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Sentencia AC-462-17 — Registro 9522

Resumen

Sentencia declaró con lugar recurso de apelación, revocó resolución dictada por juzgado de primera instancia que desestimó motivo de oposición de medida cautelar inadudita parte de embargo opuesta por demandado, en demanda de pago de honorarios profesionales promovida por recurrente contra demandado y otros; en apelación se desestimó dicha demanda por ser promovida extemporáneamente, ordenándo el desembrargo de cuentas bancarias de demandado y eximió a demandante de la condena en daños y perjuicios por no haberla solicitado ni acreditado el demandado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."se aprecia que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), esta concluye que en el presente caso después de haberse hecho oposición a la demanda y estimar este Tribunal parcialmente los pronunciamientos de dicha oposición, en el sentido de que no era exigible aún la obligación por no haberse acreditado por el demandante que efectivamente el demandado recibió la totalidad del pago de los derechos de prestaciones laborales por parte del Estado; y, que ante la negativa de cumplir con la obligación, promovió la demanda, debe necesariamente declararse desestimada la pretensión contenida en la referida demanda, ordenándose el archivo de ella. Así como las consecuencias respecto del régimen de las medidas adoptadas, son claras debiendo restituirse al demandado todos sus bienes y derechos afectados por las medidas cautelares..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida..."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Con Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en contra de los Señores ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, ZOILA JANET REYES NOLASCO, WILSON MORALES CARTAGENA y ADA LUZ LARA.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de marzo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA a favor de los Señores ADALBERTO AQUILES REYES ESCOTO, ADALBERTO JAVIER REYES también conocido como ADALBERTO JAVIER REYES TREJO, LUCIA MARIA REYES ESCOTO, GERARDO REYES TREJO también conocido como GERARDO AQUILES REYES TREJO, ALICIA MARIA REYES DUKE y MARIA ELENA REYES DUKE, contra la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en contra de los Señores ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, ZOILA JANET REYES NOLASCO, WILSON MORALES CARTAGENA y ADA LUZ LARA. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violado, en perjuicio de sus representados, los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., actuando en su condición personal, interponiendo una solicitud de medida cautelar de embargo de cuentas bancarias, previo a la interposición de la Demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, en contra de los Señores ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, ZOILA JANETH PEREZ NOLASCO, WILSON MORALES CARTAGENA y ADA LUZ LARA, solicitando que se adopte de manera urgente la medida cautelar del embargo, sin audiencia de la parte contraria, en virtud de que los demandados puedan movilizar u ocultar sus bienes.. (Folios 1–4 de la Primera Pieza de los antecedentes) 2) Que en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), se presentó al citado Juzgado, el Señor ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, presentando Escrito de Oposición en el expediente contentivo de la Demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, solicitando que se admita el presente escrito, se señale la audiencia de oposición, y se declare CON LUGAR la presente solicitud; mismo que fue admitido en fecha veinte (20) de enero de dos mil diecisiete (2017). (Folios 96–107 de la Primera Pieza de los antecedentes) 3) Que seguido el trámite legal correspondiente, el citado Juzgado, dictó Sentencia en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DESESTIMAR la Oposición a la adopción de la medida cautelar de embargo de cuentas bancarias presentada por el señor ABEL GERARDO CONTRERAS, de generales ya conocidas.- SEGUNDO: Mantener la medida cautelar de embargo que pesa sobre las cuentas bancarias del demandado ABEL GERARDO CONTRERAS.- TERCERO: Condenar en costas procesales a la parte demandada por la presentación del motivo de oposición.- CUARTO: Contra este auto cabe el recurso de apelación.-” (Folios 122–124 de la Primera Pieza de los antecedentes) 4) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA ORELLANA, en su condición de apoderado legal del Señor ABEL GERARDO CONTRERAS, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó Sentencia en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual Falló: (SIC) “PRIMERO: DECLARA HABER LUGAR al Recurso de Apelación formulado por el Abogado OVIDIO LENIN AYALA ORELLANA, en representación Procesal del señor ABEL GERARDO CONTRERAS, contra la resolución de fecha 06 de febrero de 2017; SEGUNDO: REVOCA la resolución recurrida; TERCERO: SE DESESTIMA LA PRESENTE DEMANDA DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, POR SER PROMOVIDA DE MANERRA EXTEMPORANEA, la cual deberá ser archivada; CUARTO: SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUENTAS DE AHORRO del señor ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, afectadas por el embargo practicado en su contra, ordenado por el Juzgado de Primera Instancia, como consecuencia de la inadmisión de la demanda principal, por tal efecto deberá librarse atento oficio a la institución Bancaria correspondiente a efecto de que proceda a la práctica de lo ordenado; QUINTO: SE EXIME A LA PARTE DEMANDANTE DE LA CONDENA EN DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE LA PRACTICA DE LA MEDIDA CAUTELAR, en virtud de no haber sido solicitada la condena ni haberse acreditado los daños, por la parte demandada; SEXTO: SE EXIME DE LA CONDENA EN COSTAS, en esta instancia, a la parte recurrente, en vista de haberse tomado en consideración sus pretensiones; SEPTIMO: SE CONDENA AL PAGO DE COSTAS DE LA PRIMERA INSTANCIA, A LA PARTE DEMANDANTE POR HABER SIDO VENCIDA EN JUICIO; OCTAVO: Que el Secretario del Despacho informe a las partes el recurso que cabe contra la presente resolución.” (Folios 4–20 de la Segunda Pieza de los antecedentes) 5) Que el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, compareció ante este Tribunal en fecha quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor de los Señores ADALBERTO AQUILES REYES ESCOTO, ADALBERTO JAVIER REYES también conocido como ADALBERTO JAVIER REYES TREJO, LUCIA MARIA REYES ESCOTO, GERARDO REYES TREJO también conocido como GERARDO AQUILES REYES TREJO, ALICIA MARIA REYES DUKE y MARIA ELENA REYES DUKE, contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017). (Folios 1–43 y 61 del presente Recurso) 6) Que en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración de las garantías del Derecho de Defensa y el Debido Proceso invocadas por el Amparista.” (Folios 64–70 del presente Recurso). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en amparo la Sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en contra de los Señores ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, ZOILA JANET REYES NOLASCO, WILSON MORALES CARTAGENA y ADA LUZ LARA. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente expone su disconformidad con la sentencia recurrida en Amparo; al señalar que se le ha violentado a su representado los derechos contenidos en los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; cuando en el recurso de Apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán,; la Corte de Apelaciones se excede en sus facultades revisoras desestima la demanda de honorarios que se ha promovido. Ordenando además que por medio del Secretario del Despacho se informe a las partes del recurso que cabe en contra de la resolución, lo cual nunca se hizo dejando en total indefensión a sus representados. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), se tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal, el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, y por emitido su dictamen siendo de la opinión porque: (SIC) “El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina Que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir vulneración de las garantías del Derecho de Defensa y el Debido Proceso invocadas por el Amparista.” CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción Civil, conforme lo establecen los Artículos 207 y 208 del Código Procesal Civil; la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada; se aprecia que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil diecisiete (2017), esta concluye que en el presente caso después de haberse hecho oposición a la demanda y estimar este Tribunal parcialmente los pronunciamientos de dicha oposición, en el sentido de que no era exigible aún la obligación por no haberse acreditado por el demandante que efectivamente el demandado recibió la totalidad del pago de los derechos de prestaciones laborales por parte del Estado; y, que ante la negativa de cumplir con la obligación, promovió la demanda, debe necesariamente declararse desestimada la pretensión contenida en la referida demanda, ordenándose el archivo de ella. Así como las consecuencias respecto del régimen de las medidas adoptadas, son claras debiendo restituirse al demandado todos sus bienes y derechos afectados por las medidas cautelares. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. La obligación de dictar una sentencia de fondo, no significa que se le deba de conceder obligatoriamente la tutela interesada por quien la insta, si no que cuando como en algunos casos ocurre, no se cumplen todos los presupuestos procesales, siempre que se razone en Derecho, se desestimará la pretensión interesada. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso al proceso sin traba alguna, en él ha alegado lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Resolución Judicial y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuestos de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el Artículo 46 “DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN”; manda: “Es inadmisible el recurso de amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3)…; 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; y, 9)…. El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisibilidad.” CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en este proceso, como lo es declarar Con Lugar un recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada en fecha seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, con relación a la Demanda de Reclamo de Pago de Honorarios Profesionales, promovida por el Abogado ADALBERTO AQUILES REYES O., en contra de los Señores ABEL GERARDO CONTRERAS LOPEZ, ZOILA JANET REYES NOLASCO, WILSON MORALES CARTAGENA y ADA LUZ LARA.; además por no constar en el expediente judicial violación alguna al derecho fundamental del debido proceso o al de defensa, igualdad procesal; por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden; y siendo que se alegaron situaciones de mera legalidad; cabe sobreseer el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha siete de marzo del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0462-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL