Sentencia AC-470-17 — Registro 10116
Resumen
Sentencia en consulta sobreseyó recurso de amparo a favor de sociedades mercantiles recurrentes (una como deudora y otra como aval) contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que desestimó incidente de nulidad promovido por éstas que alegan que el funcionario judicial prescindió de normas esenciales de procedimiento en el acto de comunicación (requerimiento) ordenado por juez en demanda de ejecución forzosa promovida por una persona jurídica contra recurrentes
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria...exponiendo entre otras consideraciones lo siguiente: (Sic) “SEXTO: Es criterio de este tribunal, que por indefensión solo puede entenderse la situación en la que con infracción de una norma procesal, se impida a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando la facultad de alegación y justificación de sus derechos, en menoscabo de la contradicción y consecuentemente el derecho de defensa...si bien la funcionaria designada por ley, no realizo los actos procesales de requerimiento, conforme a la normativa procesales vigente, (art. 140, 144 Código Procesal Civil), estos surtieron los efectos de conformidad a las normas procesales, para el logro de los fines del proceso, por otra parte ya la norma procesal expresamente establece cuando los actos procesales serán nulos (art. 212.4 del Código Procesal Civil).-la juez inadmitio el incidente de nulidad, enmarcada dentro de la normativa procesal vigente, no transgrediendo normas constitucionales.-Este tribunal ha sido reiterativo en los actos de nulidad de los cuales conoce, solamente aquellos que producen indefensión….”..."no comparte esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en la parte dispositiva de la sentencia emitida en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, haya sido la correcta, al Sobreseer la Acción de Amparo presentada, argumentando en su acápite SEPTIMO, que las alegaciones del amparista son cuestiones de mera legalidad, resueltas por el juez de conformidad a la ley; esta Sala de lo Constitucional al respecto a pronunciado que las cuestiones de mera legalidad son de competencia exclusiva para decidir sobre ellas los órganos jurisdiccionales de instancia, por tratarse de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador y con exclusividad al Juez ordinario, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional; no obstante el asunto por el cual se reclama amparo, si es susceptible de ser conocido en el fondo, pues se trata de cuestiones o actos de comunicación, que son ordenadas por el A-quo, a efecto de dar a conocer a la parte demandada la demanda que se ha iniciado en su contra y conforme a ello hacer valer sus pretensiones, conforme indica la ley, en el trámite procesal a seguir; cuestiones estas que forman parte del debido proceso establecido en el Artículo 3 del Código Procesal Civil, el cual le confiere el derecho a las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente..."..."al haber fundamentado el Tribunal de Alzada, en la argumentación fáctica y jurídica de la sentencia que se revisa, el criterio por el cual considera que la resolución del A-quo se encuentra dictada enmarcada dentro de la normativa procesal vigente, no transgrediendo normas constitucionales, ha procedido ha dar respuesta en relación al fondo del asunto, sobre el cual el impetrante ha promovido la acción constitucional de Amparo, procedía en consecuencia ser denegada la misma.."..."del estudio de las diligencias la Alzada es del criterio que el A-quo actuó amparado en la normativa procesal vigente, criterio jurídico que comparte este Tribunal, la Acción de amparo impetrada debe ser DENEGADA,..."..."esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Rolando Arriaga..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, que sobresee el recurso presentado por el Abogado JOSE ROLANDO ARRIAGA M., a favor de la Sociedad Mercantil ALTIA BUSINESS PARK S.A DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, con relación al incidente de nulidad promovido por la parte demandada, en la Demanda de Ejecución Forzosa promovida por el Abogado Alex Berrios Lamothe, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil SERVICIOS INTEROCEANICOS S.A DE C.V. (SERITER S.A. DE C.V.), contra las Sociedades Mercantiles ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. como deudora y contra la sociedad VILLAGE CENTER S. DE R.L., como aval. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado los derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y el que los Jueces y Magistrados juzguen de conformidad con la Constitución y las Leyes, contenidos en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado JOSE ROLANDO ARRIAGA M, interponiendo acción de amparo a favor de la Sociedad Mercantil ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L., contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones promovido por el Abogado Ramón Zúniga Ugarte, en su condición de Apoderado Judicial de las sociedades mercantiles ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L. 2) Que seguido el trámite correspondiente a la acción de Amparo, la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, departamento de Cortés, dictó sentencia en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, mediante la cual falló: (Sic) “En consecuencia ESTA CORTE DE APELACIONES CIVIL DE SAN PEDRO SULA.