Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-486-15 — Registro 10128

Resumen

Recurso de apelación contra auto definitivo declarado sin lugar en relación a demanda para la devolución de una suma de dinero en virtud de haberse efectuado un pago por intimidación como un vicio del consentimiento,promovida contra recurrente

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(5): Que la Corte de Apelaciones impugnada en el párrafo de la Motivación Fáctica y Jurídica expone una relación de las actuaciones procesales desde el inicio de la demanda ordinaria para la devolución de una suma de dinero en virtud de haberse efectuado un pago por intimidación como un vicio del consentimiento, promovida por la sociedad mercantil INDUSTRIAS MOLINERAS, S.,A., por la cantidad de doscientos veinte mil, novecientos treinta y nueve dólares con setenta y nueve centavos de dólar ($220,939.79), en la que el A quo dictó sentencia desestimando dicha demanda; impugnada que fue esta resolución el Tribunal de alzada declara con lugar el recurso de apelación y revoca la sentencia definitiva dictada en el expediente principal por el A-Quo. Resolución contra la que el abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA interpuso recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, adquiriendo su carácter de firme la sentencia definitiva que resuelve la demanda ordinaria para la devolución de una suma de dinero en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, la parte vencedora solicitó la tasación de intereses conforme lo demandado; no obstante previo el trámite de ley, se inadmitió la misma mediante auto de fecha nueve de enero del dos mil catorce, recurrido en apelación fue resuelto fallando con lugar el recurso y revocando el auto antes referido, ordenando que se continúe con el trámite de liquidación de intereses calculados sobre la cantidad de doscientos veinte mil novecientos treinta y nueve dólares con setenta y nueve centavos ($ 220,939.79). sigue exponiendo el Ad-Quem que posteriormente se presentó escrito solicitándose la ejecución del título judicial en cuya relación se menciona todo el procedimiento y las resoluciones dictadas tanto por la alzada como por la Corte Suprema de justicia que se encuentran firmes a la fecha presentando motivo de oposición contra la ejecución la que fue desestimada mediante auto objeto del presente recurso, para ello el impugnante Abogado Ricardo Antonio Padilla Pineda presentó como motivo de oposición “que el título cuya ejecución se pide no es un título de ejecución puesto que no contiene un pronunciamiento de condena. Para tal efecto el Ad quem considera oportuno definir la ejecución como la actividad que genera derechos y deberes procesales, cuya finalidad última es la completa satisfacción del ejecutante. El núcleo esencial del proceso de ejecución es el título ejecutivo, pero no cualquier título, sino el que tiene fuerza ejecutiva por incluir una acción ejecutiva, el proceso de ejecución se sustenta en dos elementos: en una acción sustantiva que permite la intervención en el patrimonio del deudor y también es un título formal con fuerza ejecutiva que reúne una serie de requisitos que le otorgan esa fuerza ejecutiva. El título de ejecución o ejecutivo puede ser descrito también como el documento en el que consta un deber de prestación que legalmente puede exigirse mediante el proceso de ejecución por el favorecido-ejecutante frente a otra persona deudora-ejecutada. El Ad quem invoca el artículo 758 del código Procesal Civil, junto con la solicitud de ejecución deberá acompañarse el título cuya ejecución se pretenda salvo que se trate de resolución dictada por el Juez o de un acuerdo o transacción aprobada y homologada por él, en cuyo caso bastará señalar el procedimiento del que se derive. Señala el Ad -Quem que del estudio del expediente de mérito se ha observado que en el mismo, se encuentra adjunta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil en la que se ordena que se continúe con el trámite de liquidación de intereses a favor de la sociedad antes enunciada, lo que implica una ejecución de la condena accesoria de la misma, es decir de los intereses que contiene, debiéndose seguir la ejecución de la condena principal que consiste en la devolución de una suma de dinero tal como se relacionó en la solicitud de ejecución, por ende no es necesario presentar el título cuya ejecución se pretenda, pues se trata de una resolución dictada por el propio Juez y que se deriva del mismo procedimiento en que se solicita la ejecución, por tanto no hay manera de pretender una confusión en un juicio que es conocido por ambos. En consecuencia, el Ad-Quem desestimó el motivo de oposición opuesto por el representante de la entidad bancaria BANCO CONTINENTAL, S., A., ordenando continuar con la ejecución por la cantidad de Quinientos cuarenta mil trescientos tres dólares con cincuenta y nueve centavos ($540,303.59), confirmando de esta manera el auto dictado por el A-Quo el once (11) de febrero del año dos mil quince (2015). CONSIDERANDO (6): Que el Código Procesal Civil en su Capítulo II de los Títulos de Ejecución, señala en su artículo 751 numeral 1) Las sentencias judiciales firmes de condena. En relación a los títulos de ejecución es oportuno señalar “que el objetivo del proceso no es solo conseguir una resolución favorable a las pretensiones de quien interpone la demanda, sino que es esencial que la resolución final (auto o sentencia), no solo sea un título formal, sino también un título material y eficaz, a fin de que lo resuelto se ejecute efectivamente, de tal manera que la sentencia no se reduzca a “una mera declaración de intenciones o buenos propósitos” y “sin alcance práctico, ni efectividad alguna. El contenido procesal de la ejecución viene definido, tanto por una acción ejecutiva que es el derecho que tiene el ejecutante de obtener del órgano jurisdiccional la actividad ejecutiva mediante la realización de los actos que integran el proceso de ejecución, como por un título material de ejecución dotado de concretas características que le otorgan especial eficacia y que le hacen inmune a determinadas causas de oposición. La ejecución es una actividad que genera derechos y deberes procesales y cuya finalidad última es la “completa satisfacción del ejecutante ”. CONSIDERANDO (7): Que el proceso ejecutivo se torna de vital importancia, toda vez que permite la efectividad de las condenas proferidas por los jueces, asegurando la justicia material y la coercibilidad de la decisión judicial en firme. La doctrina ha considerado que la sentencia es el título primordial de la ejecución, siempre que cumplan con ciertos presupuestos, a saber: (i) que la sentencia sea de condena, puesto que las declarativas y las constitutivas no requieren para su cumplimiento ulterior la ejecución forzada y (ii) la sentencia judicial de condena debe encontrarse en firme o ejecutoriada. Lo anterior resulta necesario, toda vez que el juicio de ejecución de providencia judicial, implica la pre-existencia de un proceso, en el cual se han debatido las formalidades y el fondo del asunto. Siguiendo estas líneas debe decirse que la ejecución en ciernes es el resultado o deriva de la sentencia condenatoria firme dictada contra el representado del recurrente, la que ciertamente para lograr materializar el derecho sustantivo debe ejecutarse, garantizando de esta manera la tutela judicial efectiva, caso contrario como ya lo dijimos, la sentencia condenatoria firme vendría a convertirse en “una mera declaración de intenciones o buenos propósitos” y “sin alcance práctico, ni efectividad alguna. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas el Ad-Quem ha observado las exigencias de la ley respetando el debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que el Ministerio Público, a través de su representante la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, emite dictamen en fecha 21 de noviembre del año dos mil diecisiete, dejando establecida la apreciación jurídica de los hechos controvertidos, estableciendo en el numeral cuarto su acuerdo “con las autoridades de instancia en cuanto a que la condición de firmeza de que goza la sentencia que contiene la decisión favorable del demandante, era procedente continuar con la ejecución de la condena principal, que consiste en la devolución de la suma de dinero reclamada de U$$220,939.79, más los intereses calculados conforme lo ordenado por la Corte de apelaciones civil mediante fallo de fecha cinco(5)de mayo del 2014, que suman la cantidad de U$$ 540,303.59; a contrario sensu, que de no ser conocida la etapa de ejecución de una sentencia que ha adquirido su carácter de firme sería ilusoria su ejecución. En tal sentido no se aprecia que se ha producido una violación al Debido Proceso, ya que la sentencia del Tribunal de Alzada dejó subsistente y validó lo peticionado por la parte demandante, en cuanto a la devolución de sumas pagadas en exceso más los intereses al vencedor de un pleito en que se ha producido cosa juzgada, dándole estricto cumplimiento a las normas que rigen el procedimiento de mérito. Concluyendo el Ministerio Público que No se otorgue la acción de amparo. CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, uno de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON a favor de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015), que declaró SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Resolución dictada en fecha once (11) de febrero de dos mil quince (2015), por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, con relación a la Demanda Ordinaria para la Devolución de un Pago efectuado por Intimidación, promovida por la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. (IMSA), en contra de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A. Estima el recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representada el artículo 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha treinta (30) de junio de dos mil cinco (2005), compareció ante el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, el Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, actuando en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. (IMSA), interponiendo Demanda Ordinaria para la Devolución de un Pago efectuado por Intimidación, en contra de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., solicitando que se decrete el embargo solicitado; y se declare CON LUGAR la demanda, para que se condene a la parte demandada, a devolver las cantidades pagadas, más los intereses que se causen hasta el día de la cancelación de la suma reclamada, los gastos judiciales y las costas del presente juicio. (Folios 1–32 de la Primera Pieza de los antecedentes).2) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha veinte (20) de marzo de dos mil siete (2007), mediante la cual Falló: (SIC) “1) DECLARANDO SIN LUGAR la Demanda Ordinaria para la devolución de una suma de dinero en virtud de haberse efectuado un pago por intimidación como un vicio del consentimiento, promovida por el Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS, actuando en su condición de apoderado judicial de la sociedad INDUSTRIAS MOLINERAS, S.A. (IMSA), contra la institución Financiera BANCO CONTINENTAL, S.A., a través de su representante legal el señor JAIME ROSENTHAL OLIVA; de generales establecidas en el preámbulo de este fallo. 2) ABSOLVIENDO A LA PARTE DEMANDADA.” Luego, tras un recurso de Apelación interpuesto por la Abogada EVELYN MONTERROSA SIERRA actuando en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. (IMSA), la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha veintitrés (23) de agosto de año dos mil diez (2010), declara CON LUGAR el recurso de Apelación y REVOCA la presente sentencia. (Folios 177–182, 192 y 193 de la Primera Pieza de los antecedentes).3) Que un auto de fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil diez (2010), el citado Juzgado emitió una Resolución, en la cual establece: (SIC) “… la Corte de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial, con su sentencia de fecha de fecha 30 de junio del año 2010 (la cual revoca la sentencia de este Juzgado) resuelve con el criterio que plantea en ella, el derecho de las partes y por lo tanto este Juzgado, siendo un tribunal de primera instancia no puede emitir un fallo que se pronuncie en forma alguna sobre el derecho de la partes, pues este pronunciamiento ya fue dado por el tribunal superior. Para ser mas claro, la sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Civil de esta Sección Judicial, al revocar la sentencia definitiva de este Juzgado, se convierte en definitiva y en consecuencia le da fin al juicio sujetándolo únicamente a los recursos que por ley corresponden…”. (Folio 258 de la Primera Pieza de los antecedentes).4) Que en fecha quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014), se presentó al Juzgado mencionado anteriormente, el Abogado RICARDO A. PADILLA P., como Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., presentando Escrito de Oposición en el expediente contentivo de la Demanda de Ejecución de Titulo Judicial, de la demanda descrita anteriormente, solicitando que se dicte auto que estime el motivo de oposición a la ejecución del título judicial que se le sigue a su representado; mismo que fue admitido en fecha seis (6) de enero de dos mil quince (2015). (Folios del 457–462 de la Primera Pieza de los antecedentes).5) Que, seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Resolución en fecha once (11) de febrero de dos mil quince (2015), mediante la cual Resolvió: (SIC) “I. En atención a lo resuelto por la Corte De Apelaciones en las resoluciones precitadas que obran en autos y lo expuesto en la fundamentación jurídica de esta resolución, este juzgado desestima la oposición interpuesta por la parte ejecutada. II. Continuar esta ejecución por la cantidad de quinientos cuarenta mil trescientos tres dólares con cincuenta y nueve centavos (USD 540,3003.59), III. Con costas.