Sentencia AC-536-17 — Registro 10131
Resumen
Recurrente presentó reclamo o solicitud administrativa para la devolución o en su defecto el pago del precio de equipo informático de su propiedad,que en calidad de préstamo fue proporcionado o entregado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.), habiendo dictado el Director Ejecutivo del I.H.S.S. denegando la devolución o pago del equipo; y el recurso administrativo de apelación con que se agota la vía administrativa fue declarado sin lugar por la Comisión Interventora del I.H.S.S.
Amparo civil
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(9): Que de la revisión de los autos, se observa que el recurrente en amparo, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, promoviendo Demanda mediante Proceso Declarativo Ordinario por controversias fundadas en Derecho privado, para el reconocimiento de un acto de préstamo de bienes; en la exposición de los hechos, en el acápite Segundo el recurrente refiere que su representada presentó reclamo o solicitud administrativa para la devolución o en su defecto el pago del precio de equipo informático propiedad de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), que en calidad de préstamo fue proporcionado o entregado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.), ello previo a la acción de derecho privado, de carácter imperativo que dispone el artículo 146 de la Ley de procedimiento Administrativo, como el Artículo 414 del Código Procesal Civil, hasta agotar la vía administrativa, habiendo dictado el Director Ejecutivo del I.H.S.S. Resolución 532-2015-DE-IHSS de fecha siete de septiembre de dos mil quince, denegando la devolución o pago del equipo; y el recurso administrativo de apelación con que se agota la vía administrativa fue declarado sin lugar por la Comisión Interventora del I.H.S.S., mediante Resolución CI-IHSS-144/23-02-2016 dictada el veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis. CONSIDERANDO (10): Que de los mismos argumentos expuestos por el recurrente, al momento de promover la demanda relacionada, este Alto Tribunal, es del criterio que se ha inobservado lo establecido en el Artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues bien como lo refiere el impetrante el referido precepto se refiere al plazo para presentar de nuevo reclamo administrativo, pero también refiere al plazo para presentar la correspondiente demanda judicial, en el caso que la resolución administrativa haya sido negativa al reclamo presentado; por ello si el recurso de Apelación interpuesto fue declarado sin lugar y dictada dicha resolución en fecha 23 de febrero del año 2016, como lo refiere el impetrante, éste disponía del plazo de 60 días para promover la correspondiente demanda judicial, ante la resolución de negativa emitida por la entidad administrativa correspondiente. CONSIDERANDO (11):Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivada, estableciendo el tribunal requerido, en los fundamentos de derecho el razonamiento de los hechos y los fundamentos legales que le sirvió para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte la parte demandante, lo que se aleja de ser una sentencia que vulnere derechos constitucionales; se aprecia de la resolución impugnada que se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley, que invoca el impetrante como vulnerados. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en el artículo 2289 y 2290 del Código Civil, relacionándolo con el derecho al debido proceso y derecho a la defensa entre otros. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que en la sentencia dictada en segunda instancia, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado"
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 414 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO a favor de la Sociedad mercantil denominada COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra el Auto Definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis, que resuelve Inadmitir a Trámite la Demanda vía proceso declarativo ordinario por controversias fundadas en Derecho Privado, promovida por el Abogado Jaime Anselmo Álvarez Galo, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Mercantil COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por intermedio de la Abogada Vilma Cecilia Morales Montalván, en su condición de Presidenta de la Comisión Interventora Temporal del Instituto Hondureño de Seguridad Social.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada los artículos 64, 82, 90 y 103 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha cuatro (04) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, actuando en su condición de apoderado legal de la Empresa Mercantil COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), promoviendo Demanda vía proceso declarativo ordinario por controversias fundadas en Derecho Privado, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por intermedio de la Abogada Vilma Cecilia Morales Montalván, en su condición de Presidenta de la Comisión Interventora Temporal del Instituto Hondureño de Seguridad Social. (Folios del 1 al 8 de la Pieza de antecedentes de primera instancia).2) Que dando respuesta a la Demanda supra relacionada promovida, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dicto auto definitivo mediante el cual resuelve: (Sic) “PRIMERO: INADMITIR A TRÁMITE la presente demanda vía proceso declarativo ordinario por controversias fundadas en derecho privado, para el reconocimiento de un acto de préstamo de bienes, promovida por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, en su condición de Representante Procesal de la Empresa Mercantil “COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. de R.L. (COSEM)….” (Folios 145 y 146 de la Pieza de antecedentes de primera instancia).3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Mercantil COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, S. DE R.L. (COSEM), contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó Sentencia por Unanimidad de Votos, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN del que se ha hecho mérito; SEGUNDO: CONFIRMA EL AUTO RECURRIDO de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictado por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en la “DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO ORDINARIO POR CONTROVERSIAS FUNDADAS EN DERECHO PRIVADO, PARA EL RECONOCIMIENTO DE UN ACTO DE PRESTAMO DE BIENES REGULADO POR EL CODIGO CIVIL, CONSISTENTE EN EQUIPO INFORMATICO, QUE EL MUTUARIO SEA CONDENADO AL PAGO DEL PRECIO DE LAS COSAS RECIBIDAS EN PRESTAMO promovida por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SERVICIOS MULTIPLES, S. de R.L. (COSEM), por intermedio de la Abogada VILMA CECILIA MORALES MONTALVAN en su condición de Presidente de la Comisión Interventora Temporal del Instituto de Seguridad Social (IHSS)….-” (Folios del 06 al 11fv de la Pieza de antecedentes de segunda instancia).4) Que el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veintiuno (21) de julio del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de la empresa mercantil COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el acápite que antecede, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 64, 90 y 103 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito en fecha veintitrés de octubre del año dos mil diecisiete, ordenando dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho a efecto de emitir el Dictamen correspondiente. (Folios del 1 al 8 y 36 de la pieza de autos).5) Que en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (Sic) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Público, es del parecer que SE DENIEGUE la presente Acción de Amparo, por no existir vulneración a las garantías constitucionales invocados por el Amparista.” (Folios del 39 al 44 y 46 de la pieza de autos).CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece[1]; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.CONSIDERANDO (2): Que se recurre en Amparo la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Jaime Anselmo Álvarez Galo, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Mercantil COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), contra la Resolución Definitiva dictada por el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, que inadmite a trámite la Demanda Vía Proceso Declarativo Ordinario por controversias fundadas en Derecho Privado, promovida por el Abogado Jaime Anselmo Álvarez Galo, en su condición de Apoderado Legal de la Empresa Mercantil COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), en contra del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por intermedio de la Abogada Vilma Cecilia Morales Montalván, en su condición de Presidenta de la Comisión Interventora Temporal del Instituto Hondureño de Seguridad Social. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente muestra su discrepancia con la resolución emitida por la Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, argumentando que el acto que se recurre en Amparo infringe los derechos constitucionales contenidos en los artículos 64, 82, 90 párrafo 1º y 103 de la Constitución de la República, referentes al derecho individual a la defensa, debido proceso y el derecho individual a la propiedad privada. Sostiene el impetrante que el derecho a la defensa es inviolable y los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes; por ello la resolución impugnada viola el principio de prescripción de acciones, en el presente caso de la acción jurisdiccional de derecho privado, cuya prescripción la establece los artículos 2289 y 2290 del Código Civil, tergiversando la institución jurídica de la prescripción de acciones jurisdiccionales de derecho privado, al invocar “por reenvío” un término de preclusión administrativo, que por otra parte, se entiende y es aplicable exclusivamente