- Por unanimidad de votos, RESUELVE: 1.- SOBRESEER LA ACCION DE AMPARO presentada por el Abogado Jose Rolando Arriaga, contra la resolucion dictada por el juzgado de Letras Civil de esta sección judicial, en fecha treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete.- 2.- remisión a la Sala Constitucional de la Corte Suprema para su revisión.- 3.- Contra esta providencia no cabe recurso alguno….” (Folios 42 y 43fv de la pieza de antecedentes de Amparo) 3) Que en fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete, este Alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ROLANDO ARRIAGA M., a favor de la Sociedad Mercantil ALTIA BUSINESS PARK S.A DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L., dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO 1: Que se conoce la Acción de Amparo civil venida en consulta, conocida por la Corte de Apelaciones Civil de san Pedro Sula, Departamento de Cortés, interpuesto por el Abogado JOSE ROLANDO ARRIAGA M., contra la resolución de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en relación a la Solicitud de Nulidad de Actuaciones promovida por el Abogado Ramón Zúniga Ugarte, en su condición de Apoderado Judicial de las sociedades mercantiles ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L., en la Demanda de Ejecución Forzosa promovida por el Abogado Alex Berrios Lamothe, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil SERVICIOS INTEROCEANICOS S.A DE C.V. (SERITER S.A. DE C.V.), contra las Sociedades Mercantiles ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. como deudora y contra la sociedad VILLAGE CENTER S. DE R.L., como aval. CONSIDERANDO 2: Que el recurrente ha expuesto en la acción de amparo presentada, que el acto contra el cual se reclama, de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, es violatoria de los derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y el que los Jueces y Magistrados juzguen de conformidad con la Constitución y las Leyes, contenidos en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO 3: Que el acto que se conoce en consulta es la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, mediante la cual resuelve Sobreseer el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ROLANDO ARRIAGA M., a favor de las sociedades mercantiles ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L., contra la resolución judicial de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. CONSIDERANDO 4: Que al tenor de lo que dispone el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fuera cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz en los casos de jurisdicción preventiva, contemplada en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la ley antes referida. CONSIDERANDO 5: Que del estudio de las diligencias, esta Sala observa que se ha recurrido en amparo la resolución dictada en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, por el Juzgado de Letras Civil de san Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual desestima el incidente de nulidad interpuesto por el Abogado Ramón Zúniga Ugarte en su condición de apoderado judicial de las sociedades ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L., en la Demanda de Ejecución Forzosa promovida por el Abogado Alex Berrios Lamothe, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil SERVICIOS INTEROCEANICOS S.A DE C.V. (SERITER S.A. DE C.V.), contra las Sociedades Mercantiles ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. como deudora y contra la sociedad VILLAGE CENTER S. DE R.L., como aval. CONSIDERANDO 6: Que el amparista expone en el libelo de la acción constitucional impetrada, que el procedimiento en relación a requerir personalmente en legal y debida forma a las sociedades mercantiles demandadas fue transgredido por la actuación irregular del funcionario correspondiente en los términos estipulados en el Artículo 144 del Código Procesal Civil, referente a la comunicación subsidiaria, tal y como el A-quo lo ordenó y por medio de entrega de copia de la resolución o cedula, lo cual no fue observado ni cumplido por el funcionario a quien se encomendó tal diligencia, por cuanto de autos consta que el requerimiento personal a los representantes de las entidades mercantiles demandadas no se practicó incumpliéndose lo ordenado, quebrantándose así la garantía constitucional del debido proceso. Sostiene el impetrante que consta de autos que el Tribunal de primera instancia a petición de parte demandante ordenó que se requiriera personalmente a los demandados de manera que agotados los mecanismos previstos en las disposiciones legales indicadas, esto es, que los intentos de notificación personal a las demandadas hubieren resultado fallidos, posteriormente procede la comunicación subsidiaria; consta de autos lo contrario, o sea que no se intento ni mucho menos se requirió personalmente a los representados legales de las entidades mercantiles demandadas y por tal motivo se genero la nulidad absoluta oportunamente alegada de conformidad a lo ordenado en el Artículo 212.4 del Código Procesal Civil, al haberse prescindido de normas esenciales de procedimiento, siempre que por esta causa se haya producido indefensión. CONSIDERANDO 7: Que esta Sala comparte el criterio jurídico plasmado por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en la sentencia emitida en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, y