-” (Folio 480 de la Primera Pieza de los antecedentes). 6) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL S.A., la Corte de Apelaciones de lo Civil Seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA en su condición de apoderado judicial de la entidad bancaria BANCO CONTINENTAL S.A contra el auto definitivo de fecha once de febrero de dos mil quince (F 480), dictada por el ordinaria para la devolución de una suma de dinero en virtud de haberse efectuado un pago por intimidación como un vicio del consentimiento, promovida en su contra por el abogado LEONEL MEDRANO IRIAS en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil INDUSTRIAS MOLINERAS S.A. (IMSA).- SEGUNDO: CONFIRMANDO el auto definitivo de fecha once de febrero de dos mil quince (F 480), dictada por el Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, que corre agregado al expediente de mérito.-” (Folios 7–9 de la Segunda Pieza de los antecedentes).7) Que la Abogada CLARIBEL MEDINA DE LEON, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, contra la Sentencia de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–11 y 49 del presente Recurso).8) Que en fecha veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “Por lo anteriormente expuesto el Ministerio Publico, es del parecer que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, en los términos expresados, con las consecuencias jurídicas del caso.” (Folios 52–58 del presente Recurso). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución promulgada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, en fecha veintisiete de abril del año dos mil quince, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL de la misma sección judicial, en fecha once de febrero del año dos mil quince, con relación a la demanda Ordinaria Promovida por la sociedad mercantil INDUSTRIAS MOLINERAS S.A.,.( IMSA), contra la sociedad mercantil BANCO CONTINENTAL S,.A. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo considera vulnerado el artículo 90 párrafo primero constitucional, señalando en el concepto de la violación “cuando se dictó la sentencia en primera instancia se declaró sin lugar la demanda presentada por INSDUSTRIAS MOLINERAS, S., A., (IMSA) en contra de BANCO CONTINENTAL, S.A., señala que recurrida que fue la sentencia el tribunal de alzada revocó la sentencia definitiva dictada por el A quo el 20 de marzo del 2007 declarando sin lugar la adhesión a la apelación de que se condene en costas a la parte demandante solicitada por el apoderado legal de la parte demandada, sentencia dictada por el Ad-Quem en fecha el 23 de agosto del 2010, señala que esta sentencia se limita a revocar la sentencia dictada en primera instancia, sin hacer pronunciamiento alguno declarando con lugar la demanda y menos condenando a BANCO CONTINENTAL S.A., a pagar tal o cual cantidad. Señalando el contenido del artículo 744 del Código Procesal Civil, que refiere los límites de la actividad de ejecución, 1) El contenido del título de ejecución determina los límites de la actividad ejecutiva…. Señala que el contenido del título no se establece ninguna condena en contra de BANCO CONTINENTAL, S.A., no se dispuso en la sentencia que es lo que debía pagar. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones impugnada en el párrafo de la Motivación Fáctica y Jurídica expone una relación de las actuaciones procesales desde el inicio de la demanda ordinaria para la devolución de una suma de dinero en virtud de haberse efectuado un pago por intimidación como un vicio del consentimiento, promovida por la sociedad mercantil INDUSTRIAS MOLINERAS, S.,A., por la cantidad de doscientos veinte mil, novecientos treinta y nueve dólares con setenta y nueve centavos de dólar ($220,939.79), en la que el A quo dictó sentencia desestimando dicha demanda; impugnada que fue esta resolución el Tribunal de alzada declara con lugar el recurso de apelación y revoca la sentencia definitiva dictada en el expediente principal por el A-Quo. Resolución contra la que el abogado RICARDO ANTONIO PADILLA PINEDA interpuso recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, adquiriendo su carácter de firme la sentencia definitiva que resuelve la demanda ordinaria para la devolución de una suma de dinero en fecha diecinueve de septiembre del año dos mil trece, la parte vencedora solicitó la tasación de intereses conforme lo demandado; no obstante previo el trámite de ley, se inadmitió la misma mediante auto de fecha nueve de enero del dos mil catorce, recurrido en apelación fue resuelto fallando con lugar el recurso y revocando el auto antes referido, ordenando que se continúe con el trámite de liquidación de intereses calculados sobre la cantidad de doscientos veinte mil novecientos treinta y nueve dólares con setenta y nueve centavos ($ 220,939.79). sigue exponiendo el Ad-Quem que posteriormente se presentó escrito solicitándose la ejecución del título judicial en cuya relación se menciona todo el procedimiento y las resoluciones dictadas tanto por la alzada como por la Corte Suprema de justicia que se encuentran firmes a la fecha presentando motivo de oposición contra la ejecución la que fue desestimada mediante auto objeto del presente recurso, para ello el impugnante Abogado Ricardo Antonio Padilla Pineda presentó como motivo de oposición “que el título cuya ejecución se pide no es un título de ejecución puesto que no contiene un pronunciamiento de condena. Para tal efecto el Ad quem considera oportuno definir la ejecución como la actividad que genera derechos y deberes procesales, cuya finalidad última es la completa satisfacción del ejecutante. El núcleo esencial del proceso de ejecución es el título ejecutivo, pero no cualquier título, sino el que tiene fuerza ejecutiva por incluir una acción ejecutiva, el proceso de ejecución se sustenta en dos elementos: en una acción sustantiva que permite la intervención en el patrimonio del deudor y también es un título formal con fuerza ejecutiva que reúne una serie de requisitos que le otorgan esa fuerza ejecutiva. El título de ejecución o ejecutivo puede ser descrito también como el documento en el que consta un deber de prestación que legalmente puede exigirse mediante el proceso de ejecución por el favorecido-ejecutante frente a otra persona deudora-ejecutada. El Ad quem invoca el artículo 758 del código Procesal Civil, junto con la solicitud de ejecución deberá acompañarse el título cuya ejecución se pretenda salvo que se trate de resolución dictada por el Juez o de un acuerdo o transacción aprobada y homologada por él, en cuyo caso bastará señalar el procedimiento del que se derive. Señala el Ad -Quem que del estudio del expediente de mérito se ha observado que en el mismo, se encuentra adjunta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil en la que se ordena que se continúe con el trámite de liquidación de intereses a favor de la sociedad antes enunciada, lo que implica una ejecución de la condena accesoria de la misma, es decir de los intereses que contiene, debiéndose seguir la ejecución de la condena principal que consiste en la devolución de una suma de dinero tal como se relacionó en la solicitud de ejecución, por ende no es necesario presentar el título cuya ejecución se pretenda, pues se trata de una resolución dictada por el propio Juez y que se deriva del mismo procedimiento en que se solicita la ejecución, por tanto no hay manera de pretender una confusión en un juicio que es conocido por ambos. En consecuencia, el Ad-Quem desestimó el motivo de oposición opuesto por el representante de la entidad bancaria BANCO CONTINENTAL, S., A., ordenando continuar con la ejecución por la cantidad de Quinientos cuarenta mil trescientos tres dólares con cincuenta y nueve centavos ($540,303.59), confirmando de esta manera el auto dictado por el A-Quo el once (11) de febrero del año dos mil quince (2015). CONSIDERANDO (6): Que el Código Procesal Civil en su Capítulo II de los Títulos de Ejecución, señala en su artículo 751 numeral 1) Las sentencias judiciales firmes de condena. En relación a los títulos de ejecución es oportuno señalar “que el objetivo del proceso no es solo conseguir una resolución favorable a las pretensiones de quien interpone la demanda, sino que es esencial que la resolución final (auto o sentencia), no solo sea un título formal, sino también un título material y eficaz, a fin de que lo resuelto se ejecute efectivamente, de tal manera que la sentencia no se reduzca a “una mera declaración de intenciones o buenos propósitos” y “sin alcance práctico, ni efectividad alguna. El contenido procesal de la ejecución viene definido, tanto por una acción ejecutiva que es el derecho que tiene el ejecutante de obtener del órgano jurisdiccional la actividad ejecutiva mediante la realización de los actos que integran el proceso de ejecución, como por un título material de ejecución dotado de concretas características que le otorgan especial eficacia y que le hacen inmune a determinadas causas de oposición. La ejecución es una actividad que genera derechos y deberes procesales y cuya finalidad última es la “completa satisfacción del ejecutante[1]”. CONSIDERANDO (7): Que el proceso ejecutivo se torna de vital importancia, toda vez que permite la efectividad de las condenas proferidas por los jueces, asegurando la justicia material y la coercibilidad de la decisión judicial en firme. La doctrina ha considerado que la sentencia es el título primordial de la ejecución, siempre que cumplan con ciertos presupuestos, a saber: (i) que la sentencia sea de condena, puesto que las declarativas y las constitutivas no requieren para su cumplimiento ulterior la ejecución forzada y (ii) la sentencia judicial de condena debe encontrarse en firme o ejecutoriada. Lo anterior resulta necesario, toda vez que el juicio de ejecución de providencia judicial, implica la pre-existencia de un proceso, en el cual se han debatido las formalidades y el fondo del asunto. Siguiendo estas líneas debe decirse que la ejecución en ciernes es el resultado o deriva de la sentencia condenatoria firme dictada contra el representado del recurrente, la que ciertamente para lograr materializar el derecho sustantivo debe ejecutarse, garantizando de esta manera la tutela judicial efectiva, caso contrario como ya lo dijimos, la sentencia condenatoria firme vendría a convertirse en “una mera declaración de intenciones o buenos propósitos” y “sin alcance práctico, ni efectividad alguna. CONSIDERANDO (8): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existirá una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del Debido Proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado, para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas el Ad-Quem ha observado las exigencias de la ley respetando el debido proceso. CONSIDERANDO (9): Que el Ministerio Público, a través de su representante la abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, emite dictamen en fecha 21 de noviembre del año dos mil diecisiete, dejando establecida la apreciación jurídica de los hechos controvertidos, estableciendo en el numeral cuarto su acuerdo “con las autoridades de instancia en cuanto a que la condición de firmeza de que goza la sentencia que contiene la decisión favorable del demandante, era procedente continuar con la ejecución de la condena principal, que consiste en la devolución de la suma de dinero reclamada de U$$220,939.79, más los intereses calculados conforme lo ordenado por la Corte de apelaciones civil mediante fallo de fecha cinco(5)de mayo del 2014, que suman la cantidad de U$$ 540,303.59; a contrario sensu, que de no ser conocida la etapa de ejecución de una sentencia que ha adquirido su carácter de firme sería ilusoria su ejecución. En tal sentido no se aprecia que se ha producido una violación al Debido Proceso, ya que la sentencia del Tribunal de Alzada dejó subsistente y validó lo peticionado por la parte demandante, en cuanto a la devolución de sumas pagadas en exceso más los intereses al vencedor de un pleito en que se ha producido cosa juzgada, dándole estricto cumplimiento a las normas que rigen el procedimiento de mérito. Concluyendo el Ministerio Público que No se otorgue la acción de amparo. CONSIDERANDO (10): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 61, 82, 90, 183, 303, 313 No.5, 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 56, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO EL RECURSO DE AMPARO, interpuesto por la Abogada CLARIBEL MEDINA DELEON, a favor de la sociedad Mercantil BANCO CONTINENTAL, S.A, contra la sentencia de fecha veintisiete de abril del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-486-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Código Procesal Civil Comentado. Honduras. Tomo II. Pág. 948. Oct. 2008.