Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-549-18 — Registro 8252

Resumen

Sentencia sobreseyó acción de amparo contra resoluciones dictadas por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar nulidad y excepción de litis pendencia en demanda de pago de honorarios profesionales promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que resuelve la demanda de Amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ ROGELIO PENAGOS FAJARDO, no violenta normativa Constitucional alguna, su fallo es totalmente apegado a derecho, por lo que no constando en el expediente examinado vulneración alguna al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho(2018), que sobresee la acción de amparo interpuesto por el abogado JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO, a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL AZUCARERA DEL NORTE S.A DE C.V, contra las resoluciones de fecha doce (12) y veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho, dictadas por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, departamento de Yoro, en relación a la Demanda para el pago de honorarios profesionales promovida por el señor NORMAN ENRIQUE MEJIA OROZCO, contra La Sociedad Mercantil AZUCARERA DEL NORTE S.A DE C.V.- Estimando el recurrente que con el acto reclamado se infringen los derechos al debido proceso legal y defensa, consignados en los artículos 60, 61 y 90 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha cuatro (4) de mayo del dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO, interponiendo recurso de amparo a favor de LA SOCIEDAD MERCANTIL AZUCARERA DEL NORTE S.A DE C.V, contra actuaciones de fecha doce (12) y veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictadas por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, departamento de Yoro (Folio 1-13 de la pieza de Corte de Apelaciones) 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha veintinueve(29) de junio del año dos mil dieciocho (2018) emitió su fallo, mediante el cual FALLA: SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO, en su condición de apoderado judicial de LA SOCIEDAD MERCANTIL AZUCARERA DEL NORTE S.A DE C.V contra las resoluciones de fecha doce (12) y veinte (20) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), dictado por el juzgado de Letras Seccional del Progreso, departamento de Yoro…” (Folio 49 al 52 de la pieza de Corte de apelaciones) 3) Que en fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que la sentencia que se conoce en consulta es la dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, el veintinueve de junio del año dos mil dieciocho, mediante la cual resolvió SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO interpuesta por el Abogado JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO a favor de la Sociedad Mercantil AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V. CONSIDERANDO (3): Que una vez recibidas las diligencias de la Acción de Amparo, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, mediante sentencia de fecha veintinueve de junio del dos mil dieciocho, determino: “FALLA: SOBRESEER el presente recurso de Amparo interpuesta por el Abogado JOSE ROGELIO PENAGOS FAJARDO, en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil AZUCARERA DEL NORTE S.A. DE C.V., contra las resoluciones de fecha doce (12) y veinte (20) de marzo del año 2018, dictado por el Juzgado de Letras Seccional del Progreso, Departamento de Yoro.-” CONSIDERANDO (4): Que el recurrente expresa en su Acción de Amparo lo siguiente: “SE SEÑALAN IRREGULARIDADES E INFRACCIONES LEGALES MATERIALES O SUSTANTIVAS y PROCESALES QUE VIOLENTAN DERECHOS CONSTITUCIONALES COMO EL DEBIDO PROCESO Y LA LEGITIMA DEFENSA. Cómo fácilmente se aprecia en el libelo de la demanda de cobro de honorarios profesionales y de su subsanación, en las resoluciones transcritas en lo pertinente y en la constancia del acto de comunicación, requerimiento de pago contra AZUNOSA, existen las siguientes irregularidades: 1) De los hechos de la demanda ordinaria respecto de la cual se reclaman honorarios profesionales, es fácilmente concluir que, por tratarse de una pretensión de nulidad de contrato de compraventa de inmueble, la cuantía no está determinada conforme a los Arts. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en la fecha en que se interpuso aquella demanda; pero de la misma manera, conforme al Art. 401.1 del Código Procesal Civil, también se considerará de cuantía indeterminado y ésta para los efectos de determinar el monto de los honorarios, obliga a aplicar el Art. 10 del derogado Arancel del Profesional del Derecho, que era el vigente en la fecha en que el abogado Mejía Orozco presentó la demanda de reclamo de honorarios contra AZUNOSA, precepto que obligaba a este colega y a AZUNOSA, acudir a la Comisión de Arancel del Profesional del Derecho, dada la controversia entre ambos sobre la cuantía de los honorarios profesionales de mérito y previo accionar ante los órganos jurisdiccionales, trámite de mediación o conciliación que no se ha observado conforme al Art. 415 del CPC, que evidencia que la Jueza que dirige y controla el proceso de cobro de honorarios profesionales, no ha ejercido sus facultades procesales de acuerdo con este principio previsto en el Art. 12 del CPC, pues según el 122 "El Juez controla de oficio la concurrencia de todos los presupuestos procesales especificados por la ley, así como la inexistencia de motivos de nulidad, antes de dictar sentencia" y también ha ignorado el principio "iuria novit curia" conforme al 12.5, ambos del CPC, "El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes". Al ignorar esta normativa mencionada, la jueza de primera instancia en la forma explicada infracciona por falta de aplicación esas leyes sustantivas o materiales atinentes al caso de mérito. 2) Como es lógico al demandarse a una persona jurídica, una sociedad anónima, conforme a los Arts. 23 y 209 del Código de Comercio, los administradores de una sociedad son los representantes judiciales y extrajudiciales, en consecuencia, en un proceso judicial se toma en cuenta no solo la capacidad para ser parte, sino la capacidad procesal, la cual respecto a la sociedad mercantil AZUNOSA, se debe aplicar el Art. 62.2 letra e) del CPC, por ser una persona jurídica privada nacional, que obliga a comparecer a quienes legalmente las representen, o sea, conforme al contenido de aquellos Arts. 23 y 209 del Código de Comercio, de tal manera que el actor, en este caso, el abogado Norman Enrique Mejía Orozco, estaba obligado a revisar y comprobar en el Registro Mercantil quien está inscrito como Presidente del Consejo de Administración de AZUNOSA, tanto en el momento de presentar la demanda como cuando se practique el acto de comunicación; y, como consta en autos él no tuvo el cuidado de verificar que cuando se fue a practicar el acto de comunicación ordenado como trámite sustancial en el proceso de cobro de honorarios profesionales de mérito, el requerimiento de pago, el señor Miguel Ángel Yague, ya no era Presidente del Consejo de Administración de AZUNOSA. 3) En consecuencia, cuando se procede a realizar el acto de comunicación subsidiaria a AZUNOSA al tenor de lo establecido en el artículo 144 numeral 4) del Código Procesal Civil, consta en autos la constancia de requerimiento de fecha veintisiete (27) de enero del año dos mil diecisiete (2017), hecha al señor MIGUEL ANGEL YAGUE, actuación que se aparta de la norma adjetiva (procesal) al efectuarse a una persona que careceré de legitimación y capacidad de representación judicial y extrajudicial de AZUNOSA, requisito sine qua non para la práctica de un requerimiento (como acto de comunicación judicial), argumento que impugna la práctica del acto en sí, volviéndolo. nulo de pleno derecho, nulidad que se propaga, o sea, tiene efecto difuso a todas las actuaciones posteriores. Expresamos lo anterior porque tal como consta en autos, el señor MIGUEL ANGEL YAGUE PILA al momento de ser requerido, ya no estaba vinculado como miembro del órgano administrativo, el consejo de administración, ni representaba judicial ni extrajudicialmente a mi representada la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte, S.A. y al tenor del artículo 144.4 del CPC, el establecimiento principal de AZUNOSA no era su domicilio y tampoco su lugar de trabajo. 4) Observe Honorable Corte de Apelaciones que la señora Jueza de instancia mandó a realizar un acto de comunicación subsidiario, el cual, para no violentar derechos fundamentales, implica cumplir escrupulosamente los requisitos y exigencias del Art. 144 en cualquiera de los supuestos en que se lleve a cabo, y en el caso concreto de AZUNOSA, en primer lugar, el comunicador no fue al domicilio de Miguel Ángel Yague. a evacuar en forma subsidiaria el acto de comunicación, requerimiento, que se ordenó, al contrario, se fue a las mismas instalaciones de AZUNOSA y el acto de comunicación irregularmente lo hizo al señor JUAN PABLO ARRIAGA (encargado de seguridad), que es un guardia de seguridad de una empresa que no es AZUNOSA, sino una empresa tercerizada denominada FEDERAL SECURITY S. DE R.L., como consta en la fotocopia autenticada del contrato de vigilancia que se acompañó al momento de interponer el recurso de reposición, lógicamente, el guardia de seguridad es empleado de esta compañía de seguridad y obviamente no se encuadra dicho acto de comunicación subsidiario en el Art 144.4 del CPC, pero tampoco se encuadra en el Art. 144.5 porque AZUNOSA no es el lugar de trabajo habitual de MIGUEL ÁNGEL YAGUE, y no consta en la referida constancia W 165) que el guardia manifestase, conociese a este señor Miguel Ángel Yague y la compañía de seguridad citada, por medio de sus guardias o su personal, no es una dependencia de AZUNOSA encargada de recibir documentos u objetos, es decir que el referido acto de comunicación subsidiario, no se realizó con AZUNOSA razón por la cual sus efectos jurídicos no son objeto de afectación a mi representada, vulnerándose con ello los principios de defensa y debido proceso. 5) Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el Art. 89.2 del CPC, exige que el requerimiento se hace al deudor bajo el apercibimiento de apremio e incuestionablemente, al leer la constancia en que se hizo el requerimiento W 65) consta que se le hizo bajo apercibimiento de que le depara en perjuicio, variando el concepto que emplea aquel Art. Al concepto ambiguo "depara" a los efectos de la advertencia del no cumplimiento de la conducta que la ley pretende del requerido. 6) Además, pues de acuerdo a lo previsto por el artículo 449 del Código Procesal Civil la falta de capacidad es un defecto procesal, que al ser vulnerado hace imposible que los actos de comunicación se realicen en observancia del principio derecho del debido proceso, que como derecho genérico implica que tampoco se disminuya el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva Esto como lo expresamos quedo evidenciado con el acto de comunicación subsidiario efectuada a mi representada en fecha veintisiete (27) de enero del dos mil diecisiete (2017), dejando a mi representada en completo estado de indefensión jurídica, ya que no se le dio la oportunidad de cumplir con la determinación que se le notificaba para poder oponerse a una improcedente demanda de honorarios profesionales por ser indebidos o por ser excesivos, motivo por el cual, interpuse en tiempo y forma incidente de nulidad a fin de que la actuación antes señalada fuese declarada procedente y surtiera sus efectos, legales. 7) Derivado de lo antes expuesto la Juez A-quo apartándose de las normas procesales vigentes tal como lo señala el código procesal civil en su artículo 822, en fecha veinte (20) de marzo del dos mil dieciocho (2018), de manera sorprendente decreta ampliación de embargo sobre las cuentas bancarias que posee mi representada en el Banco Atlántida en moneda nacional hasta por la cantidad de veintidós millones doscientos cincuenta y ocho mil quinientos cinco lempiras con noventa y cuatro centavos (L. 22,258,505.94), sin estar firmes los autos de fecha doce (12) y veinte (20) de marzo del dos mil dieciocho (2018), y solo habiéndose requerido de pago por la cantidad de DIEZ MILLONES SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps. 10,077,437.50) con las costas y en vista de que el demandante erróneamente cree que está en la etapa de ejecución de título judicial, pues así lo peticiono en fecha doce (12) de marzo del dos mil dieciocho (2018), lo que también equivocadamente acepto la Jueza de instancia, sin existir una demanda de ejecución forzosa de título judicial, mandando a embargar dinero en cuenta bancaria de una empresa mercantil, soslayando lo dispuesto en el artículo 822 del código procesal civil previsto como embargo ejecutivo sobre una empresa, pero que remite a la regulación del embargo preventivo es decir al artículo 365.2 del Código Procesal Civil el que a su vez hace remisión directa al artículo 647 del Código del Comercio que protege la unidad de destino económica y jurídica de la empresa, prohibiendo en su segundo párrafo el embargo aislado de elementos esenciales de la empresa, no obstante permite la practica o embargo en su conjunto, para lo cual debió nombrarse un interventor con cargo a la caja. Sin embargo, el tercer párrafo del precitado artículo permite el embargo aislado de dinero siempre y cuando no impida la continuación de la actividad de la empresa. 8) Nulidad absoluta de actuaciones. En vista de las infracciones legales sustantivas y procesales o adjetivas, invocamos el código civil que establece que hay NULIDAD ABSOLUTA DE LOS ACTOS "...20. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza del acto... ". Por su parte el Artículo 1589 del mismo Código Civil establece que la NULIDAD ABSOLUTA puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes ... preceptos legales que hice ver a la jueza de instancia, pues existe NULIDAD ABSOLUTA de las actuaciones precisamente con la emisión de las Resoluciones Judiciales de fechas doce (12) y veinte (20) de marzo del dos mil dieciocho (2018), por haber sido dictados soslayando las disposiciones exigidas por la norma procesal civil específicamente el articulo 62.2 literal e), ya que solo pueden comparecer en juicio como parte (demandante o demandada) por las personas jurídicas privadas nacionales quienes legalmente las representen y como lo expuse en el acápite de hechos de la demanda, este precepto jurídico no se cumplió en el acto de comunicación subsidiaria efectuada a mi representada la Sociedad Mercantil Azucarera del Norte, S.A. en fecha veintisiete (27) de enero del dos mil diecisiete (2017), dejando a mi representada en completo estado de indefensión jurídica Así mismo las referidas Resoluciones Judiciales vulneran lo dispuesto en el artículo 23 del código de comercio que establece: "La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes a su finalidad, salvo lo que expresamente establezcan la ley o los estatutos: además de lo expuesto, las referidas resoluciones judiciales que estamos impugnando, se apartan de los requisitos internos de una resolución judicial motivada y del contenido formal de las resoluciones, al carecer de claridad, precisión y exhaustividad, falta de motivación y de congruencia requisitos señalados en los artículos 197 numeral 2), 206, 207 Y208 del código procesal civil. VI.- DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS. Por lo expuesto, además de las infracciones legales referidas también se infraccionaron o vulneraron estos principios y derechos fundamentales: a) El debido Proceso. previsto en el Art. 90 de la Constitución de la República y en el Art. 3 del CPC, tienen por objeto a que el mismo se desarrolle por los trámites. previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la máxima legal y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilación. b) Derecho a la Legítima Defensa. Reconocidos en el Art. 1 del CPC y el artículo 82 de la Constitución de la Republica, que establecen respectivamente: "El derecho de defensa es inviolable ... ". en virtud del cual toda persona tiene derecho a presentar pruebas, a disponer de los recursos procesales, a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos. c) De la misma manera las actuaciones procesales que estamos recurriendo, vulneran el Principio de Igualdad, reconocido en los Arts. 60 y 61 de la Constitución de la República, pues todos los hombres nacen libres e iguales ante la Ley y se declara la. inviolabilidad de este derecho, y el CPC lo reconoce en su Art. 5, entendiéndose este como aquel en que las partes al ser iguales en el proceso, tienen los mismos derechos, obligaciones, cargas y oportunidades en función de su posición procesal. En el caso que nos ocupa, las referidas actuaciones se apartan de este principio al dejarnos en total indefensión al imposibilitarnos a ejercer el derecho a la oposición ante una infundada pretensión que aparte de ser indebida y excesiva contiene plus petición. Así mismo se vulnera el principio de legalidad establecido en el artículo 7 del Código Procesal Civil al ser sus normas imperativas. Honorable Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para concluir, nos permitimos reiterar que mi representada la Sociedad Mercantil, AZUCARERA DEL NORTE, S.A. no está siendo tratado con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece en flagrante violación a los Artículos Constitucionales citados.” CONSIDERANDO (5): La Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, Cortes, establece en los considerandos CUARTO y QUINTO de su fallo: “CUARTO: Que del amplio escrito de Amparo presentado por el recurrente se observa que este hace una relación de todo el tramite del juicio pretendiendo que esta Alzada entre a conocer el fondo del asunto, que con el recurso extraordinario de amparo solo puede conocerse las garantías constitucionales que el amparista considere violentadas, y al final lo que viene atacando son las resoluciones de fecha doce y veinte de marzo del año dos mil dieciocho, que al hacer un análisis de lo expresado por el amparista se observa que en fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, interpuso excepción de Litis pendencia y nulidad de actuaciones folio 82, el referido escrito fue resuelto el veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete. En donde se admitió el escrito en mención y se le dio traslado a la parte contraria (folio 95). En fecha trece de octubre del año dos mil diecisiete, se celebro la audiencia de nulidad y la excepción de Litis pendencia en donde comparecieron la parte demandante y el amparista. Continuando la audiencia el diez de noviembre del año dos mil diecisiete. (Folio 91), en donde ambas partes propusieron y evacuaron los medios de prueba que estimaron convenientes para la defensa de los intereses de sus representados, dictando la resolución en fecha doce de marzo del año dos mil dieciocho, en donde se declaro sin lugar la nulidad y la excepción de Litis pendencia planteada, interponiendo el amparista el recurso de reposición que fue denegado. Como puede apreciarse el recurrente alega que la resolución de fecha doce de marzo es violatoria del debido proceso, el derecho de defensa, legalidad; pero como se ha expuesto el amparista interpuso la excepción de Litispendencia y nulidad de actuaciones la que la juez le dio el tramite de ley, ordenando darle traslado a la parte contraria, contestando este el incidente y celebrando la audiencia correspondiente en donde comparecieron ambas partes haciendo uso de sus derechos. En consecuencia, este tribunal considera que no ha habido violación a las garantías constitucionales del derecho de defensa, del debido proceso, y legalidad tal como se ha expuesto. Lo que considera este tribunal que lo que alega el recurrente son violaciones de mera legalidad. Y en lo referente a la resolución de fecha veinte de marzo del dos mil dieciocho que el recurrente impetra este no utilizo los recursos correspondientes contra esta resolución, por lo que el agraviado ha consentido el acto.- QUINTO: Que al no constatarse violación al debido proceso siendo este; la garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que estas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria de las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo y dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar medios de prueba pertinentes, a un proceso publico, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, al derecho a impugnar las resoluciones judiciales. Asimismo, que lo referente al principio de legalidad, este tribunal observa que lo que alega el recurrente son cuestiones de mera legalidad propias del juzgado de instancia, es decir, de la justicia ordinaria y no del recurso extraordinario de amparo que no conoce el fondo. Por lo que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, que han sido debidamente resueltos y consistentes que la simple inconformidad del amparista con lo decidido, no es asunto que debe resolverse mediante el recurso extraordinario de amparo. Que el recurso de amparo en los ámbitos mencionados por el amparista procede cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder, que en el presente caso no existe violación a los derechos fundamentales constitucionales de defensa, debido proceso y mera legalidad que menciona el recurrente.” CONSIDERANDO (6): Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, luego del estudio del expediente, concluye, que la Resolución de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), emitida por la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, departamento de Cortes, que resuelve la demanda de Amparo interpuesta por el Abogado JOSÉ ROGELIO PENAGOS FAJARDO, no violenta normativa Constitucional alguna, su fallo es totalmente apegado a derecho, por lo que no constando en el expediente examinado vulneración alguna al Derecho Constitucional reclamado por el impetrante; de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe CONFIRMAR la resolución emitida en el Amparo Demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación del artículo 82 y 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República; 41, 42, 46 numerales 1 y 3, 54 párrafo segundo y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la Resolución del recurso de Amparo emitido en fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), por la Corte de Apelaciones Civil, de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al tribunal de procedencia para los efectos legales consiguientes.-Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA.” Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil Venido en Consulta, registrado en este Tribunal con el número 549-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

11