que se conoce en trámite de consulta obligatoria, dando cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, exponiendo entre otras consideraciones lo siguiente: (Sic) “SEXTO: Es criterio de este tribunal, que por indefensión solo puede entenderse la situación en la que con infracción de una norma procesal, se impida a las partes el ejercicio del derecho de defensa, privando o limitando la facultad de alegación y justificación de sus derechos, en menoscabo de la contradicción y consecuentemente el derecho de defensa. Consta de los antecedentes del juicio, tal como lo expresa la juez en la resolución objeto de amparo, que los ejecutados, presentaron en tiempo y forma oposición a la ejecución, a la cual se le dio el tramite de ley, Por lo cual no es procedente la invocación de la misma de acuerdo a la normativa Convencional, Constitucional y Procesal.-Que si bien la funcionaria designada por ley, no realizo los actos procesales de requerimiento, conforme a la normativa procesales vigente, (art. 140, 144 Código Procesal Civil), estos surtieron los efectos de conformidad a las normas procesales, para el logro de los fines del proceso, por otra parte ya la norma procesal expresamente establece cuando los actos procesales serán nulos (art. 212.4 del Código Procesal Civil).-la juez inadmitio el incidente de nulidad, enmarcada dentro de la normativa procesal vigente, no transgrediendo normas constitucionales.-Este tribunal ha sido reiterativo en los actos de nulidad de los cuales conoce, solamente aquellos que producen indefensión….” CONSIDERANDO 8: Que no comparte esta Sala, que la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en la parte dispositiva de la sentencia emitida en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, haya sido la correcta, al Sobreseer la Acción de Amparo presentada, argumentando en su acápite SEPTIMO, que las alegaciones del amparista son cuestiones de mera legalidad, resueltas por el juez de conformidad a la ley; esta Sala de lo Constitucional al respecto a pronunciado que las cuestiones de mera legalidad son de competencia exclusiva para decidir sobre ellas los órganos jurisdiccionales de instancia, por tratarse de cuestiones que por su naturaleza corresponden al juzgador y con exclusividad al Juez ordinario, que por lo tanto no pertenecen a la jurisdicción constitucional; no obstante el asunto por el cual se reclama amparo, si es susceptible de ser conocido en el fondo, pues se trata de cuestiones o actos de comunicación, que son ordenadas por el A-quo, a efecto de dar a conocer a la parte demandada la demanda que se ha iniciado en su contra y conforme a ello hacer valer sus pretensiones, conforme indica la ley, en el trámite procesal a seguir; cuestiones estas que forman parte del debido proceso establecido en el Artículo 3 del Código Procesal Civil, el cual le confiere el derecho a las partes a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente. CONSIDERANDO 9: Que en consecuencia al haber fundamentado el Tribunal de Alzada, en la argumentación fáctica y jurídica de la sentencia que se revisa, el criterio por el cual considera que la resolución del A-quo se encuentra dictada enmarcada dentro de la normativa procesal vigente, no transgrediendo normas constitucionales, ha procedido ha dar respuesta en relación al fondo del asunto, sobre el cual el impetrante ha promovido la acción constitucional de Amparo, procedía en consecuencia ser denegada la misma, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del Artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que señala: “… El Órgano Jurisdiccional, al dictar la sentencia tendrá en cuenta que su finalidad es garantizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea posible, al estado anterior a la violación. La sentencia que deniegue el amparo, ordenará que se devuelvan los antecedentes a la autoridad recurrida y que se continúe con el tramite procedente”, por ello y siendo que del estudio de las diligencias la Alzada es del criterio que el A-quo actuó amparado en la normativa procesal vigente, criterio jurídico que comparte este Tribunal, la Acción de amparo impetrada debe ser DENEGADA, tal y como se ha relacionado. CONSIDERANDO 10: Que por todo lo antes expuesto esta Sala de lo Constitucional es del parecer que conforme a lo establecido en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, se debe REFORMAR la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, que falla Sobreseyendo el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado José Rolando Arriaga. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 59, 61, 82, 90, 94, 103, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 63, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) REFORMANDO la sentencia venida en consulta, dictada por la Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete. 2) DENEGANDO EL AMPARO promovido por el Abogado José Rolando Arriaga M, a favor de las sociedades mercantiles ALTIA BUSINESS PARK S.A. DE C.V. y VILLAGE CENTER S. DE R.L., contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha treinta y uno de Marzo del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de junio de dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, recaída en el amparo Civil Venido en Consulta, con orden de ingreso en este Tribunal No. 0470=17.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL