Sentencia AC-499-18 — Registro 10140
Resumen
En consulta resolución que inadmitió y sobreseyó acción de amparo interpuesta contra resolución que declaro inadmisible incidente de nulidad de actuaciones inclusive de audiencia de remate de bien inmueble, habiendo sido ya traspasado a favor de parte ejecutante en virtud que se trata de un juicio ejecutivo con relación a demanda ejecutiva de pago, promovida contra impetrante y remate de bien inmueble
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."(4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo la acción constitucional de amparo interpuesta por el abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, contra el auto proferido por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de abril de dos mil dieciocho, emitido en el trámite de una demanda ejecutiva de pago promovida por la sociedad mercantil COMERCIAL LAEISZ DE HONDURAS S.A., contra el señor MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “…SEGUNDO: Que del estudio de la foliada y de la resolución venida en la acción de Amparo, este Tribunal en el caso sub examine, constata lo siguiente: Que en fecha 31 de marzo de 2006 se celebró audiencia de remate en el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán adjudicando el bien inmueble rematado al poderdante de la Sociedad Mercantil Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V., por la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (577,033.32); dicha adjudicación del bien inmueble no produce efecto de cosa juzgada, en virtud que es un proceso ejecutivo; y ya establece el artículo 798 del Código Procesal Civil, que en este caso, las partes tienen derecho a promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión, por lo que cualquier excepción que competa al deudor, se reservara para el juicio ordinario y no podrá impedir el pronunciamiento de la sentencia de remate, según último párrafo del artículo 471 del Código de Procedimientos Comunes.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que el recurrente de la presente acción de amparo, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito. CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia. CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 7 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil dieciocho. VISTAS: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintidós de junio del dos mil dieciocho, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, que sobreseyó el recurso de amparo presentado por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino a favor de Sí Mismo, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil dieciocho, con relación a la demanda ejecutiva de pago promovida por el Abogado Godofredo Siercke Nuñez en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Comercial Laeisz Honduras S.A. de C.V., en contra del señor Manuel de Jesús Membreño Andino. Estima el recurrente que con el acto reclamado se le han violentado los derechos consagrados en los artículos 58, 60, 90 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de julio de dos mil dos, el Abogado Godofredo Siercke Nuñez en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Comercial Laeisz Honduras S.A. de C.V., compareció ante el entonces Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán interponiendo demanda ejecutiva de pago en contra del señor Manuel de Jesús Membreño, para que fuera requerido por la cantidad de Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Dólares con Doce Centavos de Dólar (US$ 18,153.12). (Folios 1-4 de la pieza del A-quo) 2) El Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de julio del año dos mil dos, admitió la demanda ejecutiva presentada por el Abogado Godofredo Siercke Núñez, en su condición antes indicada, contra el señor Manuel de Jesús Membreño Andino, para que éste ultimo fuera requerido personalmente y que dentro del término de veinticuatro horas pagara o consignara a la orden de su ejecutante o representante legal, la cantidad de Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Tres Dólares con Doce Centavos de Dólar (US$ 18,153.12) más los intereses y costas del juicio, haciéndosele la prevención de que si no pagaba o consignaba la cantidad antes mencionada, se le embargarían bienes suficientes para hacer efectivo el pago de la obligación reclamada. En ese mismo acto se tuvo por acreditado el poder con que actuaba el señor Godofredo Siercke Núñez y se sustituyó en el Abogado José Roberto Espinal Ramos. (Folio 5 de la pieza del A-quo) 3) En fecha veintiocho de agosto de dos mil dos, el Abogado José Roberto Espinal Ramos, actuando en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Comercial Laeisz Honduras S.A. de C.V., presentó ante el Juzgado ya referido, el escrito de ampliación de una demanda ejecutiva, para que el demandado consignara la cantidad de Treinta y Nueve Mil Tres Dólares con Cuarenta y Dos Centavos (US$ 39,003.42) o su equivalente en moneda nacional, en ese mismo acto fue admitida dicha ampliación. (Folio 6-7 vuelto de la pieza del A-quo) 4) En fecha cuatro de noviembre de dos mil dos, el Abogado Godofredo Siercke Núñez, presentó ante el Juzgado antes referido, el escrito para reasumir el poder y sustituir en el Abogado Francis Parrales Ordoñez, mismo que fue tenido como sustituido en fecha cinco de noviembre de dos mil dos. (Folio 8 vuelto de la pieza del A-quo) 5) En fecha veintiuno de febrero de dos mil cinco, el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, procedió a trabar embargo sobre el inmueble ubicado en la Colonia Jardines de Loarque de este domicilio. (Folio 50 vuelto de la pieza del A-quo) 6) Mediante auto de fecha veintidós de junio del año dos mil cinco, el A-quo declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término de tres (3) días dejados de utilizar por el señor Manuel de Jesús Membreño Andino, como parte ejecutada, a fin de que se opusiera a la ejecución de pago que se le sigue. (Folio 59 de la pieza del A-quo) 7) En fecha cuatro de agosto de dos mil cinco, para dictar sentencia en la demanda ejecutiva de pago promovida por el Abogado Godofredo Siercke Nuñez, en su condición ya expresada, el Juzgado de Letras Segundo de lo Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, falló: Primero: Declarando Con Lugar la demanda ejecutiva de pago promovida por el Licenciado Godofredo Siercke Núñez, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada Comercial Laeisz Honduras S.A. de C.V., en contra del señor Manuel de Jesús Membreño.-Segundo: Condena al señor Manuel de Jesús Membreño a pagar a su ejecutante o a su apoderado legal la cantidad de Treinta y Nueve Mil Tres Dólares con Cuarenta y Dos Centavos ($ 39,003.42) o su equivalente en moneda nacional, más los intereses y costas del juicio.-Manda: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno se siga adelante con la ejecución del presente fallo.-Con Costas.- Notifíquese. (Folios 62-63 de la pieza del A-quo) 8) Que mediante audiencia de remate celebrada en fecha treinta y uno de marzo de dos mil seis, el Juzgado antes mencionado, remató en subasta pública el bien inmueble ubicado en la Colonia Jardines de Loarque que se encuentra bajo el numero 66, tomo 2296 del Libro del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas del departamento de Francisco Morazán, valorada según el peritaje realizado por el Ingeniero Luis E. Escobar, por la cantidad de Ochocientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Lempiras (865,550.00) y se remató para que con su producto se hiciera efectiva la cantidad de Treinta y Nueve Mil Tres Dólares Con Cuarenta y Dos Centavos de Dólar (U$ 39,003.42) o su equivalente en moneda nacional al momento de efectuarse el pago, más intereses y costas del juicio. Siendo que la misma se apertura con la comparecencia única del Representante de la parte ejecutante, el Juzgado resolvió tendiendo por bien hecha la postura realizada por el Abogado Salvador Antonio Moreno Nolasco en su condición de Apoderado Legal de la sociedad mercantil Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V., por la cantidad de Quinientos Setenta y Seis Mil Treinta y Tres Lempiras con Treinta y Dos Centavos que equivalía a las dos terceras partes del avalúo. (Folios 154-155 de la pieza del A-quo) 9) En fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, presentó ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el escrito de solicitud de nulidad absoluta de actuaciones, de su sentencia y audiencia de remate inclusive por indebido proceso. (Folios 223-227 de la pieza del A-quo) 10) El Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril de dos mil dieciocho, admitió el escrito presentado por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, relacionado en el numeral que precede, declarándolo sin lugar, en virtud de constar en autos que se trata de un juicio ejecutivo en el cual se llevó a cabo audiencia de remate en fecha treinta y uno de marzo de dos mil seis, y asimismo, consta a folio 172 el acta de desalojo de fecha quince de diciembre del año dos mil seis, donde se puso en posesión del inmueble rematado al apoderado legal de Comercial Laeisz Honduras S.A. de C.V., como parte ejecutante, y en su nulidad el compareciente solicita nulidad absoluta de actuaciones, de su sentencia y de la audiencia de remate inclusive, cuando todas esas actuaciones fueron de conocimiento de la parte ejecutada, sin que se interpusiera recurso alguno, o incidente de nulidad contra las mismas, por lo que son hechos consentidos por las partes, y el compareciente ya ha realizado varias actuaciones, sin que haya alegado los motivos de Nulidad a que se refiere en el presente escrito, por lo que la ley ya establece que todos los incidentes incluyendo la nulidad, deberán proponerse en el primer escrito que presente la parte, cuando la causa en que se funde fuera anterior al pleito y tenga conocimiento de ella, y el compareciente ha presentado varios escritos anteriores sin que haya alegado nulidad alguna, además la audiencia o sentencia de remate ha quedado firme y ya incluso se puso en posesión del inmueble rematado a la parte ejecutante, por lo que el compareciente deberá interponer la acción legal correspondiente, para solicitar la Nulidad del presente juicio ejecutivo, por lo que la nulidad interpuesta no es la acción legal a interponer en este juicio… (Folio 229 del expediente del A-quo) 11) Que en fecha cinco de junio del dos mil dieciocho, compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de lo Civil del departamento de Francisco Morazán, el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en la condición ya reseñada, interponiendo recurso de amparo a favor Sí Mismo, contra la resolución referida en el numeral que antecede, argumentando el recurrente que la decisión del A-quo, vulnera en su perjuicio las garantías constitucionales contenidas en los artículos 58, 60, 90 y 94 de la Constitución de la República. (Folios 1-2 del expediente del Ad-quem) 12) Seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte Primera de Apelaciones Civil del departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha veintidós de junio del año dos mil dieciocho, mediante la cual falló por unanimidad de votos: Primero:… Segundo: Sobreseer la acción de amparo interpuesta por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, actuando en representación y causa propia, quien recurre contra la resolución de fecha 10 de abril de 2018, emitida por el Juzgado de Letras Civil del departamento de Francisco Morazán… (Folios 20-21 del expediente del Ad-quem) 13) Que en fecha veintiocho de junio del dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que la sentencia que se revisa, fue dictada en fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, resolviendo la acción constitucional de amparo interpuesta por el abogado MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO, contra el auto proferido por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha diez de abril de dos mil dieciocho, emitido en el trámite de una demanda ejecutiva de pago promovida por la sociedad mercantil COMERCIAL LAEISZ DE HONDURAS S.A., contra el señor MANUEL DE JESUS MEMBREÑO ANDINO. En el fallo objeto de examen, la Corte de Alzada estimó concurrente la causal de inadmisibilidad estipulada en el inciso 7º del artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone que es inadmisible el recurso de amparo en los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubieren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. En sus consideraciones, la Alzada estimó que (sic): “…SEGUNDO: Que del estudio de la foliada y de la resolución venida en la acción de Amparo, este Tribunal en el caso sub examine, constata lo siguiente: Que en fecha 31 de marzo de 2006 se celebró audiencia de remate en el Juzgado de Letras de lo Civil del departamento de Francisco Morazán adjudicando el bien inmueble rematado al poderdante de la Sociedad Mercantil Comercial Laeisz Honduras S.A de C.V., por la cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (577,033.32); dicha adjudicación del bien inmueble no produce efecto de cosa juzgada, en virtud que es un proceso ejecutivo; y ya establece el artículo 798 del Código Procesal Civil, que en este caso, las partes tienen derecho a promover el proceso ordinario que corresponda sobre la misma cuestión, por lo que cualquier excepción que competa al deudor, se reservara para el juicio ordinario y no podrá impedir el pronunciamiento de la sentencia de remate, según último párrafo del artículo 471 del Código de Procedimientos Comunes.” Con lo cual el Tribunal de Apelación concluyó que el recurrente de la presente acción de amparo, tiene expedito recurso en el mismo juicio, estimando entonces la procedencia de la causal referida y determinando el sobreseimiento de las diligencias de mérito. CONSIDERANDO (6): Que nuestra legislación determina como requisito previo para promover la acción constitucional de amparo, el agotamiento previo de los recursos ordinarios o acciones legales que puedan asistir al afectado, estableciendo inclusive que la falta de ejercicio de estos recursos constituye una causal para declarar no admisible la acción constitucional de amparo, por estimarse que la falta de agotamiento de estos recursos conlleva al consentimiento o conformidad con el acto o acción denunciada. En este respecto, esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia, que conforme con el principio de definitividad, se exige que de manera previa al inicio del juicio de garantías, el quejoso haya ejercido todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales para procurar la subsanación del acto reclamado; de igual forma, sabemos que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales, así como también cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso de defensa legal por parte del afectado, cuando este recurso pueda tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sido del criterio, aplicando en forma analógica la causal de inadmisibilidad contemplada en el numeral 7º del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente al principio de definitividad, que el recurso de amparo es improcedente cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales contra las resoluciones recurridas en amparo ante tribunales ordinarios, y que estos recursos puedan tener por efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, como acontece en el caso de autos, ya que la recurrente puede reproducir este alegato en apelación al dictarse la sentencia que le ponga fin al proceso de primera instancia. CONSIDERANDO (8): Que de conformidad con la ley, el órgano jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuere inadmisible y dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad. CONSIDERANDO (9): Que el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en la ley fallará reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de comunicación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su cumplimiento. CONSIDERANDO (10): Que, por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN; que sobreseyó la demanda constitucional de Amparo que se ha hecho mérito, al presentarse causas de inadmisibilidad; al tratarse de situaciones de tener acciones legales o recursos expeditos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 82, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9, 46 numeral 7) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la resolución de fecha veintidós (22) de junio del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LO CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTÉZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticinco días del mes de enero de dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo civil venido en consulta registrada en este Tribunal con el número SCO-0499-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
1