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Sentencia AC-552-16 — Registro 8528

Resumen

Sentencia impugnada que declaró parcialmente con lugar recurso de apelación y condenó a impetrante en relación a Demanda de pago de deuda surgida de accidente de transito ocasinado por menor de edad y considerando la responsabilidad de los padres de éste

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"…""esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, en consecuencia se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente.-

CONSIDERANDO (7): Que siendo así las cosas, la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la valoración de la prueba efectuada, que le llevó a formar la convicción que culminó en el fallo que hoy se recurre en amparo, dando cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República, pues el Código Civil ya establece quienes son las personas que responden ante las acciones u omisiones que por culpa o negligencia fueren cometidas por los hijos menores de edad.-CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de hechos que lleven a determinar la responsabilidad o no en un proceso que se ha iniciado en los diferentes Órganos Jurisdiccionales de la República, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia.-CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…” .-CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo."""

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO SAUL HERRERA NAJERA a favor de la Señora MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, contra la Sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la Sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil quince (2015), por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación a la Demanda de Pago de una Deuda surgida de un Accidente de Transito, promovida por el Abogado RAFAEL ARMANDO MARADIAGA ANTUNEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ en contra de los señores RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, el Abogado RAFAEL ARMANDO MARADIAGA ANTUNEZ, actuando en su condición de apoderado legal del Señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, interponiendo Demanda de Pago de una Deuda surgida de un Accidente de Transito, en contra de los Señores RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE, también conocido como OSMAN RENE MARADIAGA ANDRADE, en su condición de propietario del vehículo que propicio el accidente de tránsito que ocasiono los daños reclamados y contra los señores GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, en su condición de padres del menor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES. (Folios 1 y 2fv de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia definitiva en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil quince (2015), mediante la cual falló: (Sic) “UNO: Declarar SIN LUGAR la demanda de pago por Indemnización de Daños y Perjuicios presentada por el señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, contra el señor RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE Y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, de generales expresadas; y esta ultima en representación de su menor hijo GUSTAVO ADOLFOR IRIAS FLORES. DOS: Se absuelve a los demandados RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE Y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, en representación de su menor hijo GUSTAVO ADOLFOR IRIAS FLORES al pago de los daños y perjuicios presentados por el demandante CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ TRES : CON CONDENA EN COSTAS PARA EL DEMANDANTE, con fundamento en el artículo 219 del código procesal civil. CUATRO: Que se notifique a las partes el presente fallo, si dentro del termino legal no se interpone recurso alguno, quede firme.” (Folios del 88–90 de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado YAXKIN ROMAN URBINA BONILLA, en su condición de apoderado legal del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), mediante la cual falló: (Sic) “1.- DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado YAXKIN ROMAN URBINA BONILLA contra la sentencia definitiva de fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Olancho. 2.- REVOCAR la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince. 3.- DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la DEMANDA DE PAGO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, presentada por CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ contra RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE, MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, madre del menor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES. 4.- CONDENAR A LOS DEMANDADOS RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE, MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, madre del menor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES, a pagar la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.450,854.39), EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE VEHICULO DAÑADO.5.-CONDENAR CON COSTAS a las partes demandadas en primera y segunda instancia….” (Folios del 7 al 15fv de la pieza de los antecedentes de segunda instancia)