para efectos de presentar nuevamente el reclamo administrativo. CONSIDERANDO (4): Que continuando con sus alegaciones, el amparista aduce que el derecho individual del Debido proceso que otorga el artículo 90 de la Constitución de la República, ha sido violado flagrantemente, al juzgar en el presente caso de autos infringiendo los derechos y garantías que la ley establece a favor de la parte actora, en cuanto a la forma y requisitos de la demanda de derecho privado, regulada en cuanto a los hechos y fundamentos legales en el Código Procesal Civil, y del plazo para presentar la acción dentro del lapso de tiempo previo a la prescripción de acciones regulado en el Código Civil; por cuanto por una parte desconoce las pretensiones de la parte actora en vía jurisdiccional de derecho privado que como queda dicho se basan en los mismos hechos y el derecho invocado en vía administrativa; y por otra aplica en forma tergiversada y por demás restrictiva un plazo administrativo dispuesto para la nueva presentación del reclamo administrativo en contraposición y eludiendo deliberadamente las disposiciones de derecho privado aplicable a la prescripción de acciones dispuestas en el Código Civil. CONSIDERANDO (5): Que sostiene el impetrante que asimismo se vulnera el derecho individual que reconoce la propiedad privada, sin más limitaciones que aquellas que establece la ley, la transgresión a la norma constitucional consiste en el presente caso, el hecho de negar a la parte actora el derecho al libre ejercicio de las acciones reales de derecho privado que le competen sobre propiedad mueble que fuera dada en préstamo al I.H.S.S, reguladas en los artículos 2289 y 2290 del Código Civil. CONSIDERANDO (6): Que los derechos constitucionales que el recurrente considera vulnerados son los siguientes: Artículo 82, párrafo primero, “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”; Artículo 90, párrafo primero, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”; artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley.”. CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales que invoca el impetrante como vulnerados, los relaciona con la inobservancia, en la resolución impugnada, de lo dispuesto en el artículo 2289 del Código Civil que determina: “Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley.”; asimismo la inobservancia de lo establecido en el Artículo 2290 del Código Civil que textualmente preceptúa: “Las acciones reales sobre bienes muebles prescriben a los seis años de perdida la posesión, salvo que el poseedor haya ganado por menos término el dominio, conforme al artículo 2284, y excepto los casos de extravío y venta pública, y los de hurto o robo, en que se estará a lo dispuesto en el párrafo tercero del mismo artículo citado.”. CONSIDERANDO (8): Que la resolución que se impugna, declara sin lugar el Recurso de Apelación promovido por el recurrente y en consecuencia confirma el auto recurrido; el Ad-quem reafirma los hechos y fundamentos de derecho utilizados por el A-quo para inadmitir a trámite la Demanda Vía Proceso Declarativo ordinario por controversias fundadas en derecho privado. Son dos los motivos por los cuales la demanda promovida fue inadmitida a trámite a saber: 1) Inobservancia de lo establecido en el Artículo 147 de la Ley de Procedimiento Administrativo que establece: “El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentará en los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial.”; y 2) Inobservancia de lo establecido en el Artículo 149 de la precitada ley que señala: “El interesado deberá presentar nuevamente el reclamo administrativo cuando no hubiere presentado la correspondiente demanda judicial dentro de los (60) sesenta días siguientes a la notificación de la resolución negativa del reclamo, o en su caso, dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el Artículo precedente.” -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (9): Que de la revisión de los autos, se observa que el recurrente en amparo, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, promoviendo Demanda mediante Proceso Declarativo Ordinario por controversias fundadas en Derecho privado, para el reconocimiento de un acto de préstamo de bienes; en la exposición de los hechos, en el acápite Segundo el recurrente refiere que su representada presentó reclamo o solicitud administrativa para la devolución o en su defecto el pago del precio de equipo informático propiedad de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), que en calidad de préstamo fue proporcionado o entregado al Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S.), ello previo a la acción de derecho privado, de carácter imperativo que dispone el artículo 146 de la Ley de procedimiento Administrativo, como el Artículo 414 del Código Procesal Civil, hasta agotar la vía administrativa, habiendo dictado el Director Ejecutivo del I.H.S.S. Resolución 532-2015-DE-IHSS de fecha siete de septiembre de dos mil quince, denegando la devolución o pago del equipo; y el recurso administrativo de apelación con que se agota la vía administrativa fue declarado sin lugar por la Comisión Interventora del I.H.S.S., mediante Resolución CI-IHSS-144/23-02-2016 dictada el veintitrés de febrero del año dos mil dieciséis. CONSIDERANDO (10): Que de los mismos argumentos expuestos por el recurrente, al momento de promover la demanda relacionada, este Alto Tribunal, es del criterio que se ha inobservado lo establecido en el Artículo 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues bien como lo refiere el impetrante el referido precepto se refiere al plazo para presentar de nuevo reclamo administrativo, pero también refiere al plazo para presentar la correspondiente demanda judicial, en el caso que la resolución administrativa haya sido negativa al reclamo presentado; por ello si el recurso de Apelación interpuesto fue declarado sin lugar y dictada dicha resolución en fecha 23 de febrero del año 2016, como lo refiere el impetrante, éste disponía del plazo de 60 días para promover la correspondiente demanda judicial, ante la resolución de negativa emitida por la entidad administrativa correspondiente. CONSIDERANDO (11):Que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho marco que comprende otros derechos procesales tales como el acceder a la justicia, el de obtener una resolución motivada sobre el fondo, el de acceder a los recursos legalmente establecidos y el derecho a la ejecución de lo juzgado; en ese orden de ideas y de la lectura de la sentencia emitida por el Ad-quem en fecha dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional observa que el Tribunal de segunda instancia actuó observando el procedimiento establecido en la ley, el acto recurrido se encuentra debidamente motivada, estableciendo el tribunal requerido, en los fundamentos de derecho el razonamiento de los hechos y los fundamentos legales que le sirvió para declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandante y con ello sustentando el porqué de la decisión adoptada, decisión que no comparte la parte demandante, lo que se aleja de ser una sentencia que vulnere derechos constitucionales; se aprecia de la resolución impugnada que se ha respetado el debido proceso al dictar una sentencia con las formalidades y garantías que la ley establece y en respeto irrestricto a la Constitución y a la ley, que invoca el impetrante como vulnerados. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional, ha dejado establecido en reiteradas ocasiones, que el Debido Proceso al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, es una garantía constitucional que al estar conformada por un número no definido de derechos, garantías o formalidades establecidos por la ley, trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos elementos, y en el caso subjúdice, el recurrente lo relaciona y trae a colación específicamente lo establecido en el artículo 2289 y 2290 del Código Civil, relacionándolo con el derecho al debido proceso y derecho a la defensa entre otros. CONSIDERANDO (13): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, una sentencia de fondo, justa y motivada, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (14): Que señalado lo anterior y del estudio de los autos, esta Sala es del criterio que la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente como lo es el debido proceso, preceptuado en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la República, en consecuencia no se vulnera el derecho a la defensa también invocado por el recurrente, toda vez que en la sentencia dictada en segunda instancia, ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva, observando el principio de legalidad que deben observar los impartidores de justicia al momento de emitir sus resoluciones, garantizando la supremacía de la Constitución de la República, misma que debe imperar en un sistema democrático de derecho, constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado. POR TANTO: La sala de lo Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, oído el parecer del Fiscal y en aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8, 21 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 1 y 78 numeral 5 de a Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 3, 200, 206, 207, 208 y 414 del Código Procesal Civil; 146, 147, 148 y 149 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 41, 44, 48, 54, 56, 63, y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO promovido por el Abogado JAIME ANSELMO ALVAREZ GALO, a favor de la Empresa Mercantil COMPAÑÍA DE SERVICIOS MÚLTIPLES S. DE R.L. (COSEM), contra la Resolución de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelva las diligencias al tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-536-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 183 de la Constitución de la República de Honduras.