del proceso civil es la acción afirmada de formular la pretensión, la cual en base al principio dispositivo que rige en el proceso civil, lo delimita el demandante. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11):Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO DOCE (12):Que la Ley Sobre Justicia Constitucional en su Artículo 46 expresa: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.”. CONSIDERANDO TRECE (13):Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Santa Bárbara, en fecha uno de febrero del año dos mil diecisiete, con relación a la demanda de ejecución de título extrajudicial promovida por el Abogado MARIO TURCIOS ALARCON, en su condición de Apoderado Legal del señor RAFAEL MORENO CHINCHILLA, contra el señor JORGE PUERTO RODRIGUEZ; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. YMANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018) Certificación del fallo de fecha once (11) de enero de dos mil dieciocho (2018) recaída en el Recurso de Amparo Civil registrado en este Tribunal bajo el Número 0583=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL