Sentencia AC-509-17 — Registro 8542
Resumen
En juicio de quiebra como acreedor privilegiado,A quo resolvió admitir escrito convocando a junta de acreedores a efecto de verificar el reconocimiento y graduación de los créditos que tengan con empresa quebrada,impugnándose la legitimidad de lo peticionado por abogada y su condición de Sindico de sociedad mercantil fallida sin considerar que la misma ya había sido removida de su cargo no estableciendose los pormenores que determinen lo relacionado a la legitimidad del nombramiento del síndico
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
(5): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia observa que la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés, fundamenta su fallo: En que la Corporación Isa S. de R.L., fue convocada ilegalmente a una junta de acreedores, esto dándole trámite a la petición presentada por escrito en ese sentido por su apoderada legal, sin tomar en cuenta que dicha sociedad mercantil ya había sido removida de dicho cargo el doce de enero de dos mil diecisiete y sustituida por el banco FICOHSA. Siendo así el sustento la falta de legitimación de la sociedad Corporación ISA, para presentar la lista de acreedores y para hacer solicitudes como síndico de la empresa quebrada, debido a que ya había sido removida y en sustitución de esta se nombró al banco FICOHSA. CONSIDERANDO SEIS (6): Estudio y análisis de la Sala Constitucional. A continuación, la Sala de lo Constitucional examina la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. Con relación al motivo de amparo que se basa en que la Corporación Isa S. de R.L., fue convocada ilegalmente a una junta de acreedores, porque ya había sido removida del cargo de síndico y sustituida por el banco FICOHSA; resulta de importancia apuntar qué, el juez había ordenado con anterioridad a la Corporación Isa S. de R.L. que se conservara en el cargo en forma interina hasta que el banco FICOHSA aceptara el nombramiento de síndico. Debido a esa razón este alto tribunal de justicia sostiene que la Corporación Isa S. de R.L., se encontraba legitimada en el momento en que hizo la solicitud que dio motivo a la resolución ahora impugnada; por lo que estima infundado el motivo de mérito para solicitar amparo. Con relación a la aceptación del nombramiento, consta en autos que el dos de febrero de dos mil diecisiete el banco FICOHSA por medio de su representante legal presenta por escrito una solicitud para que se le releve del cargo de síndico en virtud de carecer de disponibilidad de personal y logística para asumir la responsabilidad encomendada. No obstante, dicha petición fue denegada mediante resolución de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete con ratificación del nombramiento. Asimismo, se le conmina a tomar posesión dentro del plazo de setenta y dos horas o caso contrario responda por los daños y perjuicios que se ocasionaren, más una multa por cincuenta mil lempiras. La anterior resolución fue notificada el quince de marzo al apoderado legal del banco FICOHSA, quien posteriormente solicitó su reposición en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. En dicha resolución el juez concedió el plazo de tres días a las demás partes, ordenando para ello que se le entregaran las copias del escrito de interposición y sus anexos a fin de que pudieran formular oposición. Consta en autos que estando en trámite de resolverse la reposición mencionada, la Corporación ISA, S. de R.L. de C.V., en su condición de síndico interino, presentó en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete la lista provisional de acreedores de la empresa fallida, la cual fue resuelta en fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mediante la resolución que es la impugnada por vía de la garantía constitucional de amparo. Este alto tribunal de justicia observa que en el momento en que se produjo la anterior petición, la Corporación ISA, S. de R.L. de C.V., continuaba siendo el síndico temporal, en virtud de que aún se encontraba pendiente la resolución de la reposición mencionada y la aceptación del banco FICOHSA; por ende, aun no operaba la sustitución del cargo. Por otra parte, el garantista de amparo no señala en qué forma le afecta la petición del síndico temporal, tomando en cuenta que, en todo caso, la garantía de amparo no tiene como objetivo la salvaguarda del cumplimiento de la ley, sino la violación de un derecho fundamental que esto pudiera provocar. Estando en ese sentido obligado quien alegue el motivo de amparo, explicar claramente en que le afecta el hecho, acto o resolución denunciada. Tomando en cuenta todo lo anteriormente expresado, para la Sala de lo Constitucional procede revocar la decisión tomada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés; debiéndose en consecuencia denegar la presente garantía constitucional de amparo
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Rango Constitucional)
- Código de Comercio, art. 1351 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 1362 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Comercio, art. 1407 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, catorce de marzo de dos mil dieciocho. VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia dictada en fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete por la honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS, que otorgó la garantía constitucional de amparo interpuesta por el abogado JORGE ALBERTO MALDONADO MUÑOZ, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil AQUA CORPORACIÓN DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha veintiséis de abril del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial del departamento de Cortés, en el juicio de quiebra como acreedor privilegiado con reclamo de honorarios profesionales, promovida por el señor JORGE ALBERTO MALDONADO MUÑOZ, contra la sociedad mercantil AQUA CORPORACIÓN DE HONDURAS S.A. DE C.V. Manifestando el amparista que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los artículos 90, 321, 322, 323, 326 y 327 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha doce de junio del año dos mil diecisiete compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, el abogado JORGE ALBERTO MALDONADO MUÑOZ, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor de la sociedad mercantil AQUA CORPORACIÓN DE HONDURAS S.A. DE C.V., contra la resolución de fecha veintiséis de abril del año dos mil diecisiete proferida por el Juzgado de Letras Civil de la sección judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés. (Folio 1–4 de la pieza de la corte de apelaciones) 2. Luego de efectuado el trámite que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la referida corte de apelaciones, en fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete emitió su sentencia, en la cual falló: “Otorgar la garantía constitucional de amparo, interpuesta por el abogado Jorge Alberto Maldonado Muñoz, contra la resolución dictada en fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, para que el a quo dicte resolución con el fin de que se restituyan los derechos y garantías que han sido transgredidos que la Constitución de la Republica establece”. (Folio 62 y 63 de la pieza de corte de apelaciones) 3. En fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo de mérito, en estricto cumplimiento al artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTOS DE DERECHO. CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional en cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional, deberá examinar el presente asunto en consulta obligatoria por remisión de la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés.
CONSIDERANDO DOS (2): Sobre el acto impugnado en amparo. La resolución que se ha impugnado por la vía de la garantía constitucional de amparo es la dictada en fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis por el honorable Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Cortés. El a quo mediante el auto impugnado resolvió: “1) Admitir el escrito presentado por la abogada Sandra Isaula Cardona en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil AQUA CORPORACIÓN DE HONDURAS, S.A., el cual se manda a agregar a los antecedentes. 2) Por ser procedente conforme a derecho se convoca a la junta de acreedores para el jueves quince de junio del año en curso (2017) a las ocho de la mañana para que comparezcan a este juzgado a efecto de verificar el reconocimiento, rectificación y graduación de los créditos que tengan con la empresa quebrada. 3) Notifíquese a la intervención, al quebrado y al síndico. 4) Para efecto de la notificación de la convocatoria de la junta de acreedores, el presente auto debe publicarse tres veces consecutivas en el diario oficial La Gaceta y en un periódico de mayor circulación en la ciudad…” En la resolución de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete consta que ésta obedece al escrito presentado en fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete por la abogada Sandra Isaula Cardona en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil CORPORACIÓN ISA, nombrada como síndico provisional de acreedores de la fallida. Señala que le resulta evidente que no se había celebrado todavía la junta de acreedores señalada en el artículo 1332, romano VI para los efectos de reconocimiento, rectificación y graduación de los créditos, pues no se llevó a cabo la señalada para el día siete de septiembre de dos mil dieciséis; asimismo que fue anulado el auto en el que se hizo el reconocimiento de créditos cuando era por todos sabido que: “…el auto era provisional y que en la junta convocada podían expresar sus agravios para tomarse en cuenta para la resolución definitiva pues el reconocimiento provisional dejaba a salvo el derecho de los acreedores de la quiebra esto según el artículo 1407 del Código de Comercio. Por lo que es procedente convocar nuevamente la junta de acreedores.” CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de la opinión del agente de tribunales del Ministerio Público. En fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, la abogada Síria Heexz Rubí Lucila Castro, en su condición de fiscal fue de la opinión porque se otorgue la presente garantía de amparo. La fiscal expresa que lo toral de la presente garantía constitucional consiste en que el juez no debió conceder lo peticionado por escrito por la abogada Sandra Isaula Cardona en su condición de apoderada legal de la sociedad mercantil CORPORACIÓN ISA, S. DE R.L., nombrada como síndico provisional de la sociedad fallida, dando como razón o fundamento literalmente lo siguiente: “(sic)… dado que misma ya había sido removida de su cargo.-según lo dispone el artículo 1362 del Código de Comercio.- observándose además la existencia de documentación con la que se acredita la remoción del síndico al señor Danilo Omar Isaula Vásquez.- en su condición de representante legal de la empresa mercantil Corporación ISA.- cargo que él no podrá abandonar hasta que tome posición el nuevo síndico.- nombrándose así a la institución bancaria banco FICOHSA.- consta además que dicha institución rechazó dicho nombramiento el cual le fue desestimado por el juez de letras civil dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 1351 Código de Comercio.- en donde se establece que dicho nombramiento será de cumplimiento obligatorio por ende la misma es la única facultada para solicitar dicha convocatoria, por lo que ha nuestro ver.- efectivamente se ha violentado el derecho al debido proceso.” Seguidamente la fiscal literalmente agrega: “(sic)… según el informe enviado por el juzgado de letras civil se limita a lo resuelto en el auto recurrido, estableciéndose que el mismo lo único que resuelve es la convocatoria de junta de acreedores.- la que fue ordenada en la sentencia de quiebra.-sin embargo no se establece los pormenores que determinen lo relacionado a la legitimidad del nombramiento del síndico.- y es precisamente con cierta documentación que fue incorporada al expediente que se logra acreditar los extremos arriba mencionados.” CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés mediante la cual otorga la presente garantía constitucional de amparo. La decisión jurisdiccional y unánime de otorgar la presente garantía constitucional de amparo se sustenta en las consideraciones que a continuación se resumen. Señala que del análisis de los antecedentes y de las alegaciones se puede apreciar: “…la resolución dictada por el juzgado de fecha doce de enero del presente año, mediante la cual se resolvió remover al síndico, señor Danilo Omar Isaula Vásquez en su condición de representante legal de la sociedad Corporación ISA, como síndico de la empresa quebrada Aqua Corporación de Honduras. De igual forma el juzgado nombra como síndico a BANCO FICOHSA, cargo que le fue confirmado mediante resolución de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se desestima el relevo solicitado y se procede a la confirmación del cargo como síndico a BANCO FICOHSA. Expuesto lo anterior, la corte de apelaciones concluye que la solicitud hecha por la abogada Sandra Isaula Cardona en su condición mencionada presentando lista de acreedores de la empresa fallida es improcedente. Asegura que el juzgado ya había nombrado y ratificado un nuevo síndico, razón por la cual no le correspondía hacer tal petición. La corte de apelaciones cita el artículo 1351 del Código de Comercio con relación a que el cargo de síndico es obligatorio y que el juez tiene la potestad de confirmarlo o relevarlo. Luego señala que en el caso de autos el juez al calificar las causas alegadas confirmó al banco FICOHSA como síndico. Al final la corte concluye que se ha violentado en el presente caso el debido proceso por lo que procede acceder al amparo. CONSIDERANDO CINCO (5): Examen en consulta obligatoria de la sentencia que otorga el amparo solicitado. Este alto tribunal de justicia observa que la sentencia dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés, fundamenta su fallo: En que la Corporación Isa S. de R.L., fue convocada ilegalmente a una junta de acreedores, esto dándole trámite a la petición presentada por escrito en ese sentido por su apoderada legal, sin tomar en cuenta que dicha sociedad mercantil ya había sido removida de dicho cargo el doce de enero de dos mil diecisiete y sustituida por el banco FICOHSA. Siendo así el sustento la falta de legitimación de la sociedad Corporación ISA, para presentar la lista de acreedores y para hacer solicitudes como síndico de la empresa quebrada, debido a que ya había sido removida y en sustitución de esta se nombró al banco FICOHSA. CONSIDERANDO SEIS (6): Estudio y análisis de la Sala Constitucional. A continuación, la Sala de lo Constitucional examina la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones. Con relación al motivo de amparo que se basa en que la Corporación Isa S. de R.L., fue convocada ilegalmente a una junta de acreedores, porque ya había sido removida del cargo de síndico y sustituida por el banco FICOHSA; resulta de importancia apuntar qué, el juez había ordenado con anterioridad a la Corporación Isa S. de R.L. que se conservara en el cargo en forma interina hasta que el banco FICOHSA aceptara el nombramiento de síndico. Debido a esa razón este alto tribunal de justicia sostiene que la Corporación Isa S. de R.L., se encontraba legitimada en el momento en que hizo la solicitud que dio motivo a la resolución ahora impugnada; por lo que estima infundado el motivo de mérito para solicitar amparo. Con relación a la aceptación del nombramiento, consta en autos que el dos de febrero de dos mil diecisiete el banco FICOHSA por medio de su representante legal presenta por escrito una solicitud para que se le releve del cargo de síndico en virtud de carecer de disponibilidad de personal y logística para asumir la responsabilidad encomendada. No obstante, dicha petición fue denegada mediante resolución de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete con ratificación del nombramiento. Asimismo, se le conmina a tomar posesión dentro del plazo de setenta y dos horas o caso contrario responda por los daños y perjuicios que se ocasionaren, más una multa por cincuenta mil lempiras. La anterior resolución fue notificada el quince de marzo al apoderado legal del banco FICOHSA, quien posteriormente solicitó su reposición en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. En dicha resolución el juez concedió el plazo de tres días a las demás partes, ordenando para ello que se le entregaran las copias del escrito de interposición y sus anexos a fin de que pudieran formular oposición. Consta en autos que estando en trámite de resolverse la reposición mencionada, la Corporación ISA, S. de R.L. de C.V., en su condición de síndico interino, presentó en fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete la lista provisional de acreedores de la empresa fallida, la cual fue resuelta en fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, mediante la resolución que es la impugnada por vía de la garantía constitucional de amparo. Este alto tribunal de justicia observa que en el momento en que se produjo la anterior petición, la Corporación ISA, S. de R.L. de C.V., continuaba siendo el síndico temporal, en virtud de que aún se encontraba pendiente la resolución de la reposición mencionada y la aceptación del banco FICOHSA; por ende, aun no operaba la sustitución del cargo. Por otra parte, el garantista de amparo no señala en qué forma le afecta la petición del síndico temporal, tomando en cuenta que, en todo caso, la garantía de amparo no tiene como objetivo la salvaguarda del cumplimiento de la ley, sino la violación de un derecho fundamental que esto pudiera provocar. Estando en ese sentido obligado quien alegue el motivo de amparo, explicar claramente en que le afecta el hecho, acto o resolución denunciada. Tomando en cuenta todo lo anteriormente expresado, para la Sala de lo Constitucional procede revocar la decisión tomada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés; debiéndose en consecuencia denegar la presente garantía constitucional de amparo. PARTE DISPOSITIVA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 90, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional; FALLA: REVOCANDO la sentencia venida en consulta obligatoria, proferida en fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete por la honorable Corte de Apelaciones de lo Civil del departamento de Cortés; en consecuencia este alto tribunal de justicia, procede a DENEGAR la garantía constitucional de amparo interpuesta y formalizada por el abogado JORGE ALBERTO MALDONADO MUÑOZ a favor de la sociedad mercantil AQUA CORPORACIÓN DE HONDURAS, S.A. de C.V. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (09) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil venido en Consulta registrado en este Tribunal bajo el Numero 0509=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL