Sentencia AC-557-16 — Registro 10135
Resumen
Resolucion que declaró con lugar Parcialmente recurso de apelación con relación a la Demanda Ordinaria para la Nulidad Absoluta de una Escritura Pública y su Inscripción, mas una indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por la impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."9): Que la Sala de lo Constitucional, a la vista del caso para sentencia, encuentra que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales antes referidos, carece en principio de objetividad; al resultar fundada en Ley adjetiva la valoración del Ad-Quem, respecto a la necesaria conformación de un Litisconsorcio Pasivo, motivándose en el derecho de audiencia y acceso a la justicia que asiste a todos quienes pudieran considerarse afectados por la legítima actividad jurisdiccional; derecho que le asiste, para el caso, a la EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (EMHCO), a través de su representante, señora ROSARIO DE MARÍA ARTEMISA PINTO FIGUEROA; conforme a las citadas garantías y derechos contenidos en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (10): Que si bien la ley no define en que casos se incurre expresamente en el ámbito de la referida causal de inadmisibilidad, se ha sostenido por esta Sala que constituye carga procesal del garantista explicitar, cómo o de qué forma, el acto recurrido confronta las normas constitucionales concernidas, lo cual no es logrado en el presente caso, en que las posibilidades defensivas de la parte recurrente se mantienen intactas y no se ha argumentado válidamente qué formalidades, derechos o garantías han resultado vulneradas con la sentencia objeto del presente amparo; tal el caso de la critica judicial a la valoración complementaria de prueba producida en instancia, para el caso, o lo que antes se denominaba, en el fenecido Código de Procedimientos Civiles, como “Auto de mejor proveer”; asunto por demás ajeno a la vulneración de las citadas garantías y derechos, correspondiendo más bien a alegaciones de mera legalidad, que imposibilitan por su misma naturaleza la emisión de un pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala de lo Constitucional; es decir, que consta también el recurso de demanda o recurso de amparo, de alegación de violaciones de mera legalidad, lo cual determinaría la concurrencia de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a consistir el contenido del recurso, en alegación de violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (11): Que todo lo anteriormente recapitulado reconduce al fundamento de no admisibilidad de los asuntos que conciernan restringidamente a la interpretación usual del derecho por parte de los Juzgados y Tribunales de la República, o bien de aquellos que – como ocurre en el presente caso – pretendan obtener amparo mediante consideraciones netamente procedimentales, carentes de relieve constitucional.- CONSIDERANDO (12): Que, finalmente, se hace recapitulación al parecer externado por el Fiscal de la Constitución, el cual, si bien no es vinculante, sí corresponde en el presente caso a un criterio de plausibilidad. Considerándose en el mismo que el alegato formulado por el recurrente es inconducente y debe denegarse en sede de amparo, por limitarse a la censura de aspectos de la motivación judicial que conciernen a la facultad judicial de ordenar la formación del Litisconsorcio, cuando se dan los supuestos de ley; así como a la valoración complementaria de prueba producida en instancia, como cauce apropiado de lo que en el ámbito de la ley procedimental civil, ahora derogada, se denominaba “Auto de mejor proveer”. Por todo lo cual, en continencia a lo antes motivado, concurriendo a la no acreditación del merito necesario para el otorgamiento de la presente garantía constitucional, la causal de inadmisibilidad de amparo contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); procede dictar sentencia denegatoria al presente recurso"
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
Certificación de la Sentencia de fecha 21 de marzo de 2018, recaído en el AC 557-2016
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL a favor de la señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA, contra la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE un recurso de apelación, interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha once (11) de agosto de dos mil quince (2015), por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, con relación a la Demanda Ordinaria para la Nulidad Absoluta de una Escritura Publica y su Inscripción, mas una indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por la Señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA en contra del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM). Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, actuando en su condición de apoderado legal de la señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA, interponiendo DEMANDA ORDINARIA PARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA Y SU INSCRIPCIÓN, MAS UNA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, en contra el Señor JORGE FEDERICO CENTENO SARMIENTO, Gerente General del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), solicitando que se declarare CON LUGAR la presente demanda, la nulidad absoluta del contrato de compra-vente y préstamo hipotecario, y sus respectivos registros, por tener un vicio del consentimiento; se ordene la rescisión del contrato de préstamo; se declare la responsabilidad patrimonial del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM); y se condene al demandado al pago de indemnización por daños y perjuicios. (Ver: folios 1–45 de la Primera Pieza de los antecedentes)- 2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó sentencia en fecha once (11) de agosto de dos mil quince (2015), mediante la cual Falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA PARA QUE SE DECLARE JUDICIALMENTE LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA PUBLICA Y SU INSCRIPCION REGISTRAL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE FRANCISCO MORAZAN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD promovida por el ABOGADO CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL en su condición de Representante Procesal de la SEÑORA DORIS ESTELA CORTES PADILLA como PARTE DEMANDANTE.- SEGUNDO: Declarar la NULIDAD ABSOLUTA del Instrumento Público No. 84 de Compra Venta, Préstamo e Hipoteca, otorgado por la Empresa Hondureña de la Construcción, S. de R.L. (EMHCO), la SEÑORA DORIS ESTELA CORTEZ PADILLA y el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM) de fecha 01 de marzo del 2010, otorgando ante los oficios del Notario JOSE MANUEL CANALES GIRBAL, donde comparecen la SEÑORA ROSARIO DE MARIA ARTEMISA PINTO FIGUEROA también conocida como ROSARIO DE MARIA PINTO FIGUEROA DE REYES como Gerente General y Representante Legal de la sociedad denominada EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCION S. DE R.L. conocida con las siglas EMHCO (vendedor), la SEÑORA DORIS ESTALA CORTEZ PADILLA en su condición personal (comprador y prestataria) y DAMIAN GILBERTO PINEDA REYES como Gerente y Representante Legal del Instituto de Previsión Militar (Instituto).- TERCERO: Firme que sea el presente Fallo, líbrese atenta comunicación al INSTITUTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN a fin de que se sirva CANCELAR la inscripción del Instrumento Público No. 84, descrito en el numeral anterior y que se encuentra inscrito en dicho registro bajo la Matricula No. 534400 y demás inscripciones posteriores que obran en los asientos correspondientes.- CUARTO: Se declara CON LUGAR la pretensión de declaratoria de responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), por lo que se condena al demandado al pago de los mismos, cuya cuantía se determinara en la fase de ejecución del presente Fallo, mediante el proceso de liquidación de cantidades (daños y perjuicios) según lo establece el articulo 884 del Código Procesal Civil, para lo cual deberá nombrarse perito calificado al efecto quien para realizar el dictamen o informe de daños y perjuicios deberá tomar en consideración todos los hechos ventilados en el presente juicio y aquellos que conforme a la naturaleza de las circunstancias deriven como una consecuencia necesaria de ello,- QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia, en virtud de lo ordenado en el articulo 8 (Disposición General) de la Ley para optimizar la Administración Publica, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia publicado el 22 de enero del 2014, ya que este Tribunal de Justicia, no existió dolo en el accionar de la parte demandada.- SEXTO: Que contra esta resolución cabe RECURSO DE APELACON dentro del plazo de diez (10) días hábiles a partir de la notificación a cada parte, a ser interpuesto en esta instancia para ser sustanciado en el Tribunal de Alzada.” (Ver: folios 284–301 de la Primera Pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado SHIONY GERARDO MIDENCE, en su condición de apoderado legal del señor JORGE FEDERICO CENTENO SARMIENTO, Gerente General del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual Falló: “PRIMERO: Declarando nulidad parcial, a partir e inclusive del auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, en la parte que señala la audiencia preliminar, es decir el numeral cuatro de la parte dispositiva de dicha resolución, debiendo el A quo, al recibo del expediente provocar la integración del litisconsorcio pasivo necesario, tal como se le ha señalado en la fundamentación judicial de este fallo”; lo cual tuvo fundamento jurídico en que la parte demandante únicamente ha demandado al INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), que es parte en el contrato de préstamo y acreedor hipotecario; no así en el de compraventa, en el cual tiene como contraparte a la EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (EMHCO), a través de su representante, señora ROSARIO DE MARÍA ARTEMISA PINTO FIGUEROA; vulnerando así las garantías constitucionales de ésta, según plasmadas en los artículos 82, 90 y 94 de la Carta Fundamental. Lo anterior, tomando en cuenta que no puede dictarse una sentencia valida y el juicio debe ser anulado, ante la necesaria conformación del Litisconsorcio Pasivo con la referida EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (EMHCO), la cual no ha sido llamada al proceso, cuya sentencia podría surtir efectos negativos en su contra, sin ser escuchada y vencida previamente en juicio. (Ver: folios 10–23 de la Segunda Pieza de los antecedentes).- 4) Que el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL, compareció ante este Tribunal en fecha tres (3) de junio de dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA, contra la sentencia de fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017). (Ver: folios 1–23 y 48 de la presente Recurso).- 5) Que en fecha treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: “El Misterio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración de las garantías del Derecho de Defensa y el Debido Proceso invocada por el Amparista”; en virtud de los siguientes motivos: a) Con relación a la denuncia por infracción del artículo 82 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 94 del referido cuerpo superior normativo: Que en el presente asunto el recurrente no ha logrado indicar de qué manera los órganos jurisdiccionales generaron la indefensión de su Poderdante, no lográndose identificar algún acto o diligencia que vulnere su derecho a la defensa. b) Con relación a la denuncia por infracción del artículo 90 de la Constitución de la República: Que tampoco ha logrado el recurrente identificar cual de las formalidades, derechos o garantías resultan vulneradas con la sentencia del Ad Quem, pues contrario a lo pretendido con la acción de amparo, tal sentencia se ha fundado en derecho, ejerciendo de manera oficiosa la Alzada la facultad de regular el Litisconsorcio Necesario, con base a las facultades que el artículo 69 párrafo segundo del Código Procesal Civil le confiere; por lo cual no se puede considerar el accionar jurisdiccional como una violación al debido proceso. Argumenta el Censor, por otra parte, que al revisar el alegato de vulneración procedimental, ha censurado la Corte recurrida la complementación de prueba, cuando lo que diligenció el A Quo fue más bien un auto para mejor proveer, tal y como se regulaba anteriormente en la legislación procedimental civil; tratándose, sin embargo, de una lícita interpretación de los alcances del artículo 229 del Código Procesal Civil, que así faculta al órgano jurisdiccional; cuando estime que la prueba evacuada para acreditar un hecho resulta insuficiente para formar su convicción, previa aportación de prueba por las partes. (Ver: folios 51–57 del presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en la presente vista, la resolución proferida por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha ocho (8) de marzo de dos mil dieciséis (2016), en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha once (11) de agosto de dos mil quince (2015), por el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán; con relación a la DEMANDA ORDINARIA PARA LA NULIDAD ABSOLUTA DE UNA ESCRITURA PUBLICA Y SU INSCRIPCIÓN, MAS UNA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, promovida por la señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA en contra del INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), resolución de Alzada, que falla en lo conducente: “PRIMERO: Declarando nulidad parcial, a partir e inclusive del auto de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, en la parte que señala la audiencia preliminar, es decir el numeral cuatro de la parte dispositiva de dicha resolución, debiendo el A quo, al recibo del expediente provocar la integración del litisconsorcio pasivo necesario, tal como se le ha señalado en la fundamentación judicial de este fallo”; con fundamento, inter alia, en lo preceptuado en los artículos 80, 82, 90, 303 y 304 de la Constitución de la República; 1 y 55.2 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 15, 195, 200, 219, 221, 700, 705, 707, 709, 711, 713 y 715.4 del Código Procesal Civil y con motivación sucinta en lo expresado en el Antecedente 3) de la presente sentencia.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso presentada en su fecha por el Abogado CARLOS ALEXIS ARGUETA VIJIL a favor de la señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA, expresó que los preceptos constitucionales que le fueron vulnerados a su representada mediante la resolución venida en amparo son los preceptuados en los artículos 80, 82 y 90 de la Constitución de la República, sin enunciar el contenido de las mencionadas declaraciones y derechos. Refiere el recurrente, que la sentencia denunciada en amparo vulnera el principio dispositivo que orienta la aplicación del Código Procesal Penal, según el cual corresponde a las partes impulsar el proceso e interponer las acciones que considere oportunas a favor de sus derechos y garantías, lo que no acaeció en el presente proceso, donde la contraparte de la señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA, en ningún momento interpuso el incidente procesal denominado “Litisconsorcio pasivo necesario”, no procediendo tampoco el Juez A-Quo decretarlo de manera oficiosa; por lo que el Ad Quem se fue más allá de lo peticionado por quien lo convocó, ya que si bien el artículo 715 numeral 1) del Código Procesal Civil dispone el alcance de la apelación hasta la declaración de una nulidad absoluta, no así el de “Nulidad Parcial”, la cual no existe en el articulado, comportando ello –a juicio del Abogado amparista - una clara violación de la garantía de un juicio justo y, por ende, violación al Debido Proceso. Señala asimismo, que, del espíritu de la sentencia de primera instancia, se desprende que lo que pretendió anular el Juzgado A Quo fue el contrato de préstamo, en lo que solo aparecería afectado el INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (IPM), no así la EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (EMHCO), como pretende hacer creer la Corte Ad-Quem en la sentencia de Alzada, lo cual se estima completamente errado, por el amparista, ya que serían sólo dos (2) las partes interesadas en el contrato que se pretende anular, por lo cual no cabe declarar la existencia del Litisconsorcio pasiva necesaria (Sic.), solo porque el A Quo no fue claro en su sentencia definitiva al declarar la Nulidad Absoluta del Contrato de Préstamo, que fue objeto de la demanda y no declarar la Nulidad Parcial de la escritura, dejando subsistente el contrato de compraventa que nada tiene que ver con el objeto central de la demanda.- CONSIDERANDO (5): Que, asimismo, censura el amparista el tenor de la resolución objeto de amparo como violatorio a los derechos y garantías constitucionales invocadas, siendo del criterio, que se debió anular con base a ley, la decisión adoptada por el Ad Quem de anular la escritura de manera absoluta, cuando debió hacerlo de manera parcial, en vista a haberse demostrado probatoriamente que el IPM hizo incurrir en un error de consentimiento a su representada, señora DORIS ESTELA CORTES PADILLA; por lo cual debió proceder a la devolución a la Corte de Alzada con el objeto de que se procediera a dictar el fallo de manera correcta, por ser eso lo que conforme a derecho correspondía, y no anular el proceso por un error de redacción. Finalmente, asevera el amparista, que, en su afán de dejar indefensa a su representada, se ataca en el numeral quinto de sus Fundamentos de Derecho la incorrección del auto que obra a folio 264 del expediente, el cual constituiría un “auto para mejor proveer”, en el parecer de la Corte Ad Quem, posición argumental que el recurrente tacha de absurda, al no poder contradecir el razonamiento expuesto por el A Quo en la sentencia referida.- Por todo lo cual, solicita se otorgue la presente garantía de amparo, una vez seguido el trámite de Ley, indicando en la sentencia de la jurisdicción constitucional, orden para que la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN reponga su decisión y proceda a dictar sentencia conforme a derecho, en virtud de existir en el fallo previamente dictado por esa Alzada vulneración al derecho de defensa, al derecho de petición, al debido proceso y al derecho a la tutela judicial efectiva.- CONSIDERANDO (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capitulo atinente al Poder Judicial establece, que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (7): Que por ende, los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar y fundamentar sus resoluciones judiciales, expresando los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que les haya atribuido, lo cual compete realizar al Juez o Tribunal que conoce del asunto en concreto.- CONSIDERNADO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos; asegurando que, para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, por lo tanto; el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes, con base a derecho.- CONSIDERANDO (9): Que la Sala de lo Constitucional, a la vista del caso para sentencia, encuentra que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos constitucionales antes referidos, carece en principio de objetividad; al resultar fundada en Ley adjetiva la valoración del Ad-Quem, respecto a la necesaria conformación de un Litisconsorcio Pasivo, motivándose en el derecho de audiencia y acceso a la justicia que asiste a todos quienes pudieran considerarse afectados por la legítima actividad jurisdiccional; derecho que le asiste, para el caso, a la EMPRESA HONDUREÑA DE LA CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. (EMHCO), a través de su representante, señora ROSARIO DE MARÍA ARTEMISA PINTO FIGUEROA; conforme a las citadas garantías y derechos contenidos en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (10): Que si bien la ley no define en que casos se incurre expresamente en el ámbito de la referida causal de inadmisibilidad, se ha sostenido por esta Sala que constituye carga procesal del garantista explicitar, cómo o de qué forma, el acto recurrido confronta las normas constitucionales concernidas, lo cual no es logrado en el presente caso, en que las posibilidades defensivas de la parte recurrente se mantienen intactas y no se ha argumentado válidamente qué formalidades, derechos o garantías han resultado vulneradas con la sentencia objeto del presente amparo; tal el caso de la critica judicial a la valoración complementaria de prueba producida en instancia, para el caso, o lo que antes se denominaba, en el fenecido Código de Procedimientos Civiles, como “Auto de mejor proveer”; asunto por demás ajeno a la vulneración de las citadas garantías y derechos, correspondiendo más bien a alegaciones de mera legalidad, que imposibilitan por su misma naturaleza la emisión de un pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala de lo Constitucional; es decir, que consta también el recurso de demanda o recurso de amparo, de alegación de violaciones de mera legalidad, lo cual determinaría la concurrencia de la causal de inadmisibilidad prevista en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a consistir el contenido del recurso, en alegación de violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO (11): Que todo lo anteriormente recapitulado reconduce al fundamento de no admisibilidad de los asuntos que conciernan restringidamente a la interpretación usual del derecho por parte de los Juzgados y Tribunales de la República, o bien de aquellos que – como ocurre en el presente caso – pretendan obtener amparo mediante consideraciones netamente procedimentales, carentes de relieve constitucional.- CONSIDERANDO (12): Que, finalmente, se hace recapitulación al parecer externado por el Fiscal de la Constitución, el cual, si bien no es vinculante, sí corresponde en el presente caso a un criterio de plausibilidad. Considerándose en el mismo que el alegato formulado por el recurrente es inconducente y debe denegarse en sede de amparo, por limitarse a la censura de aspectos de la motivación judicial que conciernen a la facultad judicial de ordenar la formación del Litisconsorcio, cuando se dan los supuestos de ley; así como a la valoración complementaria de prueba producida en instancia, como cauce apropiado de lo que en el ámbito de la ley procedimental civil, ahora derogada, se denominaba “Auto de mejor proveer”. Por todo lo cual, en continencia a lo antes motivado, concurriendo a la no acreditación del merito necesario para el otorgamiento de la presente garantía constitucional, la causal de inadmisibilidad de amparo contenida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional (LSJC); procede dictar sentencia denegatoria al presente recurso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 60, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 46 numeral 1), 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la presente Garantía Constitucional de Amparo; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0557-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL