Sentencia AC-49-18 — Registro 10103
Resumen
Sentencia en consulta denegó acción de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia en ejecución hipotecaria promovida contra éste; se considera que las circunstancias que le impidieron honrar su obligación contraída son ajenas a la resolución judicial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, cuando señala que las circunstancias que según su dicho le impidieron honrar su obligación contraída son ajenos a la resolución judicial sobre la cual pretende ser amparada, por lo cual se vieron imposibilitados para referirse a ellos; concluyendo que el proceso se ha desarrollado como la norma procesal civil lo contempla, es verdad, sin la participación de la ejecutada; y, ahora el recurrente, pero esta circunstancia no es atribuible al órgano jurisdiccional; así, no se aprecia por lo tanto violación a los derechos del debido proceso y de defensa, con el principio de legalidad que se alega…”…”la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que denegó la acción de amparo… en la Solicitud de Ejecución Hipotecaria promovida…contra la Señora Cruz Rossany Hernández Mejía
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de marzo de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la Sentencia dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA, a favor de SI MISMA, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la Solicitud de Ejecución Hipotecaria promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO MARIA CLARET, contra la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA.- Manifestando la recurrente que el acto recurrido ha violentado los derechos constitucionales contenidos en los Artículos 16, 18, 82 y 94 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA, interponiendo recurso de amparo a favor de SI MISMA. (Folios 1–19 del antecedente) 2) Que una vez efectuado el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte de Apelaciones, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), emitió su Sentencia, en la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DENEGAR la Acción de Amparo interpuesta por doña CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA en su condición personal contra la resolución de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida.- SEGUNDO: Remitir en Consulta obligatoria ante la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia.-”. (Folio 89 y 90 del antecedente) 3) Que en fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, en estricto cumplimiento al Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento De Atlántida, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA, a favor de SI MISMA, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la Solicitud de Ejecución Hipotecaria promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO MARIA CLARET, contra la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA. CONSIDERANDO TRES (3): Que la reclamante sustentó su recurso de amparo ante la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento De Atlántida, manifestando básicamente que la Resolución del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la Solicitud de Ejecución Hipotecaria promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO MARIA CLARET, contra la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA, que ordena la subasta de un inmueble de su propiedad, donde habita es violatoria del debido proceso. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que esta Sala de lo Constitucional comparte el criterio expresado en la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, cuando señala que las circunstancias que según su dicho le impidieron honrar su obligación contraída son ajenos a la resolución judicial sobre la cual pretende ser amparada, por lo cual se vieron imposibilitados para referirse a ellos; concluyendo que el proceso se ha desarrollado como la norma procesal civil lo contempla, es verdad, sin la participación de la ejecutada; y, ahora el recurrente, pero esta circunstancia no es atribuible al órgano jurisdiccional; así, no se aprecia por lo tanto violación a los derechos del debido proceso y de defensa, con el principio de legalidad que se alega. CONSIDERANDO CINCO (5): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por Magistrados y Jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen el proceso administrativo y judicial genera una violación o desconocimiento de este derecho. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que conforme manda la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad que a una persona agraviada se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo la Justicia Constitucional tiene como propósito el mantenimiento del orden jurídico constitucional. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que el concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en nuestra Carta Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de “bilateridad de la audiencia” del “debido proceso legal” o “principio de contradicción” y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que por las razones anteriormente expuestas, la Sala es del criterio porque se confirme la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), que denegó la acción de amparo interpuesta por la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA, a favor de SI MISMA, contra la Resolución del JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), en la Solicitud de Ejecución Hipotecaria promovida por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN ANTONIO MARIA CLARET, contra la Señora CRUZ ROSSANY HERNANDEZ MEJIA. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1,82,183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 , 46 numeral 3) y 9), 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento De Atlántida, en fecha trece (13) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los quince días del mes de junio de dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0049=18.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL