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Sentencia AC-561-16 — Registro 9306

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación contra fallo dictado por juzgado de primera instancia que desestimó oposición de demandada; en apelación se revocó fallo apelado y con lugar oposición en relación a demanda de ejecución forzosa de título hipotecario promovida por recurrente contra ejecutados

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."si bien la Sala es garante de la posición de los consumidores, nuestro texto constitucional reconoce ciertas previsiones de derechos constitucionales para las personas jurídicas, entre ellos los derechos de propiedad, de inversión, defensa y el debido proceso, mismos que no deben de ser menoscabados bajo un activismo judicial realizado por la Corte de Apelaciones; el Código Procesal Civil es claro en cuanto a que tipo de vía procedimental es la señalada para la substanciación de los motivos de oposición a la ejecución de títulos extrajudiciales como las garantías reales de hipoteca, siendo que en el caso en que sea otorgada la oposición procede el recurso de apelación, pero si la misma es denegada, dicta el texto procesal que no procede ningún recurso alguno; debiendo expresar que la improcedencia deberá de entenderse para los recursos ordinarios señalados en el mismo cuerpo normativo y no abarca al conocimiento de recursos extraordinarios o el ejercicio de garantías constitucionales, los cuales podrán ser entablados por la parte afectada por la resolución de la jueza de primera instancia..."..."la Sala de lo Constitucional toma por valida la denuncia de las garantías constitucionales señaladas en vista de que la Corte de Apelaciones no tuvo que haber dado tramite a un recurso ordinario improcedente por mandato expreso de la Ley. Por lo que se es del parecer que la presente acción de Amparo debe de ser otorgada a favor de la impetrante y su representada procesal..."..."el otorgamiento de la presente garantía de amparo no debe de entenderse como un perjuicio para la parte del conflicto procesal in examine y que no forma parte de este proceso de garantías de jurisdicción no contenciosa, observando la Sala de lo Constitucional que en la resolución de primera instancia es donde se le indicó a las partes que la sentencia era susceptible del recurso de apelación, situación que tuvo que ser apreciada por la Corte de Apelaciones al analizar su competencia para conocer y, en este caso especifico dejar de conocer y buscar solventar el error de la resolución de oposición..."..."está Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación con la protección de los derechos constitucionales, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el recurso amparo interpuesto..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la abogada Paola Espinal Matute a favor de la sociedad mercantil denominada como Banco de América Central Honduras, S.A. (BAC | HONDURAS S.A.), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en fecha once (11) de agosto de dos mil quince (2015), por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, con relación a la Demanda de Ejecución Forzosa de un Título Hipotecario, promovida por la sociedad mercantil Banco de América Central Honduras, S.A. en contra los señores Juan Carlos Ortega Calix y Mirtha Yamileth Cabrera Caceres. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 64, 78, 79, 90, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES 1) Que en fecha quince (15) de abril de dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida, la abogada Paola Espinal Matute, actuando en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil Banco de América Central Honduras, S.A. (BAC | HONDURAS S.A.), interponiendo demanda de ejecución forzosa de título hipotecario, en contra de los señores Juan Carlos Ortega Calix y Mirtha Yamileth Cabrera Caceres, solicitando se expidiera el mandamiento de ejecución contra los demandados, para que paguen la cantidad debida más sus intereses, y en caso contrario, se procediera a la subasta del inmueble. (Folios No uno (1) al 14 de la primera pieza de los antecedentes).- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha once (11) de agosto de dos mil quince (2015), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: SE DESESTIMA LA OPOSICIÓN PLANTEADA ante este Órgano Jurisdiccional por el Abogado JOSE ESPINOZA ZARZAR, en su condición de representante legal de los señores JUAN CARLOS ORTEGA CALIX y MIRTHA YAMILETH CABRERA CACERES en la demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por la abogada PAOLA ESPINAL MATUTE, actuando en su condición de representante procesal de BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA (BAC/HONDURAS), contra los señores JUAN CARLOS ORTEGA CALIX y MIRTHA YAMILETH CABRERA CACERES en su condición de ejecutados.- SEGUNDO: SE ORDENA continuar con el proceso de Ejecución Hipotecaria, asimismo se condena a los ejecutados JUAN CARLOS ORTEGA CALIX y MIRTHA YAMILETH CABRERA CACERES al pago por la cantidad de OCHOCIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON TRECE CENTAVOS (L.807,081.13), más intereses y costas del Juicio.- TERCERO: CONDENAR AL PAGO DE LAS COSTAS a la parte opositora las cuales para procederse a su liquidación deberá ser acreditadas por la parte demandante en el momento procesal oportuno para ello”. (Folios No. 82 al 87 de la primera pieza de los antecedentes).3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el abogado José Geovany Espinoza Zarzar, en su condición de representante procesal de los señores Juan Carlos Ortega Calix y Mirtha Yamileth Cabrera Caceres, la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE GEOVANY ESPINOZA ZARZAR.- SEGUNDO: SE REVOCA la resolución judicial apelada de fecha once de agosto de dos mil quince.- TERCERO: Se declara con lugar la oposición presentada por los señores JUAN CARLOS ORTEGA CALIX y MIRTHA YAMILETH CABRERA CACERES, en la demanda de Ejecución Hipotecaria interpuesta por el Banco de América Central Honduras S.A. (BAC/HONDURAS)…”. (Folios No 10 al 18 de la pieza de segunda instancia).- 4) Que la abogada Paola Espinal Matute, compareció ante esta alta Corte en fecha seis (6) de junio de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la sociedad mercantil Banco de América Central Honduras, S.A. (BAC | HONDURAS S.A.), contra la sentencia de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que resuelve un recurso de apelación, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 64, 78, 79, 90, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciséis (16) de junio de dos mil dieciséis (2016). (Folios No uno (1) al 32 y 64 del presente Recurso).-5) Que en fecha siete (7) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de la Fiscalía para la Defensa de la Constitución, la fiscala Sagrario Rosibel Gutiérrez, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Publico opina que SE DENIEGUE la misma en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el Amparista”. (Folios No 67 al 73 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto, resolución, omisión, orden o mandato de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución o en los tratados, convenios y otros instrumentos internacionales de Derechos humanos de lo que Honduras sea parte.- CONSIDERANDO(2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la garantía constitucional de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral quinto, en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la sentencia de fecha dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Geovany Espinoza Zarzar, a favor de los señores Juan Carlos Ortega Calix y Mirtha Yamileth Cabrera, y que revoco la sentencia de oposición de título extrajudicial dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, departamento de Atlántida.-CONSIDERANDO (4): Que el ad-quem en su resolución en el párrafo de los FUNDAMENTOS DE DERECHO, se detalla que si es cierto que el apelante recibió un préstamo del hoy amparista, con la obligación de hacer los pagos correspondientes los días tres de cada mes a partir de la suscripción del contrato de Hipoteca, se da la situación que en el mes de abril se dio el supuesto incumplimiento de los pagos mensuales convenidos, por lo que eso da derecho al Banco a exigir judicialmente el pago total de la deuda; ante esto que será analizado posteriormente por esta Sala, la Corte de Apelaciones manifiesta que el dieciséis de abril de dos mil quince fue interpuesta la demanda de ejecución hipotecaria por considerar la parte ejecutante que el crédito se encuentra vencido y exigible; los apelantes en su escrito de oposición indican que la deuda del mes de abril fue cubierta parcialmente al haberse cobrado por la parte ejecutante en el mes de mayo del año citado, habiéndose debitado la cantidad de nueve mil quinientos Lempiras (L 9,500.00) de la cuenta de ahorro del ejecutado.-CONSIDERANDO (5): Que el amparista en la interposición de su recurso manifiesta que una vez interpuesto el proceso de ejecución forzosa de un bien inmueble, fueron requeridos los deudores, quienes presentaron un recurso de oposición a la ejecución alegando el motivo de error en la determinación de la cantidad exigible, oposición que fue desestimada por el a-quo, quien expreso en su resolución que contra la misma procedía el recurso de apelación, argumentando los hoy amparistas que al revisar la regulación procesal dada en el Código Procesal Civil en su artículo 900, la jueza de primera instancia debía de haber expresado que la misma es irrecurrible; por lo que los quejosos son del parecer que se ha realizado un quebrantamiento al debido proceso, la forma y legalidad procesal al dejar dicha sentencia recurrible en apelación.- CONSIDERANDO (6): Que la norma procesal en materia de derecho privado detalla en su artículo 899 los motivos de oposición a la ejecución, los cuales se substanciaran de acuerdo al artículo 900 antes citado; en dicho artículo se detalla de forma especifica las condiciones y formas en que se tramitarán los motivos de oposición, siendo en su numeral tercero que se regula que “[s]erán recurribles en apelación los autos que pongan fin a la ejecución. Los que ordenen su continuación serán irrecurribles”.- CONSIDERANDO (7): Que al tenor de lo establecido en el artículo siete (7) del Código Procesal Civil, se dicta que las disposiciones contenidas en el mismo, se desarrollarán de acuerdo a la Constitución de la República, siendo las formalidades prevista en él imperativas; posteriormente sigue esta línea al manifestar la y el legislador que “(l(as normas contenidas en este Código son obligatorias para el órgano jurisdiccional, las partes y terceros que intervengan en el proceso, salvo que la ley ofrezca excepcionalmente otra posibilidad de actuación”.- CONSIDERANDO (8): Que el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, por medio de la fiscal Sagrario Rosibel Gutierrez emitió su dictamen, quien fue de la conclusión porque SE DENIEGUE el presente amparo en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos constitucionales señalados por la amparista. En dicho dictamen la fiscala arguye: “que si bien es cierto el contrato constituye Ley entre las partes y que en este pactó que el incumplimiento de una de las letras facultaba a la entidad bancaria a exigir judicialmente el pago total de la deuda, se desprende de las diligencias que la deuda fue parcialmente cubierta ya que el primero de mayo del año 2015, el Banco en referencia debitó de la cuenta de ahorro número 721866021 del señor JUAN CARLOS ORTEGA CALIX la cantidad de Lps. 9,500 lempiras, acreditando esta cantidad a dicho préstamo en concepto de abono a la cuota adeudada correspondiente al mes de abril del año dos mil quince, en tal sentido la cuota adeudada fue cumplida de manera parcial, por lo que no se puede imputar un incumplimiento de pago por parte de los ejecutados; por otra parte se aprecia que en las certificaciones de saldo presentadas por el Banco, no fue considerado el monto debitado de la cuenta en referencia, por tal razón se configura el motivo de la oposición planteado por los ejecutados” se concluye el dictamen fiscal atendiendo al tema central de forma recurrido por la amparista al expresar: “Cabe señalar que el Amparista señala que en la resolución impugnada el Ad-quem no hace mención alguna del tipo de recurso que procede contra dicha sentencia, tal y como lo señala el artículo No 197.2 del Código Procesal Civil, al respecto se advierte que este extremo no ha sido impedimento para que el Recurrente haya acudido a esta instancia a reclamar la tutela de sus derechos; de igual forma acusa el recurrente violación al Debido Proceso, por considerar que la resolución impugnada no era recurrible, sin embargo el Ad-quem haciendo uso del control de convencionalidad contenido en el artículo 25 numeral 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, conoció del recurso”.- CONSIDERANDO (9): Que si bien la Sala es garante de la posición de los consumidores, nuestro texto constitucional reconoce ciertas previsiones de derechos constitucionales para las personas jurídicas, entre ellos los derechos de propiedad, de inversión, defensa y el debido proceso, mismos que no deben de ser menoscabados bajo un activismo judicial realizado por la Corte de Apelaciones; el Código Procesal Civil es claro en cuanto a que tipo de vía procedimental es la señalada para la substanciación de los motivos de oposición a la ejecución de títulos extrajudiciales como las garantías reales de hipoteca, siendo que en el caso en que sea otorgada la oposición procede el recurso de apelación, pero si la misma es denegada, dicta el texto procesal que no procede ningún recurso alguno; debiendo expresar que la improcedencia deberá de entenderse para los recursos ordinarios señalados en el mismo cuerpo normativo y no abarca al conocimiento de recursos extraordinarios o el ejercicio de garantías constitucionales, los cuales podrán ser entablados por la parte afectada por la resolución de la jueza de primera instancia.- CONSIDERANDO (10): Que la Sala de lo Constitucional toma por valida la denuncia de las garantías constitucionales señaladas en vista de que la Corte de Apelaciones no tuvo que haber dado tramite a un recurso ordinario improcedente por mandato expreso de la Ley. Por lo que se es del parecer que la presente acción de Amparo debe de ser otorgada a favor de la impetrante y su representada procesal.- CONSIDERANDO (11): Que el otorgamiento de la presente garantía de amparo no debe de entenderse como un perjuicio para la parte del conflicto procesal in examine y que no forma parte de este proceso de garantías de jurisdicción no contenciosa, observando la Sala de lo Constitucional que en la resolución de primera instancia es donde se le indicó a las partes que la sentencia era susceptible del recurso de apelación, situación que tuvo que ser apreciada por la Corte de Apelaciones al analizar su competencia para conocer y, en este caso especifico dejar de conocer y buscar solventar el error de la resolución de oposición. (folio No 87 de la pieza de primera instancias).- CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, está Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, observa que las consideraciones de la misma NO comportan una correlación con la protección de los derechos constitucionales, lo que contraviene la garantía del debido proceso establecida y reconocida en el artículo 90 de la Constitución de la República, por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho OTORGAR el recurso amparo interpuesto.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 18, 63, 82, 90, 103, 178, 179, 183, 303, 304 , 313, 316, 320, 330, 331 y 333 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 8, 13, 25 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 41, 46, 48, 68, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; artículo 7, 197, 899 y 900 del Código Procesal Civil, y; artículos 1, 7 y 9 de la Ley de Protección del Consumidor; RESUELVE: OTORGAR el recurso de amparo interpuesto por la abogada Paola Espinal Matute, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME.- NOTIFÍQUESE.- Sello y firmas. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), certificación del fallo de fecha siete (07) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal con el número 0561=2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL