Sentencia AC-476-18 — Registro 8103
Resumen
Sentencia declaró infundado recurso de queja contra denegatoria de recurso de apelación contra sentencia definitiva dictada por juzgado de primera instancia por considerar que recurrente no acreditó recibo pago o consignación de la renta con relación a demanda de Desahucio por mora promovida contra recurrente
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."puede apreciarse que el Ad-Quem, declara infundada la queja, interpuesta por la abogada SONIA MARIA OCHOA LARA a favor del señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, contra la denegatoria de un recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, siendo dicha sentencia, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico..."..."este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA a favor del señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, quien actúa en su condición de Administrador Único y Ejecutor de los acuerdos de la sociedad mercantil GRUPO GRAFICO EDITORIAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, que declaró infundado un recurso de queja interpuesto contra la denegatoria de un recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de desahucio por mora a través de procedimiento abreviado promovida por la señora ALEJANDRINA DEL CARMEN SALDIVAR GONZALES, contra el señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, quien actúa en su condición de Administrador Único y Ejecutor de los acuerdos de la sociedad mercantil GRUPO GRAFICO EDITORIAL S.A. DE C.V.- CONSIDERANDO (1): Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que con la misma se ha violentado los artículos 82 y 83 de la Constitución de la República en virtud de los daños graves causados a su representada en lo que respecta a una maquinaria y equipo digital industrial, producto de su culpa y negligencia, afectando la salud de los empleados y su representada, teniendo enormes pérdidas económicas debido a que la demandada no efectuó las reparaciones acordadas de manera adecuada, eficaz y correcta por lo que la empresa Grafico Editorial S.A. de C.V. se vio en la necesidad de efectuar las reparaciones más urgentes por la humedad, filtración de agua, energía eléctrica, pintura; consistentes en instalación de lámparas, reparación de tanque de reserva de agua por filtración, picado, instalación de malla de refuerzo, pulido y afinado de superficie, aplicación de sellador para concreto, mano de obra, entre otras. Haciendo en reiteradas ocasiones solicitud al representante de la demandada para que mandara a realizar bien las reparaciones de dichos problemas que presentaba el inmueble, haciendo caso omiso a las mismas, incumpliendo el convenio que se había hecho.- CONSIDERANDO (2): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se declara infundada la queja; ya que estima que según el artículo 69 de la Ley de Inquilinato, el inquilino que no presentare el último recibo que debió pagar o no acredite su solvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículo de previo y especial pronunciamiento, excepción de genero alguno, ni recurso de cualquier naturaleza, estando la demanda en el caso de autos en mora en el pago de las rentas. En el caso de mérito, la recurrente no ha podido acreditar de forma fehaciente el haber presentado el último recibo de pago o la solvencia con el comprobante de la consignación de la renta, existiendo ya una línea jurisprudencial en el sentido de que quien no acredite ambos extremos está vedado; en otros términos, la no presentación o interposición de recursos de cualquier naturaleza, incluso en el procedimiento de ejecución.- CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, declara infundada la queja, interpuesta por la abogada SONIA MARIA OCHOA LARA a favor del señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, contra la denegatoria de un recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, siendo dicha sentencia, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.- CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA a favor del señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, quien actúa en su condición de Administrador Único y Ejecutor de los acuerdos de la sociedad mercantil GRUPO GRAFICO EDITORIAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0476-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho.- VISTO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA a favor del señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, quien actúa en su condición de Administrador Único y Ejecutor de los acuerdos de la sociedad mercantil GRUPO GRAFICO EDITORIAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, que declaró infundado un recurso de queja interpuesto contra la denegatoria de un recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, con relación a la demanda de desahucio por mora a través de procedimiento abreviado promovida por la señora ALEJANDRINA DEL CARMEN SALDIVAR GONZALES, contra el señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, quien actúa en su condición de Administrador Único y Ejecutor de los acuerdos de la sociedad mercantil GRUPO GRAFICO EDITORIAL S.A. DE C.V.- CONSIDERANDO (1): Que la impetrante señala su inconformidad con la resolución proferida por la citada Corte de Apelaciones, alegando que con la misma se ha violentado los artículos 82 y 83 de la Constitución de la República en virtud de los daños graves causados a su representada en lo que respecta a una maquinaria y equipo digital industrial, producto de su culpa y negligencia, afectando la salud de los empleados y su representada, teniendo enormes pérdidas económicas debido a que la demandada no efectuó las reparaciones acordadas de manera adecuada, eficaz y correcta por lo que la empresa Grafico Editorial S.A. de C.V. se vio en la necesidad de efectuar las reparaciones más urgentes por la humedad, filtración de agua, energía eléctrica, pintura; consistentes en instalación de lámparas, reparación de tanque de reserva de agua por filtración, picado, instalación de malla de refuerzo, pulido y afinado de superficie, aplicación de sellador para concreto, mano de obra, entre otras. Haciendo en reiteradas ocasiones solicitud al representante de la demandada para que mandara a realizar bien las reparaciones de dichos problemas que presentaba el inmueble, haciendo caso omiso a las mismas, incumpliendo el convenio que se había hecho.- CONSIDERANDO (2): Que de la resolución reclamada se desprende que el parecer de la Alzada es que la resolución apelada se encuentra apegada a derecho, razón por la que se declara infundada la queja; ya que estima que según el artículo 69 de la Ley de Inquilinato, el inquilino que no presentare el último recibo que debió pagar o no acredite su solvencia con el comprobante de la consignación hecha, no podrá proponer artículo de previo y especial pronunciamiento, excepción de genero alguno, ni recurso de cualquier naturaleza, estando la demanda en el caso de autos en mora en el pago de las rentas. En el caso de mérito, la recurrente no ha podido acreditar de forma fehaciente el haber presentado el último recibo de pago o la solvencia con el comprobante de la consignación de la renta, existiendo ya una línea jurisprudencial en el sentido de que quien no acredite ambos extremos está vedado; en otros términos, la no presentación o interposición de recursos de cualquier naturaleza, incluso en el procedimiento de ejecución.- CONSIDERANDO (3): Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Alzada y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem, declara infundada la queja, interpuesta por la abogada SONIA MARIA OCHOA LARA a favor del señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, contra la denegatoria de un recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE INQUILINATO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN; en fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, siendo dicha sentencia, motivada de manera precisa y razonada, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico.- CONSIDERANDO (4): Que este Alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (5): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados, se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (6): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que las cuestiones planteadas por la recurrente, resultan ser alegaciones de mera legalidad, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria, sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales, corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan al quejoso.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 489, 490, 747, 751, 915 del Código Procesal Civil. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada SONIA MARIA OCHOA LARA a favor del señor RAMIRO JOSE COLINDRES CALDERON, quien actúa en su condición de Administrador Único y Ejecutor de los acuerdos de la sociedad mercantil GRUPO GRAFICO EDITORIAL S.A. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE SEGUNDA DE APELACIONES CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este Tribunal bajo el número 0476-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional