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Sentencia AC-561-15 — Registro 9526

Resumen

Sentencia declaró inadmisible recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de primera instancia en ejecución forzosa de título judicial en solicitud de nombramiento de peritos para evaluación de terrenos y mejoras por expropiación por causa de utilidad pública promovida por recurrente contra Secretaría de Coordinación General de Gobierno; en apelación se consideró que el apelante expone hechos confusos, sin la debida precisión o identificación del vicio o error que el fallo pueda tener, por lo que no cumple los requisitos de ley

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la sala de lo constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional..."..."esta sala al hacer una revisión exhaustiva del expediente venido en amparo y al hacer un análisis profundo encuentra que de la revisión del escrito del recurso de apelación que corre agregado a folio 628 al 636 de la primera pieza se observa que el amparista ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil estableciendo en cada acápite la fundamentación de lo pedido y determinando punto a punto los agravios sufridos así como la identificación de los vicios o errores que lo causan y se ha pronunciado con precisión los pronunciamientos o parte de ellos los cuales han sido impugnados, de tal manera que la corte de apelaciones al recibir la presente causa, de lo que la misma corte al admitir el presente recurso deviene de la obligación de conocer el fondo de la resolución impugnada y hacer el estudio pertinente a efectos de garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa ya que considera esta sala que el inadmitir el presente recurso de apelación violenta el derecho a la defensa pues la misma deviene en la obligación de entrar a conocer en el fondo del asunto y pronunciarse de forma motivada las razones por las que considera si procede o no el recurso de apelación, pues la misma debe de constatar de donde nace la obligación y velar por el debido proceso, de tal manera que tal y como lo manda la normativa procesal, ya que según el artículo 701.3 establece que el órgano jurisdiccional deberá entrar a conocer los defectos procesales apreciables de oficio aunque estos no se hubieren denunciado por el recurrente, es así que la corte de apelaciones debió velar por la aplicación del debido proceso, razón por la cual debió haber entrado al fondo para hacer el respectivo estudio del caso sub judice y luego de eso decidir de forma motivada lo que en derecho corresponde, que el hecho de inadmitir el recurso de apelación es una facultad que no se encuentra expresada dentro de los artículos establecidos por el Código Procesal civil, en tal caso el artículo 715 de la misma norma establece cuales son los alcances de la decisión de la apelación, y dentro de los mismos no se enmarca la inadmisión del recurso de apelación, por cuanto se estaría violentando claramente el principio de legalidad y el debido proceso al no entrar a conocer del presente caso para poder determinar de forma precisa si anula, revoca, o confirma la resolución impugnada, para ello deberá entrar a conocer para poder decidir sobre el fondo del asunto planteado como en derecho corresponda, ya que en todo caso se estaría conculcando el derecho a la defensa y el debido proceso al no obtener del órgano jurisdiccional una resolución apegada a derecho y motivada debidamente, sumado a ello en cuanto a la violación del principio de completa satisfacción del ejecutante será el Ad-quem quien deberá hacer las revisiones pertinentes del caso para establecer a ciencia cierta si efectivamente se ha violentado dicho principio o no y para esto es necesario que la misma conozca el fondo del asunto para arribar a esta conclusión en una forma debidamente motivada y fundamentada..."..."esta sala considera que tal y como lo ha planteado el amparista se constata que la resolución recurrida emitida por la corte de apelaciones de lo civil de San Pedro Sula, Cortes si transgrede los derechos y garantías invocados por el amparista, por lo que del estudio del caso sub judice se desprende por lo cual es procedente otorgar el presente amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ a favor de la sociedad mercantil denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha seis de abril de dos mil quince, que resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha ocho de enero de dos mil quince, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación al proceso de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial derivada de diligencias de solicitud de nombramiento de peritos para la evaluación de terrenos y mejoras por expropiación promovida por la Sociedad Mercantil denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., contra la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) ahora SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 82,89, 90 y 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha trece de septiembre de dos mil doce, compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ, actuando en su condición Apoderado Legal de la sociedad mercantil denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., promoviendo Demanda Ejecutiva por la vía de la Ejecución Forzosa del fallo en las diligencias sobre la Solicitud de nombramiento de peritos para la evaluación de terrenos y mejoras por expropiación por causa de utilidad pública presentada por la Comisión Ejecutiva Para el Desarrollo Integral del Valle de Sula, determinando pagar la suma de ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.11,387,999.68) en concento de expropiación y mejoras propiedad de su mandante, más los intereses ordinarios por demora en el cumplimiento, vencidos hasta la fecha en que se presenta esta solicitud y que se determinan en la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.398,579.99), por lo que el total que se demanda es de ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (L.11,786,579.67). (Folios 294-299 de la pieza del A-quo) 2) Que en fecha dos de noviembre de dos mil doce, el Abogado WALTER JAVIER MOLINA CASTRO actuando en su condición de apoderado de la Comisión para el control de inundaciones del Valle de Sula, “formuló oposición a la demanda de ejecución de título judicial antes relacionada alegando entre otros falta de legitimidad en el ejecutado que no figura como parte en el proceso o por lo menos como una justa parte, denotando un carácter viciado y nulo del mandamiento decretado por el Juzgado cuyo aspecto natural conlleva un efecto invalidante del mismo en virtud de no estar legitimada la pretensión del optimista ejecutante frente a su representada.”. Por lo anteriormente expuesto en la audiencia de oposición celebrada en fecha ocho de enero de dos mil doce, atendiendo lo dispuesto en el decreto ejecutivo de la Comisión del Valle de Sula cuando señala en su artículo 35 que los recursos presupuestarios, los activos y pasivos de la Comisión del Valle de Sula, deberán asignarse a la Secretaría de Planificaciones Económicas, disponiendo la señora Juez dictar la sentencia en el plazo de cinco días; de esta forma, en fecha trece de enero del año dos mil trece, el Tribunal A-quo dictó resolución en la demanda de oposición resolviendo: “1)Declara Sin Lugar la demanda de oposición presentada por el Abogado WALTER JAVIER MOLINA CASTRO quien actúa como Apoderado Judicial de la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, contra el mandamiento de ejecución de título judicial presentada por la Sociedad Mercantil denominada EMPACADORA CONTINETAL S.A DE C.V., a través de su Apoderado Judicial Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ en virtud de no haber confusión de identidad en el mismo debiendo la parte ejecutante únicamente dirigir la ejecución contra el ente gubernativo responsable de lo activos y pasivos de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula como lo es la SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ECONOMICA (SEPLAN) de donde depende igual la COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA…”(Folios 310-312/334-336 de la pieza del A-quo) 3) Una vez seguido con el procedimiento correspondiente el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS mediante resolución de fecha ocho de enero del año dos mil quince, resolvió: “Inadmitir a trámite la solicitud presentada por el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., en virtud de que la sentencia definitiva de fecha veintitrés de marzo del año dos mil seis dictada por el entonces Juzgado de Letras Cuarto de lo Civil por el valor de ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.11,387,999.68) y además los honorarios profesionales del Abogado Don OSCAR MATUTE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTO SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.345,364.99)que han sido cancelados según documentación aportada por el Abogado Don DAVID EDGARDO SABILLÓN en su condición de representante legal de la Procuraduría General de la República…” (Folios 625-627 de la pieza del A-quo) 4) Que en fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, actuando en su condición antes citada, compareció ante la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, interponiendo un recurso de apelación contra la resolución que se ha dejado relacionada en el numeral que antecede. (Folios 628-636 de la pieza del A-quo) 5) Que la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha seis de abril del año dos mil quince, resolvió: (Sic)“UNICO DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación, interpuesto contra la resolución de fecha ocho de enero del año dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Cortés, interpuesto por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE, en la condición con que actúa, SIN COSTAS…” (Folios 5-6 de la pieza del Ad-quem) 6) Que el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ, compareció ante este Tribunal en fecha quince de junio de dos mil quince, interponiendo acción de amparo contra la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil quince, y que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82,89, 90 y 321 de la Constitución de la República. Vistos los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR RAUL MATUTE CRUZ a favor de la Sociedad Mercantil denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A DE C.V., desprendiéndose del mismo que el término de cuarenta y ocho horas concedido para formalizar su acción, venció el día once de mayo de dos mil dieciséis, siendo las dos con cinco minutos de la tarde, se declaró caducado de derecho, perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar, asimismo, conforme se desprende del escrito de interposición, se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, por lo cual es procedente continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, dando vista de los antecedentes por el término de cuarenta y ocho horas al Fiscal del Despacho para que emita su dictamen en el presente asunto. (Folio 18 de la pieza de amparo) 7) Que en fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público Abogada KARLA PATRICIA GARCÍA ARITA, quien en su dictamen fue de la opinión porque “NO SE OTORGUE LA ACCIÓN DE AMPARO” promovida en virtud de no existir violación a los preceptos constitucionales señalados por el amparista. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].

CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo tiene su génesis en la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha seis de abril de dos mil quince, que resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha ocho de enero de dos mil catorce, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación al proceso de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial promovida por la Sociedad Mercantil denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., contra la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) ahora SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, en la cual se había solicitado por parte de la amparista se re embargaran las cuentas que ya habían sido embargadas a la deudora para que se procediera al pago de los intereses causados desde que la obligación que contiene el título de ejecución y se mandara la ejecución hasta la fecha que se radico la ejecución forzosa y los intereses causados desde esta última fecha hasta el pago total de la obligación contenida en la sentencia o título judicial, lo anterior según el amparista basado en el principio de la completa satisfacción del ejecutante que se contiene en el artículo 743.2 del Código Procesal Civil, en relaciona a las ejecuciones por cantidad de dinero relacionadas en el artículo 800 del Código Procesal Civil, en relación al artículo 823 del Código Procesal Civil que establece el re embargo. CONSIDERANDO (3):Que dicha solicitud fue resuelta mediante auto motivado de fecha 08 de enero del 2015 por Juzgado de letras civil de San Pedro Sula, Cortes, en la cual se inadmite a trámite la solicitud en la cual expresa las razones de su inadmisión por considerar el A-quo que la sentencia de donde nace la obligación que fue dictada en fecha 23 de marzo del 2006 la cual fue dictada por el Juzgado Cuarto de letras de lo Civil por el valor de 11,387,999.68 y a demás por concepto de honorarios profesionales la suma de 345,264.99, por lo que consta a folio 336 acuerdo conciliatorio de fecha 06 de noviembre 2013, valores que ya han sido cancelados en su totalidad por lo que no es posible continuar la ejecución y establece el auto que el mismo por ser definitivo, admite el recurso de apelación, situación por la cual el hoy amparista interpone el correspondiente recurso de apelación contra el auto definitivo antes descrito en este numeral y se persona ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes. CONSIDERANDO (4):establece el amparista que causa agravio la resolución impugnada ya que en fecha 16 de febrero del 2015, se interpuso y se formalizo el respectivo recurso de apelación con la expresión de los agravios que el auto recurrido causa, señalando y cumpliendo con absoluta claridad las reglas de fundamentación del recurso establecidas en el Código Procesal Civil, y cumpliendo con los requisitos formales impuestos al recurrente por la normativa procesal vigente, para los recursos devolutivos. CONSIDERANDO (5): en fecha 06 de abril del 2015 la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Cortes dicto fallo que en su parte resolutiva establece: “Declara inadmisible el Recurso de Apelación Interpuesto por el Abogado Oscar Raúl Matute en la condición en que actúa, SIN COSTAS.-… fundamentando el tribunal esa resolución en que “que del análisis del escrito de agravios el apelante hace una exposición de hechos confusos. Sin la debida precisión o identificación del vicio o error que el fallo pueda tener, de lo que se puede apreciar que el recurso de apelación y expresión de agravios debe de ser preciso, determinante y fundamentado, requisitos estos que no reúne el escrito de agravios del que ahora esta corte conoce… según establece la resolución del Ad-quem. CONSIDERANDO (6): señala el amparista que la argumentación utilizada por la corte de apelaciones es totalmente contrario a la realidad en virtud de que al hacer una revisión al expediente de mérito el amparista si cumplió con la carga procesal establecida en el artículo 704 del código procesal civil, en tal sentido arguye el amparista que la ley le impone el deber a la corte entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, por cuanto el amparista establece que en la Corte de Apelaciones deviene en la obligación de conocer del expediente tramitado en primera instancia y resolver los defectos que existan en el mismo pues no existe la posibilidad para que la misma no examine el proceso, sumado a ello establece el amparista que una vez que el recurso fue admitido no existe la posibilidad de que la misma falle declarando no admisible el mismo, obviando además el deber legal impuesto por el artículo 701 del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO (7): establece la amparista que con la resolución impugnada se violentan los derechos consagrados en nuestra carta magna como ser la tutela judicial efectiva, el principio del debido proceso, el principio de legalidad, así como el principio de la completa satisfacción del ejecutante, entre otros consagrados en nuestra carta magna. CONSIDERANDO (8): el ministerio público en su dictamen establece que a criterio de el mismo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Cortes, no se le vulnera el derecho a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva y completa satisfacción procesal, por lo que es del criterio que NO SE OTORGUE la acción de amparo. CONSIDERANDO (9): En cuanto al Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. En tal sentido la sala de lo constitucional no tiene dentro de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la forma en que un juez o tribunal debe de emitir sus resoluciones, pues únicamente los conocedores de los casos resolverán de una forma motivada las incidencias de cada caso, ya que esta es una función jurisdiccional es exclusiva de los jueces de instancia, por cuanto a esta sala únicamente compete, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad como lo manda el artículo 183 de la Constitución de la república y el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (10): que el principio de legalidad que contempla la constitución en su artículo 321 en relación con el articulo número 7 del C.P.C, se establece la sujeción del juez tanto en lo relativo al procedimiento judicial como en el análisis de las normas a aplicar en el caso concreto, el juez está obligado a aplicar únicamente lo que ley ordena, en sus actuaciones supone respeto y obediencia a los ideales de justicia, pues cualquier error o inobservancia de estos preceptos podría producir indefensión a las partes, en tal sentido el juez no puede obrar arbitrariamente, pues sus facultades así como sus limitaciones están expresadas claramente por las normas procesales. CONSIDERANDO (11): que esta sala al hacer una revisión exhaustiva del expediente venido en amparo y al hacer un análisis profundo encuentra que de la revisión del escrito del recurso de apelación que corre agregado a folio 628 al 636 de la primera pieza se observa que el amparista ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 704 del Código Procesal Civil estableciendo en cada acápite la fundamentación de lo pedido y determinando punto a punto los agravios sufridos así como la identificación de los vicios o errores que lo causan y se ha pronunciado con precisión los pronunciamientos o parte de ellos los cuales han sido impugnados, de tal manera que la corte de apelaciones al recibir la presente causa, de lo que la misma corte al admitir el presente recurso deviene de la obligación de conocer el fondo de la resolución impugnada y hacer el estudio pertinente a efectos de garantizar la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa ya que considera esta sala que el inadmitir el presente recurso de apelación violenta el derecho a la defensa pues la misma deviene en la obligación de entrar a conocer en el fondo del asunto y pronunciarse de forma motivada las razones por las que considera si procede o no el recurso de apelación, pues la misma debe de constatar de donde nace la obligación y velar por el debido proceso, de tal manera que tal y como lo manda la normativa procesal, ya que según el artículo 701.3 establece que el órgano jurisdiccional deberá entrar a conocer los defectos procesales apreciables de oficio aunque estos no se hubieren denunciado por el recurrente, es así que la corte de apelaciones debió velar por la aplicación del debido proceso, razón por la cual debió haber entrado al fondo para hacer el respectivo estudio del caso sub judice y luego de eso decidir de forma motivada lo que en derecho corresponde, que el hecho de inadmitir el recurso de apelación es una facultad que no se encuentra expresada dentro de los artículos establecidos por el Código Procesal civil, en tal caso el artículo 715 de la misma norma establece cuales son los alcances de la decisión de la apelación, y dentro de los mismos no se enmarca la inadmisión del recurso de apelación, por cuanto se estaría violentando claramente el principio de legalidad y el debido proceso al no entrar a conocer del presente caso para poder determinar de forma precisa si anula, revoca, o confirma la resolución impugnada, para ello deberá entrar a conocer para poder decidir sobre el fondo del asunto planteado como en derecho corresponda, ya que en todo caso se estaría conculcando el derecho a la defensa y el debido proceso al no obtener del órgano jurisdiccional una resolución apegada a derecho y motivada debidamente, sumado a ello en cuanto a la violación del principio de completa satisfacción del ejecutante será el Ad-quem quien deberá hacer las revisiones pertinentes del caso para establecer a ciencia cierta si efectivamente se ha violentado dicho principio o no y para esto es necesario que la misma conozca el fondo del asunto para arribar a esta conclusión en una forma debidamente motivada y fundamentada. CONSIDERANDO (12): en tal sentido y de lo antes expuesto esta sala considera que tal y como lo ha planteado el amparista se constata que la resolución recurrida emitida por la corte de apelaciones de lo civil de San Pedro Sula, Cortes si transgrede los derechos y garantías invocados por el amparista, por lo que del estudio del caso sub judice se desprende por lo cual es procedente otorgar el presente amparo. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 46.1, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; : FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR RAÚL MATUTE CRUZ a favor de la sociedad mercantil denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha seis de abril de dos mil quince, que resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha ocho de enero de dos mil catorce, dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, con relación al proceso de Ejecución Forzosa de Titulo Judicial derivada de diligencias de solicitud de nombramiento de peritos para la evaluación de terrenos y mejoras por expropiación promovida por la Sociedad Mercantil denominada EMPACADORA CONTINENTAL S.A. DE C.V., contra la SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN EXTERNA (SEPLAN) ahora SECRETARÍA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. JOSE OLIVIO RODRIGUEZ VASQUEZ. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatro días del mes de febrero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil registrada en este Tribunal con el número SCO-0561-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”

[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”