  1. Que el Abogado JULIO SAUL HERRERA NAJERA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha uno (1) de junio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar la acción constitucional, pero al apreciarse del escrito de interposición que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordena continuar con el procedimiento de la presente acción de Amparo. (Folio 40 de la pieza de autos del Recurso de Amparo).-5) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE, la misma en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el Amparista.” (Folios del 43 al 49 de la pieza de autos del Recurso de Amparo).-CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que en la misma, se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto indicado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”. Afirmación a la que llega esta Sala de la lectura de la tesis expuesta por el recurrente en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República, al exteriorizar que la decisión del Ad-quem vulnera tales garantías constitucionales, pues al menor de edad Gustavo Adolfo Zelaya Flores no se le puede según nuestra normativa procesal civil atribuir responsabilidad civil en vista que es un menor de edad y ni siquiera cuenta con la edad para obtener una licencia de conducir.-CONSIDERANDO (2): Que asimismo sostiene el impetrante que la Corte de Apelaciones funda su decisión con inobservancia de lo establecido en el Artículo 2237 del Código Civil, que el mencionado precepto señala en el último párrafo en que casos cesará esa responsabilidad que impone el artículo 2236 a los padres de un menor de edad, obligación que es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder, al intervenir culpa o negligencia en los actos u omisiones realizadas. Indica el recurrente que la Corte Tercera de Apelaciones, violenta garantías constitucionales al sancionar con penas no establecidas en la ley a su representada, dado que el referido órgano jurisdiccional no aplicó las leyes al caso concreto, como lo establece nuestra Carta Magna.-CONSIDERANDO (3): Que examinadas que han sido las diligencias, esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a garantías reconocidas en la Constitución de la República, reside en la declaratoria Con Lugar, por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Yaxkin Román Urbina Bonilla en su condición de Apoderado Legal del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil quince, que resolvió declarar Sin Lugar la demanda de Pago por Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ en contra del señor RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE –propietario del vehículo que ocasiono los daños-, y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, esta última en representación de su menor hijo GUSTAVO ADOLFO IRIAS FLORES, quien conducía el vehículo que ocasionó los daños en el vehículo propiedad del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ.-CONSIDERANDO (4): Que como se deja supra relacionado en este libelo, el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones de mera legalidad, propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, con la valoración correspondiente a la prueba evacuada al efecto en el momento procesal; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por el Tribunal de Segunda Instancia en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, al revocar la sentencia emitida por el A-quo, en relación a declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocar la sentencia impugnada, en consecuencia declara Con Lugar Parcialmente la Demanda de Pago por Indemnización de Daños y Perjuicios, controversia jurídica que fue resuelta haciendo el Tribunal de segunda instancia las valoraciones correspondientes tal y como lo señala la ley procesal civil[1], observando en consecuencia las reglas de procedimiento que al efecto señala la ley, respetando con ello el principio de legalidad y la aplicación de la ley al caso concreto.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente sostiene en la tesis que defiende, en relación a la vulneración de garantías constitucionales, con la decisión adopta por el Ad-quem, que éste fundó su decisión con infracción del artículo 2237 del Código Civil, específicamente el ultimo párrafo, que determina en que casos la responsabilidad que señala el artículo 2236 en relación al 2237 del Código civil cesará; de la lectura de la sentencia que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y revocar la decisión adoptada en primera Instancia.-CONSIDERANDO (6): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, en consecuencia se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente.-

CONSIDERANDO (7): Que siendo así las cosas, la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la valoración de la prueba efectuada, que le llevó a formar la convicción que culminó en el fallo que hoy se recurre en amparo, dando cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República, pues el Código Civil ya establece quienes son las personas que responden ante las acciones u omisiones que por culpa o negligencia fueren cometidas por los hijos menores de edad.-CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de hechos que lleven a determinar la responsabilidad o no en un proceso que se ha iniciado en los diferentes Órganos Jurisdiccionales de la República, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia.-CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…” .-CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 200, 207, 705, 707 y 715 del Código Procesal Civil; 2236 y 2237 del Código civil; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0552-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JULIO SAUL HERRERA NAJERA a favor de la Señora MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, contra la Sentencia dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la Sentencia dictada en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil quince (2015), por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación a la Demanda de Pago de una Deuda surgida de un Accidente de Transito, promovida por el Abogado RAFAEL ARMANDO MARADIAGA ANTUNEZ, en su condición de Apoderado Legal del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ en contra de los señores RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha cinco (5) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, departamento de Olancho, el Abogado RAFAEL ARMANDO MARADIAGA ANTUNEZ, actuando en su condición de apoderado legal del Señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, interponiendo Demanda de Pago de una Deuda surgida de un Accidente de Transito, en contra de los Señores RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE, también conocido como OSMAN RENE MARADIAGA ANDRADE, en su condición de propietario del vehículo que propicio el accidente de tránsito que ocasiono los daños reclamados y contra los señores GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, en su condición de padres del menor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES. (Folios 1 y 2fv de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia definitiva en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil quince (2015), mediante la cual falló: (Sic) “UNO: Declarar SIN LUGAR la demanda de pago por Indemnización de Daños y Perjuicios presentada por el señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, contra el señor RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE Y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, de generales expresadas; y esta ultima en representación de su menor hijo GUSTAVO ADOLFOR IRIAS FLORES. DOS: Se absuelve a los demandados RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE Y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, en representación de su menor hijo GUSTAVO ADOLFOR IRIAS FLORES al pago de los daños y perjuicios presentados por el demandante CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ TRES : CON CONDENA EN COSTAS PARA EL DEMANDANTE, con fundamento en el artículo 219 del código procesal civil. CUATRO: Que se notifique a las partes el presente fallo, si dentro del termino legal no se interpone recurso alguno, quede firme.” (Folios del 88–90 de la Pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado YAXKIN ROMAN URBINA BONILLA, en su condición de apoderado legal del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia en fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), mediante la cual falló: (Sic) “1.- DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE APELACION interpuesto por el Abogado YAXKIN ROMAN URBINA BONILLA contra la sentencia definitiva de fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince, dictada por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Juticalpa, Olancho. 2.- REVOCAR la sentencia de fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince. 3.- DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la DEMANDA DE PAGO POR INDEMNIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS, presentada por CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ contra RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE, MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, madre del menor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES. 4.- CONDENAR A LOS DEMANDADOS RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE, MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, madre del menor GUSTAVO ADOLFO ZELAYA FLORES, a pagar la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (L.450,854.39), EN CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE VEHICULO DAÑADO.5.-CONDENAR CON COSTAS a las partes demandadas en primera y segunda instancia….” (Folios del 7 al 15fv de la pieza de los antecedentes de segunda instancia)

  1. Que el Abogado JULIO SAUL HERRERA NAJERA, compareció ante este Alto Tribunal en fecha uno (1) de junio del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la Señora MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de noviembre del año dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República; teniendo esta Sala de lo Constitucional en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar para formalizar la acción constitucional, pero al apreciarse del escrito de interposición que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordena continuar con el procedimiento de la presente acción de Amparo. (Folio 40 de la pieza de autos del Recurso de Amparo).-5) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE, la misma en virtud de no vislumbrarse violación a los preceptos señalados por el Amparista.” (Folios del 43 al 49 de la pieza de autos del Recurso de Amparo).-CONSIDERANDO (1): Que de la revisión de los antecedentes que conforman la acción de amparo promovida, la Sala de lo Constitucional constata que en la misma, se están alegando violaciones de mera legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. El precepto indicado señala que: “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…”. Afirmación a la que llega esta Sala de la lectura de la tesis expuesta por el recurrente en relación a la vulneración de los derechos contenidos en los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República, al exteriorizar que la decisión del Ad-quem vulnera tales garantías constitucionales, pues al menor de edad Gustavo Adolfo Zelaya Flores no se le puede según nuestra normativa procesal civil atribuir responsabilidad civil en vista que es un menor de edad y ni siquiera cuenta con la edad para obtener una licencia de conducir.-CONSIDERANDO (2): Que asimismo sostiene el impetrante que la Corte de Apelaciones funda su decisión con inobservancia de lo establecido en el Artículo 2237 del Código Civil, que el mencionado precepto señala en el último párrafo en que casos cesará esa responsabilidad que impone el artículo 2236 a los padres de un menor de edad, obligación que es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder, al intervenir culpa o negligencia en los actos u omisiones realizadas. Indica el recurrente que la Corte Tercera de Apelaciones, violenta garantías constitucionales al sancionar con penas no establecidas en la ley a su representada, dado que el referido órgano jurisdiccional no aplicó las leyes al caso concreto, como lo establece nuestra Carta Magna.-CONSIDERANDO (3): Que examinadas que han sido las diligencias, esta Sala observa que el asunto traído a este Alto Tribunal a efecto de determinar si existe o no vulneración a garantías reconocidas en la Constitución de la República, reside en la declaratoria Con Lugar, por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Yaxkin Román Urbina Bonilla en su condición de Apoderado Legal del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Primero Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil quince, que resolvió declarar Sin Lugar la demanda de Pago por Indemnización de Daños y Perjuicios, promovida por el señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ en contra del señor RENE OSMAN MARADIAGA ANDRADE –propietario del vehículo que ocasiono los daños-, y MARIA CLEMENTINA FLORES REYES, esta última en representación de su menor hijo GUSTAVO ADOLFO IRIAS FLORES, quien conducía el vehículo que ocasionó los daños en el vehículo propiedad del señor CARLOS MAURICIO GARCIA RODRIGUEZ.-CONSIDERANDO (4): Que como se deja supra relacionado en este libelo, el impetrante alega como violaciones constitucionales, cuestiones de mera legalidad, propias de ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, con la valoración correspondiente a la prueba evacuada al efecto en el momento procesal; advierte esta Sala que se recurre en amparo la decisión adoptada por el Tribunal de Segunda Instancia en fecha veintitrés de noviembre del año dos mil quince, al revocar la sentencia emitida por el A-quo, en relación a declarar Con Lugar el Recurso de Apelación interpuesto y revocar la sentencia impugnada, en consecuencia declara Con Lugar Parcialmente la Demanda de Pago por Indemnización de Daños y Perjuicios, controversia jurídica que fue resuelta haciendo el Tribunal de segunda instancia las valoraciones correspondientes tal y como lo señala la ley procesal civil[2], observando en consecuencia las reglas de procedimiento que al efecto señala la ley, respetando con ello el principio de legalidad y la aplicación de la ley al caso concreto.-CONSIDERANDO (5): Que el recurrente sostiene en la tesis que defiende, en relación a la vulneración de garantías constitucionales, con la decisión adopta por el Ad-quem, que éste fundó su decisión con infracción del artículo 2237 del Código Civil, específicamente el ultimo párrafo, que determina en que casos la responsabilidad que señala el artículo 2236 en relación al 2237 del Código civil cesará; de la lectura de la sentencia que se impugna, se aprecia que ésta contiene los hechos y fundamentos de derecho que llevaron al Tribunal de Segunda Instancia a valorar y conforme a ello obtener la convicción y revocar la decisión adoptada en primera Instancia.-CONSIDERANDO (6): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Que analizadas las diligencias esta Sala de lo Constitucional observa que se ha respetado la tutela judicial efectiva, que comprende el derecho al debido proceso, en consecuencia se han respetado los derechos constitucionales invocados por el recurrente.-

CONSIDERANDO (7): Que siendo así las cosas, la sentencia emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, se encuentra dictada conforme a derecho, pues la misma se encuentra debidamente motivada, con el razonamiento lógico que exige la ley, en cuanto a la valoración de la prueba efectuada, que le llevó a formar la convicción que culminó en el fallo que hoy se recurre en amparo, dando cumplimiento a lo establecido en la ley aplicable al caso concreto, respetando el derecho de petición, acceso a los tribunales, igualdad de los intervinientes en el proceso, debido proceso y principio de legalidad entre otros, pues las cuestiones que alega el impetrante en amparo, son meramente legales y de conocimiento exclusivo de los órganos jurisdiccionales de instancia, toda vez que esta Sala observa que se han respetado los derechos y principios constitucionales invocados por el amparista, específicamente los derechos contenidos en los artículos 95 y 304 de la Constitución de la República, pues el Código Civil ya establece quienes son las personas que responden ante las acciones u omisiones que por culpa o negligencia fueren cometidas por los hijos menores de edad.-CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado ya en reiteradas ocasiones con respecto a que, la posibilidad de impugnar es un derecho prestacional que el Estado otorga en aras de garantizar los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen, con el propósito que un superior enmiende los errores del inferior. Pero se ha aclarado que ese derecho al recurso no es absoluto, sino que esta condicionado a varias reglas de obligatorio cumplimiento, una de ellas es la observancia de lo dispuesto en el artículo 46 numeral 1 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, no teniendo esta Sala entre sus atribuciones la valoración de hechos que lleven a determinar la responsabilidad o no en un proceso que se ha iniciado en los diferentes Órganos Jurisdiccionales de la República, pues ello es competencia de los órganos jurisdiccionales de instancia.-CONSIDERANDO (9): Que al haberse detectado dentro del procedimiento una causal de improcedencia del recurso de amparo, el mismo debe ser sobreseído, con fundamento en lo establecido en el numeral 1 del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “…Es inadmisible el recurso de amparo: 1). Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad;…” .-CONSIDERANDO (10): Que en virtud de ser patente la causal de improcedencia de la presente Acción de amparo, corresponde se sobresean las diligencias que conforman el mismo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 80, 82, 90, 303, 304, 313 No.5, y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 3, 200, 207, 705, 707 y 715 del Código Procesal Civil; 2236 y 2237 del Código civil; 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2 y 46 numeral 1 y último párrafo de la Ley sobre Justicia Constitucional; 6 atribución 5ª, del Reglamento Interno de la Corte Suprema de Justicia, FALLA: SOBRESEYENDO LAS PRESENTES DILIGENCIAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0552-2016.- Firma y Sello.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Artículo 715, numeral 3, del Código Procesal Civil. “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1…. 2… 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo…”.

[2] Artículo 715, numeral 3, del Código Procesal Civil. “ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA APELACIÓN. 1…. 2… 3. Si se apreciara alguna infracción en la fijación de los hechos declarados probados o en su valoración, pero no afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, el tribunal revocará la sentencia apelada y resolverá directamente. Si afectara a la existencia de elementos de juicio necesarios para decidir, anulará la resolución apelada y devolverá las actuaciones al estado que corresponda para que el órgano jurisdiccional de instancia vuelva a decidir sobre el fondo…”.